Pimienta negra, 25 de abril de 2002
Argentina, Venezuela, el pueblo palestino y Colombia, todas piezas de un mismo engranaje
En Argentina, los efectos de las estrategias políticas del IPG aparecen en forma cruda y descarnada. El 16 de febrero pasado, en nuestro artículo "La crisis argentina: una batalla más en la guerra del corporativismo financiero global" adelantamos que la estrategia del Imperio Global Privatizado apunta a la transformación del mapa político de este país y a su conversión en una suerte de territorio directamente administrado por las corporaciones y por los organismos internacionales funcionales al Imperio.
Las políticas económicas vigentes en la Argentina desde el golpe militar sangriento de marzo de 1976 hasta la fecha desembocaron en la grave situación actual. Después de participar en un proceso de privatizaciones masivas y de concentrar en sus manos casi todos los resortes claves de la economía nacional, y gracias a una decisión política adoptada por el ex presidente Fernando De la Rúa pocos días antes de su caída, las corporaciones bancarias pudieron confiscar todo el circulante del país, licuar sus pasivos con la devaluación de la moneda y apropiarse y fugar del país unos 75.000 millones de dólares en menos de dos meses. En las últimas horas, el sistema bancario local -dominado por el pool de bancos extranjeros y acreedores de la deuda externa- acaba de exigirle al gobierno de Eduardo Duhalde -una administración más del sistema corporativo político que viene gobernando al país, pero en su caso sin ninguna representatividad electoral- la puesta en el mercado de un programa de bonos en reemplazo de los escasos 5.000 millones de dólares que quedan en los bancos en forma de depósitos forzados.
La imposición de ese paquete de títulos apunta a un saqueo liso y llano a la propiedad privada de los ahorristas medios -pues los grandes depositantes particulares y corporativos ya fugaron su metálico hacia los paraísos fiscales-, pero, lo que es más grave aún desde el punto de vista social y político, implica también una reprogramación de la deuda pública con garantías hipotecarias directas sobre buena parte del territorio y del subsuelo productivo del país. Para ello el gobierno "acorralado" pero cómplice de las corporaciones financieras cuenta con el portafolio de garantías hipotecarias de los dos bancos públicos más grandes del país, el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Esta vuelta de tuerca dada por lo verdaderos hombres fuertes del país -un puñado de banqueros, encabezados por los acreedores norteamericano- acaba de poner en jaque al presidente Duhalde, atrapado en las redes de su servilismo para con el establishment financiero y de su ineptitud, incluso para satisfacer los intereses de ese mismo establishment. Vapuleado por el FMI y por las corporaciones asentadas en el país, sin ningún consenso político, voló por los aires el ministro de Economía Remes Lenicov.
El Parlamento, por su parte, ofrece el bochornoso espectáculo de no poder sesionar ni siquiera con custodia policial, debido a las manifestaciones de repudio popular al proyecto de ley que prevé el establecimiento del sistema de bonos confiscatorios para los ahorristas. El cuadro es de tal gravedad que no se descarta la renuncia del propio Duhalde, abriéndose así un perspectiva de difíciles vaticinios. Por lo pronto el presidente sólo atinó a una ridícula expresión: que sea lo que dios quiera.
El dirigente peronista Juan Labaké acaba de publicar un artículo, "Deuda por territorio", en el que recuerda lo siguiente: en 1982 México declaró que no podía pagar su deuda externa. En agosto de 1983, Henry Kissinger y David Rockefeller convocaron a una reunión reservada en la ciudad de Val, Colorado, EEUU, a una docena de primeras figuras de la política y las finanzas mundiales. Entre ellas, afirma Labaké, estuvieron presentes el francés Valery Giscard D´Estaigne, quien había concluido poco antes su mandato como presidente de Francia, el argentino José Alfredo Martinez de Hoz, ex ministro de la dictadura del general Jorge Videla, el ex presidente norteamericano Gerald Ford y los representantes de los mayores bancos multinacionales de EEUU y Europa.
En otros párrafos, ese artículo sostiene que el tema de ese cónclave fue, justamente, la búsqueda de un sistema que les permitiera cobrar la deuda externa de los países del Tercer Mundo, dado que la cesación de pagos (default) de México la hacía de muy dudoso recupero. La conclusión fue que debían impulsar la privatización de las empresas estatales de los países deudores, para que con su producido se pagara la deuda. Tal propuesta se llamó: "deuda por activos".
