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¿Miopía o descaro de la dirigencia política tradicional?

Ante las embestidas del IGP, el presidente Duhalde vuelve a hacer lo que viene haciendo desde que se instaló en la Casa Rosada por decisión no del sufragio popular sino del Congreso más desacreditado de toda la historia argentina. El presidente Duhalde cede ante cada una de las presiones que recibe.

¿Y esta vez cómo no iba a ceder si las presiones provienen de sus mandantes primarios, del riñón mismo de las corporaciones financieras globalizadas que se expresan a través de la Casa Blanca y del FMI?

Las encuestas privadas y oficiales coinciden en destacar que los integrantes actuales de la Corte Suprema de Justicia son repudiados por más del 90 por ciento de la población. El mismo gobierno se comprometió en favor del juicio político que una comisión parlamentaria intenta llevar adelante contra los jueces supremos.

Sin embargo, después de los reclamos "diplomáticos" sobre "seguridad jurídica", Duhalde dio marcha atrás y trata de frenar el juicio a los nueve magistrados que la población considera como responsables y cómplices de las políticas que dejaron al país en el estado en que se encuentra y de escandalosos casos de corrupción.

A pedido de Estados Unidos y de España, que ven en esa Corte una garantía de salvación para sus banqueros y empresarios, ahora el gobierno ya no quiere un juicio político sino que impulsa la renuncia voluntaria de algunos de sus nueve miembros más desacreditados. En otras palabras, apuesta a una operación de maquillaje para que todo quede como está.

En esta Argentina convertida en escenario experimental del IGP nada puede sorprender, sobre todo si de defensas corporativas se trata. Desde algunos sectores supuestamente "progresistas" -periodísticos y políticos- hace varias semanas que se venía alentando la idea de que en la Corte Suprema no todos son "malos", que algunos magistrados son dignos de defensa, aunque hayan integrado durante una década un máximo tribunal sumiso a los intereses del gobierno y de los intereses del corporativismo global financiero.

Esas maniobras del seudoprogresismo argentino fueron alentadas por la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, la misma embajada que no disimuló sus gestiones en favor del ex ministro Cavallo cuando comenzaron a correr los rumores que la justicia estaba por involucrarlo, junto a su amigo Mulford, en uno de los casos más grandes de estafa que sufrió la economía argentina.

Ese mismo costado "progresista" de la corporación política -anudada en intereses con la corporación periodística, a la cual nos referiremos en un próximo artículo- es el que debería explicar cómo uno de sus númenes jurídicos, el abogado de origen argentino Enrique Bacigalupo, miembro del Tribunal Supremo de España, hace más de una década que cobra una pensión de privilegio en Argentina gracias a su efímero paso de dos meses por la administración de Héctor Cámpora, en 1973.

En el Tribunal Supremo de España, Bacigalupo fue al PSOE de Felipe González lo que los desacreditados jueces de la Corte Suprema argentina fueron al gobierno de Carlos Menem. Ambas altas magistraturas avalaron el proceso de corruptela generalizada que le permitió a las empresas españolas adquirir buena parte de las empresas de servicios públicos y petroleras de Argentina, por no recordar que fue Bacigalupo quien se encargó de proteger a Felipe González en el caso de represión ilegal de "los GAL".

El caso fue revelado por el periodista Juan Irigaray, corresponsal en Buenos Aires del diario español El Mundo, lo que provocó una verdadera tormenta política con epicentro en Buenos Aires y en Madrid. Mientras en la actualidad las pensiones promedio de los trabajadores argentinos apenas llegan a los 75 dólares mensuales -cuando las cobran y no les son confiscadas a través de los ajustes fiscales-, en aproximadamente una década el juez español Bacigalupo cobró más de 500.000 dólares.

¿Pero qué es lo que le sucede a Duhalde? ¿No se da cuenta que está jugando con fuego? ¿Acaso no fue un portavoz local calificado del IGP, el periodista Ramos, quien le advirtió lo que le sucederá si no cumple en un ciento por ciento con las órdenes y deja los devaneos y las respuestas casuísticas ante cada reclamo?

