PANORAMA NACIONAL

Entre la biodiversidad y la necrodiversidad

Todas las realidades que hemos resaltado a nivel mundial, poseen sus expresiones y connotaciones propias hacia el interior de Colombia. Ninguno de esos fenómenos globales puede dejar de afectarnos en una o en otra manera, ni dejará de hacerlo en el futuro. No en vano existe una frase según la cual la globalización implica que "no existe lugar para esconderse".  

Hay, sin embargo, procesos del acontecer nacional que no pueden explicarse simplemente como reflejo de los fenómenos mundiales y cuya responsabilidad está en manos, si no exclusivamente, sí principal y protagónicamente en manos de los colombianos.   

El más dramático de todos es, sin lugar a dudas, el fenómeno de la violencia y sus implicaciones y secuelas sobre la vida diaria de cada vez más colombianos.   

La cifra de treinta mil homicidios al año, el hecho de que la expectativa de vida de los hombres jóvenes en Colombia sea de las más bajas de América Latina como resultado de la violencia (lo cual ha determinado que la esperanza de vida de la población masculina no haya crecido en los últimos diez años) y de que el homicidio haya desplazado a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte entre hombres jóvenes y adultos, determina que nuestro país sea, al tiempo que uno de los paraísos de la biodiversidad en el mundo, uno de los más dramáticos imperios de la necrodiversidad en el planeta: mientras en el territorio colombiano, que equivale apenas a 0.8% de la superficie emergida del planeta, se encuentran el 10% de todas las especies vivas de la Tierra, en ese mismo territorio se cometen el 10% de todos los homicidios por fuera de guerra que se comenten en el mundo.  

Así mismo, para citar solo otro ejemplo, se sabe que la mitad de todos los secuestros de civiles que se registran en el mundo, ocurren en Colombia.  

En cuanto a desplazamientos forzados, hablan los informes del Departamento Nacional de Planeación de que en Colombia, entre 1985 y 1995, se produjeron en el país 586.261 casos registrados de personas que tuvieron que abandonar sus territorios de origen por razones violentas (cifra que corresponde a 108.301 hogares), y los informes del Gobierno y de las organizaciones de derechos humanos indican que entre ese año y 1997 se produjeron entre 100 y 300 mil casos adicionales. No existen datos precisos a la fecha (Junio de 1998), pero la agudización de la violencia, de las masacres y de los desplazamientos en el primer semestre de este año, permite presumir que el número de desplazados en Colombia está en este momento entre un millón y un millón y medio de personas.  

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La pobreza en Colombia

El documento del Comité Académico de la comisión preparatoria para la Cumbre Social anota cómo "en el país la probabilidad de ser pobre aumenta en ciertas regiones y entre algunos sectores poblacionales. Para nadie es un secreto que las mujeres asumen en mayor proporción los costos de la pobreza. Ese es un fenómeno que se ha dado en llamar "la feminización de la pobreza". Los jóvenes igualmente enfrentan difíciles condiciones de inserción social resultante en muchos casos de múltiples mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza."    

"La participación de las mujeres en los ingresos provenientes del trabajo es apenas del 32%. Las mayores tasas de desempleo se presentan entre las mujeres jóvenes (34,3% para mujeres entre los 15 y 19 años, y 20.6% para las mujeres entre los 20 y los 29 años)"     

"A nivel regional, la extensión de la pobreza es bastante diferenciada. Sucre, Chocó, Córdoba, Cauca, Cesar, La Guajira, Boyacá, Nariño, Tolima, Bolívar y Santander, son los departamentos en los que se presenta una mayor extensión de la pobreza medida por el NBI. Los niveles de pobreza van desde 64,1% en Sucre, hasta 33,3% en Santander. Bogotá presenta la menor extensión de la pobreza por ese indicador en términos porcentuales, pero en términos absolutos, presenta el mayor número de pobres."     

En 1993 el número de Colombianos por debajo de los límites de la pobreza era del 35%, y de un 15% por debajo de los límites de la pobreza extrema.     

