MEDIOS, LEGISLACIÓN Y COYUNTURA POLÍTICA
Por Eduardo Ibarra Aguirre
eduardoibarra@prodigy.net.mx
Rezago histórico son las dos palabras que sintetizan el estado en que se encuentra la legislación mexicana en materia de medios de comunicación social.
Un monumento al atraso legislativo es la Ley de Imprenta que es previa al Constituyente de Querétaro, de enero-febrero de 1917. A dos años de convertirse en nonagenaria, la primera sigue rigiendo la relación entre los medios impresos, el Estado y la sociedad.
Se ignora olímpicamente que el telégrafo, el linotipo y la prensa plana con los que se manufacturaban si acaso una decena de diarios, desaparecieron con la informática, la digitalización, las rotativas de cabezas y servicios múltiples, y los consorcios que como dueños y a través de franquicias concentran a los principales diarios de los 352 que existen en la República. Un solo consorcio, la Organización Editorial Mexicana, de Mario Vázquez Raña, es hoy propietario de 59 diarios.
Sólo a título de ejemplo. Durante 34 meses mantuve la calidad de indiciado en la Procuraduría General de la República, por denuncia ministerial presentada por el procurador general de Justicia Militar Mario Guillermo Fromow García, quien actuaba por órdenes del general secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán.
El presunto ilícito fue la publicación de Las necesidades de un ombudsman militar en México, en el número 22 de la revista Forum, de octubre de 1993, de la autoría del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez. La responsabilidad que pretendían fincarme era no haber guardado el original mecanográfico. Finalmente mis persecutores fracasaron porque el Ministerio Público ordenó el no ejercicio de la acción penal. De ese tamaño es el desfasamiento de la Ley de Imprenta. En tiempos de la Internet ¿quién conserva originales escritos a máquina y quién utiliza ese artefacto en desuso?
A la vista no se observa a nadie, desde el presidente de la República, pasando por los partidos políticos, hasta los grupos parlamentarios y legisladores en lo individual que se interesen por la puesta al día de la Ley de Imprenta. Ignorar la existencia de nuevas realidades en el diarismo impreso es la conducta del Ejecutivo y del Legislativo. Mientras tanto, la censura y la autocensura resurgen como en los mejores tiempos del partido prácticamente único, como los denominara Carlos Salinas de Gortari, el genocida que circula libremente por todo el país.
Otro caso seguramente mucho más relevante es la Ley Federal de Radio y Televisión que es menos antigua porque data del 8 de enero de 1960. Es decir, tiene 45 años de vida, por lo menos en el papel. En el momento en que fue promulgada operaban 357 estaciones de radio y 20 canales de televisión, para atender a una población de 16 millones de habitantes de un México aún más rural que urbano.
Caso único en la aldea global
Nueve lustros después, en un México absolutamente urbano e industrial, la novena economía del mundo al decir de Vicente Fox Quesada y la número 12 para el Banco Mundial, existen 636 canales de televisión y mil 432 emisoras de radio, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para atender las necesidades de información, educación, cultura y entretenimiento de una población de 105 millones de habitantes; con modificaciones cualitativas en contenidos y tecnologías, que ha logrado consolidar un modelo altamente concentrador, mismo que permite que unos cuantos expresen e impongan a la mayoría sus puntos de vista y su muy parcial visión del país y del orbe. Además de que Televisa y Tv Azteca por la tarde-noche destruyen lo que la escuela pública y la privada construyen por la mañana-tarde.
Un duopolio televisivo, para decirlo en lenguaje elegante, es la columna vertebral del imponente mundo de la pantalla chica. La primera empresa, la de Emilio Azcárraga Jean, es el gigante más importante de habla hispana en la aldea global.
Entre ambas empresas dominan 90 por ciento de las concesiones del Estado en televisión. El 60 por ciento de las 468 estaciones de televisión concesionadas en todo el país, corresponden a Televisa. Y Tv Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, controla el 30 por ciento restante.
Del reparto publicitario, la otra gran parte del pastel, según el índice estadístico de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), las dos empresas se quedaron con 70 por ciento de la inversión publicitaria privada, que entre 2000 y 2001 ascendió a 23 mil 500 millones de pesos. Y según proyecciones del Instituto Federal Electoral (IFE), para 2006 pueden embolsarse entre 60 y 70 por ciento de los 2 mil 133.4 millones de pesos que destinará a prerrogativas ordinarias de los partidos.
Para diversos especialistas, entre ellos el senador Javier Corral Jurado, la concentración duopólica en materia de televisión es un fenómeno mexicano y único en el orbe.
El panorama es desolador y sin perspectivas favorables para los televidentes. Más aún si contemplamos que entre agosto y septiembre de 2004, sin mediar ninguna licitación o proceso público transparente, la SCT renovó 225 concesiones de Televisa y 169 de Tv Azteca, nada más ¡hasta el año 2021! Estos datos se desprenden del reporte de la dependencia federal sobre infraestructura de estaciones de televisión, citados por Jenaro Villamil en el semanario Proceso del 20 de diciembre de 2004.
