Páginas de Historia
EL TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS ALTERNATIVA AL TLC
Por Raúl Espinosa Gamboa
* Una perspectiva para el desarrollo libre y democrático
El acuerdo suscrito por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Evo Morales, de Bolivia y Fidel Castro, de Cuba, en La Habana los días 28 y 29 de abril de 2006, representa una alternativa para los pueblos de América Latina y abre la posibilidad de establecer nuevos Tratados de Comercio entre los Pueblos justos ante los TLCs empobrecedores y saqueadores promovidos por el imperialismo y sus comparsas neoliberales.
Pero este acuerdo histórico, reviste tal importancia que anuncian nuevas movilizaciones, como las manifestaciones realizadas en diversos países con motivo del primero de mayo y la realizada en los Estados Unidos por inmigrantes, y la nacionalización del petróleo en Bolivia que anuncia la decisión de los pueblos por recuperar y controlar su riqueza básica y sus recursos naturales.
Esta nueva situación ya tiene sus primeros efectos que abren un panorama predecible que incluye una férrea lucha ideológica, donde las fuerzas de la derecha y los representantes del imperialismo, van a desarrollarla con mucho cuidado y sutileza para hacer que estas medidas patrióticas fracasen.
En esas condiciones, según trascendió en diferentes medios de comunicación "en Ecuador se inició este lunes una semana de protestas de grupos indígenas y movimientos sociales en contra de las pretensiones del Gobierno de negociar un nuevo contrato con la petrolera estadounidense Oxy.
El legislador Julio González advirtió que esta manifestación constituye la antesala del paro nacional convocado para el día 15 de mayo en contra de Palacio y sus intenciones de negociar lo imposible por ley: la caducidad del contrato de la empresa norteamericana.
Medios políticos denunciaron que el Ejecutivo nacional maniobra para no expulsar a esa compañía del Ecuador, debido a intensas presiones que ejerce la Casa Blanca".
Habrá que estar muy pendientes para no caer en trampas ideológicas, sin embargo esta lucha ideológica da sus primeras muestras y, en Uruguay, los integrantes del Frente Amplio (FA), partidos Socialista (PS) y Comunista (PCU) reiteraron "su rechazo a que esta nación establezca un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Recordaron que el Frente Amplio (FA), en el gobierno, habían expresado en el Congreso un fuerte rechazo al Área de Libre Comercio para las Américas y a establecer un TLC como los que EE.UU. promociona y pidieron que se entienda que ‘Uruguay busca en el mundo ampliar sus exportaciones, ya que eso ayudará también a mejorar la situación económica de este país’, pero mientras los países como Estados Unidos y otros mantengan sus subsidios directos e indirectos, que afecten las exportaciones uruguayas, no es aceptable el TLC, por lo que Uruguay la inserción internacional de esta nación, debe lograrse desde posiciones que no debiliten en forma alguna al MERCOSUR, y en ese sentido el Tratado de Comercio de los Pueblos, se reafirma la soberanía nacional, al no aceptar imposición alguna, como los casos de los TLC, que Washington promueve en la región".
Mientras en Costa Rica, al asumir el cargo presidencial por segunda ocasión el doctor Oscar Arias la población reiteraba el reclamo de "más empleos y seguridad, y disminuir el alto costo de la vida. Una encuesta nacional muestra a un país dividido en torno al controvertido Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA, en inglés).
Con esa iniciativa, congelada en el Congreso como consecuencia de las presiones de sectores sociales, el Tratado de Comercio de los Pueblos… podría significar una esperanza estabilizar la economía de Costa Rica. Empero para llevar a sus coterráneos al desarrollo, el Presidente electo apuesta a la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Por un comercio justo
De acuerdo con las tesis del Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP), este busca establecer un comercio justo entre los pueblos pues no resulta aceptable que "un grupo reducido de naciones poderosas le nieguen a los países pobres el derecho a diseñar sus propios modelos de desarrollo en función de sus necesidades internas, e intenten dictar una política económica ‘global’ que no solucionará nuestros problemas de desarrollo, como lo señalan los propios documentos del Banco Mundial". El TCP -propuesto por el presidente Evo Morales- "es una respuesta al agotamiento del modelo neoliberal, fundado en la desregulación, la privatización y la apertura indiscriminada de los mercados". Por eso, con sus nuevas luchas en América Latina los pueblos han comenzado a buscar los mecanismos para ser los artífices de su propio destino, y, en no pocos casos, están castigando en las urnas a los artífices de las políticas de entrega aplicadas durante los últimos 20 años.
