III. CALIDAD DE VIDA
La consolidación del Estado de Bienestar en nuestro País a través de sus pilares básicos: sanidad, pensiones y educación, como servicios y prestaciones universales y gratuitas, ha dejado al descubierto que, en la estructura y valores sociales, existe un bien que, incluso, se configura como motor del mantenimiento de los otros y como elemento fundamental de integración y cohesión social: el Empleo.
El Banco Mundial y la ONU indican el bienestar económico como el primer factor de calidad de vida y, por otra parte, bajo la denominación "calidad de vida" se engloban una serie de indicadores que van más allá de los servicios y prestaciones públicos, incorporando aspectos relacionados con la cultura, el ocio, el consumo, el urbanismo y la vivienda, el medio ambiente, el deporte, etc.
La relación entre los instrumentos institucionales propios del Estado de Bienestar y los elementos sociales de la calidad de vida no deben dejar sectores marginados del progreso. El desarrollo, por tanto, debe ser solidario con los más desfavorecidos y con aquellos que la sociedad discrimina relegándolos a un plano oculto. Así, cualquier avance deberá partir de un diseño y una aplicación práctica que cuente con políticas activas hacia los jóvenes, las mujeres, las minorías y los mayores.
En la última clasificación (de 1996) de la calidad de vida la UNESCO sitúa a España en el lugar noveno, puesto al que ha ascendido desde el vigesimotercero.
Para determinar la posición de cada país, la UNESCO utiliza tres indicadores determinantes: el reparto de la renta, la escolarización y la expectativa de vida. Todos ellos los podemos reconocer entre los que han definido la política socialista en nuestro país en los años de gobierno o como derivados directos de ésta.
Derechos básicos y reparto de renta
La insuficiente e injusta redistribución de bienes y servicios, del mercado más eficiente en conseguirlos, hace imprescindible la intervención del Estado para conseguir la justicia social y el reconocimiento de un derecho mediante una asignación solidaria e igualitaria de servicios esenciales para la vida de los ciudadanos. La oferta pública, universal y gratuita de servicios como la sanidad, la educación y las pensiones, sufragados mediante impuestos y cotizaciones es una forma solidaria de redistribución de la renta nacional de la que participan todos los ciudadanos, especialmente los usuarios de estos servicios.
Por otra parte, la falta de relación directa entre crecimiento económico, productividad y empleo afecta especialmente a los colectivos cuya incorporación es más necesaria, por representar la proyección futura y la solidaridad del sistema: jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y parados de larga duración.
El acceso de la mujer a la educación y a la cultura y la evolución social sobre la igualdad de derechos con el hombre, exigen un trato solidario y políticas de acción positiva que destierren la discriminación existente. Se deben desarrollar políticas activas de formación en los campos profesionales con menos presencia femenina y de superación de los obstáculos que impiden una contratación y unas condiciones laborales igualitarias. Pero no podemos olvidar que el logro de este objetivo está íntimamente ligado a la superación de la dinámica de roles que se transmiten tanto desde el ámbito familiar como desde los medios de comunicación, publicidad, etc. Por lo que a las políticas activas de integración es preciso sumar otras de imagen que terminen de modelar los hábitos que posibiliten una igualdad real tanto en el plano laboral como en la aplicación de las leyes.
La incorporación de la juventud al sistema productivo es una necesidad social, económica y política. En primer lugar porque una sociedad no puede permitirse dejar ociosas sus mejores fuerzas; en segundo lugar porque se pierde la capacidad de innovación y el dinamismo propio de la juventud, y en tercer lugar porque la falta de perspectivas de integración social, asociadas a la falta de empleo, produce escepticismo sobre el funcionamiento de las instituciones y puede llegar a generar rechazo hacia las mismas. Se deben desarrollar políticas de formación en todos los campos profesionales.
Por otra parte, debemos luchar por la integración al sistema productivo de sectores tradicionalmente marginados que exigen una atención específica para atender estas necesidades básicas y para promover la reintegración social de esos ciudadanos desprotegidos y en muchos casos marginados: por pertenecer a una etnia diferente a la mayoría, por su situación económica, por su edad, por su insuficiente autonomía, por su opción sexual, etc.
Estado del bienestar como fuente de empleo
Desde un partido de progreso y de futuro como es el PSRM-PSOE, que basa sus ideales políticos en los principios de libertad, igualdad y solidaridad, queremos dar una respuesta global e integradora a los retos sociales del próximo siglo, teniendo como eje de nuestras propuestas políticas y acciones institucionales la creación de empleo como elemento de primer orden que da soporte a la integración social de los ciudadanos y ciudadanas.
El PSRM-PSOE ofrece un proyecto en el que todos participen y dirigido a todos sin privilegios ni exclusiones; un proyecto enraizado en los valores del socialismo democrático. No nos separará de nuestra ideología solidaria ni de nuestra política de justicia e igualdad, la pretendida exclusividad de las teorías neoliberales que la derecha y los grupos económicos afines proyectan sobre la sociedad.
Este "pensamiento único" resulta de la traducción en términos ideológicos, con pretendida universalidad, de un conjunto de intereses económicos del capitalismo internacional, y más concretamente del capitalismo financiero. Para ello utilizan todos los recursos a su alcance, preferentemente los de los medios de comunicación que le son afines, trasladando machaconamente su engañoso mensaje, conscientes de que en la sociedad mediática en que vivimos repetir es demostrar.
La acción política que acompaña a esa estrategia unidireccional se basa en la táctica de trasladar a los ciudadanos que las decisiones de gobierno tienen una aparente desvinculación de la opción política que las forma, pretendiendo hacer creer que son las únicas posibles. Lo "políticamente correcto" se instalaría así en el subconsciente colectivo rechazando cualquier otra posibilidad y haciendo aparecer ésta como desligada de una realidad que se crea artificialmente para sostener la teoría que la interpreta.
Se llega así a la descalificación de las alternativas posibles y de los partidos políticos que las sustentan. De esta manera, al ser el socialismo uno de los Partidos que no participa de sus ideales, sino que, al contrario, denuncia las falsas teorías neoliberales, se ha convertido en centro de sus ataques, con acusaciones tan peregrinas como que vivimos en el pasado. Este comportamiento, además, afecta profundamente a la credibilidad democrática del sistema de libertades que nos hemos dado, y que está siendo atacado por una derecha que soporta mal sus obligaciones constitucionales y desprecia los mecanismos de control y la misma existencia de otros partidos con otras soluciones más justas y solidarias.
Desde el PSRM-PSOE queremos renovar nuestro compromiso democrático con la sociedad, demostrando que no hay incompatibilidad entre crecimiento económico y Estado de Bienestar; al contrario, la redistribución de la renta que resulta de la existencia de unos servicios públicos universales y gratuitos disminuye la presión sobre el sistema productivo, liberando recursos para la inversión y procurando una cohesión social que también es necesaria para mejorar la competitividad al aportar estabilidad y seguridad para el futuro.
Los socialistas murcianos tenemos un proyecto que ofrece respuestas integrales a una sociedad cada vez más globalizada en todos sus ámbitos y sectores, un proyecto de todos para todos, sin renunciar a las conquistas sociales de estos años, que ha detenido el gobierno de la derecha. Nuestro objetivo consiste en consolidar, impulsar y avanzar en crecimiento económico, redistribución de la renta y mejora de los salarios reales. Este desarrollo solidario nos obliga a establecer un compromiso con la sociedad murciana basado en una gestión eficaz, transparente y rigurosa de los recursos públicos desde una óptica de responsabilidad política que nos devuelva la credibilidad y el apoyo de una base social que comparte mayoritariamente nuestros valores y objetivos.
Debemos seguir apostando por el desarrollo de nuestra Región reconociendo en el mercado la mejor forma de asignar recursos económicos y el instrumento más eficiente para producir mercancías y servicios de tipo mercantil y comercial. Pero el mercado por sí solo no es capaz de corregir los desequilibrios que genera, siendo necesaria la acción pública para crear un marco de justicia que reduzca las desigualdades hasta la desaparción de éstas.