Conviene recordar que exactamente así comenzó la usurpación del estado mexicano de Texas, por parte de EEUU, en la década de 1830. "Inocentes" y numerosos "colonos" anglo-norteamericanos compraron tierras en Texas. Cuando se sintieron fuertes, y con el decisivo y abierto apoyo del Departamento de Estado, armaron una revuelta "popular" que exigió por la fuerza (estaban bien armados) la independencia, primero, y poco después la anexión a EEUU. Esa decisión "democrática" de la "mayoría" de los texanos fue inmediatamente avalada por el Congreso de EEUU, y Texas pasó a ser una estrella más de la bandera "americana" en forma totalmente "legítima" y "democrática". ¿Cuál es el motivo para que, en algún momento, no intenten hacer lo mismo con nosotros, si ahora tienen infinitamente más poder que hace 170 años, y cuentan con la posibilidad concreta y ya verificada de realizar una campaña de acción psicológica de resultados fulmíneos? (...).
Esa campaña insidiosa la ha iniciado y la comanda nada menos que el secretario del Tesoro de EEUU, Paul O´Neill. Una de sus insidias fue: "La culpa es de los argentinos que, en 70 años, no han logrado crear una sola industria fuerte", haciéndose el distraído, por supuesto, respecto a las brutales e infranqueables trabas que su propio gobierno puso a la industrialización de la Argentina, especialmente entre 1945 y 1955. Más tarde agregó: "los argentinos constituyen una sociedad desorganizada", olvidándose que, en cada disturbio o golpe militar que hemos sufrido en estos 70 años, ha estado siempre la mano de la CIA y/o de las multinacionales de EEUU, o la de Gran Bretaña. En 1930, la Standard Oil de EEUU; en 1955, la Embajada de Gran Bretaña y la "Royal Navy"; en 1976, la Escuela Militar de las Américas, del Comando Sur de EEUU, que formó a los golpistas en la doctrina de la contra-revolución, y el "steering comitee" de bancos anglo-norteamericanos presidido por el Citibank, que recomendó a Martínez de Hoz como ministro de Economía; y hoy, todos ellos juntos, más el FMI, el Banco Mundial (BM) (...).
A la prédica de O´Neill, se han sumado las claques de siempre (extranjeras y nativas), hasta llegar al colmo dicho por el economista norteamericano del MIT, Rudiger Dornbush, hace sólo un mes: "los argentinos necesitan un gerenciamiento externo, pues ellos no saben hacerlo por sí solos" (...). Las recientes contrataciones de Henry Kissinger y de otros "consultores" norteamericanos por parte del gobierno de Buenos Aires para hacer gestiones en su nombre ante el FMI y los bancos acreedores ya dio sus primeros resultados: lograron hacer una encuesta regional sobre el nivel de aceptación que podría tener entre la población la entrega de territorios patagónicos a cambio de títulos de la deuda externa.
La empresa petrolera española Repsol, propietaria de la ex estatal YPF, también está actuando en ese sentido. Destacó a representantes no oficiales para que sondeen a dirigentes políticos y gubernamentales patagónicos ante la posibilidad de que se les ofrezca acuerdos especiales en materia de concesiones y regalías, también por títulos de los endeudamiento externos provinciales.
Es probable que Argentina viva horas mucho más dramáticas que las que viene viviendo desde diciembre pasado, cuando en forma desembozada el corporativismo financiero global optó por el escenario de la descomposición política general. En el ya citado artículo "La crisis argentina..." adelantamos que, ante la licuación los partidos tradicionales (peronismo, radicales y circunstanciales aliados de uno y otro, conservadores y progresistas) el objetivo del Imperio es un golpe de Estado institucional que deje abiertamente en sus manos la gestión de gobierno.
También ya adelantamos que los gobiernos de Estados Unidos y de España, en defensa de los intereses de sus respectivos grupos económicos, auspician el desmantelamiento de lo poco que queda del sistema constitucional argentino y que el "grupo de choque" para esa política quedó en manos del FMI.