La realidad de los países que firmaron el TLC con Estados Unidos está lejos de los cantos de sirena de los economistas neoliberales. México es una muestra de ello. Detrás del pretendido aumento en las exportaciones, los estudios muestran que "el TLC barrió con gran parte de la pequeña y mediana industria, que era la que generaba empleo formal; desarticuló las cadenas productivas existentes sin crear otras y fortaleció la desnacionalización del sector de la gran industria volcado a la exportación.
Para los expertos "quizás el resultado más nefasto de esta política de ‘liberalización comercial’ haya ocurrido en el campo". Algunos hablan de "la quiebra del campo mexicano. De ser autosuficiente y exportador de alimentos básicos, México pasó a importar el 40 por ciento de los granos y oleaginosas que consume: entre 1994 y 2000 incrementó 242 por ciento sus importaciones de arroz, 112 por ciento las de maíz, 84 por ciento las de trigo, 75 por ciento las de soya, 48 por ciento las de sorgo y en las de origen pecuario creció 247 por ciento la de carne de res. Por ello, en los últimos ocho años se perdieron un millón ochocientos mil empleos agrícolas y se disparó la migración rural, no sólo la de temporada dirigida a los campos irrigados, sino también la que marcha a las ciudades y sobre todo a Estados Unidos".
Ante esta situación el Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP) pretende "la integración comercial, la complementación, la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, la prosperidad y el respeto a la soberanía de los países; incorporar objetivos como son la reducción efectiva de la pobreza, la preservación de las comunidades indígenas y el respeto a la naturaleza".
En el proyecto del TCP "este entiende al comercio y la inversión no como fines en sí mismos sino como medios del desarrollo, por eso su objetivo no es la liberalización absoluta de los mercados y el ‘achicamiento’ del papel de los Estados sino el beneficio para los pueblos, de los pequeños productores, microempresarios, cooperativas y empresas comunitarias, facilitando el intercambio de mercancías con los mercados extranjeros, pues el TCP no está pensado para un pequeño grupo exportador, sino que se propone como parte de un nuevo modelo económico destinado a mejorar las condiciones de vida de los pueblos (ingresos, salud, educación, agua, cultura) y promover un desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y democrático que permita la participación consciente de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas. Si los TLCs se negocian en secreto el TCP debe ser parte de la activa participación y discusión por parte de los movimientos sociales que, a través de sus instrumentos políticos".
Para lograr el desarrollo, el bienestar, la paz y la democracia aseguran sus ideólogos, "el TCP quiere reconstruir el Estado, no destruirlo. La integración comercial promovida por los países centrales privilegian la ‘libertad de mercado’ frente a las funciones regulatorias de los Estados, y niegan a las naciones más débiles el derecho a proteger a sus sectores productivos. Los TLCs son como un ‘candado’ que nos impedirá salir del neoliberalismo y tomar medidas soberanas como la nacionalización de los hidrocarburos. Una de las cláusulas del ALCA y los TLCs establece que las controversias entre Estados y empresas se resolverán en tribunales arbitrales por encima de los Estados nacionales".
Pensando en el interés nacional, la propuesta de TCP "promueve un modelo de integración comercial entre los pueblos que limite y regule los derechos de los inversionistas extranjeros y las transnacionales para que estén en función del desarrollo productivo nacional. ‘Socios y no dueños, como lo ha señalado el presidente Evo Morales’. Por eso, parte de esta propuesta es incentivar acuerdos entre empresas públicas de los diferentes países para lograr su fortalecimiento mutuo".
Los tres países firmantes del primer TCP en América Latina acordaron que este "no prohíbe el uso de mecanismos para fomentar la industrialización ni impide proteger las áreas del mercado interno que sean necesarias para preservar a los sectores más vulnerables. Si los TLCs implican la muerte del campo frente a los productos subsidiados del Norte, el TCP promoverá la defensa de las economías campesinas y la soberanía alimentaria de nuestros países. El TCP reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias; a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional para evitar que su mercado doméstico sea inundado por excedentes de otros países; y a privilegiar el bien colectivo por sobre los derechos del agro- negocio a través del control de la oferta y la regulación de las importaciones.
