A más de un año de haber iniciado la controversia respecto a la entrega de la
concesión a la Sociedad Cooperativa de Minitaxis "19 de octubre" para el
servicio de transporte de pasajeros sin itinerario fijo en la Ciudad de Campeche, el
problema parece no tener fin. Ahora, surge una nueva discusión: la Comisión Federal de
Competencia (CFC) ya emitió una resolución a favor de los cooperativados, pero -según
algunos abogados- el Ejecutivo del Estado, tendría derecho a ignorar el documento.
Por una parte están los taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV)
-organización afiliada a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM)-, quienes
exigen que para conservar sus fuentes de empleo no se debe de otorgar la concesión a la
cooperativa 19 de octubre y, por otra, los minitaxistas, quienes aseguran que
la existencia del FUTV como único sindicato que alberga el servicio de transporte
particular en la ciudad, es un monopolio. Enmedio está el gobernador, José Antonio
González Curi, quien a través de la Direcciòn de Tranporte del Gobierno del Estado
negó la concesión a los minitaxistas y, hasta hace unos días, parecía seguro mantener
su postura.
Sin embargo, luego de la resolución emitida el pasado 26 de septiembre del año en curso,
por la CFC, en la que el fallo favorece a los minitaxistas, y ordena al gobierno estatal
ceder la concesión para el servicio de transporte de pasajeros sin itinerario fijo en la
ciudad de Campeche, González Curi, parece dudar acerca de cual será, finalmente, su
decisión.
El comienzo
El conflicto surgió el tres de marzo de 1999, cuando se notificó a la sociedad
cooperativa "19 de octubre" -apoyada por la entonces senadora Layda Sansores San
Román- que el gobierno no les otorgaría la concesión.
Ante está situación, el 26 de mayo de ese mismo año, los cooperativados colocaron 118
vehículos en los alrededores de la Plaza de la República, a un costado del Palacio de
Gobierno, mientras los propietarios realizaron un plantón que duró 48 horas, como medida
de presión para las autoridades estatales.
Las protestas ocasionaron que los minitaxistas llevaran su inconformidad el 18 de junio,
con varios días de atraso, ante el Poder Judicial del Estado, para que procediera un
juicio en contra del gobernador José Antonio González Curi; el Secretario de Gobierno,
Carlos Felipe Ortega Rubio, así como el titular de la Coordinación de Seguridad,
Vialidad y Transporte del Estado, Jorge Ancona.
Luego del estudio técnico, realizado el propio Jorge Ancona, que fue determinante para la
resolución emitida por los tres magistrados encargados de analizar el proceso de
inconfomrida, el siete de octubre se resolvió que el juicio promovido por los miembros de
la Cooperativa no procedería, debido a que se contaba con un parque vehicular suficiente
de taxis para la capital del Estado, y además, los automóviles que utilizarían como
medios de transporte no cumplían -a decir de las autoridades- con todos los requisitos
técnicos necesarios establecidos en la Ley Estatal de Transporte Público.
Ante esta resolución, los minitaxistas decidieron apelar el dictamen y presentaron la
demanda ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se consideró
improcedente el juicio.
 Empeora el
conflicto
El cuatro de noviembre de 1999, aún sin el permiso, la entonces senadora Layda
Sansores San Román, quien argumentaba contar con un amparo del Juzgado Segundo de
Distrito, dio el banderazo inicial para que comenzaran a operar 175 unidades.
Esto ocasionó que al día siguiente se suscitara un enfrentamiento entre taxistas del
FUTV y miembros de la "19 de Octubre", provocando el bloqueo de un tramo de
la carretera federal; por la tarde del mismo día fueron detenidos 19 vehículos. En la
noche, los medios locales y nacionales registraron un enfrentamiento verbal entre la
Sansores San Román y González Curi.
El día ocho del mismo mes, taxistas del FUTV destruyeron tres minitaxis, alegando que fue
ocasionado por la agresión verbal de los socios también llamados abejitas
hacia ellos.
