George W. Bush ha declarado su intención de librar una guerra «preventiva» contra Irak y busca ahora intimidar a la comunidad internacional, la ONU y el Congreso para lograr su apoyo y su sumisión. Mientras los miembros del Congreso corren a toda prisa para mostrar su obediencia y los Estados miembros de la ONU se alinean para recibir los despojos anticipados de la guerra, la administración ha emprendido una campaña para convencer al pueblo de los Estados Unidos de que le siga los pasos y financie con dinero y sangre esta guerra lanzada para la conquista en nombre de los intereses corporativos y petroleros que constituyen los votantes verdaderos de Bush.
La guerra preventiva de Bush es una guerra de agresión. El plan de acción de EE.UU. en favor de la guerra no es el imperio de la ley, sino el imperio de la fuerza.
Pero ninguna resolución de la ONU y ninguna resolución del Congreso pueden legalizar una guerra ilegal. Con sus documentos y sus votos de apoyo, sólo pueden ratificar deliberadamente acciones ilegales, y ser sus cómplices y responsables, al dar su aval a una empresa criminal.
La guerra de agresión viola la Constitución de los Estados Unidos, la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Tribunal de Nuremberg. Viola la ley colectiva de la humanidad que reconoce el daño inconmensurable y el injusto sufrimiento humano que se producen cuando un país se embarca en guerras de agresión para promover lo que sus gobiernos consideran intereses nacionales.
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL: UN PROGRAMA PARA EL IMPERIO GLOBAL
El 20 de septiembre de 2002, la administración Bush dio a conocer su programa para la dominación global y las intervenciones militares sin fin, a través de una amplia declaración política titulada «La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos».
La «Estrategia de Seguridad Nacional» expresa la ambición del complejo militar-industrial de que los EE.UU. se mantengan como la superpotencia del mundo con un predominio político, económico y militar global. La política declarada de los EE.UU. es «disuadir la competencia militar» (véase fuente I) e impedir a cualquier entidad del mundo o unión de Estados que «persigan una intensificación militar con el objetivo de sobrepasar, o igualar, el poder de los Estados Unidos». (Véase fuente II).
El plan estratégico eleva el libre comercio y los mercados libres a «un principio moral... la libertad real» (véase fuente III) y aprueba una estrategia de extensa conquista global utilizando para ello la Organización Mundial del Comercio, el Acta de Libre Comercio de las Américas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros mecanismos.
El Washington Post informa que la Estrategia de Seguridad Nacional otorga a los Estados Unidos «un papel casi mesiánico», en su búsqueda de la dominación global. (Véase fuente IV).
La Estrategia de Seguridad Nacional confirma y explica en detalle lo que fue reflejado en la Nuclear Posture Review de enero de 2002, en el sentido de que la administración Bush mantiene una política de estado de guerra preventivo que contempla el uso de armas no-convencionales de destrucción masiva como una primera medida de ataque. (Véase fuente V).
INVIRTIENDO LA LÓGICA EN SU CABEZA
La política de guerra preventiva de Bush es una guerra sin causa justa. Desde la perspectiva de la ley internacional y de siglos de usos legales comunes, la guerra preventiva se puede justificar como un acto de autodefensa sólo cuando existe una amenaza de ataque físico genuino e inminente.
La guerra preventiva de Bush contra Irak no significa la prevención de un ataque físico. Significa prevenir una amenaza que jamás salió a luz ni fue planteada. Irak no está lanzando amenazas de ataque contra los Estados Unidos. Son únicamente los Estados Unidos los que amenazan con la guerra.
No es una guerra para el desarme. Son los EE.UU. los que han acumulado armas nucleares, biológicas y químicas. Son los EE.UU. los que amenazan directamente con utilizarlas contra otro país. Son los EE.UU. los que han bombardeado a Irak sin piedad durante más de diez años, asesinando a un gran número de civiles inocentes.