Por otra parte, los últimos análisis sobre el futuro del mercado de trabajo identifican precisamente las mayores posibilidades de empleo en los servicios del Estado de Bienestar menos desarrollados o en los que deben activarse para completarlo. Así, en el Libro Blanco sobre el Empleo de Delors, se describen como nuevos yacimientos de empleo los relacionados con los servicios de proximidad, la conservación de la naturaleza, la recuperación de nuestro patrimonio cultural y la mejora de las condiciones de vida, todos ellos elementos comprendidos en lo que hemos venido en llamar Estado de Bienestar, e imprescindibles para lograr la calidad de vida añadida a los servicios públicos básicos del mismo.
Cuando el empleo se genera a través de los elementos propios o complementarios del Estado de Bienestar, tiene un valor añadido. Independientemente de que estemos obligados a que todo empleo posible sea empleo real mediante la relación clásica crecimiento económico-productividad-empleo, delegar la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo exclusivamente a esta ecuación ya no es suficiente. Estamos obligados a hacer más cosas y de otra forma. Dentro de éstos se encuentran los servicios de proximidad, entre los que se incluyen la ayuda a domicilio, las guarderías, los comedores escolares, las asistencia a jóvenes en dificultad, la seguridad de edificios, la defensa de pequeños comercios, etc. Todos ellos fácilmente identificables en su relación con el Estado de Bienestar y la calidad de vida asociada.
Por otra parte, existen unas posibilidades casi ilimitadas de creación de empleo relacionadas con la mejora de las condiciones de vida entendiendo por tal la renovación de barrios y viviendas antiguos, el desarrollo de transportes colectivos locales, las actividades relacionadas con el ocio y el deporte, la recuperación del patrimonio cultural, etc. En alguno de ellos puede identificarse la necesaria e imprescindible contribución pública, pero otros son perfectamente realizables mediante la iniciativa privada o a través de un sistema mixto de desgravación fiscal o fomentando el autoempleo.
Dentro de este ámbito de la calidad de vida es innegable el protagonismo que ha adquirido y la sensibilidad que despierta en los ciudadanos la conservación de la Naturaleza y la regeneración de las condiciones medioambientales, entre las que podemos citar, entre otras, el mantenimiento de zonas naturales, el tratamiento de aguas y residuos urbanos, la descontaminación acústica y aérea del entorno urbano, el ahorro energético, la repoblación forestal, la regeneración, tanto ecológica como humana, de las zonas desfavorecidas y de las zonas de montaña y toda la actividad de turismo ecológico relacionado con la Naturaleza, además de un sector primario que cada vez tiene una presencia económica mayor: la agricultura ecológica. Es también de suma importancia la conservación y potenciación del Patrimonio histórico-artístico como vía TURÍSTICO-CULTURAL Y ECONÓMICA generadora de puestos de trabajo.
Con estas políticas se consigue un equilibrio entre los aspectos económicos y sociales, incorporando una concepción distinta de desarrollo en el que la idea de solidaridad está presente. Estos nuevos yacimientos de empleo se enmarcan en dos directrices fundamentales: forman parte de una estrategia global y exigen una reivindicación de lo público.
La proyección de estas necesidades en nuestra Región es evidente por varios motivos: por tener las mismas necesidades y problemas que otras sociedades y por estar inmersa en la globalización económica y social que preside la situación actual de la economía, los mercados, las comunicaciones, la información, etc., y porque la Región de Murcia reúne unas condiciones geográficas y medioambientales excepcionales que, potencialmente pueden servir para desarrollar multitud de nuevos yacimientos de empleo.
La existencia de estas posibilidades junto a una demanda creciente de empleo por la propia existencia de un gran número de desempleados y por la incorporación de jóvenes y mujeres, exigen la implicación de los gobiernos para crear las condiciones que permitan aumentar los sectores generadores de trabajo, que es el único medio de socialización con que contamos y es una condición necesaria del Estado de Bienestar.
Es evidente la necesaria intervención pública para desarrollar estas nuevas posibilidades de empleo puesto que buena parte de ellas tienen una gran productividad social pero escasa rentabilidad económica. Sobre las medidas aplicables en nuestra Región podemos enumerar las siguientes:
FORMACIÓN-PRODUCTIVIDAD-EMPLEO
En los últimos tiempos se ha transformado poderosamente nuestro modo de producir, pasando de la producción de alto volumen a la producción de alto valor. La diferencia fundamental entre una y otra se debe a dos factores: la innovación tecnológica y la formación de los trabajadores, convirtiéndose ésta en el factor estratégico por excelencia.
El debate de fondo es saber cuál es nuestro compromiso con el tema del empleo y la formación para el empleo en lo referente a los jóvenes, siendo necesarias medidas contra la precarización del mismo que se refleja con especial crudeza en los sectores más jóvenes.
El capital humano se ha convertido en el principal capital. Su relación con la productividad de las empresas es determinante por la dependencia cada vez mayor de éstas de la capacidad de sus empleados. Igualmente incontestable es su relación con el empleo, variando la horquilla de empleados en nuestro país entre un 9% y un 70% según se trate de analfabetos o licenciados superiores, respectivamente.
Los sistemas educativos cumplen misiones esenciales para la sociedad, sobrepasando actualmente la primaria y clásica finalidad de escolarización para pretender la más global de desarrollo personal y la socialmente más rentable de la formación. Con ésta se pretende atender los intereses de los ciudadanos y las necesidades que la sociedad demanda del sistema educativo. La educación debe potenciar la conciencia crítica, la capacidad de comprensión y el análisis de la realidad social, política y económica en la que se encuentra el educando.
Una vez asegurado el derecho a la educación de niños y jóvenes, el siguiente paso debe ser la extensión de sus beneficios a toda la población mediante una oferta permanente que permita el acceso a cualquier estudio de todos los murcianos sin más limite que su capacidad, y que permita la recuperación de los abandonos y la recualificación de los titulados de cualquier nivel. Para ello se hace incuestionable una política de becas para ayuda a aquellas y aquellos alumnas y alumnos que por causas económicas o diferencias sociales se vean más desprotegidos o en inferioridad de condiciones, a la hora de acceder a determinados estudios.
Para que esta oferta generalizada sea eficaz hay que movilizar todos los recursos destinados a la formación, incorporándolos a un sistema integrado en el que se interrelacionen los instrumentos de la Formación Reglada, Continua y Ocupacional, creando los organismos que coordinen los medios y los agentes sociales e institucionales implicados.
La relación entre la educación y el mercado de trabajo debe ser bidireccional para conseguir mejorar la cualificación necesaria en los sectores y entornos productivos, y lograr la flexibilidad de adaptación que permita evolucionar, con los cambios sociales y tecnológicos, la capacidad de aprendizaje en el puesto de trabajo.
Debemos desarrollar en todos los niveles políticas activas en favor de la educación generalizada de calidad, como base formativa imprescindible para abordar estudios en niveles posteriores, estudios profesionales o la integración laboral. Para ello es necesario mantener y aumentar el gasto en la Educación Regional, que con los Gobiernos socialistas Central y Autonómico se ha multiplicado por seis entre los años 1.983 y 1.996 pasando de 11.000 millones en 1.983 a 66.000 millones en 1.996, lo que ha permitido construir 35 Institutos, 70 Colegios, duplicar prácticamente las plantillas, multiplicar la atención a adultos, etc.
La escolarización obligatoria y gratuita entre los seis y los dieciseis años y la casi total escolarización no obligatoria de la etapa 3-6 años, es el punto de partida de este objetivo de preparar a la población para su integración social. Para conseguir unos niveles adecuados de calidad es necesario construir las infraestructuras necesarias, sobre todo en lo que se refiere a completar las unidades de Educación Infantil, -en el caso de 0 a 3 años, no obligatoria, mediante acuerdos con los Ayuntamientos- y los Institutos de Educación Secundaria necesarios.