En una entrevista con Alex Jones, del programa norteamericano "Alex Jones Radio Show", a principios de marzo pasado el periodista Greg Palast, de la BBC y el Observer de Londres, reveló su reciente conversación con el ex economista jefe del Banco Mundial, Joe Siglitz. En ese encuentro Siglitz reconoció lo siguiente: el FMI les exige a los países que firmen acuerdos secretos por los cuales aceptan vender sus propiedades clave y tomar una serie de medidas económicas devastadoras (...). He visto los planes secretos para la Argentina: le exige cosas que jamás haríamos en Estados Unidos, como vender las redes de agua y que derogue las leyes contra la usura (...). Los economistas del FMI saben que cuando exprimen a un país y destrozan su economía, habrá disturbios en las calles; y dicen: muy bien, éste es el disturbio del FMI (...). El economista jefe, Siglitz, se tuvo que ir por cuestionar este enfoque. Se fue diciendo que lo que se estaba haciendo era igual que en las guerras del opio (...). Un senador argentino me dijo que el actual presidente, George W. Bush lo llamó en calidad de lobbysta de Enron y que otro ejecutivo de Enron quiso coimearlo (...). El presidente de Venezuela será derrocado en tres meses o asesinado (...).
El Imperio Global Privatizado (IPG) opera con una estrategia mundial, aunque con un alto nivel de adaptación a cada uno de sus escenarios de conflicto: la intentona golpista en Venezuela, la destrucción de las estructuras políticas y sociales en Argentina, la consolidación del fascismo israelí en Medio Oriente y el Plan Colombia son sólo algunos ejemplos que sirven para demostrar hacia dónde se dirige el IPG y cuáles son sus metodologías: en todos los casos su estrategia apunta al reemplazo de los estados nacionales por una suerte de unidades territoriales controladas en forma directa por las grandes corporaciones financieras y empresarias, y el método consiste -no podría ser de otra manera- en la privatización creciente de la gestión pública, empezando, como lo hizo Estados Unidos -epicentro del IPG- por la privatización de la políticas exterior y de defensa o militar.
El reciente intento golpista contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez en Venezuela tuvo olor a petróleo y se inscribió en el marco de tres necesidades urgentes que tiene el Imperio Global Privatizado, como consecuencia de la política norteamericano-israelí en Medio Oriente: la disponibilidad de energía a bajo precio, el debilitamiento de la OPEP y la consolidación del proceso que tiende al control absoluto del negocio petrolero y energético por parte de las corporaciones globalizadas. Recordemos aquí lo escrito el domingo 14 de abril por el periodista Fernando Gualdoni, del diario español El País: el precio internacional del crudo, retrocedió el viernes (12 de abril) casi 50 centavos en Londres y cerca de un dólar en Nueva York ante la expectativa en los mercados de que la salida de Hugo Chávez en Venezuela debilite el control de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sobre la producción y los precios. En los últimos tres años Venezuela fue pilar de la cohesión del cartel y de su política de recortes de extracción, con la que durante el 2000 la OPEP logró impulsar la cotización del crudo de 10 a más de 30 dólares. (...) Chávez vio a la OPEP, incluso antes de asumir la presidencia, como la única organización internacional donde Venezuela podía tener la voz cantante y el trampolín para resucitar la idea del Movimiento de los No Alineados.
Desde Caracas a Ramalá
En su nota "Petróleos de Venezuela, el gran botín del golpe" -difundida por Rebelión- el periodista uruguayo Aram Ruben Aharonian dice lo siguiente: Hay algo que preocupa a los países centrales: de los tres negocios más lucrativos en el mundo -narcotráfico, armas e hidrocarburos- sólo el último es en parte controlado por países en desarrollo, pero de él depende en su totalidad el destino del llamado Primer Mundo. La batalla está entablada y los países centrales y sus empresas transnacionales están dispuestas a quedarse con el dominio de las reservas energéticas (...)
La empresa Petróleos de Venezuela (pdvsa) es un complejo monopolio público que opera a escala internacional a través de una madeja de empresas relacionadas, sobre cuyo funcionamiento y resultados no se tiene el menor monitoreo público, excepto el de la propia gerencia. Hay una frase acuñada por gobiernos anteriores: "pdvsa es un Estado dentro del Estado". Todo venezolano sabe que es propietario de pdvsa, y que por eso, por ejemplo, el precio del litro de la gasolina refinada es de nueve centavos de dólar (...).
