Hoy muchas voces hablan de un gobierno de los jueces y es que entre tanto vacío legal y controversias constitucionales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un papel cada vez más protagónico. Al ser el arbitro en las tensas relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo pareciera el poder supremo, haciendo honor a su nombre.

Entre otras cosas los 11 ministros de la SCJN tienen la función de interpretar la Constitución y sus decisiones en muchas ocasiones han sido más que controvertidas. Así mismo sus jurisprudencias funcionan de facto como leyes. Personajes como el exgobernador Ricardo Monreal Ávila y el senador César Jáuregui han advertido sobre el riesgo.

Por su parte, el doctor Jaime Cárdenas Gracia explica que el "gobierno de los jueces" es un fenómeno mundial y que en otros países existen los tribunales constitucionales que vigilan a los tres poderes, pues no forman parte del Poder Judicial.

De acuerdo con el jurista, en el sistema actual donde el presidente de la República no cuenta con mayoría en el Congreso, por lo cual la SCJN tiene un papel cada vez más protagónico; pues es quien revisa los conflictos no sólo entre poderes sino también entre los tres niveles de gobierno.

"Es un poder muy grande, antes era muy fácil en México cambiar el sistema, en la época hegemónica del PRI (Partido Revolucionario Institucional), haciendo reformas a la Constitución. En el futuro va a ser cada vez más difícil hacer reformas constitucionales, porque el presidente no va a tener las mayorías en el Congreso. La tentación va estar de parte de la Corte que va intentar mediante su interpretación redefinir los significados de la Constitución".

El exconsejero electoral e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), manifiesta su desconfianza en quienes integran este supremo poder: "Estamos a merced de 11 personas que fueron designadas, no democráticamente, sino cupularmente, casi todas ellas conservadoras, cercanas al statu quo".

Cabe mencionar que los magistrados son elegidos por el Senado de una terna propuesta por el presidente, y Jaime Cárdenas comenta: "Uno no votó por ellos, los designaron en acuerdos cupulares: ‘Jackson te toca uno’, ‘Diego te toca otro’. ¡Así los nombran! El perfil de los actuales ministros es en general, salvo dos o tres, muy conservador, gente vinculada al PRI o al PAN (Partido Acción Nacional) no es un Poder Judicial dinámico o activista". Refiere que el yerno de Enrique Jackson Ramírez es el director de Adquisiciones del Consejo de la Judicatura, o sea: quien controla las compras del Poder Judicial.

De acuerdo al jurista el sistema constitucional se basa en principios, normas abiertas sujetas a la interpretación de la Corte. ¿Cuál es el límite de esa interpretación? Es la pregunta que me desconcierta y la respuesta del especialista no cambia las cosas: "No hay ninguna teoría que nos diga cuál es el límite. Hay tribunales constitucionales en el mundo muy poderosos: el alemán, por ejemplo, cuando resuelve le dice al Parlamento ‘esto que aprobaste es nulo porque es anticonstitucional, pero además te quiero decir que cuando vuelvas a legislar tienes que hacer así la ley, porque si no la haces así cuando regrese aquí te la voy a declarar anticonstitucional’".

El también autor de La argumentación como derecho, nos explica como la ley puede ser laxa, pues una misma palabra encuentra diferentes significados, aun en aspectos tan básicos como la gratuidad de la educación que para un ministro podría ser simplemente no cobrar cuotas o colegiaturas, mientras otro lo podría llevar al extremo de que el Estado a partir de este precepto debe dotar de libros gratuitos incluso de computadoras a los estudiantes de todos los niveles educativos.

¿Nos da un ejemplo sobre cómo se pueden interpretar las leyes?

—Cuando el tribunal electoral les dijo a los banqueros que el IFE (Instituto Federal Electoral) podía pedir la información bancaria y fiscal, los banqueros decían que no se la daban porque el IFE no estaba contemplado dentro de la ley entre las autoridades que podían pedir dicha información. El Trife (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) le dio significados distintos a las palabras. El IFE es una autoridad electoral, pero entonces dijo el tribunal: ‘¡ah! pero cuando está fiscalizando partidos aunque sea una autoridad en lugar de volverse una autoridad electoral se transforma en una autoridad fiscalizadora y hacendaria, entonces queda en el tipo de autoridades que podía acceder a esa información que tenía los bancos’. Era una forma de que nos dieran la información. Los magistrados se quedaron convencidos de que el IFE tenia que acceder a esta información y le anduvieron buscando por dónde, cómo"

¿Torcieron la ley?

—Le dieron un significado a las palabras para que el IFE pudiera acceder a esa información.