Los socialistas apostamos claramente por la escuela pública y por el mantenimiento del equilibrio razonable entre la escuela pública y la privada concertada que diseñó la LODE. Igualmente es imprescindible continuar y mejorar los niveles de participación conseguidos en contraposición a las propuestas de la derecha de retorno a situaciones corporativistas superadas, a enfrentamientos entre la red pública y la privada y a la consideración de la escuela como un instrumento de adoctrinamiento que desplace al pluralismo conseguido.
La eduación debe garantizar la libertad de enseñanza y la coexistencia de centros sostenidos con fondos públicos. Esta coexistencia no debe encubrir situaciones de privilegio, y la educación debe garantizar la igualdad de oportunidades; por tanto, los socialistas contemplamos la educación pública como un elemento de compensación limitadora de las desigualdades. Por este motivo los socialistas nos reafirmamos en el compromiso por una enseñanza pública universal y de calidad.
Las conquistas de tolerancia alcanzadas en educación son irrenunciables y forman parte del patrimonio de los derechos cívicos de nuestro país que manan directamente de la Constitución.
La extensión, a lo largo y ancho de la sociedad de la educación obligatoria y gratuita al prolongar la escolarización hasta los dieciséis años y el atender a todos los sectores sociales y a las distintas necesidades personales es la característica fundamental de la LOGSE, junto a la práctica de una educación de calidad integrada y flexible, adaptada a los intereses de los alumnos y a las necesidades sociales.
La integración de nuestro país en un sistema común económico y social europeo, proporciona principios de identidad y de convivencia que el sistema educativo tiene que incorporar. Ese espacio común alcanza a las distintas culturas ( lo que de los ciudadanos europeos aproxima a los del resto de la Unión ), por lo que promoveremos el conocimiento de dos lenguas, tanto a través del sistema reglado como mediante otras ofertas formativas presenciales y a distancia.
Por otra parte, ante el traspaso de competencias de Educación a nuestra Región los socialistas creemos necesario basar la política educativa en cuatro ejes: financiación, infraestructuras adecuadas, participación social y plantillas suficientes, que garanticen el desarrollo integral de la LOGSE y la plena implantación de la ESO. Es necesario realizar un análisis y evaluación de la misma para detectar los posibles fallos y subsanarlos.
Nos comprometemos a mantener y potenciar los C.P.R.s. por su importancia para garantizar la formación del profesorado. Manifestamos nuestra oposición a la creación de un macroinstituto de formación, centralizado en Murcia, como pretende llevar a cabo el Partido Popular. Es necesario, por lo tanto, mantener la red de C.P.R. por comarcas tal y como los socialistas lo habíamos planteado.
La financiación debe incorporar las necesidades derivadas del desarrollo de un sistema educativo en expansión; la participación pasa por la creación de un Consejo Escolar Regional, el acuerdo sobre un Pacto por la Educación plurianual y la descentralización comarcal, así como la incorporación de un representante de la asociación de alumnos más representativa, por designación directa de ésta, a los Consejos Escolares de los centros, y, por último, las plantillas de docentes, administración y servicios deben responder a las necesidades de los nuevos niveles y etapas educativos y al desarrollo de la educación permanente.
No debemos olvidar el impulso de políticas, que potencien la Educación de Adultos, especialmente en mujeres (sector de mayor porcentaje de analfabetismo), así como programas de Garantía Social (jóvenes) que se están viendo paralizados por el gobierno de la derecha, aportando los recursos humanos y técnicos necesarios, coordinándose para ello las administraciones implicadas. Tampoco debemos olvidar medidas dirigidas a conseguir una educación de mayor calidad, como el mantenimiento y refuerzo de los C.P.R.s., y el de programas educativos específicos (Nuevas Tecnologías)
Profesionales para el entorno productivo
La Formación Profesional debe configurar una red regional que sea completa y adecuada a las necesidades del entorno productivo. Las prácticas en empresas son una parte fundamental de la formación. Para completar un sistema integrado de titulación-experiencia laboral, es preciso el desarrollo que, a la inversa, permita a los trabajadores certificar académicamente su cualificación.
La participación de Instituciones, sectores educativos y agentes sociales es fundamental para planificar la oferta regional de titulaciones, adecuada al entorno socioeconómico. Para desarrollar un programa de prácticas en empresas que complete la formación es determinante la colaboración de las organizaciones empresariales.
Dentro del principio de formación permanente que debe presidir la acción educativa del siglo XXI, el sector de la Formación Profesional es el que mejor integra esa cualidad. Es preciso conseguir integrar todos los recursos que se destinan a preparar profesionales cualificados en pro de la búsqueda y consecución de una formación que hasta ahora estaba considerada de segundo orden en nuestro país, a diferencia de nuestros vecinos europeos más industrializados, que potencian la Formación Profesional, considerándola uno de los ejes principales del impulso económico, industrial y social.
La formación profesional reglada, continua y para el empleo, al tener un objetivo común, también debe asociar recursos y metodologías para rentabilizar mejor los medios que ponen a su disposición las instituciones. Toda la acción debe basarse en dos programas de estudio iniciales : necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras, empleados o no, e intereses de los distintos ámbitos productivos.
Para que sean efectivas las acciones de racionalización es necesario un Acuerdo sobre Formación Profesional de todos los sectores implicados, que debería encontrar un amplio respaldo político, en su obligado trámite legislativo, para garantizar la mayor estabilidad posible.
Universidad y desarrollo regional.
La Universidad debe ser un instrumento fundamental del desarrollo. La Universidad Pública siempre ha sido una de las mayores prioridades de los socialistas, desde el firme convencimiento que es una de las llaves del progreso.
La Universidad juega un papel decisivo para el progreso tecnológico, la realización personal y el avance y consolidación del conocimiento, así como de la promoción de la cultura. Como consecuencia, para el desarrollo socioeconómico de la Región de Murcia y de España es preciso un decisivo desarrollo de la Universidad.
Los estudios universitarios también son un factor de igualdad social. Es preciso la adecuación de la oferta universitaria a la demanda social y para ello se requiere una planificación cuidadosa, que sea realista con la distribución territorial de la oferta, para facilitar el acceso de los estudiantes, al tiempo que adaptarse a la realidad socioeconómica.
Para ello es imprescindible la asignación de recursos a la Universidad fomentando la igualdad de la enseñanza y la eficiencia, lo cual requiere criterios racionales que respeten la igualdad de trato, la construcción de las infraestructuras necesarias para completar la descentralización de universidades y campus y ofrecer las titulaciones necesarias para dar respuesta al entorno productivo regional.
Una política de asignación de recursos que no vaya acompañada de la inversión en la formación del profesorado necesario para conseguir la calidad exigible a los estudios ofrecidos, está abocada al fracaso. Es preciso apoyar, desde un escrupuloso respeto a la autonomía universitaria, un proceso de dotación del profesorado cualificado requerido para asegurar el nivel de calidad deseable.
Es preciso apoyar la investigación en todos los ámbitos de la Ciencia y la Cultura, potenciando la coordinación intra e interuniversitaria, promoviendo acuerdos con otras universidades e instituciones públicas, económicas y culturales.
Las políticas de I+D y la transferencia tecnológica a las empresas, son un instrumento fundamental del progreso y la innovación. Para ello, son imprescindibles el apoyo institucional y de las empresas, que debemos fomentar, al igual que los intercambios de alumnos y profesores con otras universidades españolas y extranjeras, así como con la empresa.
La democratización de la incorporación de alumnos a la Universidad alcanzada en los últimos años exige una mejora de las Pruebas de Acceso y de las ayudas que promuevan una selección justa y objetiva. Igualmente, los estudios a distancia deben continuar siendo una alternativa para los sectores que no puedan seguir una enseñanza presencial.
INFORMACIÓN-PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA
La universalización de los servicios públicos básicos y esenciales de la sanidad, las pensiones y la educación reducen las desigualdades al procurar una redistribución de la renta. La protección por desempleo constituye el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Sin embargo, el envejecimiento de la población, y el aumento del coste de las nuevas tecnologías hacen que el crecimiento de una demanda cada vez mayor y de más calidad, haga difícil moderar el gasto sanitario. Este crecimiento debe ir asociado al del P.I.B. para hacer viable su continuidad. Para ello es necesario acomodar las inversiones a la media de otros países de nuestro entorno en porcentajes de P.I.B., procurando una mayor eficiencia del Sistema mediante nuevas fórmulas de gestión que, dentro del sistema público, y sin gestión privada, hagan posible su viabilidad en el futuro. Debemos hacer partícipe al usuario en la racionalización del gasto de las prestaciones y estructurar su participación activa mediante sus organizaciones y en los correspondientes Consejos.
