La lucha por la igualdad de las personas y la ética del trabajo, conjugando solidariamente la promoción de la igualdad con las libertades individuales y colectivas, conforman el pensamiento político del socialismo democrático. Este es el fundamento ideológico de la izquierda en plena vigencia hoy.

En el siglo XVIII, con la Ilustración, se instauró un modelo social que propugnaba la igualdad de derechos civiles : todo el mundo tenía derecho a ser libre y no pertenecer a nadie. Con la instauración de la igualdad de derechos políticos, en la segunda mitad del XIX, se extiende el derecho de voto a todas las personas. Ya en el siglo XX se alcanza el reconocimiento de la libertad de expresión y asociación. Siempre han sido los sectores progresistas los que han impulsado desde la izquierda democrática las sucesivas olas de progreso que ha disfrutado la ciudadanía.

Después de la II Guerra Mundial se añade al derecho al trabajo, otros de carácter social como la salud, vivienda digna, educación, cultura, prestaciones de jubilación y desempleo, etc., en un objetivo claro de universalización de los servicios públicos. La igualdad de oportunidades económicas y sociales son las que se han visto reconocidas y potenciadas con la conformación del Estado del Bienestar, con la que las y los socialistas hemos desarrollado las políticas sociales activas dirigidas a disminuir la desigualdad social, redistribuyendo los beneficios del crecimiento económico para que toda la sociedad se vea beneficiada, en base a un sistema tributario progresivo.

A partir de la década de los 80, las condiciones económicas han cambiado con respecto a aquellas que conformaron el escenario de las tres décadas anteriores en las que la plena ocupación era un objetivo plausible. En el contexto de globalidad en el que se desenvuelve la economía actual y los mercados financieros, se evidencia una pérdida de autonomía de las políticas económicas nacionales y, en todo caso, una falta de control en las consecuencias de algunas medidas económicas. Esta es la causa de la formulación de convergencias en políticas macroeconómicas, con especial énfasis en el área europea.

En este nuevo contexto es notorio que un imparable aumento del gasto público debe hacerse selectivamente, mientras que la presión fiscal ha de aumentar progresivamente, ya que como herramientas redistributivas que son, de no hacerse así, pueden tener hoy efectos perversos sobre los sectores de renta más baja, por lo que no propician el efecto deseable y no pueden ser agentes activos de una política de progreso con objetivos redistributivos.

El desequilibrio en la inflación, el déficit público y exterior y, sobre todo el paro, con el alejamiento de los objetivos de empleo de la plena ocupación, son los elementos más genuinos de un escenario dañino que requiere especial atención por sus nefastas consecuencias, no sólo sobre la convergencia de políticas macroeconómicas, sino también por la introducción de dificultades adicionales a una política de progreso.

Las propuestas económicas de la socialdemocracia deben considerar prioritaria la reducción de las desigualdades, mediante políticas de carácter social que garanticen los resultados redistributivos de las políticas propuestas.

Es precisa la adaptación de los instrumentos que permita alcanzar los resultados deseados de acuerdo con la realidad presente y futura. El mercado es el instrumento que se revela como más eficaz para mercancías y servicios mercantiles y para asignación de precios. Esto implica que la eficacia es pieza fundamental para conseguir cantidades y calidades a precios competitivos.

Es preciso mantener el principio de intervención pública para garantizar los derechos sociales y económicos de todas las personas y efectuar las correcciones precisas a las desigualdades que el mercado genera por sí solo.

El reto de la izquierda es mantener y aumentar la solidaridad social y para ello tenemos que compatibilizar la eficiencia económica y la redistribución social, ya que la solidaridad social es la garante de la estabilidad social y política, y ambas son piezas fundamentales en una sociedad democrática que, a su vez, es el marco básico y necesario en el que situar la eficacia a largo plazo de la economía.

El reto de la izquierda, también, es mirar al futuro y responder al presente. Por ello, los socialistas debemos compartir una reflexión abierta y creativa en la dirección de la organización del trabajo y participación de las trabajadoras y trabajadores en la toma de decisiones para soslayar las grandes dificultades que se dan para la creación de empleo.

La gestión de los grandes servicios públicos de carácter universal, la aplicación y financiación de las políticas de igualdad, el enfoque del crecimiento sostenido, la remuneración del trabajo, el papel de la mujer en relación con los agentes económicos, la pobreza, el cooperativismo y la economía social, entre otros temas, requieren de los socialistas, un estudio profundo, un debate interno y una oferta de diálogo con todos los agentes sociales, para llegar a conclusiones que den un enfoque adecuado a su tratamiento.

Sin duda, todas las políticas de izquierdas requieren conjugar cohesión social y competitividad, haciendo compatibles eficiencia y equidad y no perdiendo de vista el alcance internacional que impone la globalización de la economía. Es en este escenario internacional, en el que operan los poderes económicos internacionalizados, donde se requiere una acción política, cada vez con más rasgos de dimensión internacional, que permita contrapesar los efectos perversos derivados de la evasión fiscal y movimientos estrictamente financieros de capitales que pudieran devenir en operaciones especulativas.

