El medio ambiente como escenario, arma, objetivo y motivo de guerra

El medio ambiente no solamente es el escenario de la guerra y, en consecuencia, una de sus víctimas directas ("Cuando dos elefantes se pelean es la yerba la que sufre"), sino que también se utiliza como arma y puede también constituir el motivo de la guerra.  

El primer caso, el del medio ambiente como escenario de guerra, lo ejemplifican en el medio rural los efectos de las voladuras de oleoductos y de las fumigaciones contra los llamados "cultivos ilícitos", actividades cuyo propósito directo no es el deterioro del entorno, pero como resultado de las cuales ese deterioro se produce de manera inevitable.   

"Muchos de los atentados terroristas (contra los oleoductos) han afectado en forma grave fuentes de agua y puesto en peligro la subsistencia de especies vegetales y animales en zonas donde ellos se han llevado a cabo. Existen estimativos sobre las áreas involucradas, así como sobre las especies y poblaciones afectadas. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible medir la magnitud económica de estos daños... Arauca y Santander resultan ser los departamentos más afectados por los atentados. Sólo entre enero y abril de 1995 se llevaron a cabo quince atentados contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas en estos departamentos. En muchos casos los atentados han producido el agotamiento de recursos como la pesca en ríos y quebradas, y se han afectado miles de hectáreas de cultivos de pancoger en localidades como La Unión, la Ceiba, La Pajuila, La Esmeralda, Caño Rojo, etc. Según el Ministerio del Medio Ambiente, aproximadamente en cinco mil hectáreas del Catatumbo y en inmediaciones del parque nacional El Tamá, ha desaparecido la vegetación y todo vestigio de vida animal por los reiterados ataques al oleoducto y el subsiguiente derrame de combustible. De igual manera, en este mismo periodo el ecosistema del río Magdalena se ha visto afectado por el derramamiento de cerca de 20 mil barriles de combustible, afectando los acueductos y la pesca en numerosas poblaciones ribereñas."  

En el caso de las fumigaciones contra "cultivos ilícitos", ya existe un daño ambiental previo a las mismas, en la medida en que la preparación de los suelos para dichos cultivos requiere la deforestación de terrenos de vocación forestal, muchas veces en pendientes laderas y zonas productoras de agua. Sin embargo, la fumigación contribuye no solamente a incrementar el deterioro de los ecosistemas ya afectados, sino que los efectos de las mismas trascienden a las áreas vecinas. Cuando las fumigaciones producen los efectos deseados, los cultivadores se trasladan a nuevas zonas boscosas, debido a lo cual se incrementa todavía más el problema.  

El siguiente comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia confirma lo anterior:  
 

EE.UU. reconoce cifra récord colombiana en su lucha contra los cultivos ilícitos En 1997, la Policía Nacional de Colombia, con un gran apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, fumigó una cifra récord de cultivos ilícitos de coca y amapola: más de 41.000 hectáreas de coca y cerca de 7.000 hectáreas de amapola. Las cifras del gobierno de Estados Unidos confirman los buenos resultados de este programa masivo, el más grande de erradicación aérea en la historia. (Estas cifras cubren el período de octubre 96-97, y no incluyen cerca de 25.000 hectáreas fumigadas entre octubre de 1997 y enero de 1998). Se ha reducido en un 25% la cantidad de coca cultivada en el Guaviare, en donde se concentran nuestras actividades de fumigación. Lamentablemente, se registra un notable incremento en los cultivos fuera de la zona fumigada, lo cual condujo a un aumento general del 18% en el total de la coca cultivada en Colombia, pasando de 67.200 a 79.500 hectáreas. No obstante, nos animan los resultados alcanzados en la región del Guaviare y tenemos el propósito de trabajar con el gobierno de Colombia para que el programa sea aún más efectivo durante el año que viene. Mientras tanto, aplaudimos el trabajo de la Policía Nacional en el programa de erradicación aérea, y el apoyo de las fuerzas armadas, con quienes se han alcanzado resultados récord en 1997, a pesar del alto riesgo para sus vidas . Santafé de Bogotá, 28 de enero de 1998

El segundo caso, el del medio ambiente como arma y objetivo de guerra, está ejemplificado en los bombardeos con napalm durante la guerra del Vietnam, los cuales tenían como propósito directo la destrucción del entorno que les servía de protección a los combatientes comunistas. En este caso, se trata o de evitar que las condiciones ambientales se conviertan en aliadas de las fuerzas contrarias, o de convertir al ambiente en un medio hostil contra las mismas, como cuando los conquistadores españoles destruían las fuentes de agua y los canales mediante los cuales las culturas del México precolombino obtenían el agua necesaria para su existencia. Los incendios intencionales de los pozos petroleros por parte de los iraquíes durante la Guerra del Golfo, también podrían catalogarse dentro de esta categoría.    

Aparentemente no existen en la guerra, o en las múltiples guerras que se libran en Colombia, casos que permitan afirmar que el ambiente haya sido declarado "objetivo militar" o utilizado expresa e intencionalmente como arma de guerra.    

El tercer caso, el del medio ambiente como motivo de guerra (ejemplificado en todas las guerras por el control sobre determinados recursos naturales), seguramente irá incrementándose en los próximos años, ya no tanto por el dominio sobre recursos de los llamados "no renovables", sino por el acceso a recursos "renovables" como el agua y los recursos genéticos, y por la posibilidad de acceder a determinados "servicios ambientales". No han faltado voces que desde el "mundo desarrollado" propugnan por una intervención armada para evitar por la fuerza que se continúe la destrucción de la selva amazónica (sin tener en cuenta las complejas circunstancias e interacciones tanto regionales como mundiales que conducen directa o indirectamente al deterioro de los ecosistemas del Amazonas).    

