"SOMOS  IGUALES  SÓLO  SI  TENEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES"

 

La Constitución Política de Costa Rica, así como, diversos Tratados Internacionales, reconocen un conjunto de derechos  inherentes a todas las personas sin distingo de sexo, nacionalidad, lengua, raza o convicciones políticas o religiosas.

 

En la práctica, las personas que no son jóvenes, caucásicos, varones y sin discapacidad, se encuentran muchas veces en una condición desigual, que el Estado intenta disminuir con iniciativas como la promulgación  de la Ley 7600 de "Igualdad de Oportunidades",  para las personas con Discapacidad.

 

Andrea Vargas Carmiol, presenta Parálisis Cerebral Moderada, y  sus padres, se apersonaron a la escuela pública de San Blas de Moravia, para ver si los directores, autorizaban su matrícula en ese centro educativo.

 

No existían baños adaptados ni rampas de acceso, pero, si "le hacían el favor de aceptarla", se vería muy mal, si reclamaban mejores condiciones.

 

Al matricularse en el Liceo Laboratorio, solicitó que construyeran rampas no como una obligación legal, sino,  como un aspecto de sensibilidad.

 

"Tuve que acostumbrarme  a aguantarme los deseos de orinar, hasta que llegara a la casa, porque, los baños no eran adaptados", recuerda Andrea.

 

En su aula, tenía un compañero no oyente y tanto los profesores como los compañeros, los integraron  sin problemas.

 

Andrea ingresó a la Universidad de Costa Rica cuando la Ley 7600 era una realidad,  afirma, que esto, fue más duro para ella.

 

En la escuela y el colegio, sentía que la gente era muy buena al concederle la oportunidad de estudiar, por el contrario, en la universidad, luchaba por el cumplimiento de sus derechos, pero, la frustraba comprobar la resistencia que  ponían las autoridades.

 

En la Escuela de Lenguas Modernas, donde estudió inglés, no había ascensor y algunas lecciones eran en un segundo piso, la lucha era constante hasta lograr que las brindaran en la primera planta.

 

Durante dos años, (1998-2000), el único baño adaptado que podía utilizar, era  el de los varones.

 

Luego de graduarse, encontró que para trabajar, necesitaba transporte accesible, condición que, pese, a la obligatoriedad que tienen los empresarios de buses y taxis para adaptarlos, son escasas las unidades que cumplen con este requisito.

 

Además, el edificio debe ser accesible, lo que explica el bajo porcentaje de personas con discapacidad en edad laboral que cuentan con un trabajo remunerado.

 

¿QUÉ HACER PARA  QUE SE CUMPLA LA LEY  7600?

 

Para el Licenciado Otto Eduardo Lépiz, profesional de defensa  del área de Protección Especial de la Defensoría de los  Habitantes, es cada vez  más frecuente que las personas  con discapacidad, acudan a diversas Instancias a ejercer su derecho.

 

 Afirmó que, entre los mecanismos de mayor recurrencia, se encuentran: la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes y  las Contralorías de Servicios. Explicó que esos mecanismos de defensa de derechos, contrario a otros tipos de procesos judiciales o administrativos, no están sujetos a muchos requisitos, no se requiere la firma de un abogado, ni que se invoque las normas violadas, aunque, sí se requiere la descripción de la violación del derecho con claridad.

 

Andrea Vargas, prefiere que la opinión pública conozca la violación a los derechos de las personas con discapacidad, por eso, denuncia a los infractores por la prensa, porque, es más efectivo someterlos a la vergüenza pública, que "enfrascarse en largos procesos burocráticos", afirmó.

  Denunció que a un usuario de silla de ruedas, le hicieron un parte por estar en la calle, pues, las aceras no reunían condiciones para desplazarse por ellas.

Señaló, que los Moteles no son adaptados, porque, la sociedad concibe a éste segmento de la población, como seres "sin necesidades sexuales", y agregó, que no se puede hablar de igualdad, si  algunos no pueden abordar un bus o un taxi, si las iglesias no son accesibles, la sociedad los trata como seres diferentes e inferiores.

Cuenta, que se apersonó a un banco a realizar una transacción, y la cajera le preguntó que si venía por la pensión, lo que demuestra la falta de conocimiento de algunos funcionarios, respecto, a las personas con discapacidad.

     Pidió respeto para la población, que no hablen de ella como si no estuviera, escuchara, viera o sintiera.

 Exigió consideración a la privacidad, presentar una discapacidad, "no faculta a los demás para inmiscuirse en su vida", aclaró.

"Nosotros no tenemos derecho a equivocarnos, porque, la gente nos está viendo para  señalarnos, tampoco, podemos enojarnos, porque, piensan que es porque no camino. Yo me enojo, porque,  tengo carácter y me río, porque, tengo buen humor", concluyó.

 

Autor: Roberto Sancho Álvarez. San José, Costa Rica.

rsancho@ccss.sa.cr

 

 

 

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