Martha y Vicente, aliados privilegiados
Fue un espléndido regalo del presidente Fox Quesada, hecho a espaldas de la sociedad y el Estado. Por ello, no les falta razón a quienes lo denominan El soldado de la televisión. Atrás había quedado otro obsequio, en oro, conocido como el decretazo del 10 de octubre de 2002, que fue negociado a horas de la madrugada en el hotel Camino Real, ubicado en Mariano Escobedo, en el Distrito Federal, por Martha –con h porque así lo registra su acta de nacimiento– Sahagún Jiménez, usurpando funciones de secretaria de Gobernación, con los tiburones de la CIRT, y que redujo del 12.5 al 1.5 por ciento el tiempo de transmisión que por ley debían entregar las televisoras y las radiodifusoras al gobierno. Ello les significó un ahorro de 13 mil millones de pesos anuales.
Simultáneamente, la tercera semana de diciembre del año pasado quedó suspendido en la Cámara de Senadores el dictamen de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión que propone acotar el amplio margen de discrecionalidad del gobierno en el otorgamiento y renovación de las concesiones, limitar a 35 por ciento el control de una sola plaza, abrir el espectro a nuevas frecuencias, acabar con la ambigüedad de las reglas y establecer mecanismos ciudadanos colegiados de supervisión.
De esta manera, la telecracia se fortalece más todavía como uno de los poderes fácticos por excelencia. Ésos que no registra su existencia la Constitución, ni ley ni reglamento alguno, pero que a la hora de tomar decisiones sobre políticas y programas públicos influyen tanto o más que los órganos legalmente constituidos.
Si Emilio Azcárraga Milmo, el mal afamado Tigre, con cierta humildad y cinismo a la vez, había proclamado su condición de soldado del PRI, su heredero, Emilio Azcárraga Jean, descubrió en unos cuantos años los caminos para mutarse a general de división y con mando de tropa.
Ningún presidente de la República había cuidado tanto y multiplicado con tanta eficacia los estrechos intereses mercantiles de la telecracia. Producto de ella, finalmente Vicente Fox hizo honor a su origen y pagó muy caros, con recursos que pertenecen a la nación, los servicios que le prestaron durante la campaña presidencial.
La propuesta original de dictamen sobre la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión consensuada entre académicos, legisladores, periodistas y organismos diversos de la sociedad, permanecerá durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Senadores.
Pareciera que a muy pocos mexicanos interesa la puesta al día de una legislación para que privilegie los intereses de la sociedad, es decir los nacionales, por encima de los muy estrechos del duopolio televisivo y un oligopolio radiofónico en el que nueve familias poseen 76 por ciento de las concesiones.
De rodillas, la clase política
Sin ánimo de exagerar: en Xicoténcatl, la sede deliberativa del Senado, se cuidan tanto aquellos intereses minoritarios que no pocos participantes en el debate y en la elaboración de la propuesta de dictamen original, denuncian que ya se preparó otro que significaría un retroceso mayor respecto a la ley en vigor.
Frente a tal expectativa optan porque que las cosas permanezcan como están desde 1960.
Los intereses mercantiles que en una empresa de radio y televisión se le atribuyen a Emilio Gamboa Patrón lo convierten en un formidable aliado del retroceso legislativo. Los presuntos compromisos atribuidos al fracasado aspirante a candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, Enrique Jackson Ramírez, explicarían también el estado de congelamiento que guarda el dictamen original.
Y qué decir de lo que aún es nota diaria: las concesiones otorgadas por Santiago Creel Miranda a Televisa sobre todo, pero también a Tv Azteca de Yucatán, para abrir casas de juego y apuestas a cambio de respaldo publicitario en la batalla por abanderar a Acción Nacional en la búsqueda de sustituir en las cabañitas a la autodenominada pareja presidencial, aliada privilegiada de la telecracia.
Como fuere, en tiempos de puja por la candidatura partidista, ahora, y enseguida por la silla presidencial, difícilmente encontraremos políticos dispuestos a impulsar por la vía de los senadores de su partido, la iniciativa original y el dictamen de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
La clase política en su conjunto, con dignas excepciones que confirman la regla, está a merced del duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico.
Ambos se disponen a disputarse el botín que representan las prerrogativas que otorga a los partidos el IFE. Televisa y Tv Azteca van por la mayor parte del pastel electoral. Con las tarifas de publicidad más altas de la casa, trabajarán para lavarles la imagen a los candidatos presidenciales, a jefe de Gobierno del Distrito Federal, a ocupar un escaño en las cámaras de Diputados y Senadores, así como a asambleístas.
Es un lavado de la imagen que primero ensuciaron en forma interesada, frívola e incurriendo con frecuencia en falsedad y difamación.
Excelente negocio: primero difaman, después difunden la mejor imagen posible pero bajo tarifas publicitarias que nadie regula y que arbitrariamente establecen los amos y señores de la telecracia.
Sin embargo, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental hizo posible, un cuarto de siglo después, la reglamentación del vital derecho a la información. Es una conquista sin duda perfectible, en la medida en que, como sucede con todos los derechos, la ciudadanía los socialice con su ejercicio cotidiano. Pero este avance palidece frente al rezago histórico que guarda toda la legislación en materia de medios de comunicación.
El brutal desfasamiento entre el México real y el México formal se muestra en toda su magnitud con el statu quo comunicacional.