La Administración Bush invierte la lógica en su cabeza, retorciendo la realidad con el fin de crear el pretexto para su guerra de agresión. La Administración declara que el prerrequisito necesario para una amenaza inminente de ataque se puede encontrar en el hecho de que no existe ninguna evidencia de una amenaza inminente, y que por lo tanto la amenaza es más siniestra en cuanto amenaza oculta. La ausencia de amenaza se convierte en amenaza, la cual se convierte a su vez en causa de guerra.
Debido a las exigencias del Gobierno de los EE.UU., se destruyó el 80% de la capacidad en armas de Irak en la Guerra del Golfo anterior, y posteriormente se destruyó el 90% de la capacidad remanente a través de los procesos de inspección de armas. No ha habido ninguna evidencia de que Irak sea capaz de un ataque contra los EE.UU., y menos aún de que tenga la intención de llevar adelante un ataque semejante.
LA GUERRA PROPUESTA POR BUSH Y LAS ACTUALES AMENAZAS VIOLAN LA CONSTITUCIÓN DE LOS EE.UU., LA CARTA DE LA ONU Y LA LEY INTERNACIONAL
La política de guerra preventiva de Bush y el proyectado ataque contra Irak no pueden ser justificados bajo ninguna forma de ley vigente.
La política de guerra preventiva y el nuevo asalto militar contra Irak con el que amenaza Bush viola la ley interna de los EE.UU. y la ley internacional. La incitación a la guerra, los preparativos de guerra y las amenazas de violencia provenientes de Bush, Cheney, Rumsfeld, Rice y otros halcones de la Casa Blanca y el Pentágono son en sí mismas y por sí mismas violaciones de la ley internacional y constituyen crímenes contra la paz.
El artículo VI de la Constitución de los EE.UU. establece que tratados ratificados como la Carta de las Naciones Unidas son la «ley suprema del país».
El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas establece:
«Los propósitos de las Naciones Unidas son... Mantener la paz y la soberanía internacionales, y para este fin: tomar medidas colectivas efectivas para la prevención y la eliminación de las amenazas a la paz y para la supresión de los actos de agresión u otras violaciones a la paz, y para dar lugar a través de medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, al arreglo o conciliación de las disputas internacionales o de situaciones que podrían conducir al quebrantamiento de la paz...»
El artículo 2 declara que todos los Estados miembros «actuarán de acuerdo con los siguientes Principios:»
«... Todos los miembros solucionarán sus disputas internacionales por medios pacíficos de manera tal que la paz y la seguridad internacionales, así como la justicia, no sean puestas en peligro.
«Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otro recurso que no sea coherente con los Propósitos de las Naciones Unidas....»
En este marco, los actos de agresión, como el ataque con el que amenaza Bush, tienen que ser suprimidos, y la fuerza debe ser usada solamente como un recurso último e inevitable.
La Carta de las ONU fue promulgada en 1945, como consecuencia de la devastación y el sufrimiento provocados por la Segunda Guerra Mundial. La Carta fue sancionada para terminar con los actos de agresión, «para poner a salvo a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces en nuestra vida ha traído un indecible dolor para la humanidad».
Se exige que las controversias que podrían llevar a la ruptura de la paz se resuelvan por medios pacíficos.
El capítulo VI de la Carta de la ONU, «Arreglo Pacífico de las Controversias», demanda a los países que, «ante todo, busquen una resolución mediante la negociación, el análisis, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el ajuste jurídico, el recurso a las agencias regionales o a los acuerdos, u otros medios pacíficos de su propia elección».
NINGUNA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU PUEDE LEGALIZAR LA GUERRA PREVENTIVA O UN PLAN PARA ATACAR PRIMERO
Bush ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que apoye la ejecución de su política de una guerra preventiva potencialmente nuclear, como si ese Consejo pudiera avalar una guerra de agresión. El Consejo de Seguridad falta a su autoridad legal al conceder semejante autorización. El Consejo de Seguridad, por su voto afirmativo o por su consentimiento a la política de los EE.UU., no puede abrogar su propio mandato. Ninguna acción colectiva de los quince miembros permanentes y temporales del Consejo de Seguridad puede violar legítimamente la Carta que es la única fuente de su autoridad colectiva.
