No. 93 del 25 de noviembre de 2000
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SEMARNAP, SOLITOS LO TOCAN
Y SOLITOS LO BAILAN
EL CABALLO DE TROYA YUCATECO CARLOS
RIHANI VALES, INSISTE QUE NO SE VIOLA NINGUNA LEY
Por Jhaqueline Euán Pérez
Nuevamente tomó fuerza el conflicto pesquero entre los pescadores de Celestún e Isla Arena, propiciada por el supuesto otorgamiento de 237 permisos a pescadores de Celestún para que capturen pulpo en territorio campechano, afectando de manera directa a los pescadores de Isla Arena.
El rechazo de la Secretaría de Pesca del Estado de Campeche,no se hizo esperar y difundió una información en la cual se acusa a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), directamente a Julia Carabias Lillo como titular de esta dependencia federal, de empeorar el conflicto entre los pescadores, por autorizar los permisos a los pescadores de Celestún.
El documento agrega que esto responde más al interés económico, que al ecológico, que se supone esta dependencia federal protege.
La información difundida por Sepesca cayó como bomba entre los principales protagonistas del conflicto, iniciado desde el mes de agosto y que por un tiempo pareció tranquilizarse luego de que los campechanos lograron que los yucatecos no pescaran el pulpo antes de las 16 millas de distancia de Isla Arena.
Pero la Semarnap inclinando su balanza hacia los yucatecos decidió otorgarles este permiso para que pesquen en costas campechanas.
Este permiso pasa por alto el Artículo Tercero del Acuerdo que establece un sistema general para la expedición de permisos de pesca comercial por pesquerías, que fue firmado por la entonces secretaria de Pesca, María de los Angeles Moreno Uriegas. Este acuerdo salió publicado en el Periódico Oficial de la Federación el primero de octubre de 1990.
Además del Secretario de Pesca, Ramón Méndez Lanz, se sumaron al rechazo de los permisos, el gobernador, Antonio González Curi; la presidenta municipal de Calkiní, Sonia Cuevas Kantún; los diputados de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD y PT; así como el senador priísta Víctor Méndez Lanz y el ex diputado local, el petista Raùl Quej Gonzàlez.
Por su parte el delegado en Campeche de la Semarnap, Carlos Rihani Váldez, quiene es de origen yucateco, y asegura que es primo del gobernador González Curi y cuñado de Emilio Gamboa Patrón, alega que no se viola ninguna ley, porque no se pueden establecer límites en el litoral, entre mexicanos.
El resultado de esta decisión "arbitraria", como consideran muchos, fue que el pasado sábado 18 de noviembre pescadores de Isla Arena detuvieron a 32 de Celestún y les decomisaron dos embarcaciones de mediana altura, cinco lanchas y 16 alijos, quemando prácticamente todo a cambio de su liberación.
Además los "permisos" otorgados por la Semarnap, así como los conflictos originados por los mismos, ocasionó que en la sesión del jueves 23 de noviembre, los diputados del Congreso del Estado, aprobaran por unanimidad, el acuerdo en el cual se rechaza la decisión tomada por la Semarnap, y se solicité a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Federación, investigue si en la entrega de permisos a pescadores de Celestún, Yucatán, se cometió algún tipo de irregularidad para favorecer a unos cuantos permisionarios yucatecos.
Contradicciones en las leyes del rubro pesquero
En 1990, con la finalidad de evitar los conflictos entre los pescadores ribereños de diversos estados con litoral marino, quienes peleaban porque podían pescar en cualquier parte, que no estuviera vedada, del litoral mexicano. Ocasionando conflictos entre entidades vecinas.
Se emite el acuerdo que entro en vigor el 2 de octubre de 1990, donde se establece claramente en el artículo tercero que "los permisos para embarcaciones menores sólo facultarán su operación en las aguas correspondientes al litoral de la Entidad Federativa en que se encuentre el domicilio del solicitante", está ley aplicada al caso de Campeche y Yucatán significa que los pescadores de pulpo, quienes utilizan embarcaciones menores, no pueden pescar en litoral que no corresponda a su Estado, por lo tanto ningún residente en Yucatán puede pescar el pulpo del litoral campechano y ningún residente en Campeche puede hacerlo en el litoral yucateco.