¿Y esa capacidad de interpretar las leyes no puede generar abusos?

—Hay de abusos a abusos. Si el Poder Judicial empieza a restringir los derechos o la democracia desde luego que no van a acabar bien los ministros, los van a echar a todos; pero sí el Poder Judicial abusa ampliando los derechos de los ciudadanos, las formas democráticas, ahí los políticos se van a preocupar mucho porque van a tener una gran legitimidad con los ciudadanos, un Poder Judicial abierto que protege los derechos. Claro eso no ha ocurrido todavía en México, porque es un poder todavía muy conservador".

Considera que la SCJN podría convertirse en un promotor del sistema democrático y maximizador de los derechos humanos y en el peor enemigo de los políticos rechazando leyes como el aumento al Impuesto al Valor Agregado por inequitativo. Le planteo el riesgo de que entonces sí les hagan juicio político y los echen, ante lo cual refuta:

"Es verdad que los pueden sacar, pero a veces son tan legítimos socialmente que los políticos tienen problemas para correrlos. En Colombia hay la Corte Constitucional que ha tomado este papel de protagonismo social de defensa de los derechos, y los políticos tradicionales no saben qué hacer porque cada fallo la gente lo aplaude".

Al calificar a nuestros magistrados los considera un poder opaco, demasiado comprometido con intereses políticos y económicos. Recuerda que han tenido etapas obscuras como cuando hicieron legal el cobro de intereses sobre intereses, contraviniendo a la misma Constitución; con la ley indígena, el IPAB, a la Auditoria Superior de la Federación le dijeron que sus recomendaciones no son obligatorias y han limitado la autonomía municipal".

Propone que los magistrados deberían ser elegidos democráticamente a partir de una consulta pública; o por lo menos ir sustituyendo a los que se van retirando por quienes tengan ideas a favor de la gente. Incluso como otra alternativa plantea la posibilidad de crear el tribunal constitucional. También habla de la necesidad de mayor transparencia en el Poder Judicial y crear mecanismos de control ciudadano.

Por su parte Federico Barbosa Gutiérrez, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, discrepa con el término "gobierno de jueces" el cual considera una exageración y afirma que la SCJN no está invadiendo los terrenos del Legislativo: "En el gobierno mexicano está muy clara la división de los tres poderes, no significa que los poderes estén divididos, sino que es la manera de organizar el gobierno, entonces cada uno de los tres poderes tiene su función debidamente determinada por la Constitución".

Explica los motivos por los cuales intervienen los magistrados, por ejemplo en las controversias constitucionales: la Corte lo que hace es interpretar lo que el legislador quiso decir y no lo dijo con claridad, entonces tiene que ir a la exposición de motivos, se rigen por principios, no está legislando sino que está interpretando".

Le comento sobre jurisprudencias de gran peso como la de que los tratados internacionales están por arriba de las leyes federales y pregunto sino no están supliendo la labor legislativa, ante lo cual el legislador reconoce que se da por la ausencia de alguna ley: "Si no fuimos capaces los diputados de prever, sí es responsabilidad del Poder Legislativo aclarar, legislar, adicionar, por eso ves que hay muchas propuestas para reformar nuestras leyes, se están retomando día a día. Los jueces cumplen con su función de proteger las garantías de los ciudadanos".

Acota sobre las jurisprudencias que suelen suplir a las leyes: "Si son buenas y nuestra ley está mal, tendríamos que reformar nuestra legislación para que fueran las nuevas reglas del juego. Si son decisiones de los jueces malas, que vulneren las leyes, nosotros tendríamos que legislar para reafirmar y que no haya dudas de que el juez lo interprete de una manera o de otra".

Si la Corte abusa de su poder y a la hora de las votaciones la mayoría va en contra de la ley ¿qué podemos hacer?

—¡Ni hablar! Es por mayoría y ellos serán responsables ante la historia y si realmente los seis o más incurrieron en desacato a la ley que sea notoria, que tengamos elementos, se puede formular el juicio político. La Cámara de Diputados como un instrumento, como un arma de la democracia, está abierta a recibir las acusaciones del ciudadano que se sienta afectado para formular el juicio político a los ministros".

Cuando impusieron eso de cobrar intereses sobre intereses, el anatocismo, muchos nos vimos afectados y no pasó nada.

—Entonces ya hay consentimiento de la ciudadanía, de los partidos, de todos los que tienen facultades para formular una denuncia o juicio político, la ley dice que un ciudadano puede presentar la denuncia o la demanda de juicio político.