El gobierno de la derecha ha creado en los beneficiarios sentimientos de confusión e inseguridad, al comunicar y desmentir reiteradamente iniciativas sobre el pago de prestaciones, gestión del INSALUD, etc. y adoptando decisiones que pueden poner los cimientos de una posible privatización. En la Región, hechos recientes como el intento de negar la anestesia epidural a las parturientas son una muestra de la escala de valores de los nuevos gobernantes, que anteponen la "rentabilidad" de los centros hospitalarios a una asistencia digna y de calidad.
Los socialistas estamos en contra de mercantilizar los derechos y seguimos creyendo que la financiación pública y el aseguramiento único y universal son necesarios para mantener una provisión pública y eficiente tanto de la atención primaria como de la especializada y extra hospitalaria.
Es exigible que la coyuntura política no ponga en riesgo la financiación sanitaria y que en su solución definitiva tengan cabida los intereses de todas las CC.AA., primando las uniprovinciales que arrastran déficits históricos singulares como en el caso de Murcia. Las futuras transferencias en Sanidad a la Región de Murcia exigirán como paso previo el saldo de la deuda histórica, pasando de la coordinación entre el INSALUD y el Servicio Murciano de Salud a un Servicio único sin diferencias ni para los profesionales de la Sanidad ni para los usuarios del sistema y donde se garanticen los derechos de los trabajadores, posibilitando su movilidad tanto orgánica como funcional dentro de la Comunidad Autónoma. La libre elección de médico y especialista debe consolidarse, haciéndose efectiva para la totalidad de la población protegida..
La mejora de la atención primaria, la continuidad en la creación de Equipos y en la apertura de Centros de Salud, y la conclusión de la oferta hospitalaria son una exigencia para conseguir la equidad en la prestación. Por otra parte, la mejora y la descentralización de la gestión de los Centros debe conducir a una mejora de la satisfacción de los trabajadores (conseguida mediante una mejor política de incentivos y el reconocimiento de la carrera profesional) y de los usuarios que se concretará en una atención de calidad y sin listas de espera. La autonomía organizativa y de gestión de los hospitales debe generar procesos eficientes y adecuados a cada uno de ellos.
La participación de los ciudadanos en la gestión del sistema sanitario es un elemento fundamental, para la aceptación del mismo como algo propio del que sentirse corresponsable, además de generar transparencia y confianza en el propio sistema público, del que con frecuencia se compara con el privado sólo el confort, sin detenerse a evaluar la cantidad y calidad de las prestaciones.
Además de la asistencia sanitaria en casos de enfermedad nos parece fundamental el impulsar los programas de promoción de la salud y de prevención. La coordinación con otros sectores de la administración y de la sociedad, permitirá la realización de programas de educación para la salud en la escuela, en el trabajo y en la comunidad, lo cual, junto a medidas de prevención específica (vacunas, etc.) nos llevará a superar las enfermedades transmisibles (ETS, SIDA, Hepatitis B, etc.) y las drogodependencias, y a frenar el incremento de enfermedades crónicas mediante la actuación frente a los factores de riesgo (tabaco, sedentarismo, obesidad, etc.). Las organizaciones de usuarios deben ayudar a nuestro sistema sanitario para informar de manera voluntaria y solidaria.
Tanto por la mejora de la atención como por la conveniente previsión son necesarias políticas integrales sectoriales y específicas. Entre las primeras debemos contar las relacionadas con la geriatría, la mujer, las mentales y las escolares. Entre las segundas destacan las relacionadas con las enfermedades contagiosas, profesionales y drogodependientes así como enfermos crónicos.
Información y prevención laboral
La salud laboral, la prevención de enfermedades profesionales y la seguridad e higiene en el trabajo, merece un capítulo especial en nuestra Región al ser en la que se producen un mayor número de accidentes laborales. Es imprescindible concienciar y formar a los trabajadores y empresarios sobre su protección y seguridad. El control sobre la adopción de medidas adecuadas de protección y los convenios de colaboración de la administración con los agentes sociales para la información y la prevención deben ser instrumentos complementarios eficaces.
SIDA, drogas, enfermos crónicos y salud mental.
La prevención y la información son igualmente las medidas más eficaces contra el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual y las drogodependencias. Las medidas de atención sanitaria de estos enfermos deben complementarse con los recursos sociales que permitan una vida digna y el intento solidario de su reinserción; entre dichas medidas se encuentran la creación y mantenimiento de casas de acogida, convenios de colaboración con ONG`s y formación específica de profesionales, además de la coordinación entre todas las administraciones implicadas. Todo ello también lo debemos de hacer extensivo a los enfermos crónicos.
Para los trasplantados o que esperan un trasplante, debemos seguir profundizando en la creación de estructuras que lleven a un mayor aumento de los trasplantes y de mayor calidad, así como fomentar la donación de órganos y hemoderivados, consolidando a las organizaciones que han reivindicado los derechos y reconociendo los derechos agredidos por el gobierno del PP.
Es necesario dedicar un espacio a los problemas de salud mental en nuestra Región. Los socialistas queremos promover una asistencia integral e integrada en el sistema público, descentralizada por áreas de salud y prestando una especial atención a los programas de apoyo y de reinserción y de rehabilitación.
Los socialistas consideramos a las drogodependencias como una enfermedad crónica; frente a ella el mejor instrumento de que disponemos es la prevención, fundamentalmente a través de una educación para la salud en la escuela, en la familia y en la comunidad. Queremos impulsar la atención ambulatoria, propiciando el apoyo familiar, creando además los suficientes recursos por área de salud, para tratamientos hospitalarios, en comunidad terapéutica, y los programas de disminución de daño en colaboración con otras administraciones y ONG’s, promoviendo además recursos de reinserción social y laboral. No obstante, los socialistas murcianos promoveremos un estudio en todas las Agrupaciones sobre los pros y los contras de una posible legalización del consumo teniendo como base una propuesta de las Juventudes Socialistas.
Frente al SIDA, los socialistas proponemos el impulso de medidas preventivas mediante la educación para la salud y una suficiente y veraz información. Una asistencia integral e integrada en la red pública y la búsqueda en colaboración con otras administraciones y ONG’s, de recursos de apoyo sustitutorios a los familiares.
El PSRM-PSOE promoverá un estudio en todas sus Agrupaciones sobre la eutanasia activa, para determinar sus pros y sus contras, teniendo como base un texto propuesto por las Juventudes Socialistas.
IGUALDAD Y SOLIDARIDAD CON LOS EXCLUIDOS, DISCRIMINADOS Y MINORÍAS.
La participación en los servicios públicos universales y la obtención de sus prestaciones está vinculada mayoritariamente a la pertenencia a los grupos que se encuentran en los circuitos sociales. La imperfección del sistema genera excluidos de esa intervención pública y para ellos se debe generar un sistema que reequilibre y promueva la igualdad. Estos otros servicios sociales configuran una red que debe entenderse protectora del derecho de estos ciudadanos a una atención específica y no como una beneficencia próxima a la caridad. Debemos asumir desde el PSRM-PSOE, la responsabilidad de luchar por un Estado del Bienestar que muchos cuestionan, manteniéndolo y consolidándolo, desarrollando planteamientos políticos innovadores que representen desde el derecho ciudadano, con eficiencia la cobertura de las necesidades no cubiertas de los colectivos más vulnerables, que no pueden acceder a los servicios y bondades que ofrece el mercado. El Sistema Regional de Bienestar Social debe satisfacer estas necesidades como cumplimiento de un derecho básico de los/as ciudadanos/as y no como un ejercicio de paternalismo de la Administración.
