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FRENTE POPULAR

Declaración de Principios y Programa

l pueblo peruano se ha formado, a lo largo de varios milenios, por la gradual fusión y desarrollo de diversas nacionalidades. Este proceso aún continúa. Somos un pueblo pluricultural y multiétnico, compuesto por una mayoría mestiza, de habla española-peruana, producto de la fusión de las etnias originarias con los inmigrantes europeos (principalmente españoles), africanos y asiáticos. Los pueblos autóctonos conservan sus idiomas, costumbres, creencias y valores sociales, y padecen diversas formas de subordinación, exclusión social y discriminación. En el Perú actual, además de este orden injusto que ha condenado a la marginalidad a una parte sustantiva de la población, también existen fuertes diferencias de clase entre sectores minoritarios, vinculados al gran capital nacional y extranjero; y una gran mayoría que carece de empleo digno y productivo, sufre discriminación y vive en los límites de la extrema pobreza.

Desde la fundación de la República, el Estado ha sido botín de los grupos de poder, representados en la actualidad por los partidos políticos tradicionales, y el Apra, quinta columna de la derecha oligárquica en el campo popular. Los métodos utilizados por estos grupos para acceder al control de la administración pública han sido, unas veces, elecciones restringidas y amañandas, y, otras, motines y cuartelazos que impidieron el normal desenvolvimiento de un proceso democrático. Nunca, salvo un breve interregno frustrado, durante el gobierno nacionalista y antiimperialista del general Juan Velasco Alvarado, el pueblo accedió al poder ni delegó la responsabilidad de gobernar a sus legítimos representantes. El descrédito de las instituciones y la profunda crisis que atraviesa el país son responsabilidad exclusiva de los gobernantes y los mezquinos intereses que representan.

La causa principal del atraso y la pobreza que padece actualmente nuestro pueblo, es la política económica neoliberal, impuesta por los orga-nismos financieros multilaterales, y puesta en práctica por los gobiernos que se sucedieron a partir del cuartelazo de Morales Bermúdez. Esta política es la responsable de una creciente e impagable deuda externa, el remate indiscriminado y corrupto de las empresas públicas y el saqueo de nuestros recursos naturales. Su empeño en dejar las puertas abiertas a la inversión extranjera —considerada panacea para salir de la crisis y viga maestra de la llamada «globalización»—, lo único que ha provocado es el incremento de los niveles de desempleo, la aparición de formas perversas del régimen laboral que precariza el empleo, como los «services» y otras modalidades de explotación de la fuerza de trabajo; la desnacionalización progresiva de los sectores claves de la economía; la crisis del agro; la parálisis de la industria; el retorno del país a su condición de productor de materias primas; y, la exclusión social de capas cada vez más grandes de la población. El ALCA, la APDEA y otros proyectos similares, representan, además de un virtual retroceso de la actividad productiva, una renuncia a la soberanía, debido a la concesión del status de extraterritorialidad para empresas y ciudadanos extranjeros que operan en el territorio nacional.

Los sucesivos gobiernos nacionales, incluido el actual, sometidos a los intereses de las grandes potencias, liderados por la administración norte-americana, han puesto en práctica una política de exterminio en regiones extensas de nuestra amazonía, so pretexto de combatir el narcotráfico. Tierras de cultivo, antaño fértiles y reservas de la biodiversidad, han sido y están siendo depredadas con agentes químicos que destruyen el eco sistema y condenan a la pobreza extrema a su población. En la costa y la sierra, gracias a la política entreguista de los gobiernos neoliberales, grandes empresas mineras y pesqueras han puesto en serio riesgo nuestros recursos naturales, so pretexto de obtener una mayor rentabilidad. La selva padece, hace tiempo, el saqueo de sus riquezas forestales y el exterminio de especies animales, por empresas nacionales y extranjeras a las que no mueve otro interés que el lucro.