En Julio de 1997 el desempleo afectaba a 865 mil personas (14%), con cifras muy superiores al promedio nacional en dos de las ciudades más caracterizadas por su desarrollo industrial: Cali (18.8%) y Medellín (15.9%). Para entonces se calculaba que el índice de subempleo alcanzaba el 15.1%.

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Pobreza inequidad y violencia ambiental

Agua y saneamiento ambiental  

Si dividiéramos la cantidad de agua existente en Colombia, por el número de habitantes, a nivel teórico podríamos afirmar que a cada persona corresponderían 44.000 metros cúbicos anuales. La precipitación anual en Colombia se calcula en 3.425 kms ³ y la evaporación en 1.313 kms ³ , lo cual deja una disponibilidad de 2.000 kms ³ por año.     

"En 1987 en Colombia existían 13'158.000 personas sin conexión al servicio de acueducto (43%) y 18'054.000 sin servicio de alcantarillado. Mientras que el 44% de la población vive en localidades donde la cobertura de acueducto supera el 70%, el 49.3% habita en localidades donde esa cobertura es menor del 55%. Respecto al alcantarillado la brecha es mayor, mientras el 27% de la población está ubicada en localidades con una cobertura superior al 75%, el 55.9% reside en localidades donde la cobertura no llega al 50%. Según otra fuente (El Tiempo, 6-10-88), 50.000 niños menores de cinco años mueren cada año en Colombia debido al consumo de agua no potable y 13 millones de colombianos no tienen servicio de agua. Del total de pobladores de Colombia, 16 millones no gozan de servicio de alcantarillado. De los que tienen servicio de acueducto, 7 millones toman agua no potable. (...) Sólo cinco localidades de un total de 1.019 municipios (0.49%) tratan sus aguas residuales antes de disponerlas a las fuentes receptoras. (...) Con las cargas orgánicas actuales ya en los ríos vecinos a los centros urbanos los sistemas hídricos se han degradado hasta el punto en que prácticamente son inservibles."    

Además de lo anterior, se calcula que el 15% del las 15.900 toneladas diarias de basura que produce el país, es decir, cerca de 90 mil toneladas, va a caer a los cuerpos de agua.    

"A esto se agregan los vertimientos directos de las industrias, la generalizada falta de plantas de tratamiento a lo largo y ancho del país, la falta de disposición de excretas en el 35% de las zonas urbanas y en el 63% de las zonas rurales, los residuos químicos de la agricultura, los lixiviados que se filtran de varios de los rellenos sanitarios donde se deposita el 325 de las basuras y, en la última década, la contaminación causada por la voladura de oleoductos y los cultivos ilícitos."    

Contaminación de la Atmósfera y el Agua  

En el país existen (según datos de 1990) 4.737 industrias que vierten efluentes contaminantes a las corrientes de agua (85% del total de establecimientos industriales), y 2.139 que lo hacen a la atmósfera (38.5% del total). De estas últimas, las más contaminantes son las que utilizan gases clorados, derivados del boro y sustancias nitrogenadas que se emplean como impulsoras en aerosoles, equipos de refrigeración y aire acondicionado, producción de plásticos, etc. Las siguientes cifras muestran el origen de las 5'293.389 toneladas de contaminantes arrojados a la atmósfera en el país en 1985 por actividades urbanas: parque automotor: 69.7%, industria: 29.5%, generación de energía: 0.8%. De éstos, el 59.5% correspondió a monóxido de carbono (CO), 26,5% a partículas, 3.0% a dióxido de azufre y 5.1% a óxidos de nitrógeno.     

Según el "Perfil Ambiental de Colombia", a principios de esta década se utilizaban en Colombia 18'400.000 litros de plaguicidas líquidos y 21.000 toneladas de sólidos. Los insumos agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) representaban entre el 35 y el 40 por ciento de los costos de producción agrícola. Al momento de realizarse el "Perfil Ambiental de Colombia", los primeros representaban el 72% de las importaciones nacionales y los segundos el 89%.    

En 1990 se calculó que Colombia arrojaba a la atmósfera 113 millones de toneladas de gas carbónico como consecuencia de la tala y quema de bosques, lo cual coloca al país en una posición desproporcionada con una tasa anual por habitante de 4 toneladas, igual a la de Estados Unidos, y por encima de países industriales como Francia e Italia.    