La gestión de estos servicios debe contar con la respuesta de las Administraciones: Central, Autonómica y Local; sobre todo con la Local porque está mucho más próxima a estos problemas, en cuyo caso actuará como canalizadora de las ayudas y las propuestas de las otras Administraciones. No obstante, las fórmulas de gestión mixta, más o menos flexibles han demostrado su eficacia, incorporando la participación de movimientos sociales y de comunidades tales como asociaciones, ONG`s, voluntariado, creando órganos específicos en los que participen y su inclusión representativa en los de la Administración.
El objetivo de estas políticas debe ser siempre la integración social motivando la incorporación a una situación normalizada mediante la asunción última de esfuerzo y trabajo personal. Partiendo de una acción solidaria frente al individualismo hay que hacer llegar los servicios a personas, familias o colectivos. La etnia y la condición social, cultural y personal, así como la opción sexual, son muchas veces las que determinan la discriminación y la exclusión. Las minorías étnicas y religiosas, los inmigrantes, los minusválidos, los homosexuales, los desempleados, los enfermos de SIDA, los drogodependientes, los presos y, en algunos casos y en algunas situaciones los mayores, las mujeres y los niños son los grupos para los que es necesaria una acción positiva que les devuelva a una situación igualitaria de partida.
Nada más próximo a un proyecto socialista que la lucha contra las desigualdades que provocan las diferencias de origen o de opciones personales. La superación de los obstáculos acumulados necesita remover actitudes, prejuicios y discriminaciones para combatir el racismo, la xenofobia, la marginación, la descalificación, la discriminación de los diferentes y la exclusión social. Estos peligros están especialmente presentes en Europa y llegan a afectar al propio sistema democrático por las actitudes autoritarias que generan. Nuestra propia Región no está exenta de brotes periódicos de intolerancia e insolidarios: pueblos que "expulsan" a gitanos, padres de alumnos que se rebelan contra la integración, etc.
Para ello, debemos rechazar la idea, de que el Estado de Bienestar no se puede sostener financieramente, o que los recursos destinados a Asuntos Sociales, son gasto social, y que lo que se gasta en otros conceptos de interés general, carreteras, etc. es inversión. Podemos, desde el estricto control del gasto público, demostrar que se puede y se deben incrementar los recursos destinados a Política Social en nuestra Región, mejorando los sistemas de gestión y potenciando la participación de Organizaciones no gubernamentales en los objetivos de Intervención Social y prestación de Servicios Sociales.
Este compromiso especialmente importante con aquellos sectores de ciudadanos/as menos favorecidos y más vulnerables social y económicamente es el firme propósito que tienen los/as murcianos/as socialistas de ampliar la tolerancia y la libertad en nuestra Región. Es necesario para nuestra Región que los socialistas murcianos promovamos un gran pacto regional de lucha contra la exclusión social, un pacto que movilice a todos/as los implicados por la libertad y el progreso y que favorezca la solidaridad en nuestra Región con otras zonas en vías de desarrollo.
Los Servicios Sociales, potenciados por los socialistas desde el Gobierno, mediante la acción concertada, ayuda a domicilio y otras iniciativas de política social, se estructuran en relación a los servicios y a las personas y familias y puede, a pesar de ofrecer un déficit en términos de empresas de capital, generar empleo así como atender necesidades de la Sociedad del Bienestar. Las cooperativas de trabajo asociado, el autoempleo, etc., desde la economía social son fórmulas visibles, eficaces y rentables social y económicamente.
De nuevo las políticas integrales son las más eficaces contra estas formas de marginación, que si no son nuevas como tales, sí lo son en cuanto a la aparición de nuevos sujetos de la misma. Las campañas de información y sensibilización pueden disminuir el rechazo; las políticas de empleo, vivienda y educación respetuosa con la lengua y cultura propias, la acogida temporal, la normalización e integración mediante medidas de acción positiva, etc. pueden reequilibrar la situación de partida. Los socialistas murcianos potenciaremos estas medidas ya iniciadas en nuestra etapa de gobierno, recuperando un modelo solidario que está desmontando el gobierno del PP.
Es necesario dar un decidido impulso a la cooperación descentralizada al desarrollo en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, fijando una fecha límite tras un estudio sobre la viabilidad presupuestaria. Para conseguir este objetivo a corto plazo, se establecerá el aumento anual hasta conseguir el total del 0,7%, y un posterior estudio en el que se planteará, de manera reivindicativa hasta su consecución, el aumento de este porcentaje.
Es conveniente constituir el Fondo Murciano de Cooperación y Solidaridad, dotado de personalidad jurídica propia y abierto a la adscripción voluntaria de socios, que sirva para organizar y canalizar estos esfuerzos con el aporte de Instituciones de nuestro ámbito territorial y, en línea con otras experiencias ya existentes.
Manifestamos la voluntad de que este nuevo instrumento sirva de pieza clara de un "modelo murciano de Cooperación al Desarrollo", y a partir de experiencias ya existentes, tales como el Consejo Regional de Cooperación y Solidaridad y los Consejos Municipales, impulsar la creación en los restantes ayuntamientos en que todavía no se han constituido, de tal forma que se mantenga la participación y protagonismo de las ONG´s, así como otros representantes de la Sociedad, como pueden ser las coordinadoras del 0,7% a la hora de configurar órganos de participación y asesoramiento, que fijen los criterios y las líneas de trabajo, así como su participación en la decisión del destino de esa partida de cooperación.
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CALIDAD DE VIDA.
La concepción clásica de la "calidad de vida" asocia los instrumentos y acciones que la definen a situaciones complementarias de la actividad productiva, más relacionadas con el ocio que con los derechos y valores propios de nuestra sociedad. Sin embargo, las actuaciones relacionadas con la cultura, el medio ambiente, el ocio, los deportes y el consumo, a las que hay que incorporar el urbanismo y la vivienda, forman un conjunto de sectores relacionados con las condiciones de vida de los ciudadanos, que exigen una oferta amplia y plural, que se han incorporado como derechos y que son sectores productivos y de servicios de primer orden generadores de empleo.
La realidad cultural es uno de los aspectos fundamentales para la modernización y el dinamismo de un país. El progreso en el orden político, social e incluso económico está íntimamente relacionado con el nivel cultural y educativo de las personas, con la libertad y capacidad de creatividad y con el vigor de las instituciones culturales. El futuro de una sociedad como la murciana, por lo tanto, está asociado al futuro de la cultura. Esta cultura no se puede entender como un factor secundario ni como un conjunto de actividades "liberadoras" no productivas, ni como elemento de disfrute exclusivo o privilegiado de una élite. Al contrario debe entenderse como un elemento de expresión creativa plural que refleje acciones y opiniones políticas, en el sentido más amplio del término: abstracción, interpretación y transmisión de ideas sobre el pasado, el presente y el futuro del universo y más concretamente de la humanidad. Nuestra Constitución relaciona cultura y libertad disociando la oferta de una élite y elevándola a la categoría de derecho universal.
Si bien las Instituciones públicas deben asegurar una oferta cultural plural y variada, la exclusiva del papel del Estado y de las Instituciones en relación a la cultura han de ser: garantizar la participación de todos los ciudadanos en los bienes culturales; fomentar la pluralidad y garantizar la superación de los localismos y de las barreras territoriales; apoyar la innovación y la investigación como únicos medios para romper la dinámica de colonización cultural; fomentar la iniciativa privada; corregir y regular el mercado cubriendo las necesidades a las que no llegue la iniciativa privada.
La gestión de las Instituciones no debe anular la iniciativa privada. La intervención de la iniciativa es imprescindible para fomentar el tejido social, debiendo el Estado apoyar tanto a empresas de interés social como creando fórmulas mixtas para llevar a cabo el desarrollo de las directrices que socialicen y extiendan un bien que es a la vez formativo y lúdico.
El Gobierno de la derecha, lejos de comprender la innovación, la creatividad, la vitalidad, el pluralismo y la tolerancia que impregnan la cultura, utiliza ésta desde un punto de vista sectario y con criterios mercantilistas, confundiendo la tradición con la exaltación ortodoxa del casticismo y dejando la oferta en manos de un mercado que no destinará recursos a las actividades y sectores deficitarios, con lo que no se alcanzará la democratización necesaria para que su beneficio llegue a todos. Otra característica de la democracia en el sector cultural es la participación.