En política internacional hemos dejado de ser un país no alineado y el actual gobierno nos ha convertido en una pieza más para los intentos de dominación continental que procesa Washington. Es conocida la presencia de personal militar norteamericano en el territorio patrio, con la anuencia cómplice del actual gobierno y las instancias mayores del poder. Es obvio que esta presencia —denunciada valientemente por el pueblo loretano—, no está ligada sólo a la lucha contra el narcotráfico —actividad ilegal que condenamos sin atenuantes—, sino a proyectos de carácter militar y geopolítico, como el «Plan Colombia», que comprometen seriamente nuestra soberanía y se tornan en virtual amenaza para las poblaciones nativas y los pueblos hermanos del continente.

El desastre nacional se hace más patético cuando se comprueba, como ocurrió recientemente con la aparición de los «vladivideos», la total y abyecta corrupción que mina los organismos del Estado, particularmente durante la nefasta década del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, donde la corrupción y el saqueo del tesoro público alcanzaron niveles de escándalo. Un Poder Judicial que discrimina fallos de acuerdo a la capacidad económica de los litigantes; un Ejecutivo que carece de credibilidad y capacidad de gobierno; un Legislativo minado por la sospecha y el descrédito; unas Fuerzas armadas y policiales, cuyas cúpulas, lastradas por la corrupción, fueron incapaces de cumplir su misión constitucional en el pasado reciente y que hoy, minadas todavía por los remanentes de la mafia fujimontesinista, tratan de recomponer su mellada imagen pero se enfrentan a la falta de presupuesto para desarrollar sus actividades castrenses y policiales con eficacia e idoneidad; un poder mediático en manos de mafias que manipulan la opinión pública y utilizan el espectro radioeléctrico —propiedad de todos los peruanos— en exclusivo provecho de sus mezquinos intereses.

El Perú, carente de democracia real y participativa, ha salido recién de una guerra sucia que ha hecho más patética la miseria moral en que nos debatimos. Conflicto armado que enlutó hogares, produjo miles de muertos y logró el aniquilamiento de poblaciones enteras,  por el accionar cruel y repudiable del extremismo terrorista, y por la evidente insanía con que actuaron instituciones destinadas a garantizar la seguridad de la República, el orden interno y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ambos: terror subversivo y terrorismo de Estado, se han hecho pasibles de sanción pública ejemplarizadora, unos por el daño irreparable que hicieron al sumirnos en un baño de sangre, sirviendo a los intereses de los enemigos del pueblo y logrando el desprestigio de los partidos y organizaciones populares, y otros, por utilizar la represión indiscriminada como política de Estado, sobre todo en perjuicio de las poblaciones más indefensas.

El viejo Estado está, pues, en crisis. No sirve a la Nación, no ordena el país ni garantiza los derechos fundamentales de las personas. Ha perdido credibilidad, eficacia y legitimidad. La corrupción, la destrucción del medio ambiente, el caos, la criminalidad, el desgobierno, la pobreza y la marginalidad son sus signos distintivos. Es obvio que, con semejante panorama, los servicios públicos adolezcan de lo más elemental para cumplir su misión: La Educación Pública es de pésima calidad, con maestros obligados a trabajar con salarios de hambre, en colegios que se caen a pedazos, sin infraestructura adecuada, y una creciente deserción escolar que compromete seriamente nuestro futuro; una educación superior —elitista y desvinculada de los grandes problemas nacionales—, que ha hecho abandono de la investigación, la producción científica y el desarrollo cultural. Una política de salud pública ineficaz y a punto de colapsar, en riesgo permanente de ser entregada también a la voracidad de los consorcios privados. Un sistema de pensiones precario, obligado a competir con las AFPs que han convertido el trabajo asalariado en soporte financiero de sus negocios, incapaz también de garantizar una jubilación digna para los trabajadores. Una Fuerza Armada sin recursos, desmoralizada, sin medios suficientes para cumplir con éxito su misión constitucional. Una Policía en permanente proceso de reorganización, distante del apoyo ciudadano y limitada en su función por falta de presupuesto,  capacitación y ética de sus efectivos. Una democracia débil, basada en la libre concurrencia de partidos políticos tradicionales, soporte de los grupos de poder que concitan el repudio y la desconfianza ciudadana. Instituciones caducas que no guardan correspondencia con nuestra realidad de pueblo antiguo y participatorio. Un empresariado miope, atento sólo al lucro inmediato de sus empresas, sin visión de futuro ni compromiso alguno con un coherente proyecto de desarrollo nacional. Una evasión tributaria generalizada y un sistema que libera de cargas impositivas al capital extranjero, y pretende alimentar la caja fiscal con el sudor de los trabajadores. En fin, un país donde se cumple, infelizmente, el terrible apotegma de González Prada: «El Perú es un cuerpo enfermo: donde se pone el dedo, brota pus».