En 1976, año de la nacionalización del petróleo, el fisco venezolano recibía 74,4 por ciento del total de los ingresos de pdvsa como ingresos fiscales, pero en 2000 recibía apenas 23,2 por ciento de los ingresos totales de la estatal petrolera(...).
Si bien el reciente conflicto estalló con el nombramiento de una nueva junta directiva por el único accionista -el Estado-, en la que la burocracia tecnócrata del organismo no estaba contemplada, éste venía desarrollándose desde hace más de un lustro, cuando la alta gerencia durante el gobierno de Rafael Caldera apostó a una política basada en los volúmenes y la prescindencia de la OPEP: el barril de petróleo cayó a menos de siete dólares y re-despertó las ansias de privatización(...).
No era de descartar que la oposición se pusiera del lado de la alta gerencia -cuyos salarios individuales fluctúan entre 100 mil y 4 millones de dólares anuales, sin contar con otros muchísimos beneficios-: todo sirve para tratar de "bajar por las buenas o por las malas" al presidente Hugo Chávez. Pdvsa tiene en su nómina ejecutiva alrededor de 870 personas -650 de ellas en Caracas donde no se produce ni refina petróleo- a las cuales se pagaron salarios por 208 millones de dólares en 2001, año en que se cancelaron 762,5 millones de dólares a los restantes 18.200 trabajadores de nómina menor y diaria (...).
El conflicto, alentado por los medios privados de comunicación, tuvo su momento de gloria el viernes 12 de abril, cuando el máximo dirigente de la central empresarial Fedecámaras, Pedro Carmona, logró ser dictador por un día, con el financiamiento de su patrón en la petrolera Venoco, Isaac Pérez Recao, y del megaempresario Gustavo Cisneros (Direct tv, Venevisión, Coca-Cola), quien desde hace años quiere echarle mano a Citgo, la filial estadounidense de pdvsa. (...)
Siempre se supo que la estatal venezolana era la caja chica -o grande- de los partidos políticos, que allí se traficaba con información privilegiada -hasta hubo casos de petroespías-, que existían sociedades instrumentales que dejaban fuera de balances una serie de deudas y activos, que se sumaban procesos viciados de suministros y donde el personal -multiplicado por los últimos presidentes de la corporación- estaba protegido por un "obsceno" contrato colectivo (...).
Hoy el gobierno denuncia -entre otras cosas- que la nómina mayor manejaba directamente contrataciones multimillonarias, que modificaba las condiciones básicas de contratación para favorecer a empresas vinculadas con ella, y generaba supuestas necesidades de tecnología con el fin de favorecer intereses particulares (...).
Está claro que el golpismo venezolano escondía la decisión última de recuperar y perpetuar el poder de una camarilla tecnócrata, comprada por las corporaciones transnacionales, sobre el petróleo del Estado venezolano. Por eso, el gobierno de Estados Unidos fomentó la intentona contra Chávez y por eso mismo el Fondo Monetario Internacional (FMI) muy rápido manifestó su voluntad de "trabajar" con las efímeras autoridades de facto auspiciadas por el IPG.
El intento golpista en Venezuela coincide en el tiempo con la disposición de Iraq e Irán a patrocinar un embargo petrolero contra Estados Unidos y los países que por acción u omisión están apoyando la política fascista y genocida de Israel sobre el pueblo palestino; política esta que, como ya dijimos en un artículo anterior, difundido por la revista El Corresponsal de Medio Oriente y África, de Buenos Aires, pertenece a la estrategia del IPG en esa región. Esta estrategia consiste en la licuación de los estados árabes -y la desaparición de la OLP- y su reemplazo por poderes corporativos privados; dentro de ese esquema Israel juega en la región el papel que Estados Unidos desempeña a escala global.
Los objetivos de la campaña hitleriana de Israel contra el pueblo palestino ya lo adelantamos en nuestro artículo "El Imperio Global Privatizado tiene una estrategia para Medio Oriente: la trama económica del conflicto". En ese texto afirmamos que el IPG propone un nuevo mapa y en ese sentido, citando al especialista Ibrahim Alloush, destacábamos lo siguiente: la estrategia de desintegración que se está poniendo en práctica en los países árabes y musulmanes de Medio Oriente se ha convertido en una cuestión de máxima actualidad a causa de dos factores interrelacionados que se entrecruzan y refuerzan mutuamente en sus causas y efectos. El primero de ellos está relacionado con el interés general del sionismo, mientras que el segundo tiene relación con el proceso de globalización.