Los socialistas murcianos nos definimos intrínsecamente europeos y apostamos por la construcción política y social de Europa. Entendiendo que las bases social y económica son, respectivamente, la Europa Social y la Unión Económica y Monetaria, consideramos que la convergencia europea es un objetivo favorable para el sostenimiento del Estado del Bienestar y para el progreso social.

Los socialistas propiciamos el impulso de los poderes públicos en el marco de la Unión Europea para la consecución de un nuevo contrato social entre sindicatos y empresarios, que es altamente deseable, como elemento incentivador del estímulo para el crecimiento del empleo.

El modelo de crecimiento y las estrategias económicas son factores fundamentales para armonizar el crecimiento económico y la creación de riqueza, con la imprescindible reducción del paro. Los socialistas defendemos un modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y solidario: sostenible con decidida vocación de preservar el medio como factor de desarrollo; equilibrado desde el punto de vista de las magnitudes macroeconómicas como la inflación, ahorro, tasa de interés, etc.; y solidario con objetivos de reducción de la desigualdad social y territorial, como factores de desarrollo.

Después de la experiencia acumulada al convivir durante más de dos décadas con la inflación y haber sufrido sus repercusiones, se extrae, como consecuencia, la necesidad de vigilar el comportamiento de los factores que elevan la inflación, para aplicar con rapidez políticas, que deben soslayar cualquier signo o amenaza de rebrote inflacionista.

Las expectativas ante una posible subida de la inflación, parecen condicionar, decididamente, las actuaciones y reivindicaciones de los agentes económicos y sociales, y estas reivindicaciones suelen ser determinantes en el proceso inflacionista. Si la inflación sube, el poder adquisitivo disminuye, aumentando los salarios en los convenios colectivos y la fijación de los precios públicos y privados. Por todo ello se hace necesario el empleo de mecanismos o métodos para reducir la inflación, que garanticen la transparencia territorial y eviten las desigualdades sobrevenidas.

El nivel en que se está situando la inflación en España provocará el cambio del patrón de referencia inflación por otro que contenga las variaciones que afectan a las condiciones de oferta y de demanda. A nivel regional es preciso atemperar las condiciones nacionales con las derivadas de nuestra situación concreta, tanto desde el punto de vista de las expectativas como de los niveles salariales actuales. El diferencial de inflación es un elemento importante para la conformación de la competitividad de nuestras empresas, en especial cuando desaparezca el tipo de cambio como elemento compensador en la, para esta Región, más importante zona de intercambio económico y comercial cuando se formalice la Unión Monetaria.

Los socialistas no establecemos el déficit como un objetivo de la política económica. Tenemos una consideración instrumental del déficit y no representa, necesariamente, capacidad redistributiva, que sí reside en la cantidad, calidad y procedencia del gasto y de los ingresos públicos. En la dotación de capital público o en la prestación de servicios, el recurso al déficit está justificado cuando los desequilibrios y crisis económicas lo recomienden. El límite cuantitativo para el déficit se establece como aquel nivel en el que se convierte en su principal objetivo el servicio a la deuda pública.

El déficit público regional deberá tener en cuenta, además de las consideraciones ya efectuadas, la necesidad de contribuir en la parte de cuota correspondiente a la Región de Murcia en el compromiso de la convergencia europea, así como la contribución necesaria de nuestra Región a la estabilización de la economía y a su ritmo de crecimiento tendencial en el medio y largo plazo, al tiempo que la redistribución de la cuota a nivel regional debe hacerse desde criterios informados por las condiciones diferenciales regionales.

Los socialistas entendemos que es un objetivo alcanzable la consecución del equilibrio presupuestario, que representa un indicador de eficacia en la gestión bajo condiciones de control del déficit y de la deuda pública y en circunstancias de crecimiento económico como las actuales. Ello requiere, en cualquier caso un equilibrio entre gastos corrientes e ingresos corrientes, de forma que el déficit si hubiera que tenerlo, se aplicará, exclusivamente, a inversiones.

Esta tendencia hacia el equilibrio presupuestario implica una reestructuración profunda de los ingresos y gastos públicos. Del lado de los ingresos, la globalización de la economía está introduciendo modificaciones en ciertos parámetros económicos, tales como: la globalización de los mercados financieros, con la libre circulación de capitales y la competencia fiscal entre Estados que, en España por la nefasta política de financiación autonómica impuesta por el Gobierno del P.P. se ha trasladado también a las Regiones y Municipios. Todo ello supone agravios y distorsiones entre las rentas de capital y las del trabajo. Mientras las rentas de trabajo están sujetas plenamente a impuestos, las rentas de capital encuentran más medios de escape y de exoneración. Los socialistas mantenemos el principio de gravar las rentas en función de la capacidad de pago de sus perceptores, con independencia de su origen.

Los socialistas queremos preservar la naturaleza progresiva de los impuestos directos y mantener el nivel de potencia recaudatoria. Por ello, nos oponemos a la competencia fiscal entre Estados, Regiones y Municipios, por lo que hemos de encontrar respuestas a la necesidad de un mecanismo regulador, en especial de la libertad de movimientos de capitales.