Deforestación  

Los suelos colombianos con vocación forestal alcanzan los 780.000 kilómetros cuadrados. Colombia posee actualmente el 43% de su territorio cubierto por bosques naturales, la mayor parte en la región amazónica y la Costa Pacífica. El Departamento Nacional de Planeación estima la deforestación en Colombia en 600.000 hectáreas anuales. Entre las medidas para frenar este proceso, el país ha protegido bajo la categoría de reserva natural aproximadamente un 10% de su territorio.  

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Los costos económicos de la guerra

Además de los costos en vidas humanas y de oportunidades que conlleva la guerra, calcula un estudio elaborado por el Departamento Nacional de Planeación que en términos económicos ésta le ha costado al país, sólo entre 1990 y 1994, una suma equivalente a 12,47 billones (millones de millones) de pesos de 1995, incluidos en esa cifra el Gasto Público, el Gasto Privado y el "Capital Humano", calculado sobre la base de "una estimación de los ingresos futuros de una persona a partir de su valor presente... 6.8 billones representados en años laborales de colombianos perdidos entre 1990 y 1994" y un valor equivalente al 9.08% del Producto Interno Bruto entre 1991 y 1996.    
 

Gasto Público	1990	1991	1992	1993	1994	Total
Sector Defensa	515.007	445.635	667.227	1.089.344	698.775	3.415.988
Sector Petróleo	123.427	152.698	138.421	52.673	47.540	514.759
Regalías no causadas	21.664	25.631	26.862	10.066	9.759	93.982
Otros gastos	4.724	29.839	10.088	14.079	13.362	72.092
Total gasto público	664.822	653.803	842.598	1.166.162	769.436	4.096.821
Como % costo total	29%	24%	32%	43%	35%	33%
Gasto Privado
Secuestro, robo, extorsión		161.562	161.908	179.951	307.139	810.560
Sector petrolero	93.238	112.336	102.551	45.337	41.865	395.327
Otros	35.875	48.688	74.141	72.441	57.285	288.430
Total gasto privado	129.113	322.586	338.600	297.729	406.289	1.494.317
Como % costo total	6%	12%	13%	11%	19%	12%
Capital Humano	1.488.630	1.721.307	1.435.858	1.229.425	1.003.842	6.879.062
Como % costo total	65%	64%	55%	46%	46%	55%
Costo total	2.282.565	2.697.696	2.617.056	2.693.316	2.179.569	12.470.200
Costo total % PIB	4%	4.1%	4.4%	4.4%	3.4%

   
"En síntesis", afirma un estudio más reciente del DNP sobre el mismo tema, "si se suman los costos de la criminalidad urbana y los costos que se generan por el conflicto armado, entre 1991 y 1996 los costos brutos de la violencia en Colombia ascendieron a $17.2 billones de 1995, lo que equivale a un 25,3% del PIB, con un promedio anual de 4.2% del PIB. (...) En el total de costos brutos de la criminalidad en Colombia, la pérdida de vidas representa el 31%, el exceso de gasto militar el 22%, el gasto en seguridad el 17%, delitos patrimoniales 15%, secuestro, robo y extorsión 12% y por último terrorismo con el 2%.(...) Por otro lado los costos netos de la violencia urbana y el conflicto armado entre 1991-1996, alcanzaron los $12.5 billones de 1995, es decir un 18.5% del PIB, que en promedio al año representan el 3.1% del PIB. En el total de costos netos de la criminalidad en Colombia, la pérdida de vidas tiene la mayor participación con un 43%, seguida del exceso de gasto militar con 30%, gasto en seguridad con 23%, terrorismo con 3% y salud con un 1%."    

Y concluye el mismo estudio: "En general para el periodo 1991-1996, de los costos totales de la criminalidad, la urbana representa el 64.5% y el conflicto armado el restante 35.5%. Un mensaje importante es la dinámica que ha adquirido la criminalidad desde 1993. (...) Además de ser costosa económicamente, la violencia es un "impuesto" bastante regresivo ya que los mayores costos, que son vidas y capital humano, los pagan los sectores pobres. La sociedad no puede dudar de los beneficios económicos y sociales de reducir la criminalidad a niveles mínimos."    
 