Es preciso aproximar la cultura a la realidad concreta de la ciudadanía y hacerla participativa en coincidencia con su lugar de nacimiento y crecimiento. En este sentido es necesaria la colaboración entre Administraciones y la creación de Patronatos y Asociaciones representativas de todos los intereses, fundamentalmente los sociales. A estas asociaciones se les debe dar la tarea de coordinadoras de Arte y Cultura, intentando que con la sinergía de todos consigamos que todo tipo de arte, incluido el cine, prolifere su producción en la Región con el apoyo de patrocinadores.
La diversidad de nuestro país y de nuestra Región debe incorporarse como un elemento de riqueza y no como una confrontación peligrosa, alimentando y alentando desde las Instituciones las iniciativas destinadas a integrar nuestra Región en el marco amplio y sin fronteras de la cultura.
El balance cultural de la gestión socialista es bastante positivo, tanto en infraestructuras como en organización y transmisión. Para continuar esta política deben atenderse a los sectores y ámbitos más dinámicos y creativos por una parte, y a los más necesitados por otra. Especial referencia hay que hacer a la incorporación, como creadores y usuarios, de jóvenes y mujeres debido a un nivel educativo más elevado de ambos colectivos y a la apertura de espacios de integración -todavía tímidos y escasos- de la mujer. Por otra parte no se puede desaprovechar la contribución que pueden hacer los mayores aportando experiencia y solidez formativa y creativa.
La red de infraestructuras regionales y locales debe completarse con la construcción de centros culturales, la puesta en marcha de bibliotecas, el mantenimiento de museos, la creación de bancos de datos, etc. La Administración posibilitará la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la cultura, potenciará modelos de gestión innovadora así como la implantación y el desarrollo de las industrias culturales. Debe potenciarse la proyección de los Centros de Enseñanzas Artísticas de la Región promoviendo una Red de Escuelas Municipales de Música y Danza que satisfaga la demanda social en nuestra Región, y que ofrezca espacios y momentos de actuación para que su relación en los circuitos regionales aumente el conocimiento y aprecio de la población. Debemos aprovechar la red de INTERNET, para dar a conocer lo más importante de cada uno de nuestros municipios y para que el turismo se acerque a nuestras ciudades.
Cualquier oferta relacionada con el Patrimonio Histórico-Artístico, las tradiciones y las iniciativas ligadas al turismo, deben ser respetuosas con la herencia recibida, que se debe acrecentar y conservar. La educación en la cultura a través de los planes de estudio respectivos, puede contribuir decididamente al respeto, conocimiento, conservación y concienciación sobre la necesidad de financiación y que no se consideren improductivos los fondos destinados a la cultura en general y al patrimonio recibido en particular.
Medio Ambiente : solidaridad con el futuro.
El cuidado de la Naturaleza y la protección del medio ambiente son valores que la sociedad ha incorporado al acervo común, consciente de que el desarrollo debe tener los límites que una agresión irrecuperable dicte para evitarla. Pero las políticas medioambientales no deben basarse exclusivamente en la recuperación de lo dañado sino que deben estar presentes desde la misma planificación de cualquier actividad, valorando previamente y poniendo los medios que eviten al máximo el impacto medioambiental asociado. En una época de globalización mundial debe promoverse un desarrollo permanente sostenido y sostenible en el espacio -urbano, agrícola, forestal, protegido- y en el tiempo, -permanente- como expresión de máxima solidaridad hacia las generaciones futuras. Es imprescindible, por tanto, una interrelación entre los planes estratégicos ambientales y el desarrollo normativo regional, pues de lo contrario se produciría una colisión entre ambas iniciativas.
La preocupación de los socialistas por estos asuntos se demuestra por las leyes nacionales y regionales aprobadas en nuestro mandato y por las políticas activas de creación de parques, reservas, etc. La iniciativa pública tiene que seguir siendo protagonista en la prevención y control medioambiental frente a unas prácticas que, aunque cada vez más respetuosas, siguen tendiendo a la contaminación. Esta política no debe conformarse con el principio de "quien contamine pague", sino que ha de disponer de los medios necesarios para que todos, Administraciones y empresas, incluyan entre los costes de producción la parte correspondiente, para generar residuos respetuosos con el medioambiente y debe asociarse progresivamente a los costes de producción limpia y tratamiento de residuos. Además, todas estas actividades se configuran como generadoras de empleo futuro.
Nuestra Región está especialmente afectada por agresiones al medio ambiente, tanto naturales como provocadas: la escasez y la falta de depuración de agua, la desertización y degradación del suelo, la presión sobre el litoral y sobre el Mar Menor, los incendios forestales, los residuos sólidos, etc., son los ejemplos más evidentes de la necesidad de elaborar políticas integrales de conservación y defensa del medio ambiente.
El agua es un bien escaso al que está ligado el futuro de nuestra Región. Desde el PSRM-PSOE somos conscientes de su importancia medioambiental, además de económica y, por ello, apostamos decididamente por la protección de los acuíferos de aguas subterráneas, principalmente en aquellas comarcas que dependen exclusivamente de estos sistemas. Por lo que se considera conveniente habilitar mecanismos de protección que garanticen una planificación más racional de las extracciones de recursos y el mantenimiento de la calidad del agua, debido a la necesidad de economizar su uso doméstico, industrial y agrícola, aplicando nuevas tecnologías. Se debe conseguir su adecuada depuración tanto en las procedentes del uso doméstico como del industrial; mejorar el estado de los cauces de agua permanente en la Región, tanto en el río Segura y sus afluentes, como sanear y encauzar con criterios ambientales los tramos externos de ramblas y canales.
Las competencias de la Comunidad Autónoma y su ejecución por los Ayuntamientos exigen una coordinación institucional, (también con otros organismos estatales), y una colaboración de las Asociaciones Ambientalistas y de defensa de la Naturaleza a través de la constitución de órganos que los integren a todos. Todo esto en concordancia con el concepto de "desarrollo sostenible", donde actuaciones tan necesarias como son los equipamientos e infraestructuras (embalses, carreteras, gaseoductos, etc.), requieren para su materialización de un alto grado de consenso, participación y solidaridad, pues de otra forma no se conciben estas actuaciones y/o acciones públicas desde una óptica socialista.
La regulación de un urbanismo que tiende a invadir todos los espacios libres y que aumentará con las últimas medidas liberalizadoras del suelo, del gobierno de la derecha. Debemos conseguir una agricultura compatible con el medio natural, la repoblación forestal, la depuración de aguas residuales y el tratamiento de residuos sólidos, la política de creación de Parques y Reservas, mediante una racional ordenación de los recursos y la protección de animales y plantas, son medidas que se deben poner en marcha para que nuestra Región no siga sufriendo los ataques indiscriminados a un territorio que, cada vez más, debe ser un hábitat. En consonancia con lo anterior, y puesto que hemos pasado de un "interés" por el medio ambiente, en tiempos anteriores, a una "obligación" en el presente, para el desarrollo económico y social, se hace necesaria una política de prevención más que de represión, para que de esta forma se pueda dar solución a problemas, más fácilmente en el futuro, relacionados con la desertificación, de la que Murcia, una vez perdida la Sede Mundial de la Lucha contra la Desertificación, se debe intentar conseguir una Delegación de dicha Sede, gestión de residuos, usos de tecnologías limpias y del transporte público, repoblación forestal y cuidado del pino mediterráneo, etc., para lo que es inevitable y necesario apostar por una política educativa ambiental, al respecto.