En 2000 continúa el problema
Durante el presente año, se presentaron más enfrentamientos y protestas por
parte de ambas agrupaciones, cuando aún no se ha dictaminado el Amparo presentado por la
Cooperativa "19 de Octubre" ante el Colegialo del Distrito de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la ciudad de Mérida.
El ocho de mayo, integrantes de la «19 de octubre» bloqueron durante varias horas una de
las principales calles de acceso del centro histórico, luego de supuestos enfrentamientos
la noche anterior, entre socios de esta organización y taxistas. En este bloqueo, los
«minis», cargaron un vehículo que tenía el parabrisas roto, lo colocaron junto a las
puertas de Palacio de Gobierno, y amenazaron con dar servicio aún sin la concesión.
Rafael Lozada Martínez, dirigente de los minitaxistas, señaló que el Gobernador no
había cumplido con el pago de 75 mil pesos por los daños ocasionados en marzo pasado,
cuando se registró uno de los primeros enfrentamientos. En esa ocasión una comisión
cooperativados dialogaron con el mandatario, y se fijó como plazo el mes de septiembre
para obtener una resolución definitiva a la demanda del permiso para que pudiesen operar;
además González Curi se había comprometido a cumplir con los acuerdos de marzo.
Ante esto, el entonces secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante,
Luis Omar Moreno, demandó el cumplimiento de la ley contra quienes resultaran
responsables de los enfrentamientos.
En agosto, taxistas de 80 unidades bloquearon la calle ocho y el Circuito Baluartes, en
protesta por el conflicto acontencido un domingo por la noche entre dos taxistas que iban
a bordo de las unidades 465 y 238 y un minitaxista, que brindaba servico cuando aún no
contaba con el permiso correspondiente, lo cual culminó con la detención de las dos
unidades del FUTV.
Antes, habían acudido a la Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y
Trasnporte del Estado, para solicitar la devolución de las dos unidades detenidas y
después de varias horas desalojaron las calles.
27 denuncias, saldo de 8 meses
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en el mes de julio, informó haber
recibido 27 denuncias relacionadas con el conflicto entre miembros del FUTV y de la
Sociedad Cooperativa de Minitaxis, de noviembre de 1999 a julio de 2000. De esas 27, 15
fueron interpuestas por integrantes del FUTV y 12 por cooperativados.
Luego de difundirse la resoluciòn emitida por la Comision Federal de Competencia
Económica, el pasado 25 de septiembre, en la que se se ordenó al Gobierno del Estado de
Campeche otorgar la concesión a los minitaxis para el servicio de transporte de pasajeros
sin itinerario fijo en la ciudad de Campeche, González Curi decidirá si acepta o no,
antes de pasados 30 días desde la fecha en que fue notificado por la instancia federal.
Ante está situación, los taxistas del FUTV, el pasado lunes 15 de octubre, realizaron un
plantón en los bajos del Palacio de Gobierno, donde estuvieron alrededor de 13 horas, de
las cuales cinco fueron las que la Comisión integrada por directivos del Frente tardó
hablando con el Ejecutivo del Estado, quien les pidió mantener la calma, evitar los
enfrentamiento y se comprometió a volverse a reunir con ellos el 21 de noviembre.
Dos fueron las declaraciones principales de González Curi a los taxistas locales y
foráneos que lo interceptaron cuando se disponía a partir en su camioneta blanca, al
término de la reunión: no hacer caso de cosas sin fundamento -en alusión a
los datos difundidos por los medios de comunicación sobre la resolución de la CFC- y
tomar en cuenta que muchas cosas han cambiado en el país.
La
espera, la incógnita
Ante la espera por la cual deberán pasar los integrantes del FUTV, para que .el
gobernador les de una respuesta, respecto a si se aplicará o no la recomendación hecha
por la Comisión Federal de Competencia, el secretario de organización, prensa y
propaganda del FUTV, Fernando Rincón Castro, señaló que los integrantes de este
organismo mantendrán la calma y continuarán trabajando normalmente, mientras se vuelven
a reunir con González Curi, en un promedio de 10 a 15 días.