Como ya lo señalamos en un párrafo anterior, lamentablemente Ramos tiene razón. El presidente resiste en su nombre propio y en nombre de la corporación de políticos que lo sentaron en la Casa Rosada.

Saben que no pueden salir a la calle sin que la gente por lo menos los escupa. Las últimas encuestas sobre intenciones de voto ante una eventual elección actual hablan de una falta de representatividad alarmante. Ningún dirigente político, entre ellos Duhalde y la líder del nuevo movimiento supuestamente progresista, la diputada Elisa Carrió, reúne más del 15 por ciento de las voluntades electorales.

Ahora bien, ¿esta dirigencia política resiste porque es caprichosa o miope? Absolutamente no. Pese a que han debido cercar el edificio de oficinas de los parlamentarios con vallas metálicas, para que la gente no se les acerque, la dirigencia política tradicional argentina apuesta todo a su última carta de sobrevivencia: pese a todo el IGP todavía no ha podido reemplazarlos. Además, el campo popular, sin organización unitaria ni liderazgos visibles, por ahora no puede dar el salto cualitativo que necesita para cambiar los ejes del poder político y económico en Argentina.

Ante ese panorama, la corporación política de los Duhalde y compañía, algunos más a la derecha, como los ex ministros de De la Rúa, Ricardo López Murphy o Patricia Bullrich, y otros más "progresistas" como la ya citada Carrió, todos están dispuestos a todo, incluso a ser las caras políticas para cualquiera de las variantes que tiene en carpeta el IPG, con y sin la cobertura de las formalidades constitucionales.

Este "caso testigo" llamado Argentina demuestra una vez más que el poder y sus representantes más inmediatos jamás se suicidan.

¿Comenzó la cuenta regresiva?

Parece que sí. Las órdenes del Imperio Global Privatizado se extendieron a toda la comunidad de intereses del corporativismo financiero. Llegó hasta las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales aplicadas a la cooperación internacional con el desarrollo. Involuntariamente, por supuesto, a destacados representantes de ONGs humanitarias internacionales se les escapó una infidencia: desde las capitales de la Unión Europea (UE) les informaron que no se dispone de dinero para ayudar a la Argentina.

Ese no es un dato menor. Indica hasta que punto el IGP lanzó lo que podríamos llamar la "operación escarmiento": deben ser exterminadas todas aquella conductas que cuestionan los fundamentos del poder.

En sólo tres meses, la población argentina acabó con dos presidentes y con un superministro de Economía, Domingo Cavallo; ambos habían pergeñado con los grandes bancos acreedores la operación de fraude más grande de los últimos tiempos. En ese mismo período, los sectores medios urbanos comenzaron a transitar una experiencia propia de protesta y organización política, los "cacerolazos" y las asambleas de vecinos.

Los desocupados del movimiento "piquetero" desafían al poder y dicen que "pueden incendiar el país"; los bancos deben tapiar sus frentes con planchas de metal y sus directivos desfilan por lo tribunales acusados de malversación y otros delitos; la dirigencia tradicional vive encerrada en sus bunkers por miedo a los "escraches" (manifestaciones de repudio popular).

Para colmo, y lo repetimos, el IPG debe soportar la "afrenta" de que un ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos sea investigado por la justicia por ser cómplice de otros banqueros, del ex presidente De la Rúa, de Cavallo y de otros ex funcionarios en el llamado "megacanje" de la deuda externa.

No hay que ser muy avezado en la observación del tablero político internacional para saber que todas las facciones del corporativismo global financiero coinciden en que ningún país dependiente puede dar semejante ejemplo de desobediencia, y para evitar que ello suceda el IPG está dispuesto a todo para a estrechar el cerco sobre Argentina, incluso privándola de asistencia humanitaria.