El primer factor tendría su origen en una realidad objetiva por la cual la seguridad real del Estado de Israel no puede darse a largo plazo si no se destruye la identidad árabe-islámica regional o si siguen existiendo en la región Estados o entidades árabes relativamente grandes. La seguridad real del estado de Israel requiere la transformación de la región en una identidad medio-oriental, así como la transformación de sus estructuras políticas y sociales en un mosaico localista.
Si la tierra sigue siendo árabe, entonces no hay sitio para una entidad llamada "Israel" en ella. Pero si la identidad regional se transforma en medio-oriental, la presencia anómala de Israel en la misma se normalizaría. Por ello, la seguridad de este estado requiere a largo plazo la puesta en práctica de un proyecto de desintegración con el objeto de crear un vacío regional que permita a Israel jugar el papel de poder subimperial que tanto desea para sí.
El proyecto israelí coincide con el de globalización capitalista, cuyos límites vienen impuestos por las corporaciones y las instituciones internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). En términos parcialmente coincidentes con nuestros planteos acerca del concepto de Imperio Global Privatizado, para Alloush las manifestaciones más evidentes en el terreno político del proceso de globalización se observan en el debilitamiento de la soberanía nacional de todos los países, así como el debilitamiento generalizado de los países del Tercer Mundo. Está claro que los fervorosos llamamientos a favor de la libertad ilimitada de movimiento de mercancías, de los servicios, y del capital, no son en esencia más que llamamientos contra las limitaciones impuestas por diversas naciones sobre el comercio, la explotación de los recursos o los medios de comunicación.
En cuanto a la segunda de las tendencias mencionadas, que necesariamente contribuirá a que se acentúe la debilidad de los Estados nacionales, se trata necesariamente de un proceso que se traduce en el desarrollo de tendencias localistas . De ahí la observación anteriormente apuntada sobre el hecho de que el plan sionista de disgregación del Mundo Árabe en entidades más pequeñas guarda relación con las manifestaciones políticas de la globalización en los países del Tercer Mundo. Los intereses de las empresas multinacionales exigen el debilitamiento de la soberanía nacional en términos generales, y muy especialmente de la soberanía en los países del Tercer Mundo, todo ello con el objetivo de la adquisición de materias primas, mano de obra barata, y de tener a su disposición mercados sin ningún tipo de limitación.
En ese contexto surge el mapa del Nuevo Orden Regional. Este nuevo orden es un viejo trazado norteamericano-israelí, cuya existencia se intuye ya en varios documentos, como por ejemplo en uno traducido del hebreo al inglés por Israel Shahak en 1982 en la revista Kfanim. El documento refleja la postura oficial de la Organización Sionista Mundial (OSM). En dicho documento se habla de la necesidad de dividir a los países árabes grandes (como por ejemplo Egipto, Siria, Iraq, o Arabia Saudí), y del establecimiento de un Estado que sustituya a la actual Jordania. La idea fundamental de esa estrategia es la disgregación de los Estados árabes, y la misma se apoyaría sobre la explosión de luchas intestinas entre diversas facciones y etnias, avivando disputas regionales como es el caso de Jordania.
Dentro del contexto de ese Nuevo Oriente Medio, un Estado palestino se convertiría simplemente en parte integrante del mosaico regional y sería un terreno propicio para el avance de la penetración israelí en la zona. Es evidente que los Acuerdos de Oslo entre palestinos e israelíes incluyen toda una serie de artículos relativos al libre acceso del estado de Israel a los mercados árabes.
La derecha israelí, representada por el Likud, a causa de sus estrechas miras en lo político y de un paroxismo bíblico que le ha llevado a creer que el control directo sobre trozos de algunos barrios habitados en Hebrón (Cisjordania) tiene más importancia incluso que el avance del proyecto medio-oriental en el plano vital, sigue chocando no ya con el Partido Laborista y otros, sino con las élites gobernantes en Occidente, a las que también les interesa que el proyecto subimperial avance hacia una etapa más defensiva.