Rincón Castro señaló también que en la reunión sostenida con el mandatario, no se
habló acerca de si será o no autorizada la concesión, de acuerdo a lo señalado por la
CF C, agregó que ellos piden que se respeten nuestras fuentes de empleo.
Asimismo, comentó que no se quiere adelantar a los hechos, pues todavía no toman
decisiones respecto a lo que harán si el gobierno del estatal, acata la recomendación
hecha por la CFC y otorga la concesión a los minitaxis.
Nosotros siempre hemos sido respetuosos, hemos sido de las personas, que tomamos a
conciencia las decisiones, las situaciones, no podemos hacer nada porque, tal parece,
somos los que siempre agredimos, cuando en realidad no es eso; muchas veces se han dado
provocaciones, pero del otro grupo que nos han llevado a actuar de manera ligera y las
consecuencias lo hemos visto, dijo Rincón Castro.
Minitaxis escondidos
Por su parte, los dirigentes de los minitaxistas, no han hecho ninguna
declaración pùblica referente a la recomendación de la CFC hasta el momento. Dos
minitaxistas, que pidieron fuesen omitidos sus nombres por temor a algún tipo de
agresión, informaron que los dirigentes de la 19 de octubre, Rafael Lazada
Martínez y Danilo Enriquez Cachón, habían viajado desde el lunes 16 de este mes, a la
ciudad de México, donde atenderían asuntos relativos a la resolución emitida por la
Comisión Federal de Competencia.
Asimismo comentaron que no habían visto el documento donde se pide al gobierno del Estado
les otorgue la concesión, pero dijeron que algún poder legal debe tener, desde que los
rojos -como le llaman a los miembros del FUTV- fueron a protestar al Palacio
de Gobierno, pues tienen miedo.
Aún con esto, ellos dijeron no estar confiados y prefieren esperar el dictamen que emita
el Colegiado de Distrito de la Suprema Corte de Justicia, instancia ante la cual
presentaron el Amparo.
En tanto, los minitaxis, están escondidos, para evitar conflictos con los taxistas, pero
-dijeron- vamos a esperar a ver que hace el gobernador, en los 30 días, que
supuestamente le dio la Comisión Federal de Competencia.
Hablan los abogados
Para que se aclare mejor la controversia en cuanto al valor y poder legal de la
resolucipón de la CFC, el Semanario de Opción, entrevistó a tres abogados, para que
dieran su opinión acerca de este tema.
Una autoridad que no es
un Tribunal, no puede obligar a que se cumplan sus determinaciones, su poder es similar al
de la Comisiòn Nacional de Derechos Humanos, sostuvo Jonathan Canché.
Canché Rodríguez explicó que la resolución de la CFC, no es de carácter obligatorio,
sino sólo una recomendaciòn, pues desde el punto de vista jurídico la Comisión no
tiene la facultad de coaccionar, porque la resolución tiene un cierto peso polìtico, mas
no jurídico. Asimismo, señaló que una vez que el Ejecutivo recibió la recomendación
tiene que decidir si la acepta o no, pero se le puede obligar.
Por suparte el especialista en
Derecho de la Competencia, Emilio del Rìo Pacheco, aseguró que la Comisiòn tiene el
poder para emitir una recomendaciòn, mas no para obligar al gobierno a que otorgue la
concesion a la Sociedad Cooperativa de minitaxis 19 de octubre.
Lo más que puede pasar en caso de no aplicar la resoluciòn de la CFCE es que se
haga acreedor a una sanción administrativa, en este caso una multa, lo cual no es de
ninguna manera, una forma de obligar, sino sólo un modo de presionar al Estado a que
cumpla con algunas disposiciones que considera la Comisiòn que deben o se pueden
considerar monopólicas, sostuvo.