Está claro que los argentinos acabaron con ese mito creado por las "baterías intelectuales" del IPG según el cual las crisis financieras del sistema global irremediablemente se propalan de "mercado en mercado". Quedó claro que el fenómeno de propalación de crisis financiera que esas baterías intelectuales seguramente hubiesen bautizado "efecto tango" faltó a la cita.

El peligro no consiste en que se expanda una crisis de mercado sino sus consecuencias inmediatas, encarnadas en un claro ejemplo de rebelión social contra los poderes corporativistas. En ese sentido, y en términos regionales, los estrategas del Imperio Global Privatizado están especialmente atentos ante lo que pueda suceder en Brasil, con México el país más influyentes de esa región, al borde de un proceso electoral del que puede resultar triunfante la multifacética coalición reformadora del PT. También siguen presionando sobre la Venezuela de Hugo Chávez y están decididamente comprometidos en Colombia, ya en el plano militar.

Como se mencionó en artículos anteriores el mayor inconveniente táctico que debe enfrentar el IPG en el caso argentino es la espectacular crisis de representatividad en que cayó la corporación política local. Y no se trata de un dato menor, ya que por eso no encuentra al personero ideal que le sirva en la actual coyuntura, coyuntura que también ya dijimos no descarta una salida con variantes autoritarias y golpistas.

Por esa razón, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires hizo circular sus instrucciones entre la corporación periodística, representada muy especialmente por el denominado Grupo Clarín -propietario de los principales medios escritos, radiales y televisivos del país- y por el diario La Nación.

Con la intención de frenar y desacreditar la protesta social espontánea -expresada en "piquetes", "cacerolazos", "escraches" y asambleas vecinales- esos complejos periodísticos se embarcaron en una campaña tendiente a "dejar en claro" que la solución no pasa por ese tipo de manifestaciones, que "no todos son iguales" y que "es imposible la democracia directa". A esa campaña se sumaron los consabidos "progresistas" y fue el mismísimo Alfonsín quien calificó a las protestas de actos sediciosos.

El viernes 15 de marzo las usinas de la desinformación y de la tergiversación sistemáticas aprovecharon el "escrache" que debió soportar Jorge Asís, ex embajador y defensor jurado de Carlos Menem, cuando se sentó a tomar un café en un bar cercano a su casa. Allí, un grupo de parroquianos se le acercó para pedirle que se retirara y, ante su negativa, terminó echándolo a empujones. Asís hizo la denuncia ante la policía y aseguró haber recibido severos golpes. Con esa información, la corporación periodística se lanzó a una verdadera ola de trascendidos e interpretaciones tendientes a "dejar en claro" que los repudios populares transitan por la frontera de la violencia, el linchamiento y la ilegalidad.

Pero lo que realmente preocupa y marca el accionar del IPG en el caso argentino es la certeza a la que han llegado sus propios estrategas en el sentido de que las condiciones objetivas, más allá de las voluntades y de las apreciaciones ideológicas, pueden desembocar en un proceso de transformaciones revolucionarias.

No estamos afirmando que sea ese el futuro inmediato de los argentinos. Lo que sí aseguramos es que todos los protagonistas de este escenario, tanto los de derecha como los de izquierda, saben que si Argentina pretende sobrevivir como república, como nación-Estado, no hay lugar para otro proceso que no sea de transformaciones revolucionarias, en el sentido de un enfrentamiento directo contra el modelo de poder del IGP.

El Imperio Global Privatizado y sus representantes locales están trabajando sobre esa certeza para poder abortar sus consecuencias, mientras que el bloque popular, en el que una nueva izquierda debería jugar un papel preponderante, no encuentra los caminos organizativos ni puede crear los liderazgos que necesita para inclinar la balanza a su favor. Esa es la gran paradoja de la situación argentina.

Periodista y escritor de destacada trayectoria internacional, Víctor Ego Ducrot es especialista en temas globales. Es autor de varios libros, entre ellos El color del dinero (1999) y Bush & ben Laden S.A. (20021), ambos editados por el Grupo Editorial Norma, de Buenos Aires. Es columnista de El Corresponsal de Medio Oriente y África y de otros medios internacionales.

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