LA GUERRA SUCIA DE BUSH CONTRA BOLIVIA
Existe un plan encabezado por los
prefectos y grupos organizados de la oligarquía boliviana --denominados
"cívicos"-- desde los departamentos (equivalentes a nuestros estados en
México) de Santa Cruz y Tarija, con la participación decidida de Beni, Pando y
recientemente Cochabamba, que fue diseñado y se ha puesto en acción para
promover la desintegración del Estado boliviano, consideran periodistas,
investigadores, activistas sociales y académicos en Bolivia. El prestigioso
Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB,
http://www.cedib.org/pcedib/index.php ),
denuncia que los sectores oligárquicos
enquistados en el oriente, considerándose dueños y señores de la tierra, los
recursos y la gente, han decidido no permitir las reformas con las que el
gobierno de Evo Morales ha rozado apenas algunos privilegios que ilícitamente
se adjudicaron.
Pretenden detentar el poder absoluto,
evitar transformaciones estructurales y conservar el poder económico
apropiándose --sin restricciones-- de los recursos naturales que tiene el país.
Para ello se aventuran a una batalla cada vez más frontal, aprovechando los
amarres legales y democráticos con los que han conseguido ajustar al nuevo gobierno.
Al parecer, los alcances de su escalada implican incluso la opción de una
guerra civil. Reciben, para ello, apoyos y recursos de Estados Unidos, a
través, por ejemplo, de la oficina en Bolivia de la US Agency for International
Development (USAID)
Hábilmente, derecha y oligarquía
capitalizan los espacios de un sistema que diseñaron a su medida y para sí. La
opción del gobierno de actuar con apego a las leyes de ese sistema, les ha
facilitado afianzarse y desde esos espacios seguir en el escenario político con
una posición de fuerza que está cimentada además en el control del poder
económico que nunca perdieron.
Cochabamba fue, en ese contexto, el
escenario de guerra que el prefecto Manfred Reyes Villa ofreció para dar un
golpe frontal a las aspiraciones populares y para intentar posicionar la
estrategia autonómica en la región, con la pretensión de inclinar la balanza a
su favor en el escenario político de la nación y dentro del espíritu de la
declaración del 15 de diciembre de 2006, que planteó un referendo en pos de la
independencia, es decir, de la desintegración de Bolivia.
Aprovechando las indecisiones que se
presentaron en la Asamblea Constituyente, la derecha, derrotada en dos
sucesivas votaciones, comenzó a reagruparse, con un evidente apoyo estadounidense,
aunque en el ámbito oficial, Washington ha optado por una cierta medida de
discreción. Los grupos derechistas aprovecharon muy bien el sesgo que les
permitió elegir un número mayor de prefectos y obtenido mayoría a favor de las
autonomías en algunos departamentos. Fue suficiente para que proclamaran que el
programa de cambio debía anularse, consideran analistas y comentaristas de los
diarios La Razón y El Diario, así como de la Agencia Boliviana de Información
(ABI) y de Indymedia Bolivia.
La derecha no ha dejado de utilizar uno
solo de los instrumentos con que cuenta: finanzas, medios de comunicación,
operadores de chantaje y grupos de choque. En determinadas circunstancias,
desenmascara abiertamente sus intenciones y, en otras, se comporta como si
fuese víctima de persecución. Ciertos poderes transnacionales interesados en el
retorno al pasado, difunden la imagen de país inviable que la derecha interna
construye para justificar una intervención del gendarme internacional, Estados
Unidos.
El último episodio de esta conspiración
se inició en Cochabamba, con un prefecto bueno para todo uso. Consciente de que
el referendo autonómico registró un rotundo no en el departamento, el prefecto
Reyes Villa propone convocar a una nueva consulta sobre el mismo tema. Además,
se proclama partidario de la independencia de Santa Cruz, aunque luego aclare
que fue un lapsus. Aclaraciones de sobra, porque su actividad posterior
demostró que estaba decidido a concretar sus anuncios y propuestas.
Las organizaciones populares se
manifiestan públicamente en las calles, exigiendo que rectifique su conducta o,
en caso contrario, se retire de la prefectura.
A lo largo del año transcurrido, la
derecha se ha mostrado decidida a usar la violencia para imponer sus exigencias.
Sólo la intervención personal del presidente Evo Morales, llamando a la
reflexión a las organizaciones sociales y emplazando a Reyes Villa para que
deponga su actitud provocadora, ha impedido que la espiral de violencia se
convierta en una confrontación de alcance nacional. Para hacerlo, Morales
suspendió su agenda internacional.
Sin embargo, la derecha está decidida a
mantener activo su plan desestabilizador del gobierno. En su intento por
detener el proceso de transformación económica y social iniciado por el
gobierno de Morales, ha decidido colocar todas sus cartas sobre la mesa. Han
aparecido grupos armados, cuya formación había sido denunciada, pero aún no se
mostraban. Sus operadores trabajan permanentemente buscando apoyo militar y
policial para frenar la iniciativa popular que, hasta ahora, marca el curso de
los acontecimientos. Sus voceros se dirigen constantemente a la opinión pública
internacional, incitando a intervenir para "pacificar" el país,
mientras sus mentores hacen todo lo que está en sus manos para desestabilizar
la situación interna.
Lo que no ha logrado, pese a todos sus
intentos, es desarticular la organización popular. En contraparte, el pueblo se
moviliza de forma espontánea, por lo que a veces, aparecen posiciones extremas
que contribuyen a los planes de la derecha. La organización, la coordinación,
la unidad de dirección, impedirán las maniobras de la reacción que busca
retornar a sus privilegios.
En pos del equilibrio en la política
exterior y pese a la hostilidad semiencubierta del gobierno de George W. Bush,
una misión diplomática boliviana encabezada por el ministro de Relaciones
Exteriores, David Choquehuanca, viajó a Estados Unidos con el propósito de
iniciar negociaciones en busca de una nueva ampliación de la Ley de Promoción
Económica y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés), cuya
vigencia termina el 30 de junio.
La delegación, integrada asimismo por el
ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce y el viceministro de Comercio y
Exportaciones, Pablo Rabzuck, solicitó una ampliación de dos a cinco años de
las ventajas que proporciona la ley de preferencias arancelarias. Sin embargo,
por las mismas fechas el gobierno de Bush dio a conocer una evaluación
sumamente negativa de la política boliviana antidrogas, basándose en la
milenaria tradición del cultivo de la hoja de coca y descalificando
desdeñosamente al gobierno de Morales como "gobierno de cocaleros".
Es de preverse que Bush no cejará en sus
presiones contra el gobierno boliviano. De hecho, ya redujo el apoyo financiero
al combate contra el narcotráfico, de 45 millones de dólares a 38.6 millones y,
por lo visto, apuesta a que la táctica de la hostilidad semiencubierta
provocará una agudización de las crisis sociales y políticas de Bolivia, de tal
manera que en agosto o septiembre estallen de manera abierta la
ingobernabilidad y la inestabilidad.
Autor: Luis Gutiérrez Esparza.
México, Distrito Federal.