La aproximación al equilibrio presupuestario implica una mejora de la eficiencia de la gestión de ingresos y gastos públicos, propiciando para las Administraciones los instrumentos para ello precisos. Debemos valorar la necesidad del gasto público, explicarlo a la sociedad y establecer unas reglas claras de reparto de costes, teniendo en cuenta el tipo de beneficiario directo, su renta y el grado de solidaridad que aporta a través de los impuestos. Esto implica que la prestación del servicio público ha de realizarse con suficientes garantías de calidad y universalidad y, en todo caso, con una gran transparencia en los mecanismos de financiación, en los cuales se han de valorar las actuaciones solidarias que sean preciso llevar a cabo.

La peor secuela de la última crisis económica sufrida es el alto nivel de paro que se generó en ella. A nivel nacional el desempleo es el primer problema que tiene planteado la economía española y en nuestra Región se ve agravado por una persistencia en la destrucción de empleo desde que el P.P. ha accedido al Gobierno Regional, que hace batir récords a nivel nacional, como el último alcanzado en el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.

Una parte del paro tiene consideración coyuntural y debe tener solución asociada al crecimiento económico. Otra parte del paro regional es estructural y no necesariamente tiene solución con la expansión de la actividad económica. Una parte tiene origen histórico, otra parte importante del paro regional deriva de la demografía y en gran medida de la necesaria incorporación de la mujer al mercado laboral. Estos factores han amplificado la demanda que no ha encontrado un aumento de la ocupación acorde a las necesidades.

Los cambios habidos en la economía mundial que han afectado considerablemente a la economía nacional y regional, en especial los derivados del proceso de innovación tecnológica, sobre todo en la industria, han supuesto un retroceso del factor trabajo frente al capital. Tasas de inflación e interés más elevados que la mayoría de los países europeos han operado en detrimento de la competitividad de nuestras empresas. Pero, no es menos cierto, que los problemas derivados de la dimensión, modernización y capitalización de nuestras empresas, junto a las dificultades de los mercados financieros y de capital, debilidad emprendedora y excesivo anhelo empresarial por el proteccionismo y la subvención, han caracterizado un empeoramiento de la competitividad, que ayuda a explicar las dificultades de crear empleo que tiene nuestra economía regional.

La modernización de la estructura productiva ha supuesto que la mejora de competitividad, en la mayor parte de los casos, se haya producido por sustitución del trabajo por el capital a través de la incorporación de tecnologías ahorradoras de trabajo, agravado en nuestro caso, porque al empleo restante no se le ha dotado de un crecimiento salarial equivalente al resto del país, con lo que partimos de una situación en clara desventaja de cara a la Unión Económica y Monetaria que será preciso paliar intensificando un Plan Territorial de Reactivación Económica capaz de amortiguar los déficits estructurales que afectan a nuestra Economía Regional.

Además del crecimiento económico, la reducción del paro requiere la actuación decidida para el fomento de la ocupación desde los poderes públicos y en concertación con los agentes económicos y sociales. Son objetivos de los socialistas ampliar y mejorar la oferta educativa: formación profesional, reglada, ocupacional y continua; promover y desarrollar la I + D; potenciar los servicios públicos de ocupación y relanzar las políticas de ocupación; mejorar el marco de relaciones laborales, desde una perspectiva de negociación colectiva, en detrimento de la individualización de las mismas que fomenta la precarización laboral, al tiempo que es preciso consensuar con los agentes económicos y sociales las medidas que exige una mayor estabilidad en la ocupación; apoyo decidido a la reducción de los costes no salariales; reordenación de cargas impositivas a las empresas, favoreciendo reducciones relacionadas con el trabajo; fomentar actividades ligadas al incremento de la calidad de vida y preservación del medio ambiente; apoyo decidido al trabajo cooperativo, a las iniciativas de economía social y fomento del autoempleo y otras fórmulas de la economía social; fomento de la cooperación con el desarrollo; lucha contra la economía sumergida; políticas de acción positiva en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; estimular especialmente la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo en condiciones estables y establecer planes especiales de fomento del empleo de las personas de mayor edad, parados de larga duración y trabajadores minusválidos.

Los jóvenes, las mujeres y las trabajadoras y trabajadores de baja cualificación constituyen los grupos de parados más numerosos. Parece claro que no se conseguirá resolver el problema del paro confiando solamente en el crecimiento económico o en las reformas del mercado laboral, factores importantes para paliar el problema, porque el empleo no es un mero efecto inducido del crecimiento económico. Es necesario situar al empleo en el centro de la acción política.

El sistema económico nacido en la década de los 90 ha generado la existencia de un paro estable que hace inalcanzable el objetivo político de la plena ocupación utilizando, solamente, los instrumentos de política macroeconómica y la lógica del mercado, si no se realizan reformas estructurales del sistema económico.

Se hace preciso adoptar medidas liberalizadoras y de fomento de la competencia en sectores que precisan reformas estructurales que permitan mayor flexibilidad y menor regulación en algunas ramas productivas que han quedado poco afectadas por la apertura de la economía, como han sido los sectores energético, transportes, telecomunicaciones, servicios profesionales, actividades empresariales reguladas y mercado del suelo, evitando la segmentación social que pudiera derivarse de la asignación estrictamente en términos de competencia, como propone el paradigma liberal y que realmente supone una regresión en la política progresista.

