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La visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país
despertó el interés de los mexicanos y a ello contribuyó el amplio y costoso aparato
publicitario financiado por los más importantes empresarios del país que no dieron paso
sin huarache, puesto que bien aprovecharon su inversión a través de la comercialización
de su imagen.
Independientemente de los motivos religiosos de la cuarta presencia del Pontífice
peregrino en la nación, la gira no pudo mantenerse alejada del acontecer político y
menos ante un jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que
vestido con la solemnidad del caso formuló en el Museo de la Ciudad de México su más
amplio reconocimiento a la destacada participación de una larga lista de representantes
del credo católico en las más importantes etapas de la historia del país.
El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la
Revolución Democrática hizo especial hincapié al señalar que no podrá haber
tranquilidad ni verdadero progreso en el mundo, mientras las decisiones de los líderes
gubernamentales sólo contribuyan a continuar haciendo más ricos a los ricos a costa de
dejar más pobres a los pobres.
Cuauhtémoc Cárdenas fue muy claro también al destacar la
influencia de los clérigos en la defensa de los derechos de los indígenas y en su
despertar cívico.
Menos retórica política fue la del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien dijo
a Juan Pablo que el pueblo mexicano lo quiere, lo respeta y lo admira por traer siempre un
mensaje de paz, que es ideal supremo de la humanidad.
La gira pontificia coincidió con otros dos hechos políticos de
singular importancia, por una parte, en el ámbito nacional, con la sentencia por 50 años
de cárcel a Raúl Salinas de Gortari como coautor intelectual del asesinato de su ex
cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y en el plano estatal con los tan esperados cambios
en el gabinete del gobernador de la entidad, José Antonio González Curi.
En enroque entre el ahora procurador general de Justicia, Ricardo
Ocampo Fernández, y el hoy secretario de Gobierno, Carlos Felipe Ortega Rubio, se
consideró un hecho consumado desde que el Ejecutivo envió al Congreso y, éste aprobó,
la iniciativa para reducir el requisito de edad que la ley establece para ejercer el cargo
de procurador.
Tampoco hay sorpresas en los nombramientos de Ramón Méndez Lanz
como secretario de Pesca; de José Toledo Matus, en la Subsecretaría de Programación y
Control de la SEDESOL; de Enrique Rosado Méndez, en la Dirección de Autotransporte
Estatal, y de Carlos Maury Escalante, en la Dirección General del
CAPFCE.
Todos ellos azaristas puros.
Nada más un movimiento puede cernirse en mesa aparte y se trata
de Mario Rivas Preve, al frente de la Dirección de la Fundación Pablo García. |
