(por ARSEC ASOCIACION RAMON SANTOS DE ESTUDIOS SOBRE EL CANNABIS)
Hace miles de años que la Humanidad y el cannabis iniciaron una andadura común. Presente desde entonces en fiestas, ceremonias y en todas las farmacopeas, esta simbiosis ha significado a lo largo de la historia un bello y vivo ejemplo de interacción entre humanidad y medio ambiente. El viaje idílico se vio bruscamente interrumpido por la acción combinada de los intereses de la incipiente industria de las fibras artificiales y el nuevo poder farmacrático. Esta alianza basó su éxito en la actitud colaboracionista del gobierno de los EE.UU. mediante la criminalización de los consumidores de cannabis y el fortalecimiento de la ignorancia entorno de dicha sustancia y sus derivados. El resultado de esta cruzada fue la promulgación, en 1939, de la prohibición. Cerca de sesenta años después queremos llamar la atención de la sociedad española y de los poderes públicos acerca del fracaso que ha cosechado la acentuación de la política represiva en materia de drogadicción; a saber:l.– Ante todo no se han logrado las metas supuestamente perseguidas: erradicar o disminuir el tráfico y consumo de sustancias prohibidas.
2.– Simultánea y principalmente, la droga se ha convertido en un producto muy caro, dado los elevados beneficios que retribuyen los riesgos de traficar con un producto tan perseguido. Esto ha originado, en primer lugar, la aparición de poderosas mafias con un poder económico sin parangón en la historia y que en sus niveles medios eluden fácilmente la persecución penal. En segundo lugar, causa o agrava la marginación social de una buena parte de los consumidores que no poseen los medios necesarios para adquirir la droga. La criminalización de la droga se ha convertido en un sinfín de miserias humanas cuyo origen hay que buscarlo más en los despachos de altísimo nivel que entre los cocaleros de Bolivia.
3.– Consecuentemente, los recursos del sistema judicial-penal se ven desbordados por la criminalidad vinculada al tráfico de drogas, a la vez que el aumento de la población reclusa empeora las condiciones de habitabilidad de las prisiones y refuerza las mafias carcelarias conectadas al suministro de drogas a los internos.
4.– Las negativas repercusiones sobre la población en general y los consumidores de cannabis en particular son evidentes. Padecemos medidas indiscriminadas de control; medidas poco respetuosas con los principios de un estado de derecho, como las redadas masivas, los reconocimientos anales y vaginales o la multa administrativa por tenencia para consumo personal claramente contradictoria con el Código Penal y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. En el caso del cannabis, esta vulneración del principio de proporcionalidad de la pena encubre bajo el manto de delitos de peligro abstracto, nuevas conductas de desobediencia formal, con o sin mínima posibilidad de lesionar realmente algún bien jurídico, como justifican las conclusiones de todos los estudios gubernamentales realizados hasta la fecha sobre el cannabis por los gobiernos de Gran Bretaña, India, Canadá, EE.UU., Jamaica y Costa Rica:
a.-El consumo de cannabis no es perjudicial para la persona.
b.-El consumo de cannabis no es perjudicial para la sociedad.
c.-Las medidas represoras extremas no están justificadas, siendo la prohibición responsable de todos los problemas asociados a la drogadicción.
Es preciso un análisis normalizado de las conductas relacionadas con el consumo de cannabis que lleve a su tratamiento en consonancia con los principios jurídicos respecto de comportamientos similares. Por ejemplo, la legislación sobre el juego respecto de los jugadores y los efectos del juego...
Nadie duda que debería existir un estricto control administrativo de producción y venta, a semejanza de lo que sucede con los productos alimenticios o los medicamentos. Adoptada una despenalización semejante o basada en la autoproducción para el consumo personal, cosa a todas luces factible en el caso del cannabis, parece lógico pensar que se produciría una notable disminución del tráfico ilícito. El margen de beneficios de este tráfico sería mucho menor, en base al bajísimo coste de producción del cannabis (2.000 pesetas año/fumador a precio de coste); en cualquier caso, sus persistentes comportamientos ilícitos deberían tratarse en el marco de los delitos contra el orden socio-económico. Su baja o nula toxicidad, junto a sus peculiaridades farmacológicas y neurológicas – relacionadas con el neurotransmisor Anandamida – hacen de su utilización médica un potente remedio contra un gran número de enfermedades. No habiéndose producido jamás un solo caso de muerte relacionado con su uso o abuso (no existe dosis letal), ha provocado la reclamación del fin de su prohibición por numerosos colegios y agrupaciones de médicos, insistiendo en el absurdo que supone que tantos enfermos no puedan beneficiarse de sus efectos benéficos a causa de su antinatural prohibición. ¿Puede una sustancia ser considerada medicina si la prescribe un médico y droga nociva si es comprada en la calle?...
Parafraseando a Thomas Szasz, podemos decir que proporcionarse a uno mismo una sustancia controlada es un crimen, recibirla de un médico es un tratamiento. En realidad no hay sustancias controladas sino personas controladas.
Coartada y represión
La dimensión internacional es básica para la efectividad de estas propuestas. Las esferas oficiales españolas deben, sin embargo, dejar de utilizar este hecho como una coartada: en el plano nacional rechazan entrar en debates de política criminal, alegando que este debe situarse a un nivel supranacional. Simultáneamente, cuando acuden a los foros internacionales correspondientes, los representantes oficiales españoles adoptan actitudes claramente promotoras de la represión o, cuando menos, tendentes a rehuir el debate y absolutamente abiertas a las nuevas propuestas endurecedoras de la punición.
Por todo ello, la Asociación Ramon Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC) y las organizaciones antiprohibicionistas y luchadoras por la despenalización del cannabis, instamos a los poderes públicos a que fomenten abiertamente un debate en la sociedad española aceptando los términos y las proposiciones resultantes del Primer Encuentro Nacional de Organizaciones para la Normalización del Cannabis, abandonando actitudes de descalificación hacia la alternativa despenalizadora, y que hagan llegar nuestras inquietudes a instancias oficiales internacionales. Del mismo modo, los firmantes de las conclusiones del Encuentro se comprometen a aunar esfuerzos de cara a concretar progresivamente la alternativa esbozada.
Acabar con el experimento
La protección de la salud a que se aspira con la prohibición resulta notablemente distorsionada. En primer lugar porque, a diferencia de lo habitual en nuestra sociedad entre ciudadanos adultos, no se respeta el principio de que la salud sólo puede ser protegida con el consentimiento de la persona afectada. En segundo lugar, porque es precisamente la prohibición la que al imposibilitar el control estatal sobre la producción y venta, convierte la droga en un producto de escasa calidad o de una calidad imposible de conocer por el consumidor. La actual política represiva tiene efectos nefastos sobre los imprescindibles esfuerzos dirigidos a la prevención, entendida como la promoción de actitudes vitales basadas en la autonomía y responsabilidad personales. Por una parte fomenta la integración del consumo de cannabis (u otras drogas) entre las pautas propias de una conducta rebelde, con la consiguiente atracción sobre la juventud. Por otra, permite eludir las responsabilidades de la propia sociedad sobre el citado fenómeno, dejándolo todo en manos de los órganos represivos. Ante esta situación, creemos que es hora de frenar la tendencia hacia el aumento de la represión, dando fin al experimento prohibicionista.
*Artículo extraido de la revista " ESPECIAL AJOBLANCO MARIHUANA"
© amaneceRRojo 1998