Además de introducir la redistribución de la ocupación, apostamos por la creación de un nuevo sector económico (4º Sector) capaz de absorber paro estructural y reorientar la dirección de plena ocupación. Este nuevo sector se encaminaría en torno a los servicios de bienestar social (servicios de proximidad a las familias, como ayuda a domicilio a personas necesitadas, guarderías, seguridad vial, etc. ) o los trabajos sociales relacionados con las nuevas necesidades públicas como la mejora, preservación y defensa del Medio Ambiente.

Es necesario modernizar la Formación Profesional y Ocupacional de forma que puedan los centros de enseñanza atender las demandas efectivas de formación específica de utilidad, en el entorno socioeconómico de las áreas de influencia de los centros educativos. De igual modo es preciso un proceso de debate entre Administración, Universidad, Agentes Sociales, Económicos y Productivos, con el objetivo de sentar las bases para que los centros educativos y universitarios ofrezcan, además de las enseñanzas tradicionales, otras que, reflejen las particularidades de nuestra Región.

Las nuevas fuentes de empleo requieren un impulso desde los poderes públicos, con especial hincapié en los regionales y locales, para la regulación, desarrollo e incluso financiación inicial, con objeto de que su incidencia sea significativa. El tratamiento se podría enfocar desde la reconversión de los recursos pasivos en la ocupación en recursos activos, que financien más ocupación que desocupación, que generen servicios que mejoren el Estado de Bienestar y del Medio Ambiente, en lugar de la inactividad del paro y propicien actividades formativas complementarias para los que reciban subsidio de paro.

La combinación de los objetivos políticos de plena ocupación, consolidación del Estado de Bienestar y mejora del Medio Ambiente, podrían beneficiarse de una reducción de la fiscalidad de la ocupación al sustituirla por otros aspectos de la actividad económica, en especial, en aquellas actuaciones que van en detrimento del Medio Ambiente. La Fiscalidad Verde puede sustituir a la Fiscalidad sobre la Ocupación.

Con todas las cautelas necesarias, el debate sobre el reparto de la ocupación es una necesidad ineludible, desde el firme convencimiento de que todas las políticas anteriormente apuntadas no son suficientes para garantizar el pleno empleo. Sin crecimiento económico no es posible la creación de ocupación pero, solamente, el crecimiento económico no garantiza la creación de ocupación.

Las tecnologías ahorradoras de mano de obra van a seguir introduciéndose en el sistema productivo, con clara incidencia en la ganancia de productividad. La competencia internacional obliga a las empresas a introducirlas. Por tanto, se va a seguir dando la sustitución de trabajo por capital y, por ello, es preciso para mantener el objetivo del pleno empleo, imaginar y desarrollar modelos de organización del trabajo diferentes de los actuales, con la consideración solidaria de un mayor reparto de la ocupación.

En todo caso, el debate sobre el reparto de ocupación no es ni coyuntural ni electoral sino estratégico y debe enfocarse en la dirección de resolver los problemas, por lo que no se trata de plantearlo desde la exclusión ni desde la contradicción con otras propuestas.

El reparto de ocupación supone, también, la aceleración del proceso de reducción de la jornada laboral media anual de las personas ocupadas. Al mismo tiempo, la irrupción de las nuevas tecnologías supone, también, la consideración del teletrabajo en los procesos de reordenación del tiempo de trabajo. Esto hace necesario superar conceptos tradicionales como la contabilización semanal de la jornada y la fijación de horarios y duración más compatibles con las necesidades actuales de los ciudadanos y ciudadanas.

Desde la óptica de seguir avanzando en la igualdad de oportunidades, el reparto de la ocupación es un elemento que debe permitir avanzar en la corresponsabilidad de las ocupaciones familiares y, por tanto, se debe fomentar una nueva organización del tiempo de trabajo.

Los socialistas entendemos que estas reflexiones hay que compartirlas y debatirlas con el conjunto de la Sociedad para poder configurar una propuesta tendente a fomentar la reducción sustancial de la jornada de trabajo, no sólo en España sino en el espacio europeo en el que estamos inmersos.

Para mantener las propuestas de pleno empleo sin que éstas deterioren la competitividad es necesario que la reducción de jornada no lleve consigo una pérdida de renta, ni de trabajo ni de capital. Es este orden de cosas es importante considerar de vital importancia, el incremento de la productividad para que parte del mismo pueda aplicarse a la creación de empleo.

La liberación de las restricciones que obstaculizan el funcionamiento del mercado en la producción de bienes y servicios mercantiles ha sido y es un objetivo. Las restricciones a la competencia favorecen a los que ya están establecidos y obstaculizan a los que quieren entrar en el mercado. Los consumidores y las consumidoras y, en especial, los de menores recursos, son los perjudicados en cantidad, calidad y con toda seguridad en precio.

