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De hecho, durante los dos meses anteriores al golpe, las fuerzas armadas habían venido ensayando exitosamente esta táctica contra los trabajadores. Al producirse el motín del 29 de junio, el Gobierno decide aplicar la Ley de Control de Armas que, por iniciativa de la Democracia Cristiana, había sido aprobada a mediados de 1972, con el voto afirmativo de la Unidad Popular. Teóricamente, la instrumentación de la ley debía servir para combatir al terrorismo de ultraderecha, que amenazaba con paralizar y destruir el Estado, derrumbando al mismo tiempo al Gobierno constitucional. En la práctica, sin embargo, se la utilizó para desencadenar una violenta ofensiva contra los obreros adictos a los partidos constitutivos del frente gubernamental.

De este modo, a lo largo de los meses de julio y agosto, el ejército, en todo el país, irrumpe en fábricas, sindicatos y locales de partidos de izquierda, en una típica maniobra de provocación. El número de armas que se encuentra es, desde luego, insignificante. Pero no son precisamente armas lo que en estos operativos se pretende detectar. Más allá de la intimidación, el objetivo de los militares golpistas consiste en preparar a las tropas para el asalto final y, muy especialmente, en localizar y diferenciar al enemigo fundamental entre la inmensa masa de trabajadores que forman la base social del gobierno popular. En última instancia, la Ley de Control de Armas serviría para rellenar las listas de los miles de asesinados, encarcelados y torturados que, seis meses después del golpe, constituirán el trágico balance del gobierno militar.

"USTED SIEMPRE TENDRÁ MI LEALTAD INCONDICIONAL"

El viernes 7 de septiembre de 1973, a1 atardecer, Pinochet viaja en helicóptero hasta Valparaíso, a cien kilómetros de la capital, en cuyo puerto la escuadra naval se ha amotinado, negándose a zarpar. Dos días antes, significativamente, tres destructores y un submarino de la armada norteamericana llegan hasta las costas de Chile para realizar maniobras conjuntas correspondientes al Operativo Unitas, cuyo origen data del comienzo de la guerra fría. Los marinos chilenos rehúsan participar de estas operaciones si antes no renuncia a la comandancia del arma el almirante Raúl Montero, designado por Allende en noviembre de 1970, para ser reemplazado por el almirante Merino, uno de los líderes principales de la conspiración.

En Valparaíso, Pinochet intentará "disuadir a los marinos de hacer cualquier locura", y ese mismo día, en conversación telefónica con Allende, le dice: "Usted siempre tendrá mi lealtad incondicional, Presidente"/3. A renglón seguido informará que "todo está en calma" en la Primera Zona Naval y que la escuadra, acatando a su comandante natural, abandonará el puerto el lunes 10, para reunirse en alta mar con las naves de guerra de los Estados Unidos.

Mientras tanto, por la noche, la dirección del complot dentro del ejército ya ha decidido la fecha definitiva en que tendrá lugar el golpe de estado: será el viernes siguiente, 14 de septiembre, aprovechando los movimientos de tropas previos a la parada del 17, día en que se festeja la independencia nacional. Esto no lo sabe todavía el embajador norteamericano en Santiago, Nataniel Davis/4, quien esa misma mañana comunica telefónicamente al ministro de Defensa, Orlando Letelier, que ha sido convocado urgentemente a Washington por Henry Kissinger, y que estará de regreso en la capital el martes 11. Davis solicita audiencia al ministro para el miércoles 12, oportunidad en que discutirá con él temas relativos a la compra de armamentos para las fuerzas armadas chilenas en los Estados Unidos.

Sin embargo, dos días después, el domingo 9, un factor imprevisto obligará al representante norteamericano a abreviar en 24 horas las conversaciones con el jefe del Departamento de Estado. Se trata de la decisión del presidente Allende de anunciar públicamente, en las próximas horas, la convocatoria de un referéndum "para que el país decida el camino a seguir", en medio de la grave crisis económica e institucional que se ha producido desde los últimos meses. Esta medida ha sido comunicada personalmente por el mandatario al comandante en jefe y al inspector general del ejército, general Urbina, durante una entrevista celebrada al mediodía en la residencia oficial de Cañaveral, y ya por la tarde Pinochet se encuentra reunido en su propio domicilio con el comandante en jefe de la fuerza aérea, general Leigh, y con el almirante Huidobro/5, representante de los marinos conspiradores de Valparaíso, para analizar la inesperada resolución presidencial a la luz de los proyectos golpistas. Para Pinochet, el anuncio al pueblo chileno del referéndum privaba de base de sustentación a la sublevación programada. En primer lugar, porque -a partir de ciertas declaraciones suyas a la prensa en el primer aniversario del golpe- presumiblemente los oficiales conjurados esperaban, para los días inmediatamente anteriores al estallido de la insurrección, algún brote de violencia, fuese de la oposicion o de la propia base de la Unidad Popular, que justificase una intervcnción militar para restablecer la "paz" y asegurar el "orden". En cierto modo estas expectativas estaban justificadas por el nivel insoportable de las tensiones, las cuales eran las mismas que habían determinado a Allende a anunciar la convocatoria del plebiscito. Pero el mismo anuncio del plebiscito estaba destinado a aliviar esas tensiones y, por lo tanto, a disipar toda posibilidad de extremada violencia.

En segundo lugar -y esto parece más evidente-, la convocatoria tendería a resquebrajar el frente civil golpista, introduciendo una cuña entre los sectores más y menos recalcitrantes (partido Nacional y partido Demócrata Cristiano). Si los democristianos (o al menos su sector más moderado) veían la posibilidad de rectificar la orientación del gobierno a través de un referéndum -y esa posibilidad existía, dado el reagrupamiento en bloque de la clase media alrededor del partido que objetivamente la representaba-, no era improbable que diesen la espalda al golpe en gestación, volviendo a concentrar todo su poder de fuego en la lucha exclusivamente política. La división del frente civil golpista, por último, repercutiría en la cohesión del frente militar, donde los democristianos tenían también sus representantes (uno de ellos, el general Oscar Bonilla, amigo íntimo de Frei, acabaría siendo ministro del lnterior de la Junta).

La conclusión era obvia: había que adelantar la fecha del golpe lo antes posible, fijándola, si se pudiera, para el día siguiente, lunes 10. Sin embargo, razones técnicas determinarán que el día "D" sea finalmente el 11, estableciéndose las 6.00 del martes como hora "H" para la marina en Valparaíso, y las 7.30 para el ejército en Santiago. Como explicará uno de los oficiales conspiradores acerca de esta diferencia: "Allende venía sosteniendo una lucha abierta con la marina, y la diferencia de tiempo buscaba distraerle para que pensara que sólo se enfrentaba con una pequeña revuelta naval". De hecho, la demora de noventa minutos en el pronunciamiento del ejército constituiría el comentario trágico a la grande y prolongada confianza depositada por Allende en Pinochet.

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