Uno de los principales obstáculos para la paz en Colombia, aunque por supuesto no el único, es que la guerra (en todas sus modalidades) constituye para quienes la alimentan desde afuera y desde adentro del país, un negocio rentable como pocos, montado sobre la eliminación de la vida humana y sobre la destrucción de los ecosistemas que nos sirven de escenario de vida a los colombianos.    

El informe del Departamento Nacional de Planeación que hemos venido citando, afirma que la guerrilla ha pasado de "tener ingresos en 1991 de $349 mil millones a más de $1 billón en 1996, es decir, el 0.58% del PIB. Entre 1991-1996 los ingresos alcanzaron $3.6 billones de 1995 o el 5.3% del PIB. Las participaciones en su orden son: 45% narcotráfico, seguido del robo y la extorsión con un 27% y el secuestro 22% de sus ingresos. Los 7.3% restantes fueron obtenidos a través del desvío de recursos, rendimientos de las inversiones y otros. (...) Las FARC y el ELN tienen como principales fuentes de sus ingresos: el narcotráfico, el robo, la extorsión y el secuestro, que representan más del 90% de sus ingresos. Considerando el número de guerrilleros, los ingresos per capita de la guerrilla se duplicaron entre 1991 y 1996 al pasar de $47 millones anuales de 1995 a $93 millones en 1996 explicado principalmente por los ingresos del narcotráfico."      

El mismo informe indica que entre 1991 y 1996 se registraron en el país 6.204 secuestros, "de los cuales un 57% fueron realizados por delincuentes comunes y el 43% restante por grupos guerrilleros." Con base en estadísticas de la Policía Nacional y de la Fundación País Libre, se estimó un costo promedio de pago de rescate por secuestrado, en 1996, de $82 millones de pesos.

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La relativización del concepto de soberanía nacional

Otro hecho que necesariamente condiciona el escenario nacional e internacional en el cual se desarrolla hoy y se seguirá desarrollando la vida de los colombianos durante las próximas décadas, lo constituye la relativización cada vez mayor del concepto de soberanía nacional , según el cual cada Estado es autónomo y libre para adoptar las normas que deben regir dentro de su propio territorio y para gobernar dentro de él.    

Por una parte, en un mundo "globalizado" como el actual, en el cual el concepto de fronteras es cada vez más relativo y en el cual existe cada vez mayor consciencia sobre la interconexión entre los distintos ecosistemas y entre las economías de los distintos países, podría considerarse "normal" que los estados ya no estén en posibilidad de legislar mirando exclusivamente desde sus fronteras hacia adentro, sino que se tengan que establecer legislaciones supranacionales, como las vigentes hoy entre los miembros de la Comunidad Europea o los de la recientemente creada Comunidad Andina, cuya aplicación posee el carácter de "preferencial", aun por encima de las Constituciones internas de los países que las conforman.     

Por otra parte, el poder económico (y como consecuencia el poder político, social, cultural y ambiental) que han adquirido las empresas multinacionales en los últimos años, determina que lejos de estar éstas supeditadas a las legislaciones nacionales, sean estas últimas las que terminen por supeditarse a los intereses de las empresas multinacionales.     

Por último, Colombia enfrenta una situación particularmente difícil en cuanto a la reducción en términos reales de su soberanía nacional, ante facultades como la que se ha abrogado el Gobierno de los Estados Unidos de certificar o des-certificar unilateralmente a los países, como resultado de la calificación que ese país le otorgue a cada gobierno extranjero por su lucha contra el narcotráfico (léase: por su acatamiento o desacato a las políticas establecidas por los Estados Unidos para adelantar esa lucha). En la misma línea se encuentran leyes como la llamada "Helms-Burton", que expedidas por el Congreso de los Estados Unidos, se aplican por fuera de su territorio. Como se sabe, con base dicha ley, que establece sanciones para las empresas (y los ejecutivos de las empresas) extranjeras que establezcan relaciones comerciales con Cuba, se han llegado a sancionar incluso empresas (y ejecutivos de empresas) canadienses por haber negociado con la isla del Caribe.