El mercado es un buen instrumento para asignar recursos, cuando puede estimular la competencia, cuando no hay grandes desequilibrios de información y cuando no tiene efectos externos sobre las personas que no participan. Así pues, la competencia en el mercado es básica para disponer de mercancías y servicios en cantidades, calidades y precios razonables aunque, en ocasiones, el libre funcionamiento del mercado no garantiza que la competencia sea efectiva, tanto por posición dominante de una empresa, que deviene en conductas monopolísticas, como por actuaciones restrictivas de la competencia cuando unas pocas empresas pueden controlar el mercado. Mediante el fomento de la competencia, el sector público puede contribuir a que los resultados de la innovación tecnológica y las nuevas fórmulas organizativas aumenten la productividad y acerquen los mercados beneficiando a las consumidoras y consumidores.

Más frecuentemente de lo deseable se confunde privatización con liberalización. Privatización es, tan sólo, una forma por la que la Hacienda Pública obtiene recursos a corto plazo, en algunos casos inferiores a los rendimientos futuros esperados para los activos públicos vendidos. Otras veces ha significado la renuncia a la regulación de sectores de interés público e incluso de patrimonio histórico. Un monopolio tanto si es público como privado, se comporta como tal y en ninguna de las dos formas garantiza un trato no abusivo a los clientes.

Más que centrar el debate en el acierto del sector público o el privado, lo que tiene interés es enmarcar los ámbitos de actuación pública y los propios del sector privado, tomando como base el desarrollo económico, la solidaridad en el reparto de los beneficios y el interés general; ya que el escenario cambiante requiere de una evaluación continua porque la frontera es móvil y, en todo caso, los perfiles son difusos.

Esta necesidad de revisión permanente del ámbito y estilo de intervención pública sobre la economía desde unos criterios de efectividad de la competencia socialmente deseable, contrasta con la orientación neoliberal que caracteriza los procesos de desregulación y privatización como el último peldaño de la intervención del poder público en la economía. La conceptualización estratégica, también desde el punto de vista territorial es un elemento equilibrador de desigualdades interrregionales.

Las infraestructuras son un buen soporte para la competitividad económica y para el equilibrio territorial. Los socialistas, miramos al siglo XXI, desde el avance que ha supuesto para esta Región la última década de gobierno socialista. Nuestro objetivo fundamental es conseguir una Región bien comunicada, por carretera y por ferrocarril, con un puerto de Cartagena altamente especializado y competitivo y las necesidades aeroportuarias adecuadas a la demanda.

En la política de infraestructuras caben distintas posibilidades de acometida, con los consiguientes costes de oportunidad. Sin embargo, aún reconociendo los criterios económicos como factores importantes, es decir, aquellos que atienden a la demanda de tráfico existente y previsible, lo que permite el acceso a las áreas industriales y agrícolas de la Región, aquellos otros que facilitan la conexión con los núcleos costeros y las principales zonas turísticas con amplia implantación del sector servicios, así como los que conectan con el corredor del Mediterráneo y la capital del Estado, permitiendo el fácil acceso a puertos y aeropuertos; todos estos factores, con ser importantes, no deben hacernos olvidar la idea de equilibrio territorial que debe tener un peso sustancial en la política de infraestructuras. Es imprescindible redoblar esfuerzos en Comarcas históricamente desfavorecidas, para lo cual debe producirse inexorablemente un mayor esfuerzo por parte de las Administraciones, por lo que se desarrollará un Plan Integral de Desarrollo de las referidas Comarcas.

Las Comarcas en desarrollo necesitan de las infraestructuras necesarias que les permitan interconexionarse con los grandes centros de actividad económica, como única forma de desarrollo económico equilibrado y duradero. Su uso y disfrute son derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y, como tales, deben ser planificados con exquisita sensibilidad al medio natural, ejecutados con fundados criterios de rentabilidad social y, por supuesto, gratuitos para el usuario de los mismos, si afectan a la red de carreteras del Estado, de la propia Comunidad Autónoma o de los municipios. Los déficits de comunicaciones, que estrangulan el desarrollo económico de algunas Comarcas desfavorecidas como la del Noroeste entre otras, deben ser corregidos con carácter prioritario.

La Región de Murcia precisa del apoyo solidario del resto del Estado para culminar la vertebración territorial que en el pasado reciente acometieron, en gran medida, los gobiernos socialistas. La Región de Murcia no puede renunciar a la exigencia de ver completada su comunicación por autovía con la costa mediterránea y con el centro, en igualdad de condiciones a otras regiones españolas. En modo alguno compartimos la cesión a intereses privados la orientación de las prioridades de los intereses públicos.

El ferrocarril, por su constitución, no puede diseñarse con los amplios criterios de accesibilidad con que se diseña la carretera. Sin embargo, debe apostarse por la conexión con la alta velocidad, a través del corredor del Mediterráneo, el potenciamiento de la línea con Madrid, así como la conexión con Andalucía, y el fortalecimiento de los tráficos de cercanías entre los vértices: Cartagena-Murcia-Lorca. La red de carreteras debe jugar un papel fundamental en el acercamiento a estos tres vértices, conjugando los distintos modos de desplazamiento de personas y mercancías. Asimismo, para promocionar el turismo en la costa del Mar Menor, trasformaremos FEVE en tren eléctrico y veloz.