Cabe mencionar que en aquel como en muchos otros casos, si hubo la solicitud de juicio político contra el entonces presidente de la SCJN, Vicente Aguinaco, por la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca pero no procedió; en aquel entonces se presentaron incluso grabaciones telefónicas donde se demostraba el tráfico de influencias. No obstante es importante recalcar que los hechos sucedieron en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero dejan una muestra de hasta dónde se puede llegar.

El legislador lanza un compromiso: "A mí un ciudadano viene y me dice ‘diputado yo fui agredido así y fui violentado, mi patrimonio, mi familia, mi honorabilidad fue pisoteada porque así lo dijeron los ministros’; entonces aquí tendremos que analizar no solamente uno, aquí somos 500 diputados y si la mayoría dice que no violaron la ley, ¡ni hablar! Es la última instancia".

Jaime Cárdenas descarta la posibilidad de que los diputados del PRI y PAN se pongan de acuerdo para aplicar juicio político a los magistrados. Y cuando le menciono las declaraciones del legislador comenta: "¡No les hacen nada!".

Actualmente hay una solicitud de juicio político contra nueve ministros de la Suprema Corte, elaborada por el abogado Jorge Humberto Pazos, misma que fue interpuesta desde el pasado 8 de abril y aunque se debió dar paso a ella en 30 días hábiles el asunto sigue congelado.

Infringieron el principio de cosa juzgada por lo que según el litigante incurrieron en delitos tipificados en el Código Penal Federal y dan lugar a que se promueva un juicio de declaración de procedencia, entrando en las causas establecidas por el artículo 108 y subsiguiente constitucionales.

Los ministros violan el artículo 105 de la Ley de Amparo y dicen que el principio de cosa juzgada ha dejado de tener vigencia y que ellos pueden modificar las sentencias y los procedimientos que se siguieron por las instancias inferiores.

Esta acción se encuadra dentro del articulo 225 del Código Penal Federal, pues a sabiendas de que estaban incurriendo en una resolución ilícita, ejecutaron actos e incurrieron en omisiones que producen daños.

Asegura que no fue por ineptitud, pues son peritos en leyes, sino más bien los ministros creen que pueden modificar las leyes si eso conviene a los fines jurídico-políticos del país. "Creen que la ley puede ser superada por ellos mismos".

Incluso Jorge Humberto Pazos afirma que la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados, también incurre en irregularidades a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos al congelar el proyecto. Refiere que incluso entre las trabas le dijeron que él no había acreditado su nacionalidad mexicana (lo es de nacimiento), aunque había presentado su credencial de elector, por lo que luego llevó acta de nacimiento y pasaporte.

Entre los que han entorpecido el proceso menciona a los diputados Julián Angulo (panista) y Rebeca Godínez (priísta). Cabe mencionar que ambos han estado metidos en cuestiones de juicio político; el primero cuando era coordinador de la bancada priísta del estado de México, buscaron desaforarlo por presunta desviación de recursos cuando era alcalde de Cuautitlán Izcalli. Por su parte, la legisladora es recordada como la principal promotora del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Buscamos a ambos diputados para conocer su opinión de los hechos y sin embargo al cierre de la edición no habían respondido a nuestras llamadas.

De acuerdo con Jorge Humberto Pazos los diputados también podrían hacerse acreedores a juicio político por no cumplir con la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, mas si lo hiciera, ellos mismos recibirían el caso. Reitera que los juicios políticos son eso: políticos, y no impera la ley.

Asegura tener pruebas de que los ministros hicieron suyo un documento del presidente Vicente Fox, suscrito por el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, en el que hacen sugerencias a la Corte y ésta accede al pedimento. "Son 11 individuos que fueron promovidos por el presidente y gozan de su simpatía".

Considera que se aplicó el concepto justicia y gracia, es decir: para los amigos justicia y gracia, para los demás justicia a secas, al modificar la sentencia de un tribunal colegiado. Los hechos, según nos refiere el jurista, son que en un juicio de hace 50 años se falló a favor de Parque Conmemorativo (su cliente) una indemnización por 50 hectáreas expropiadas cercanas al Hipódromo de las Américas, la suma nunca fue pagada y al presente año era ya de alrededor de 1.500 millones de pesos y la Corte la redujo a 60 millones.

Los hechos son que independientemente de sí era una suma muy grande, los jueces supremos violaron un principio básico que es el de cosa juzgada, y a partir del precedente, podría llegar a otros ámbitos y juzgar a una persona nuevamente ya declarada inocente.

Hay un tribunal que hemos constituido como supremo pero la pregunta es ¿ellos a quién le rinden cuentas?