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El desarrollo constitucional, legal e institucional en materia de medio ambiente y gestión ambiental

Un punto que debe destacarse positivamente dentro del panorama nacional, es el desarrollo constitucional, legislativo e institucional que ha tenido el tema del medio ambiente desde la Constitución de 1991 que, como es bien sabido, eleva al más alto nivel jurídico una serie de "principios" de carácter ambiental, como son, entre otros, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano, la obligación del Estado de garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y las prohibiciones de introducir al país desechos tóxicos y nucleares y de fabricar, importar o poseer en territorio colombiano armas químicas, biológicas y nucleares.    

En materia legislativa se han expedido una serie de normas para desarrollar los principios constitucionales, la principal de las cuales es la Ley 99 de 1993 mediante la cual se crean el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental SINA, que reforma la estructura pública para la gestión ambiental en Colombia e incorpora a la misma a la sociedad civil (incluido el sector privado) y sus organizaciones.    

El país cuenta, entonces, con las herramientas teóricas, institucionales y legales necesarias para realizar una adecuada gestión del medio ambiente encaminada hacia el desarrollo sostenible , considerado a su vez requisito y resultado de la paz en Colombia.     

Se necesita avanzar todavía mucho más en la aplicación eficiente y eficaz de las normas en la práctica; en la construcción de una cultura institucional que les permita a los funcionarios públicos pasar de un esquema de feudos cerrados de poder burocrático, a una estructura de sistema abierto a la comunidad, que permita y estimule la participación de la misma en la gestión ambiental; y en la comprensión del ambiente como una realidad que atraviesa transversalmente a todos los actores, sectores y actividades de la vida social.

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El incremento de la consciencia participativa por parte de la sociedad civil

Otro aspecto que se debe destacar de manera positiva, es la consciencia creciente que existe en el país (tanto en el sector público como en el privado) sobre tres temas relacionados con este documento:  

• La paz como prioridad.
• La necesidad de construir y consolidar una democracia participativa.
• El derecho y el deber de la participación como requisito de la sostenibilidad.

En cuanto a la paz como prioridad hace referencia (y a su relación con una adecuada gestión ambiental), a manera de ejemplo vamos a destacar tres hechos fundamentales:  

1. Los resultados del "Mandato Ciudadano por la Paz" que, con más de diez millones de votos en las elecciones del 26 de Octubre de 1997, exigió a los actores de la guerra en Colombia "resolver pacíficamente el conflicto armado".
2. El hecho de que en la mayor parte de las propuestas de paz, de negociación o de país, procedentes de los distintos actores armados de la guerra al igual que de distintos sectores de la sociedad civil, aparezca el medio ambiente (así sea de manera marginal) como uno de los temas de negociación.

La inclusión del tema ambiental dentro de las agendas de la "Asamblea Permanente de la Sociedad Civil" y de la "Cumbre Social Contra la Pobreza y por la Equidad".

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Las perspectivas de una nueva reforma constitucional

Flota en el aire la convicción de que en los próximos meses el país será convocado a una nueva asamblea constituyente, entre otras razones por las exigencias en ese sentido de varios de los actores armados de la guerra, como uno de los requisitos para alcanzar acuerdos efectivos de paz en Colombia.  

Si bien es cierto que muchos temas que deberían estar allí se quedaron por fuera de la Constitución de 1991 (como por ejemplo el régimen de los partidos políticos, la reforma de las fuerzas militares y la objeción de consciencia), que a otros temas se les otorgó carácter constitucional sin tenerlo (como la creación de la Corporación del Río Grande de la Magdalena), y que a lo largo de los siete años que la Constitución lleva de vigencia se ha hecho evidente la necesidad de reformar algunos de sus artículos, también lo es que gran parte de los principios que quedaron consagrados en ella, entre otros los llamados "derechos fundamentales" y los "derechos colectivos y del ambiente", fueron el producto de un proceso de concertación sin precedentes que recogió los esfuerzos adelantados durante muchos años por la sociedad civil y sus organizaciones y que, como consecuencia, deben respetarse, conservarse en la Constitución que surja de ese eventual nuevo proceso constituyente y, de ser posible, reforzarse para garantizar su efectivo cumplimiento.

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