El Puerto de Cartagena constituye en sí la única infraestructura portuaria de la Región, con interés general y, por ello, debe cumplir todos los requisitos necesarios de especialización y competitividad exigibles, unido, además, a una integración con la ciudad de Cartagena, perfecta, equilibrada y respetuosa con el patrimonio histórico. Debe alcanzar su autonomía financiera, abaratando servicios, mejorando instalaciones y conectando con las otras infraestructuras del transporte y, en suma, siendo atractivo para usuarios y consignatarios de su entorno, definiendo su área de influencia con claridad y perseverancia, desde un tratamiento equilibrado por parte del Estado para una red de puertos que no parten desde el mismo punto de salida para encarar la competencia. El Puerto de Cartagena, no solo se potenciará en lo comercial, sino también en lo turístico. Para ello se dotará al mismo, de un recinto de ocio que haga aún más llamativo el Puerto, no sólo por su actividad comercial que deberá aumentar, también con campañas de información de su diferenciación en positivo con otros puertos, sino porque será una zona clave para el desarrollo de actividades turísticas.

La Región de Murcia no debe renunciar a la disposición de las infraestructuras aeroportuarias necesarias que justifique la demanda. El uso, mejora y mantenimiento de las actuales infraestructuras, con especial incidencia en el tráfico charter, es una oferta precisa para satisfacer la demanda del sector turístico.

España, en su conjunto, no es un País seco. Con sus recursos, todos podríamos disponer de agua suficiente. Es por ello que debemos exigir solidaridad para erradicar el desequilibrio hídrico regional. La escasez de agua es una característica constante en la Región de Murcia, por su climatología desértica, siendo, por tanto, un recurso económico de primer orden, sobre todo para la agricultura (el 80% de la demanda), la industria y el turismo.

Traer agua a la Región es primordial y por ello apoyamos de manera inequívoca el Plan Hidrológico Nacional y la interconexión de cuencas hidrográficas, demandando los volúmenes de agua contemplados en la legislación vigente del Trasvase Tajo - Segura, hasta tanto la redistribución del desequilibrio hidrológico nacional no sea una realidad, así como los volúmenes de agua necesarios para el Altiplano (Jumilla-Yecla), a través del futuro Trasvase Jucar-Vinalopó, e incluyéndolos en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El agua en la Región de Murcia constituye un problema complejo y diferenciado desde el punto de vista territorial. En la Comarca del Noroeste los manantiales constituyen un recurso básico, desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Hoy, el descenso de caudal de la mayoría de éstos es un hecho, debido al aumento incontrolado de extracciones de aguas subterráneas y una parte de la economía comarcal, la de la huerta tradicional, que es sostenible y de fuerte contenido social, está amenazada. Por todo ello, hay que apostar por la racionalidad en la explotación de las aguas subterráneas, que deben estar sometidas a un adecuado y estricto control y gestión sostenible por parte de los poderes públicos.

Dada la dependencia del sector agroalimentario del factor agua, y al ser éste el sector de principal demanda, consideramos la modernización de regadíos como la base de la política sectorial agraria, así como economizar el consumo de agua para abastecimiento e industrias, reciclando su uso industrial y reutilizando el agua residual depurada íntegramente en la agricultura, generando, además recursos adicionales por desalación de aguas salobres y desalinización de las del mar.

Las empresas ejercen un papel predominante en el nuevo contexto económico. Es preciso revitalizar el papel de la iniciativa privada, bajo cualquiera de sus formas societarias, en especial de las de economía social, para la asunción de los riesgos que comporta el ejercicio como empresario capaz de competir en un mercado cada vez más globalizado.

La apuesta por las empresas y la mejora de competitividad son elementos centrales en la nueva situación y nuestra realidad regional exige la solución de una serie de problemas estructurales que es preciso resolver, en general en todos los sectores productivos. Dimensión poco adecuada de las empresas, escasa internacionalización de las mismas, reducida tecnificación del aparato productivo, bajos niveles de autofinanciación de las empresas, problemas en los niveles de capital humano, capital público y utilización inadecuada de los recursos naturales, son factores que afectan a la agricultura, industria, comercio y turismo regionales.

Hay que favorecer procesos de integración y concentración, en especial en las empresas del sector agroalimentario, potenciar la incorporación de tecnología a los procesos productivos, promocionar la I+D, diseño y calidad, potenciar las redes de distribución e intensificar la formación del capital humano, que es uno de los factores limitativos de primer orden, como elementos indispensables para poder diseñar una estrategia de crecimiento de nuestra economía.

Es necesario un decidido esfuerzo por potenciar las infraestructuras de apoyo y servicio a los sectores productivos, fomentando espacios industriales adecuados, adaptación de redes y servicios de transporte y telecomunicación, etc. que permitan optimizar los esfuerzos necesarios para alcanzar la competitividad que requiere la globalización creciente de nuestra economía. La economía sumergida es una realidad que hay que combatir, ya que supone un elemento negativo para la competitividad de las empresas y el desarrollo local.