Por ello y teniendo como único propósito lograr un cambio estructural en democracia, recuperar el país y lograr la ascensión, por primera vez, de los desposeídos de siempre al manejo de la función pública, un grupo de personas, con voluntad unitaria en su constitución, hemos decidido forjar un «Frente Popular» que sea expresión política de «los de abajo». Este proyecto político basa su capacidad de convocatoria en su carácter amplio, asumiendo, con realismo, los errores que impidieron, en el pasado reciente, la concreción de un vigoroso movimiento de masas como alternativa de gobierno.

El propósito del Frente es construir un nuevo Estado, una sociedad auténticamente democrática, una economía de bienestar, y un orden social más justo, libre e igualitario, al servicio del pueblo peruano, teniendo en cuenta los siguientes principios:

 Primero.- Valorar al ser humano y la preservación de la biodiversidad, como origen, centro y fin de toda actividad económica, social y cultural del Estado y la sociedad. Las políticas que se emprendan deben tener como meta mejorar las condiciones de vida de la población y preservar el eco sistema.

Segundo.- Reconocer el derecho a la igualdad y las oportunidades de todos los peruanos y peruanas, sin exclusión alguna por razón de etnia, credo, cultura,  ideología, ni orientación sexual.

Tercero.- Construir un nuevo Estado, soberano, participativo y democrático, que afirme la identidad nacional y sea fiel representante y garante de nuestra pluralidad cultural, a fin de lograr un nuevo pacto social que elimine la pobreza y la exclusión, reduzca las desigualdades y garantice la participación permanente y fiscalizadora de la sociedad en la administración y los servicios públicos, base para construir una auténtica democracia que responda al interés común y no al mezquino y excluyente de los grupos de poder tradicionales.

Cuarto.- Definir la política económica hacia una alternativa que se sustente en principios de equidad y solidaridad, de acuerdo a la tradición y cultura de nuestro pueblo, priorizando el apoyo del Estado hacia el empresariado nacional, principalmente pequeño y mediano, industrial y agrario, por ser promotores de fuentes de trabajo y desarrollo sostenible.

Quinto.- Garantizar empleo digno y productivo para la población, mediante políticas que den estabilidad a los trabajadores y campesinos, soporte del desarrollo económico y social del país, y promuevan la disminución segura y paulatina del desempleo y la falta de oportunidades para una creciente demanda laboral insatisfecha.

Sexto.- Concretar una política internacional soberana, autónoma, independiente y digna, solidaria con los países latinoamericanos y del llamado Tercer Mundo, que responda a los intereses nacionales, no esté sometida a los dictados de las grandes potencias y respete la autodeterminación de los pueblos.

Séptimo.- Regir nuestras acciones por principios éticos y de justicia social, haciendo de la política un ejercicio digno y necesario para la construcción democrática al servicio del pueblo, y no un pretexto para el enriquecimiento personal y la hegemonía de los grupos de poder.

Octavo.- Sustentar nuestra acción política en la construcción de una democracia participativa donde la sociedad pueda ejercer de modo permanente su derecho a intervenir en la gestión pública y fiscalizar la acción de sus mandatarios, con derecho constitucional a la revocación.

