UN VERANO DE VIOLENCIA Y CRIMEN
PREPARA LA OPOSICIÓN VENEZOLANA
La oposición venezolana, encabezada por
el líder de Un Nuevo Tiempo, excandidato presidencial y gobernador del estado
Zulia, Manuel Rosales, ha decidido iniciar una oleada de manifestaciones
masivas, cuidadosamente preparadas y financiadas, para agravar la situación
política y social de Venezuela mediante la violencia, incluso armada y hasta el
crimen político, a fin de precipitar una situación de ingobernabilidad, como
camino hacia la desestabilización.
Esta es la evaluación de analistas y
politólogos latinoamericanos, convocados por el Círculo Latinoamericano de
Estudios Internacionales (CLAEI), una organización privada, no lucrativa, de
análisis, reflexión, investigación e intercambio de información, con sede en la
ciudad de México.
La oposición venezolana actúa de común
acuerdo y con el respaldo de los exiliados antichavistas establecidos en Miami,
así como de algunas organizaciones no gubernamentales, que detrás de un
supuesto apoliticismo y una aparente vocación de defensa de la democracia y los
derechos humanos, forman parte de una estrategia diseñada y financiada por el
gobierno de Estados Unidos.
Al enarbolar la bandera de la defensa de
la democracia, la libertad de expresión y la propiedad privada, esperan llenar
las calles de las principales ciudades de Venezuela y, sobre todo, de Caracas,
de cada vez más personas dispuestas a dejarse seducir por planteamientos que si
bien son impecables en su formulación, esconden un designio intervencionista
que se basa en la intolerancia hacia vías políticas ajenas a las concepciones y
las exigencias geopolíticas y geoestratégicas de Washington.
Así, consideran los especialistas
consultados por el CLAEI, el pretexto ideal ha sido la decisión del gobierno
del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión al consorcio Radio
Caracas Televisión (RCTV), que ha sido presentada, dentro del país y en el
extranjero y particularmente ante los organismos internacionales vinculados con
los derechos humanos, como un ataque a la libertad de expresión, el
silenciamiento autoritario de una voz disidente.
La verdad, subrayan los expertos, es que
el gobierno venezolano procedió estrictamente conforme a derecho; no renovó una
concesión, de acuerdo con las facultades soberanas del Estado venezolano. Pero
no expropió las instalaciones del consorcio, ni le impide continuar sus
actividades por la televisión transmitida por cable o por la internet. La
verdad es que RCTV dista mucho de estar sometida, silenciada o avasallada: más
bien al contrario.
El propósito inmediato de esta campaña,
que, es preciso reiterarlo, no es venezolana en su origen, sino auspiciada por
intereses transnacionales, es presentar al gobierno de Chávez como represor,
autoritario y violador contumaz de los derechos humanos, a fin de que sea
objeto de aislamiento y de sanciones internacionales, tanto por organismos como
las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión
Europea, como por países individuales, a la cabeza de los cuales figuraría, por
supuesto, Estados Unidos.
Ciertamente, reflexionan los expertos
del CLAEI, la tentación de la unanimidad mediática es un riesgo que debe evitar
a toda costa el gobierno venezolano; pero lo peor es que la oposición
venezolana liderada por Rosales, ha decidido que para alcanzar una repercusión
amplia y decisiva en sus movilizaciones, es necesario recurrir a las
provocaciones, en forma de enfrentamientos violentos, incluso armados, con las
fuerzas policiacas y de seguridad.
Dentro de este esquema perverso, se
contempla incluso el asesinato de algún personaje destacado de la oposición,
como detonador de un estallido generalizado de indignación popular, que pueda
servir como cobertura para la acción de comandos paramilitares, cuyas acciones
tendrían que ser contenidas con el mayor rigor por las fuerzas del orden
–incluso las fuerzas armadas--; de lo cual derivaría la secuela inevitable de
arrestos masivos, posible ley marcial o estado de sitio y la denuncia del
gobierno de Chávez en todos los foros internacionales, mediante el incremento
paralelo de la estrategia mediática de desprestigio.
Ante este panorama, que los
especialistas del CLAEI consideran inminente, es preciso alertar a la opinión
pública internacional y convocar a las fuerzas verdaderamente democráticas,
para que alcen su voz, constituyan un amplio frente plural e impidan el logro
de los designios intervencionistas y hegemónicos de Estados Unidos y sus peones
venezolanos.
Autor: Luis Gutiérrez Esparza. México,
Distrito Federal.