En el debate sobre la reducción de la jornada de trabajo los agentes económicos y sociales deben jugar un papel relevante. Las Administraciones deben favorecer el escenario pero nunca pensar que pueden decretar unilateralmente para conseguir efectos benefactores.

Las medidas para crear empleo requieren modificar prácticas y conductas actuales y, como a todo cambio, se opondrán las resistencias por parte de los agentes económicos, partiendo de la constatación de que el mercado laboral por sus objetivos, composición cambiante y peculiares características, no puede estudiarse con los mismos patrones que operan en una economía de libre mercado. Por otro lado, las medidas para crear empleo requieren modificar prácticas y conductas actuales y, como todo cambio son recibidas con más o menos rechazo, por parte de los agentes económicos. En todo caso, las políticas de relaciones laborales deben concertarse entre los agentes sociales, siendo las instituciones que configuran el mercado laboral, el vehículo mediador que favorezca la creación de empleo.

El reparto de ocupación debe hacerse de tal manera que las empresas no pierdan competitividad, porque en tal caso se produciría el efecto contrario al deseado de la creación de empleo. En base a este principio, serán los acuerdos entre sindicatos y empresarios, con el apoyo de la Administración y desde la especificidad de cada empresa y sector, los que establezcan los mecanismos adecuados para lograr ese reparto.

Debemos someter a un análisis serio y responsable el reparto de las mejoras en la productividad que se están produciendo, derivadas de la incorporación de la moderna tecnología, y de la mayor preparación de los trabajadores, ya que esta mejora actualmente se distribuye entre los beneficios del empresario y las remuneraciones a las trabajadoras y trabajadores; cuando sería conveniente poner una parte del mismo, al servicio de las personas que no tienen trabajo. Es ésta una labor de concienciación que nos corresponde a los socialistas: desde el Partido y desde las Instituciones, en el gobierno o en la oposición. Se trata, fundamentalmente, de un cambio cultural de la consideración de los que disponen de un empleo estable y remunerado, así como de los empleadores, con respecto a los que no tienen trabajo, más que de iniciativas legislativas.

Desde la izquierda, los socialistas, con total respeto a la independencia de los agentes sociales, reconocemos la relevancia de los mismos, que deseamos se acreciente y manifestamos nuestro apoyo a la existencia de sindicatos fuertes, democráticos tanto en su espíritu como en su funcionamiento, para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras y como piezas fundamentales para la defensa del Estado de Bienestar y la propia democracia.

Las relaciones laborales deben ser apropiadas para la adaptación a los cambios que genera el mercado y de esta forma se garantiza el mantenimiento y mejora de la competitividad, al tiempo que una actuación anticipada a las causas que pueden producir los indeseados despidos individuales o colectivos. La negociación colectiva debe convertirse en el mecanismo fundamental para mejorar las condiciones laborales, desde horarios a seguridad laboral, pasando por turnos, salarios, contratación, formación y hasta las formas de organización.

Los poderes públicos deben fomentar el protagonismo de las partes dando apoyo a los organismos e instituciones mixtas y paritarias que gestionen intereses y conflictos laborales como la mediación, arbitraje y conciliación, organización del trabajo, formación, seguridad laboral, y ocupación y contratación.

Es preciso impulsar las mejoras de las condiciones de vida en la actividad laboral comprometiendo a los agentes sociales y a la Inspección de la Administración en la protección de la salud y seguridad en el trabajo.

La globalización de la economía supone una necesaria estrategia de competitividad para nuestro sistema productivo que pasa, necesariamente, por la consideración prioritaria de los factores cualitativos e intangibles como calidad, I+D, formación, etc., además de los ya tradicionales cuantitativos como el número de horas trabajadas, salarios, etc.

Para los socialistas la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos es el objetivo primordial de la actividad económica. Es por ello que ocupan un lugar preferente en nuestra preocupación la desigualdad, la pobreza y el paro como factores de empobrecimiento del progreso económico y social.

Parece claro que los países que han seguido una orientación neoliberal en la política económica han acusado una progresión creciente de las desigualdades. Reducir impuestos, beneficiando a los más ricos y reducir los programas de redistribución social, que afectan fundamentalmente a los más pobres, ha sido un binomio devastador de la cohesión social, que es preciso frenar y, en todo caso, compensar con políticas sociales activas que garanticen la extensión a toda la sociedad de los beneficios del crecimiento económico.

El aumento del paro y de las diferencias salariales acreditan un aumento de las desigualdades sociales que compromete el equilibrio interestatal e interregional, provocando una diferenciación indeseable como consecuencia de la fragmentación de la sociedad, que puede producir una disfuncionalidad en el sistema económico, llegando a comprometer su propio funcionamiento, de persistir de forma estable y continua un elevado nivel de desigualdad.

Desde posiciones conservadoras se acusa a la cohesión social de obstaculizar la competitividad de la economía y de entorpecer el crecimiento. La oposición entre eficiencia y equidad se formula, desde el neoliberalismo, en clave de incompatibilidad y no extraña, pues, que se derive de estos planteamientos insolidaridad y egoísmo.

Para el socialismo democrático la cohesión social es un objetivo en sí mismo. De esta forma a la posición neoliberal contraponemos una exigencia al sistema económico, requiriéndole virtualidad social y, por ende, el sector público ha de contribuir mediante su intervención en la economía.