Es precisamente este acuerdo que ha originado el conflicto entre los habitantes de Isla Arena y Celestún, ya que los celestuneses no han cumplido con la normas, además de acuerdo con la Secretaria de Pesca, en sus pescas irregulares han sido respaldados por la Semarnap.
Dependencia que pese a las peleas violentas entre los pescadores, parece no darle tanta importancia, y prefiere considerarlo como un problema añejo, sin tratar de buscarle solución, en cambio sí lo empeoró al expedir permisos a los celestunenses para que pesquen en litoral campechano.
Pero, no sólo este artículo del acuerdo no se tomar e cuenta al espdir los permisos, sino también el documento oficial en el que el Instituto Nacional de Pesca, reitera que ningún aspecto de la Carta Nacional Pesquera esta sujeta a los interese personales, sino que sólo podrá ser modificado por unos cuantos particulares, sino que antes es necesario que lo dialoguen todos los sectores de la pesca, como de acuerdo con Martín Castillo Valenzuela, sucede ya esas embarcaciones pertenecen a los empresarios yucatecos Renán Solís y Leonel Rosado.
Ante este argumento el subsecretario de pesca de la Semarnap, Carlos Camacho Gaos en un comunicado de prensa señala que "la interpretación de que las aguas marinas son parte de la división política administrativa de las entidades federativas es absolutamente falsa, ya que la Constitución General de la República, en su artículo 27, dice que las aguas marinas son propiedad de la Nación. Por lo tanto, no se puede aducir que existan límites geográficos para los pescadores de cada entidad federativa".
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Ana María López Hernández, miembro de la Comisión de fomento y desarrollo pesquero, Martín Castillo Valenzuela, presidente de la fracción parlamentaria del PRD, afirman que aunque es válida esta justificación del funcionario de Semarnap, ya que la Constitución Mexicana es la máxima ley en México, el problema radica en que un funcionario público(Robles de Benito,delegado de la Semarnap en Yucatán) no tuvo la sensibilidad para percatarse de que una decisión de este tipo recrudecería los enfrentamientos entre los pescadores de Isla Arena y Celestún, teniendo los antecedentes de esta añeja disputa. Y es precisamente los conflictos que ocasionó la decisión, por lo que debe ser motivo de investigación o sanción si lo ameritan, coinciden.
Por su parte la presidenta de la fracción parlamentaria del PAN, Yolanda Valladares Valle dice que además de la Constitución se debe de tener en cuenta que existen otros acuerdos del ejecutivo donde se regula la pesca de ribera pues son acuerdos voluntarios entre ambas partes en donde no se está contraviniendo a ninguna disposición legal (como el de 1990).
Agrega que "de lo que se trata más bien es de una argucia legaoide que utiliza la Semarnap", por esto es necesario ver el fondo político de estas decisiones que afectan la "paz social en el estado de Campeche".
¿Fue legal el otorgamiento de permisos a los yucatecos?
Los presidente de las fracciones parlamentarias del PT, PRD y PAN, dijeron no haber visto aún los supuestos permisos otorgados por la Semarnap, es más, cabe la posibilidad de que los permisos no existan, en algún papel membretado o papelería oficial y solo sea de palabra y con esto gracias a una guerra de papel y tinta, desde los diarios, se viva en estos momentos un gravísimo problema.
El perredista Martín Castillo Valenzuela no descartó la posibilidad de que pueda haber un acto de corrupción por parte de la Semarnap porque "tenemos entendido que los permisos fueron otorgados por el delegado de Semarnap en Yucatán, para favorecer precisamente a permisionarios de Yucatán, y exclusivamente a los permisionaros de Celestún, para que pesquen en ese estado, pero también en aguas de Campeche."
Agregó que además cuando Campeche a solicitado permisos de pesca, siempre le han dado largas, en cambio a los yucatecos les aprobaron con gran rapidez los permisos.
Ademas dice que se ha comprobado que los yucatecos depredan las especies y los empresarios que reciben las concesiones, son sólo dos o tres, que representa un monopolio que también es un delito.