Esto está aclarado en la Carta de la ONU, que dispone en el artículo 24 que «al cumplir con estos deberes el Consejo de Seguridad actuará de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas».
Mientras que existen, por supuesto, procedimientos por los cuales el uso colectivo de la fuerza podría ser autorizado por el Consejo de Seguridad para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales (artículos 41 y 42), estos procedimientos no pueden ser utilizados para avalar la agresión, en violación de los propósitos fundamentales de la Carta de la ONU. El artículo 51 de la Carta de la ONU reconoce el derecho a la autodefensa «si se produce un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales». Ninguna cláusula permite la autorización de los planes de guerra de Bush y sus estrategias de atacar primero. Cualquier resolución que autorice una guerra preventiva de agresión es ultra vires, o nula o inválida en cuanto va más allá de la autoridad del Consejo para aprobarla.
La promulgación de la doctrina Bush de la guerra preventiva y también la amenaza de librar una guerra contra Irak son, ambas, tanto una violación de la ley internacional como un crimen contra la paz, lo cual es definido en la Carta de Nuremberg como «planeamiento, preparación, iniciación o emprendimiento de una guerra de agresión o una guerra en violación de los tratados, acuerdos o compromisos internacionales».
RESPONSABILIDAD POR CRÍMENES DE GUERRA
Ni el Congreso ni el Presidente tienen el derecho de implicar a los EE.UU. en una guerra de agresión, y cualquier voto de validación, lejos de legalizar o legitimar unos planes de guerra global, sirve únicamente como ratificación de crímenes de guerra. Bajo los principios de responsabilidad universal establecidos en Nuremberg, «el hecho de que una persona que cometió un acto que constituye un crimen bajo la ley internacional actuara como jefe de Estado o funcionario gubernamental no lo exime de responsabilidad ante la ley internacional». (Véase fuente VI)
La aplicación de sanciones económicas por las administraciones de Bush I, Bush II y Clinton, que han provocado la muerte de más de un millón de personas, fundamentalmente de niños y de sus abuelos, es también sancionable como un crimen contra la humanidad bajo la Carta de Nuremberg y bajo el estatuto del Tribunal Penal Internacional, en cuanto «infligimiento intencional de condiciones de vida..., la privación del acceso a los alimentos y a las medicinas, calculada para destruir a una parte de una población». (Véase fuente VII).
La Administración Bush ha rechazado el tratado del Tribunal Penal Internacional firmado por más de 130 países. Este rechazo es una admisión de la conciencia de la Administración de la culpa y de las intenciones criminales. La Administración Bush actúa con una desatención consciente de las leyes humanitarias y con la declarada intención de evitar la responsabilidad por los crímenes bajo la ley internacional que prohíbe los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. La Estrategia de Seguridad Nacional promulgada por la Administración Bush declara que los Estados Unidos «adoptarán las acciones necesarias para asegurar que nuestros esfuerzos para cumplir nuestras obligaciones de seguridad global y proteger a los norteamericanos no serán perjudicados por la posibilidad de investigar, indagar o perseguir del Tribunal Penal Internacional, cuya jurisdicción no se extiende a los norteamericanos y que no aceptamos». (Véase fuente VIII).
GUERRA, AGRESIÓN Y TERROR INTERMINABLES
Una vez que la política de guerras preventivas de agresión ha sido invocada por la Administración Bush para justificar ataques no provocados contra centros de población en Irak, la doctrina será usada por los halcones de la administración en una y otra ocasión, y también será adoptada internacionalmente por países e individuos como justificación para la utilización preventiva de la violencia catastrófica contra centros de población en todo el mundo. La legitimación de las guerras preventivas de agresión será empleada para justificar ataques contra centros de población en los EE.UU., y desencadenará una respuesta violenta mayor sobre las ciudades y el pueblo de los Estados Unidos por acciones que el gobierno está tomando en su nombre, sin su consentimiento informado.