Cabe, tras una revisión de las sociedades democráticas, llegar a concluir que aquellas que menores desigualdades soportan son las que presentan una mayor capacidad de crecimiento económico a largo plazo. Esto parece evidenciar que la dualidad eficiencia - equidad es bastante más importante que lo que el pensamiento conservador supone. A largo plazo las desigualdades erosionan hasta los propios cimientos de la democracia.

Para los socialistas la sociedad democrática tiene su base y su fundamento en la estabilidad social y política, las cuales sólo pueden llevarse a cabo si existe cohesión social. Todos estos factores, complementándose unos a otros, crean los mecanismos necesarios para establecer la eficiencia a largo plazo de la política económica.

El Estado del Bienestar es una señal de identidad del socialismo democrático. Representa el éxito de las sociedades civilizadas al que han contribuido los esfuerzos de Estados y Regiones, en especial, bajo gobiernos socialdemócratas y es el resultado de un sistema ético construido a partir de los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social.

Desde el punto de vista social y territorial la distribución de bienes y servicios, regidos por normas de mercado, no es suficientemente equitativa, de forma que la primacía generalizada de lo privado sobre lo público pone en peligro la cohesión social. Los poderes públicos deben garantizar el acceso a los bienes de cualquier índole precisos para que todas las personas tengan una vida digna.

Además de paliar los desequilibrios de renta mediante compensaciones con prestaciones sociales, los poderes públicos deben estimular la igualdad de oportunidades de las personas, evitando la desigualdad y la discriminación. Una reducción de las desigualdades de origen social o territorial se consigue con la universalización de bienes públicos como la educación, los servicios sociales, la sanidad, la vivienda, las infraestructuras o los servicios culturales, ya que, posibilitan que los beneficios del progreso se generalicen a los ciudadanos y ciudadanas y tienen un efecto estimulante de las potencialidades de desarrollo personal.

La eficacia redistributiva del Estado del Bienestar y su viabilidad financiera son cuestiones centrales para el proyecto socialista. Los limites en su alcance y las carencias en su gestión requieren un esfuerzo dirigido a garantizar la eficacia redistributiva de prestaciones y servicios públicos; garantizar igualmente la suficiencia de recursos mediante mecanismos de financiación fiscal de carácter progresivo; lograr la nivelación entre coste de prestaciones o servicios y eficacia redistributiva e impulsar formas de participación activas y atractivas de las ciudadanas y ciudadanos.

En el diseño y provisión de los servicios del bienestar se deben mantener y potenciar las políticas sociales que han evidenciado una mayor eficacia redistributiva, como son las políticas de pensiones, en especial las mínimas y no contributivas, las prestaciones sociales por situaciones de necesidad, los gastos básicos de enseñanza, las prestaciones del servicio de salud pública y los programas de acceso a la vivienda.

La viabilidad financiera, la eficacia redistributiva y la legitimidad social del Estado del Bienestar, requieren de un esfuerzo permanente de lucha contra el fraude en el gasto social, tanto de los poderes públicos como de la sociedad, concienciada del enorme perjuicio que se deriva para las prestaciones y los servicios públicos.

Una financiación universal y progresiva, es decir, todos y de acuerdo con el principio de capacidad de pago, debe ser el referente inexcusable. Rechazamos, pues, las reformas tributarias que, reduciendo la imposición de los más ricos, ponen en riesgo la financiación del Estado del Bienestar, contribuyendo a aumentar la desigualdad y la fragmentación social.

La creación de empleo incide decisivamente en la suficiencia financiera del sistema de pensiones, que se asienta sobre criterios de solidaridad intergeneracional, al ser un sistema de reparto donde los actuales cotizantes pagan las pensiones de los pensionistas actuales, con la expectativa de que los futuros cotizantes pagarán las pensiones de los hoy cotizantes y también intrageneracional al ser objeto de políticas de mínimos y de máximos. El sistema de reparto es un modelo preferible al de capitalización, que elimina la solidaridad inter e intra-generacional. El proyecto socialista pretende preservar los criterios de solidaridad y constituye una de las prioridades para conseguir efectos redistributivos importantes y contribuir a la reducción de la desigualdad.

El derecho a la protección de la salud y la seguridad de recibir asistencia sanitaria de calidad ante la enfermedad es un compromiso irrenunciable que los socialistas mantenemos en términos universales. El Sistema de Salud se debe basar en las necesidades de la población, concebido como servicio público, por tanto universal, equitativo y gratuito. Ello conlleva la previa definición de la forma de financiación que debe realizarse preferentemente desde los Presupuestos Generales, con armonía interadministrativa y equilibrio territorial, por razones de solidaridad y de justicia social o de redistribución de riqueza.

Partiendo del principio de financiación pública, el criterio que debe prevalecer es el de la eficiencia, conformado por productividad, calidad y costes entendidos de forma conjunta: hacer las cosas adecuadamente y hacerlas bien al mínimo coste, sin posibilidad de alterar el orden de prelación. Aumentaremos los Consejos de Participación en todo lo social y sanitario.