Estos argumentos, de comprobarse, serían válidos para pedir que se revoquen los permisos, si existen, de acuerdo con el señala la el artìculo 17 de la Ley Nacional de Pesca, "Procede la revocación de las concesiones, permisos o autorizaciones, cuando sus titulares: I. Afecten al ecosistema o lo pongan en riesgo inminente"
Ana María López Hernández del PT, señala que se está investigando si los permisos fueron legales o más bien acuerdos políticos, "ahí es donde veremos la corrupción de Julia Carabias, o si realmente se expidieron algunos permisos que puedan comprobar esta corrupción".
Menciona que un grupo de diputados de las diferentes fracciones se trasladaron al poblado de Isla Arena para conocer de viva voz de los habitantes y pescadores de ese lugar el problema que les aqueja, en respuesta a la invitación formulada por el diputado César Arcila Mézquita. Además se encargarían de reunir pruebas para comprobar de qué manera se dieron los permisos a los yucatecos, así como los problemas que se han suscitado entre los pescadores, "necesitamos actuar en base a la realidad, no ser protagonista de un problema y mucho menos vestirnos con un problema social".
Que determinará si se reúnen las pruebas suficientes para presentar denuncia de juicio político en contra de secretaria de la Semarnap, Julia Carabias Lillo; la petista anunció que los primeros resultados de la reunión de pruebas para acusar a Carabias Lillo, se podrían dar a conocer en la próxima sesión ordinaria que se efectuará el próximo martes 28 de noviembre.
Además señaló que de ser legítimos los permisos otorgados, de acuerdo con la Ley Nacional de Pesca, los pescadores, en este caso los de Celestún deberán portarlos en sus embarcaciones.
"Se supone que nos iban a conseguir una copia", comenta Yolanda Valladares Valle, al preguntarle si ha visto los permisos. Agrega que por eso una Comisión viajará a Isla Arena para recabar todas las evidencias necesarias antes de denunciar la posible realización de un delito, hasta ahora las únicas pruebas que tiene el Congreso del Estado es la inconformidad de los pescadores y el decomiso de las embarcaciones que fueron sorprendidas en tierras campechanas, quienes enseñaron unos supuestos permisos, pero la legitimidad del los documentos no está comprobada aún.
Por lo que la Comisión del Congreso va a tratar de investigar y llegar al fondo del asunto, "verificar sí realmente existen (los permisos)" y si están apegados a la normatividad.
¿Necesario legislar en materia pesquera?
Fernando Ortega Bernès, coordinador del grupo parlamentario del PRI; Yolanda
Valladares Valle, coordinadora del grupo parlamentario del PAN y Ana María López
Hernández, representante del PT, coinciden en que es necesario revisar la legislación en
el ramo pesquero y legislar al respecto.
El priìsta Fernando Ortega Bernés señala que en todo el país hay una petición común al gobierno federal, ya que es necesario revisar a fondo la legislación pesquera, para que los estados tomen mayores decisiones en este sector, ya que ellos están más cerca de las necesidades y problemas de la pesca.
Ortega Bernés dice que muchas veces las decisiones importantes se centralizan y se toman a miles de kilómetros de distancia del lugar donde se originan los problemas, provocando que estas sean equivocadas, como en el caso Celestún-Isla Arena.
Agrega que en las comunidades pesqueras de todo el país hay una petición muy sentida, para revisar a fondo la legislación en la materia, para que los estados asuman más competencia en en el rubrp pesquero, pero siempre con el respaldo de la Federación.
La panista Yolanda Valladares Valle, señala que los problemas que se han suscitado últimamente, como el de Isla Arena, ha influido para que la fracción parlamentaria del PAN esté convencida de que se necesita revisar a profundidad la legislación federal en materia pesquera y descentralizar los permisos de pesca ribereña.
Pero además, menciona, se necesita legislar a los estados y municipios, porque hay un complicado procedimiento que se le da a los decomisos de pesca ilegal. Los productos se mantiene en bodegas hasta por un tiempo de seis meses, provocando que se descomponga y desperdiciando alimentos que miles de campechanos requieren. "yo creo firmemente que se tiene que los legisladores federales y estatales deben de presentar alguna propuesta de iniciativa de ley para reformar la ley pesquera federal.