Del Rìo Pacheco, alegó que la CFC no tiene el poder legal, porque la controversia es
relativo a las concesiones de tranporte, que son facultades exclusivas de los estados y si
se toma en cuenta, que México tiene un sistema federalista, la Federación no puede
obligar a los estados a cumplir acuerdos en los que las decisiones que se tomen en esa
materia son exclsuivamente del Estado. Si las leyes del Estado, no permiten que esa
concesion se otorgue, el Estado no está facultado para hacerlo aún cuando lo quiera
imponer una autoridad federal, agregó.
Dijo que solamente a través de una sentencia de la Suprema Corte se podría obligar al
Estado a otorgar la concesiòn.
Por último comentó que en el resolutivo dentro del dictamen que emite la Comisiòn se
pide obligatoriamente al Congreso del Estado a que emita un proyecto de ley, cuando
definitivamente no está facultado para ello, pero esto es una mala interpretación de la
fracción quinta del artìculo 14, del Reglamento Interior de la CFC que le faculta para
opinar sobre los proyectos de ley y reglamento relativos a la competencia y a la libre
concurrencia, pero sólo cuando el Ejecutivo Federal se lo solicite.
De otro modo, se estaría convirtiendo en un órgano de constituciibnalidad o
revisiòn de la constitucionalidad, facultad que no le corresponde, según el actual
asesor del Congreso local.
En tanto, el Presidente de la
Sala Administrativa Electoral del Poder Judicial del Estado, Juan Antonio Renedo Dorantes,
conincidió en varios puntos, aunque dijo desconocer como fue planteado el procedimiento
ante la CFCE y por lo tanto ignora el valor real de la resoluciòn emitida al Gobierno del
Estado.
Sin embargo, asegura que esta instancia federal no tiene el suficiente poder para obligar
al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ni al Colegiado de Distrito de la Suprema
Corte, pero en el caso del Ejecutivo es diferente, pues se puede analizar la conveniencia
de aceptarlo o no, de acuerdo a lo planteado.
Según los entrevistados, si González Curi no quiere otorgar la conseción a la Sociedad
Cooperativa de minitaxis 19 de Octubre, no lo hará, pero si quiere hacerlo,
la recomendación de la Comisión Federal de Competencia será el principal argumento.
Esto, sin duda alguna será determinate para solucionar o empeorar el problema.
La ordenanza de la Comisión no tiene suficiente sustento legal para obligar al gobierno
estatal a obedecer el dictamen, mucho menos cuando que no es un organismo judicial. En la
fracción VI del artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, señala que la
Comisión podrá, "cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de
competencia y libre concurrencia, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y
actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efectos jurídicos..."
Con esto se prueba que este documento no es obligatorio del Estado, pues de no aceptarlo,
sólo merecería una sanción administrativa, o en este caso, una multa.
¿Por una multa, será capaz el Gobernador del Estado de otorgar una concesión, que desde
un principio se negó rotundamente a conceder, e incluso llegó a afirmar que nadie lo
doblaría?
Estas, y otras muchas interrogantes quedan en el aire. Todo parece indicar que resultaron
ciertos los rumores sobre la negociación de González Curi con Layda Sansores, sobre la
liberación de los camioneros que bloquearon la avenida Gobernadores y, por supuesto, la
concesión a los minis, así como la inclusión en la nómina del gobierno a los
colaboradores más cercanos de Sansores San Román y que González Curi.
Al final, se resolvería un problema pero se crearía otro, pues resultarían afectadas
500 familias. Con una decisión favorable a los cooperativados, el mandatario campechano
perderá la simpatía de los taxistas, quienes como organización sindical, siempre lo han
apoyado y respaldado en momentos difíciles, y a cambio sólo recibiría una...cómo le
dijéramos sin lastimar susceptibilidades... ¿traición?...por respaldar a los llamados
minis que no tienen razón de ser y dejar resurgir de las cenizas al laydismo, porque
esto, quiérase que no, si le dan la concesión a los abejorros, se interpretará como
triunfo de la ex senadora.
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