Realización personal a través del ocio y el deporte
La reducción de la jornada laboral y la realización de una actividad física como hábito saludable y como pasatiempo son dos de las características que mejor definen a una sociedad que cada vez se preocupa más de la realización personal como complementaria de la profesional. Las actividades relacionadas con el ocio y el deporte son asociadas de forma inmediata a la calidad de vida por ser las primeras que se asocian a la utilización de espacios y tiempos no laborales como descanso personal, comunicación y relación con los demás. A estos fines iniciales se agrega actualmente la utilización de la naturaleza como entorno de expansión propiciando una práctica deportiva respetuosa con el medio ambiente y desarrollando espacios naturales que permitan el ejercicio de una actividad física no competitiva, tales como: el senderismo, montañismo, ciclo turismo y otras.
Especial importancia tiene la contribución a la formación, desarrollo y mantenimiento que representan las actividades de ocio, deporte y actividad física para la infancia, la juventud, la mujer y los mayores. La utilización de los centros educativos fuera de horario escolar, la incorporación de los recursos de las ciudades con fines educativos, el fomento de creación de asociaciones sin ánimo de lucro que gestionen los recursos públicos, etc., procuran una oferta variada y de calidad que se está consolidando como uno de los más representativos yacimientos de empleo. El beneficio social que se obtiene es muy importante al desarrollar valores de respeto, tolerancia, solidaridad, trabajo en equipo, utilización responsable del entorno, etc, y mejora de las relaciones personales y de la condición física de los ciudadanos, valores todos ellos cuyo vehículo transmisor más importante es el sistema público de enseñanza al que necesariamente debe integrarse la práctica deportiva constituyéndose así en un instrumento imprescindible para la enseñanza y práctica de la educación física. A todo ello ha contribuido la construcción de instalaciones deportivos, ludotecas, centros culturales y centros de la tercera edad, que han fomentado la práctica deportiva y la actividad social relacionada con el tiempo libre. Crearemos más centros donde converjan todo tipo de organizaciones para aprovechar las sinergías y apoyaremos los foros de debate para el enriquecimiento de este tipo de organizaciones. Se hace necesario no obstante que los planteamientos urbanísticos municipales hagan previsión de zonas verdes provistas de espacios deportivos de aproximación donde se pueda practicar el deporte para todos, así como equipamientos deportivos integrales que posibiliten la práctica deportiva organizada en zonas de equipamiento público.
El deporte de competición debe tener un tratamiento específico tanto normativo como federativo y de alto rendimiento. Especial trascendencia en el ámbito normativo tiene el necesario desarrollo de la Ley del Deporte de la Región de Murcia, configurando un órgano de debate sectorial como es el Consejo Asesor de Deportes, y la creación de un órgano de formación como la Escuela Regional del Deporte, y sin olvidar un instrumento primordial para la planificación equilibrada y solidaria de las infraestructuras e instalaciones deportivas como son las Directrices de Ordenación de la Infraestructura Deportiva Regional. La detección de nuevos valores deportivos, la relación de la Administración con las federaciones, la práctica de élite en instalaciones adecuadas y el desarrollo de acontecimientos de competición son medidas y acciones que esta actividad profesional necesita para su desarrollo. La continuidad en la construcción de instalaciones en centros escolares, el apoyo a la remodelación y sustitución de estadios y pistas específicas y el mantenimiento de instalaciones de alto rendimiento crearán las infraestructuras necesarias. La oferta de titulaciones superiores de Educación Física en la Universidad, y en los ciclos formativos del grado superior, formará a los especialistas.
La globalización de la economía a nivel mundial induce una clara desigualdad entre productores y consumidores que puede provocar una indefensión de estos últimos ante un mercado volcado en la productividad mediante la obtención de un beneficio rápido. La propia concepción internacional de la producción exige una coordinación de actuaciones a esos niveles. Las instituciones públicas, y en especial las más cercanas a los ciudadanos, deben elaborar y poner en práctica estrategias de defensa del consumidor, tantas veces subordinado a productos y servicios monopolizados. Con esto se abre un nuevo cuerpo de justicia social que tiene un campo de acción específico en el control de calidad y en las estrategias de publicidad.
Todos estos cambios nos obligan a modificar también la política municipal de consumo, lo que nos lleva a la necesidad de incrementar, tanto cualitativa como cuantitativamente, la acción de las Corporaciones Locales. Para ello, dentro del máximo respeto a la autonomía municipal, cabe plantearse seriamente la transformación de las actuales OMICS en Servicios Municipales de Consumo que asumiesen las tareas propias de la política municipal de consumo: información, formación, inspección, procedimiento, mediación, elaboración y control de ordenanzas municipales, fomento de la participación (Consejo Municipal de Consumo), fomento del asociacionismo local, ser el foro de encuentro entre empresarios y consumidores, ser el sostén del Sistema Arbitral de Consumo.
Como en tantos otros sectores relacionados directamente con los intereses de los ciudadanos, es fundamental la participación de éstos mediante asociaciones fomentadas desde la esfera pública, cuyas instituciones debe promover un consumo responsable frente a un consumismo compulsivo.
El importante deterioro que está experimentando nuestro entorno nos plantea la necesidad de articular, de modo irrenunciable, las políticas de defensa del consumidor con la protección ambiental en nuestra Región. Esta conexión ha de permitir el desarrollo de medidas eficaces tendentes a eliminar las prácticas consumistas que supongan un deterioro medioambiental.
Urbanismo respetuoso y vivienda digna
La política ultraliberal que está aplicando el gobierno de la derecha le ha llevado a desregular por completo el suelo para, según ellos, conseguir suelo suficiente -ya existe el doble de la extensión de las ciudades actuales-, un abaratamiento del suelo -no depende de la cantidad sino de la calidad: situación, servicios próximos, etc.- y que todo el suelo sea urbanizable -lo que conlleva elevados costes medioambientales, desarrollo caótico, etc,-. Además estas decisiones aumentarán los costes de expropiación para obras públicas y los costes de los servicios se multiplicarán al no poder programar previamente su ubicación. Por otra parte, se disminuye la cantidad de suelo a disposición de los Ayuntamientos y, por tanto, el reservado para viviendas de protección oficial. Sirvan estas actuaciones para demostrar el desinterés de la derecha por un modelo planificado de desarrollo urbano y por la oferta de viviendas a los más necesitados, cuando no, desprecio por la conservación medioambiental. Los socialistas debemos impulsar una regulación del suelo en cuanto a usos y tipos, que permita un desarrollo urbanístico coherente y acorde a los criterios que los socialistas propugnamos, a fin de que ciertos parámetros urbanísticos sean comunes, y no se generen diferencias entre los ciudadanos que habitan en uno u otro municipio. También contribuiremos para conseguir suelo en favor de cooperativas para desfavorecidos.
Desde el PSRM-PSOE creemos que las ciudades deben hacer más fácil la de por sí complicada vida de ciudadanos. Por calidad de vida urbana entendemos la adecuación de nuestras ciudades y pueblos a unos parámetros sociales, económicos, culturales, urbanísticos, ambientales y estéticos. Así, el nivel de equipamientos, la proximidad y calidad de plazas escolares y sanitarias, la rehabilitación y reconversión de edificios y su recuperación para el disfrute público, el respeto por el entorno y su utilización para el ocio y el deporte, la rapidez del transporte público y la calidad del comercio, son aspectos que deben estar presentes en el diseño y ampliación de nuestros barrios y ciudades para que contribuyan a crear ese medio de relación social, comercial, cultural, económico y de ocio que buscamos. Procuraremos eliminar todas las barreras para que podamos convivir todos desde la misma facilidad de acceso.
La calidad de vida en las ciudades es consecuencia de la suma de otras calidades como la de la vivienda, la del agua, la oferta cultural variada, la utilización de sus recursos para la formación y el turismo, la atención a niños y jóvenes ofreciéndoles alternativas creativas, de ocio y deportivas, etc. La consideración de estos elementos pasa por la elaboración de Planes de Ordenación y Estratégicos de desarrollo integral. Estos proyectos tienen como base una concepción solidaria y sostenible que sólo los progresistas podemos proporcionar.
La utilización de una vivienda digna es uno de los derechos de los ciudadanos. Para los socialistas, pensar en vivienda es pensar en los más necesitados. Para abaratar su coste es necesario actuar sobre distintos aspectos: realizar una reserva de suelo urbano para las de protección oficial, promover ayudas a la financiación de éstas y las libres de poca superficie, fomentar el ahorro en cuentas vivienda y, por último, proporcionar el necesario apoyo fiscal a través de las deducciones en los impuestos.