Además ejemplifica que no es sólo el conflicto en Isla Arena, ya que ha tenido conocimiento de que hay intromisión de pescadores tabasqueños en la región de Atasta, que de no prevenirse, podría originar un nuevo conflicto.
Ana María López Hernández del PT , dice que los diputados comparten la idea de revisar la legislación pesquera, que sean en beneficio de los pescadores y evite este tipo de conflictos.
Asimismo señaló que actualmente se está revisando con el jurídico la posibilidad de presentar propuestas de ley en este rubro ante el Congreso de la Unión. Dijo estar consciente de que legislar en materia pesquera es muy delicado tanto para los legisladores, los pescadores y principalmente para el Estado, tomando en cuenta que gran parte de la población campechana se dedica a esta actividad. "No podemos dejar pasar esto desapercibido, -la renovación en la legislación-".
Por último comentó que en 10 o 15 días, podrían presentarse la primera propuesta de ley en materia pesquera.
Por su parte para el líder de la fracción parlamentaria del PRD, el problema de Isla Arena
se debe solucionar en una mesa de diálogo, independientemente de lo que diga la ley, porque este es un mecanismo que utiliza la gente civilizada: conciliación, "el ponerse de acuerdo sin salirse de la ley es el mejor método para resolver problemas entre estados, no se olvide la tesis juarista: entre las naciones y los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz, si todos respetaran el derecho de los demás, inclusive los estados no habría este tipo de problemas".
"Ha hecho falta aplicar la ley", dice Castillo Valenzuela, porque de acuerdo con este diputado muchas leyes no se aplican, y la obligación de las autoridades es aplicarla.
Menciona que la fracción parlamentaria del PRD ha insistido en que las instituciones públicas no generen problemas, como lo ha hecho la Semarnap, al convertirse en parte de un conflicto.
"El problema de las dependencias y funcionarios públicos es que ellos deben de evitar al máximo convertirse en parte de los conflictos". Deben ser sólo mediadores y árbitros del problemas, pero en ningún momento deben tomar parte por alguno de los involucrados, alguien que evite no que genere conflictos.
Para este diputado la solución no está en crear nuevas leyes, sino en que los funcionarios implicados, los gobernadores de Campeche y Yucatán, se sienten a discutir el asunto para poder responder tanto a los intereses de Isla Arena, como a los intereses de Celestún, en un acuerdo civilizado, pero siempre en el cumplimiento de ley, "no se puede argumentar que estas cumpliendo la ley, y caiga quien caiga, este no es un asunto de legalidad, y justicia, sino de responsabilidad. Porque utilizan la ley juarista: justicia y gracia para los amigos y para los enemigos utilizan la ley a secas". Señala que es responsabilidad de todos los funcionarios, principalmente de la Semarnap, contribuir a resolver el conflicto.
LOS AFECTADOS
Así como los de Celestún fueron los más beneficiados con las decisiones tomadas por los permisos otorgados por Semarnap, los pescadores de Isla Arena fueron, definitiva y evidentemente, los más afectados, tomando en cuenta que los 300 habitantes de esta isla perteneciente al municipio de Calkiní, viven exclusivamente de la pesca de pulpo.
Los isleños tienen 21 permisos para pescar, que representan 228 lanchas. Con las que obtienen aproximadamente el 20 por ciento de la captura de pulpo en el Estado.
Hasta ahora 300 habitantes, que viven de la pesca en Isla Arena, ven amenazados su patrimonio, ante la decisión tomada por la Semarnap; por esto una comisión de pescadores, acompañados de la presidenta municipal de Calkiní viajaron a México, para dialogar con funcionarios de la Semarnap, con el objetivo de llegar a un acuerdo favorable, donde no se le de preferencia a los yucatecos.
Mientras tanto los diputados locales, coinciden en que este conflicto, también se ha matenido debido a la falta de leyes que eviten este tipo de situaciones, coincidiendo en que es necesario reformar las leyes federales de pesca.
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