Al mismo tiempo, el TCP considera que los servicios vitales dependen de empresas públicas como proveedoras exclusivas, reguladas por los Estados. La negociación de cualquier acuerdo de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos son bienes públicos que no pueden ser entregados al mercado. Por eso en el IV Foro del Agua, en México, la delegación boliviana defendió el acceso al agua como un derecho humano y no una cuestión meramente mercantil".
Por parte los mandatarios de los tres países firmantes del TPC en La Habana, dejaron claro que "los tratados comerciales diseñados en el Norte facilitan el desarrollo y la expansión del sistema capitalista a escala global que se fundamenta en la explotación ilimitada de los recursos naturales y humanos en la búsqueda constante del beneficio y la acumulación individual de riqueza, una visión que inevitablemente deriva en la degradación del medioambiente. La contaminación y depredación con el solo fin de obtener beneficios pone en riesgo la vida de los grupos humanos que conviven más estrechamente con la naturaleza, es decir las comunidades indígenas.
Los TLCs inducen a la fragmentación y posterior desaparición de las comunidades indígenas no sólo porque contribuyen a la destrucción de su hábitat sino también porque les empujan a una competencia descarnada y en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones del norte.
El TCP cuestiona la sostenibilidad de la teoría del ‘crecimiento económico’ y la cultura del derroche occidentales que miden el desarrollo económico de una nación según la capacidad de consumo de sus habitantes. Por ello plantea otra lógica de reracionamiento (sic) entre los seres humanos, es decir un modelo de convivencia distinto que no se asiente en la competencia y el afán de acumulación que aprovecha y explota al máximo la mano de obra y los recursos naturales.
Rescatando las premisas de la cultura indígena, el TCP postula la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la diversidad cultural frente a la monocultura y la uniformización del mercado que homogeneiza los patrones de consumo.
El TCP defiende la producción nacional. En la retórica neoliberal, lo más importante es el ahorro estatal a través de la libre competencia de los ofertantes de servicios y bienes. Sin embargo, este argumento no compensa de ninguna manera el impacto que tiene sobre la producción nacional la liberalización de las compras estatales a empresas extranjeras ni tampoco toma en cuenta los efectos multiplicadores de la inyección de recursos en la economía interna. Perseguir la eficiencia en el gasto fiscal para ahorrar unos cuantos millones no justifica la privación de aplicar un mecanismo de fomento de la economía nacional ampliamente explotado por los países industrializados.
De ahí que el TCP insta a los países participantes de un proceso de integración solidario a dar prioridad a las empresas nacionales como proveedoras exclusivas de los entes públicos. No hay que olvidar que en la mayoría de los países del mundo, y pese a su virtual desmantelamiento en los años recientes, los Estados nacionales son los principales compradores de bienes y servicios. Independientemente de los acuerdos, la propuesta boliviana establece listas de proveedores prioritarios, especialmente grupos étnicos, cooperativistas y empresas comunitarias, para evitar la competencia ruinosa e imposible con las poderosas transnacionales" concluyen en su declaración y acuerdo conjunto Evo Morales de Bolivia, Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba.
Con la propuesta de un Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), los tres países se proponen "alcanzar una verdadera integración que trascienda los campos comercial y económico -cuya filosofía es alcanzar el desarrollo endógeno justo y sustentable- en base a principios comunitarios que tenga en cuenta las diferencias nacionales respecto a población, superficie, producción, acceso a infraestructura y recursos e historia, en la línea de las dos propuestas de integración más avanzadas en este sentido como son la Alianza Social Continental (ASC) y la Alternativa Bolivariana para las Américas, más conocida como ALBA".
Es indudable que lo que propone el Tratado de Comercio de los Pueblos (TPC) debe ser difundido integro para mejor información de los pueblos de Nuestra América (como la llamaba José Martí) y del mundo entero, pero de eso hablaremos en otra oportunidad.