Consecuentemente, las convulsiones de la derecha israelí y su insistencia por mantener las viejas fórmulas del proyecto sionista (es decir, otorgar la primacía al ejercicio de la soberanía directa sobre la tierra frente al sacrificio de algunos territorios con el objetivo de mantener el control político, cultural y económico en su entorno vital), han empezado a ser un obstáculo para el propio proyecto medio-oriental.
El Imperio Global Privatizado traza muy claras políticas de alianzas y resulta más o menos evidente que, en Medio Oriente, esa política se expresa en la mancomunidad de intereses que existe entre Estados Unidos e Israel.
Algunas verdades sobre el Plan Colombia
Para Colombia, el Imperio Global Privatizado también apunta a la desmembración de la nación-Estado y para eso cuenta con el denominado Plan Colombia, con el que busca el control de los recursos financieros que se originan en la producción y en la distribución de cocaína. El Plan Colombia es un ejemplo claro de cómo Estados Unidos está exportando lo que después del escándalo Irán-Contra, en la década del ´80, impuso fronteras adentro: la privatización de la gestión pública, especialmente de las estructuras de políticas exterior y militar.
En ese sentido es útil recordar aquí lo afirmado por el periodista norteamericano Jason Vest en su artículo "Heroína en los motores", difundido por el periódico The Nation y la revista electrónica Del Sur: ¿Podrían estar los contratistas antidroga del Departamento de Estado en Sudamérica involucrados en el tráfico de estupefacientes? Una parte fundamental de los 1.300 millones de dólares de contribución estadounidense para el Plan Colombia -el programa que supuestamente acelerará el final de la guerra civil en Colombia- requiere del uso de contratistas privados (frente a militares en activo de los EEUU) para llevar a cabo misiones aéreas contra los campos en los que se cultiva coca y amapolas, así como contra los laboratorios en los que las procesan.
Mientras que algunos contratistas como la Aviation Development Corporation de Montgomery, Alabama, llevan a cabo misiones de vigilancia para la CIA, aquellos que han suscrito contrato con otras agencias gubernamentales de EEUU tienen misiones más amplias.
Consultando a los pilotos privados del gigante DynCorp en los Andes, sus misiones iban desde fumigaciones aéreas hasta misiones de intervención con helicópteros transportando tropas a los puntos calientes. Si se cree en la palabra de DynCorp, cualquier posibilidad de que la organización esté implicada en el tráfico de drogas es absurda. "Lo crean o no, somos una compañía muy ética" afirma un oficial senior de DynCorp, quien insistió en que su declaración era oficiosa. "Hacemos todo lo que podemos para asegurarnos de que la gente que contratamos es ética".
Sin embargo, continúa el propio Vest, la existencia de un documento que The Nation ha obtenido recientemente (mediante la Freedom of Information Act - Ley de Libertad de Información) de la Drug Enforcement Administration DEA -en combinación con la falta de disposición de cualquier agencia del Gobierno de EEUU o Colombia para explicar con más detalle el documento- tiene a algunas personas tanto en Washington como en otras partes preguntándose si, al igual que todas las demás entidades implicadas en la lucha contra la guerra del narcotráfico, DynCorp podría tener una o dos manzanas podridas en la cesta.
Según un informe de inteligencia mensual de la DEA del año pasado, funcionarios de la fuerza de Policía Nacional de Colombia PNC/CNP, interceptaron y abrieron, el 12 de mayo de 2000, un paquete enviado por US-bond Federal Express en el Aeropuerto Internacional de El Dorado en Bogotá. El paquete "contenía dos (2) botellas pequeñas de un líquido espeso" que "tenía la misma consistencia que el aceite para motores". El comunicado continúa informando de que la sustancia líquida "dio positivo en la prueba para detectar heroína" y que "el líquido que supuestamente contenía heroína pesaba aproximadamente 250 gr." (Hay que reseñar que la heroína en estado puro es soluble en el aceite para motores, y por lo tanto puede extraerse sin demasiada dificultad).
Pero tal vez la noticia más intrigante del documento de la DEA es la que hace referencia a la persona a la que se dice que pertenecía el paquete: un empleado de DynCorp sin nombre, que enviaba el paquete al Cuartel General para las Operaciones Andinas que tiene la Compañía en la Base Aérea de Patrick, en Florida. Aún más interesante es la reticencia de DynCorp y del Gobierno a ofrecer detalles de importancia para apoyar su argumento de que esta situación no es realmente lo que parece.