En la medida en que la alteración de la biosfera y de los ecosistemas que la conforman, continúe expresándose en una cada vez más desigual distribución de las posibilidades de acceder al agua en las distintas regiones del planeta, en esa medida la lucha por ese recurso vital, o lo que es igual: la lucha por el ambiente que lo ofrece, seguirá constituyendo motivo de conflicto y de guerra.    

En Colombia ya son frecuentes los conflictos entre comunidades por el acceso a las fuentes y los cuerpos de agua, así como por el control sobre las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Es interesante anotar cómo el 60 por ciento de los paros cívicos que se llevaron a cabo en Colombia entre 1971 y 1981, tuvieron como causa la carencia de servicios públicos, especialmente de acueducto y alcantarillado, ambos como es obvio relacionados con el agua.

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Los Costos ambientales indirectos de la guerra

Además de los ya citados efectos directos que la guerra produce sobre el medio ambiente en su condición de escenario de la misma (contaminación por voladuras de oleoductos o por la fumigación de cultivos ilícitos, efectos de bombardeos sobre zonas rurales, etc.), el conflicto armado genera una serie de consecuencias ambientales indirectas que contribuyen a incrementar la inequidad ambiental, la pobreza ambiental y la violencia ambiental que pesa sobre los colombianos, no solamente sobre aquellos que habitan las regiones del país en las cuales se desarrollan los enfrentamientos bélicos, sino sobre la sociedad entera en su condición de sistema dinámico y complejo, cuyos elementos se encuentran todos en una u otra manera interconectados.  

De manera no taxativa, vamos a resaltar como efectos ambientales y sociales más o menos indirectos de la guerra los siguientes:  

• El impacto de los desplazamientos campesinos sobre sus territorios de origen: Abandono de la actividad y de la infraestructura social y productiva, reducción en la producción de alimentos, concentración de la propiedad rural en manos de los actores armados (guerrilla o paramilitares) o de sus instigadores, pérdida de oportunidades, traumatismos sociales, sociológicos y culturales de los afectados, consolidación de las condiciones para que se perpetúe la violencia de una generación a otra.
• El impacto de los desplazamientos campesinos sobre las zonas urbanas: Escasez y consecuente encarecimiento de los alimentos procedentes del campo, incremento de los asentamientos marginales y de la pobreza urbana, incremento del desempleo, incremento del déficit educativo, de salud, de vivienda y de servicios públicos, profundización de la brecha entre ricos y pobres, carencia de "códigos urbanos" que dificulta la incorporación de los desplazados a la vida en ciudades, consolidación de las condiciones para que se perpetúe la violencia de una generación a otra.
• Imposibilidad para realizar una gestión ambiental adecuada en zonas de guerra, lo cual incluye los riesgos contra la vida y la integridad de líderes y miembros de organizaciones sociales y autoridades locales, y contra funcionarios públicos y de organizaciones no gubernamentales.
• Riesgos sobre la viabilidad de múltiples ecosistemas y recursos biológicos y sobre grupos étnicos y culturales relacionados con los mismos.

Pérdida de oportunidades económicas como el ecoturismo, que constituye una opción concreta de "comercialización sostenible de servicios ambientales tangibles –como el aire puro y el paisaje-- e intangibles –como la inspiración y el sentido de trascendencia", a partir de la cual Colombia podría derivar recursos tan importantes como los provenientes de la exportación de café o de petróleo, con un impacto ambiental muy bajo y con enormes posibilidades para una redistribución democrática de los beneficios.

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¿Quién paga los  platos rotos del deterioro ambiental?

En términos generales podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que los costos ambientales directos e indirectos de la guerra los pagamos todos los colombianos en cuanto a pérdida de calidad ambiental, pérdida de nuestro patrimonio ecológico y cultural, pérdida de oportunidades económicas, reorientación hacia el conflicto armado de recursos que podrían destinarse a inversión social, gestión ambiental e infraestructura productiva, etc., etc.  

Hay, sin embargo, actores sociales que resultan afectados de manera mucho más directa que otros. Así como el secuestro y las desapariciones nos afectan indirectamente a todos los colombianos, pero directamente perjudican mucho más en términos sociales, familiares e individuales a quienes son víctimas directas de estas dos formas atroces de violencia, así la violencia ambiental afecta especialmente a las comunidades cuya calidad de vida se encuentra directa y cotidianamente ligada a la salud de los ecosistemas con los cuales interactúan: comunidades campesinas, indígenas y negras que habitan las zonas de conflicto; comunidades que habitan territorios cruzados por oleoductos; comunidades afectadas por cultivos "ilícitos"; desplazados por la violencia o "refugiados y desplazados ambientales" (categorías comunes en zonas como Sudán y el Sahara, pero que ya comienzan a presentarse en Colombia como resultado del deterioro ecológico en muchas regiones), y comunidades en zonas de conflicto urbano o cuyas condiciones de marginalidad se incrementan por la afluencia masiva de desplazados rurales.  

Dentro de cada comunidad afectada, las mujeres y los niños resultan especialmente perjudicados por el deterioro ambiental. Para citar un solo ejemplo, ante el agotamiento del agua y la madera para leña en una región determinada, las mujeres y los niños deben caminar cada vez más kilómetros (lo que quiere decir, dedicarle al acarreo más tiempo a costa del necesario para educación, recreación, estudio y ocio) para abastecer a la familia de estos dos recursos sin los cuales resulta imposible la vida.  

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