Pero existen colectivos cuyo interés puede no estar en la adquisición sino en el alquiler, fórmula que en los últimos años se ha generalizado como alternativa para resolver situaciones personales y familiares a veces coyunturales y a veces solidarias. La puesta en circulación en el mercado del parque de viviendas inutilizadas mediante ayudas a la rehabilitación y desgravaciones fiscales para los inquilinos puede incorporar un buen número de viviendas que abaratan el alquiler. Por otra parte, la construcción de V.P.O. específicamente destinadas a alquiler, y a alquiler con opción de compra también puede aumentar la oferta. Una de las preocupaciones de los estudiantes que se desplazan fuera de su domicilio, es la de la vivienda, por ello debemos defender una política de ayudas encaminadas a facilitar un sistema de alquiler de viviendas para estudiantes, asequible a las posibilidades económicas de éstos, de forma que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades y medios disponibles.
La coordinación de las instituciones autonómicas y locales -que comparten competencias- es imprescindible para abordar esta necesidad social, especialmente en el caso de colectivos más necesitados y con menos recursos: jóvenes, discapacitados, mayores, inmigrantes y mujeres con cargas familiares. Sólo la sensibilidad de opciones políticas solidarias harán posible atender estas necesidades.
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD Y DE LA MUJER Y ATENCIÓN A LOS MAYORES E INFANCIA
El tópico de que nuestros jóvenes configuran la generación mejor formada de todos los tiempos no traspasa el marco teórico para procurar su integración social. Dos son los problemas mayores que se les presentan: la inserción laboral y la emancipación familiar; la primera por entrar en el círculo vicioso de necesidad de experiencia -primer trabajo-, la segunda debido fundamentalmente a la dificultad de acceso a la vivienda. La falta de oportunidades y de expectativas genera desconfianza en las instituciones y escepticismo en el futuro, alejándolos de la participación y aproximándolos a la marginación. La sociedad no puede permitirse aparcar su mejor y más dinámica fuerza por dos motivos: la solidaridad con uno de sus colectivos y su propia supervivencia, pues el necesario recambio generacional no puede producirse pasando a manos de un colectivo inexperto y desconfiado. Conseguir su participación política, de la que se encuentran alejados, es otro reto que se debe superar.
La atención a los problemas de la juventud pasa por resolver su formación, su integración social, su inserción laboral y su participación institucional. Todos estos ámbitos están interrelacionados y son necesarias políticas con una planificación integral desde dos ámbitos distintos: sectoriales e institucionales.
Los socialistas hemos diseñado un sistema educativo al que todos tienen acceso y que pretende, en última instancia, formar ciudadanos con capacidad profesional suficiente y flexible para evolucionar con el empleo. El acceso al puesto de trabajo viene además facilitado por el contrato formativo o por el contrato de aprendizaje con el mundo empresarial, a lo que hay que unir el fomento del autoempleo. Por otra parte, el pretendido alejamiento de las instituciones se produce en tanto que éstas no reflejan sus valores y preocupaciones; la ecología, la solidaridad, el asociacionismo y el voluntariado son aspectos que debemos promover y potenciar para su identificación. La presencia además en las instituciones vendrá facilitada por la incorporación representativa de esos órganos propios en ellas.
El mantenimiento de la actualización en un mundo en permanente cambio debe conseguirse mediante una información constante a través de centros específicamente creados al efecto en institutos, centros culturales, etc., con dotación de nuevas tecnologías, acceso a INTERNET, etc. Esa información debe contribuir a la disminución de la aparición de casos de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, los embarazos no deseados, la drogadicción, etc., para los que debemos tener dispuestas infraestructuras y atención psíquica y sanitaria específica. Igualmente deben incrementarse y diversificarse los puestos para la realización de la Prestación Social Sustitutoria.
La transformación de la organización familiar y la incorporación masiva al estudio de las mujeres, han modificado sus posibilidades sociales y laborales. Sin embargo, continúa la división social de roles que las discrimina reduciendo sus oportunidades y rebajando laboral y económicamente los que desempeñan. La vuelta a las políticas tradicionales de la derecha, centradas en la familia (de la que siguen haciendola casi la única responsable) como único ámbito de realización "natural" no facilitan el camino de la igualdad de derechos que merecen al no provocar los profundos cambios estructurales y de mentalidades que son necesarias.
Un gran número de mujeres participan en las actividades del cónyuge o pareja de hecho, estando considerado, por la sociedad en general y por el derecho, como una obligación realizada gratuitamente en el ámbito agrícola, autónomos, profesiones liberales, etc., siendo su situación, a menudo más precaria que la de los trabajadores atípicos.
Se hace precisa, por tanto, la protección de los cónyuges o parejas de hecho "colaboradores". Tal protección debe extenderse al ámbito fiscal, laboral, seguridad social (asistencia sanitaria, pensiones por jubilación, prestaciones por maternidad, servicios de sustitución y prestaciones por invalidez), sociedades, así como el acceso a la formación profesional.
Mientras siguen existiendo déficits de partida, los socialistas pondremos en práctica medidas de acción positiva que reduzcan la desigualdad. La coeducación, las oportunidades laborales, que no reproduzcan estereotipos -profesiones "femeninas", jornadas reducidas compatibles con la vida familiar, etc.-, la coordinación de horarios comerciales y laborales que permitan compartir y repetir las tareas domésticas con los hombres, el apoyo al movimiento asociativo propio, el fomento del autoempleo, el apoyo a la maternidad y a la reinserción laboral, entre otras, son medidas que deben incluirse en los Planes Integrales de Igualdad que deben seguir elaborándose cuantificados y temporalizados y poniéndose en práctica como un derecho a la igualdad y no como una respuesta paternalista.
La atención a nuestros mayores define especialmente los tres principios de la ideología socialista: es igualitario porque supone un tratamiento diferenciado a los que no pueden por sí mismos; es solidario con los que ya no producen valor añadido al sistema económico y productivo y es justo porque devuelve parte de lo que ellos antes dieron por otros. El disfrute de una vejez digna es uno de los pilares identificativos del Estado de Bienestar por proporcionar éste las medidas para ello: sistema de pensiones y sanidad gratuita y universal. Los difusores del pensamiento único pretenden hacer creer que la generalización de estos servicios es la causa del estrangulamiento financiero de la economía y pretenden sustituir las pensiones contributivas por sistemas de capitalización en intereses de grupos privados. La firma del Pacto de Toledo y su desarrollo posterior debe proporcionar la seguridad de la evolución del sistema.
Pero, además de las posibilidades económicas hay que procurar el mantenimiento de una vida social y posibilidades de comunicación y ocio para nuestros mayores. El uso creativo del tiempo libre les proporciona una vida útil, mejora su imagen social y los mantiene en un nivel activo y autónomo que aumenta la calidad de vida; el fomento de asociaciones propias y su integración en actividades en las que puedan transferir su experiencia deben potenciarse.
Otras necesidades primarias deben cubrirse mediante planes gerontológicos integrales en los que la salud y la actividad física moderada sean protagonistas; el acceso a la vivienda en alquiler o propiedad tutelada; el acogimiento en familias o la atención domiciliaria son servicios sociales que deben potenciarse como alternativa al internamiento en residencias, cuyas plazas deben aumentarse favoreciendo la autonomía personal y dotadas de fácil accesibilidad; la atención a mujeres debe ser especial por proceder de una vida con nuevas oportunidades.
Después de la aprobación de la Ley Orgánica de la Protección de la Infancia, en la que se considera a las personas menores de edad como "sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás", los socialistas debemos impulsar en los distintos ámbitos administrativos (también en el regional y municipal), políticas integradas de infancia encaminadas a corregir desigualdades sociales en todo aquello que pueda incidir en la vida del menor: consumo, vivienda, educación, sanidad, cultura, ocio, deporte, medios de comunicación, medio ambiente, etc.