Un recordatorio sobre el Imperio Global Privatizado
Antes de concluir conviene repasar aquí algunos de los conceptos de nuestra categoría de análisis, el Imperio Global Privatizado, como lo venimos haciendo en todos estos artículos de análisis y en los libros El color del dinero (1999) y Bush & ben Laden S.A. (2001), editados en Buenos Aires por el Grupo Editorial Norma.
Categorizamos así a la facción dominante dentro del sistema corporativista financiero globalizado. Esa facción está encabezada por Estados Unidos, la primera potencia capitalista que ingresó al siglo XXI con su aparato de poder político privatizado, ahora totalmente en manos de sus corporaciones y grupos económicos. También queremos recordar que el IGP se propone la disolución de las naciones-Estado del mundo en desarrollo para cederle así a sus corporaciones financieras el control directo de la gestión económica y política de esos territorios.
Este Imperio Global Privatizado encierra una profunda relación dialéctica, pues es totalizador en términos geográficos, y en ese sentido las distintas facciones del sistema financiero mundial, aliadas cada una de ellas con distintos grupos empresarios, tienen un interés estratégico común. Pero entre esas mismas facciones también se registran tan marcados antagonismos que llegan a la guerra, a esa guerra de nuevo tipo de la que hablamos en los primeros párrafos de este artículo.
Por supuesto que el interés estratégico común es la defensa, la consolidación y la profundización del poder del Imperio. Sin dejar de reconocer sus antagonismos y eventuales necesidades de colisión, las distintas facciones del Imperio reconocen -algunas simplemente aceptan el por ahora hecho consumado- la hegemonía de Estados Unidos como cabeza visible de la coalición de poder.
Para lograr esa hegemonía, Estados Unidos tuvo que superar muchos desafíos. Ganar la Guerra Fría y alcanzar el liderazgo económico y tecnológico no fueron condiciones menores. Pero su gran salto, lo que le permitió erigirse como cabeza del nuevo Imperio fue su capacidad para ver que, llegado al punto de desarrollo económico que alcanzaba el sistema capitalista mundial de cara al siglo XXI, sus dos mejores valores agregados pasaban a ser la posibilidad de otorgarle un definitivo reconocimiento a las corporaciones financieras propias, ya no como influyentes en el poder sino como titulares directas del poder político, instaladas a la cabeza de las instituciones constitucionales.
Para ello debieron privatizar no sólo todos los resortes de ese nuevo Estado sino las herramientas fundamentales del poder político mismo de un país imperial: su política exterior y sus fuerzas armadas, pues la tercera pata del trípode fundamental, la regulación del sistema financiero -la Reserva Federal-, ya estaba en manos privadas, desde los orígenes mismos de Estados Unidos como gran acumulador capitalista.
El proceso de privatización de la política exterior y de las fuerzas armadas comenzó en la pasada década del ´80, después del escándalo Irangate y culminó con la vuelta de la dinastía Bush a la Casa Blanca, de la mano de George W., y ahí está el ya citado caso Enron para ratificarnos.
Fue ese complejo proceso el que le permitió a Estados Unidos convertirse en el principal administrador de fondos financieros -especialmente desde los paraísos fiscales, a salvo de las propias leyes norteamericanas- y en el proveedor número uno de fuerzas militares y de seguridad. Ello explica a su vez cómo, con el paraguas de la ONU, desde comienzos de la última década del siglo XX Estados Unidos es el que pone la maquinaria bélica para todas las operaciones armadas de carácter global, y pasa después, muy rápidamente por cierto, a recaudar los recursos financieros que la utilización de esa maquinaria militar implican. Los contribuyentes principales de esos fondos son los otros Estados miembros del Imperio Global Privatizado y sus respectivos sistemas corporativos locales -muy especialmente los de la Unión Europea- que se han quedado atrás respecto del proceso privatizador del poder político.
La privatización del aparato político y de la gestión pública, cedidos ambos espacios a las corporaciones financieras y a las empresas globalizadas, se encuentra en el vértice estratégico del IPG y tiene mayores alcances que los previstos por algunos economistas que se han percatado de ello, pero sólo desde el punto de vista técnico. Sucede que esos especialistas, por su propia formación intelectual sesgada e incluso si se quiere limitada, hasta ahora solamente han podido ver el costado económico y financiero del problema.
23-04-02