Noveno.- Convocar a todos los hombres y mujeres del Perú para que participen del Frente Popular, sin exclusión alguna por razón ideológica, doctrina, credo político ni religioso, movidos sólo por el anhelo común de cambiar las estructuras del país y rescatar nuestro patrimonio colectivo de manos de los grupos de poder, tanto nacionales como extranjeros, causa y origen de la miseria y atraso en que nos debatimos.

Décimo.- La democracia interna será eje de nuestra vida institucional, y los dirigentes y representantes se elegirán en comicios internos, mediante voto individual y secreto, y bajo el principio de «un militante, un voto».

Para lograr sus objetivos, el Frente Popular propone a la consideración de los peruanos y peruanas, el siguiente

 Programa

 REFORMA DEL ESTADO.- Planteamos convocar una Asamblea Constitu-yente con el objeto de crear las bases de un nuevo Estado, mediante el cambio de las instituciones públicas, a fin de lograr su adecuación a los principios que animan nuestro movimiento, los retos que plantea la modernidad, y a la peculiar estructura del país multinacional y de milenaria tradición que conformamos. Esta reforma debe abarcar los siguientes aspectos:

1.     Crear un Estado de nuevo tipo que adecue su funcionamiento a la peculiar estructura del país pluricultural y multiétnico que somos, fracturado en su desarrollo por la imposición de formas de vida y organización social, ajenas por completo a nuestra idiosincracia y tradición.

2.     Cambio del actual régimen presidencialista por otro parlamentario, como ocurre actualmente en las naciones más avanzadas del mundo y entronca con el dualismo tradicional andino: un Presidente que sea solamente Jefe de Estado, y un Primer Ministro, elegido por el Parlamento, que ejerza como Jefe de Gobierno y pueda ser revocado de acuerdo a mecanismos constitucionales previamente establecidos.

3.     Creación de un Parlamento Nacional que considere también me-canismos electorales de recambio, a fin de garantizar el correcto desempeño de los parlamentarios.

4.     Establecer una democracia sólida que promueva la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública, como ente gestor y de fiscalización, y no limite sus alcances a una consulta popular cada cinco años. Esta democracia de nuevo tipo basará su gestión en la capacidad de la sociedad, debidamente organizada, para revocar del cargo a los funcionarios, por inconducta comprobada, incompetencia, o mal uso de los recursos del estado. Una democracia real y no formal que garantice su vigencia en la creación de mecanismos constitucionales que respondan a la diversidad cultural del país y a nuestra tradición de pueblo antiguo y par-ticipatorio.

5.     Promover una carrera pública que asegure la estabilidad del fun-cionario, siguiendo los principios de solvencia y capacidad para el cargo, retribuida con una escala remunerativa homologada para los distintos niveles de la administración, con topes salariales máximos y mínimos, de acuerdo a nuestra realidad.

6.     Establecer igualmente un régimen de control y fiscalización severo, con directa participación de la sociedad organizada y mecanismos constitucionales que consideren la confiscación de bienes y la inhabilitación civil para quienes delincan y lucren con los recursos del Estado.

7.     Garantizar que los gobiernos regionales sean elegidos democrá-ticamente y respondan a un diseño que propicie la delimitación territorial de las actuales regiones en conglomerados más vastos, a partir de la autodeterminación de los pueblos, teniendo en cuenta la identidad cultural de sus habitantes, los recursos naturales de que disponen y la accesibilidad de los medios de transporte y comu-nicación. El proceso de constitución de estas macro regiones debe ser gradual y estará dirigido a lograr la organización y desarrollo de los pueblos, con autonomía en la gestión y administración de sus recursos, bajo un régimen común que propicie la unidad política del Estado. Debe considerar, además, un sistema de mecanismos compensatorios para las regiones menos favorecidas.