El riesgo de sufrir daños a causa de esta doctrina no está distribuido equitativamente, desde luego, entre todo los habitantes de los Estados Unidos. Aquellos que perderán sus vidas combatiendo en guerras de agresión serán los jóvenes, desproporcionadamente personas de color, y quienes se alisten en el ejército de los EE.UU. en razón de la triste oportunidad económica. Los que obtienen su riqueza y seguridad de las transacciones de la guerra, de los crecientes beneficios petroleros provocados por la inestabilidad global o de la conquista de las regiones ricas en petróleo, y de los permanentes rearmes y reconstrucciones necesarios para conducir unas guerras interminables contra innumerables pueblos asentadas sobre amenazas imperceptibles –éstos contarán con los medios para adquirir aislamiento, protección y una mayor seguridad.
La guerra preventiva no se detendrá en Irak. Son necesarias intervenciones militares constantes en todo el mundo para reforzar la admitida política de Bush de la economía global, de la dominación política y militar. Apenas cuatro días después de los ataques del 11 de septiembre, la CIA presentó su «Matriz de Ataque Mundial», identificando una multitud de países respecto a los cuales la CIA necesitaba permiso para atacar. Bush aprobó la lista de la CIA, y autorizó operaciones encubiertas y letales inmediatas de la CIA en más de sesenta países. (Véase fuente IX)
TOMAR LAS CALLES
Mientras los EE.UU. dan un peligroso paso en la ejecución de su declarada política de dominación global e intervenciones militares abiertas, la necesidad de que el pueblo entre en acción se hace urgente.
El Congreso no detendrá esta política de agresivo estado de guerra y dominación global. Muchos en el Congreso está bien servidos con el diezmo de los beneficiarios de la guerra y sus patrocinadores corporativos, quienes ven la dominación militar de los EE.UU. como un modo de reforzar sus intereses, de explotar el trabajo humano con los salarios de hambre de ultramar y de bajar los salarios domésticos, de socavar vastas fuentes de recursos ambientales globalmente, y de imponer y expandir el alcance de sus mercados «libres».
La estructura constitucional de los EE.UU. estipula que, independientemente de quien ocupe temporalmente el gobierno, todo el poder permanece en las manos del pueblo. Es el momento ahora de que el pueblo recupere las riendas del poder de aquellos que han declarado su intención de actuar violando todas las leyes por las que la humanidad ha luchado para acabar con la conflagración global y prohibir las guerras de agresión.
Cuando la ley no sujeta al gobierno, el pueblo debe hacerlo. Tenemos que tomar las calles masivamente en actos organizados y espontáneos de resistencia. Se debe transmitir claramente el mensaje de que si la administración Bush se niega a ser responsable ante la ley interna de los EE.UU., la Carta de la ONU, la ley internacional y todos los patrones de conducta justa, entonces el pueblo consciente dentro de los Estados Unidos se levantará para exigir responsabilidad. Y el mensaje que se debe enviar es el de que el pueblo de los EE.UU. no permitirá que la administración Bush derrame la sangre del pueblo de los Estados Unidos y del pueblo de Irak que no es nuestro enemigo, en una inútil guerra por el petróleo.
Septiembre 2002
Los autores, abogados especializados en derecho constitucional y derechos humanos, son cofundadores del Partnership for Civil Justice Legal Defense and Education Fund, una organización legal de interés público con sede en Washington, D.C., y autores del libro de próxima aparición Empire at Home: George W. Bush and John Ashcroft v. The Bill of Rights.
FUENTES
Traducción: Round Desk