8.     Propugnar que os municipios gocen de una amplia libertad para decidir sobre los asuntos de su jurisdicción, con sus Concejos elegidos democráticamente, con irrestricto respeto a la proporcionalidad de los votos, y con mecanismos de fiscalización por la comunidad, y revocación en el cargo, previamente establecidos por una nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

9.     Dotar a las Fuerzas Armadas y Policiales del nuevo Estado, con recursos suficientes que correspondan a las exigencias de la moder-nidad y la eficacia; y garantizar la capacidad profesional de sus efectivos, para que cada una, en su respectivo campo de acción, cumpla su rol histórico de defender la soberanía del país y el orden público, y ambas puedan contribuir igualmente al desarrollo económico y social de la población.

10. Garantizar el derecho irrestricto de los ciudadanos a constituir partidos y frentes políticos, y lograr su participación en los procesos electorales, en igualdad de condiciones para todos, fijando normas que velen por la inscripción, el financiamiento y la democracia interna de las organizaciones políticas.

11. Impulsar una auténtica reforma del Poder Judicial que garantice la unicidad del sistema judicial, eliminando los fueros privativos, como una necesidad prioritaria del nuevo Estado. Ésta debe concretarse con la participación de la sociedad civil organizada, manteniendo las salas y juzgados especializados, a fin de garantizar la honestidad, eficacia, celeridad y modernidad de los órganos jurisdiccionales. El sistema reconocerá la justicia consuetudinaria de las comunidades indígenas, en la medida que no afecten los derechos humanos.

12.  Recuperar el rol rector y promotor del desarrollo nacional y regional del Estado, reservándo su derecho a determinar el tipo de gestión en los sectores estratégicos de la economía y los servicios básicos. Su acción promotora debe estar orientada a lograr una más justa redistribución del ingreso nacional, priorizando la educación, la salud y seguridad social, la defensa nacional, la promoción de trabajo digno y productivo para la población, y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

13.  Establecer un Sistema Nacional de Planificación participativo, que favorezca el desarrollo económico sostenible de cada una de las regiones, y del país en su conjunto.

POLÍTICA ECONÓMICA.-  Dirigida a desarrollar el ciclo productivo de inversión, producción y reiversión, a fin de lograr una economía estable, con crecimiento permanente y orientada a mejorar el nivel de vida del pueblo. Nuestra concepción conjuga eficacia con función social y se basa en el principio de que el ser humano no está al servicio del mercado, sino el mercado a su servicio, única forma de lograr la continua elevación del nivel y calidad de vida de la población, reduciendo gradualmente la brecha existente entre la minoría de altos ingresos y la gran mayoría de la población que linda con los límites de la pobreza extrema. El Frente Popular se propone alcanzar estas metas mediante los siguientes mecanismos:

1.     Anteponer los intereses de nuestro pueblo a la llamada "Globalización neoliberal" que trata de imponer una política económica supeditada a los intereses de las transnacionales y las grandes potencias.

2.     Propender la participación activa de nuestro país en los procesos de integración económica, social y cultural que se procesan en América Latina y otras regiones del llamado «Tercer mundo». En tal sentido, volver a integrarnos con el llamado «Grupo de los 21», hoy mutilado por presión de las grandes potencias, y promover el fortalecimiento de los mercados subregionales, como el Andino y el Mercosur.

3.     Denunciar las recetas fondomonetaristas y la economía neoliberal, como las directas responsables de la situación de miseria y marginación que padece nuestro pueblo.

4.     Denunciar el Alca, la APDEA y el TLC, como acuerdos engañosos que perjudican nuestro desarrollo socioeconómico y constituyen mecanismos de dominación neocolonial.

5.     Reservar para el Estado el sector estratégico de la producción de energía y los servicios básicos.

6.     Propiciar la participación del capital extranjero bajo el sistema de concesiones y empresas mixtas, que garanticen el interés nacional sin mengua alguna de la soberanía, los legítimos derechos de los trabajadores y las empresas nacionales. El Estado ejercerá un control estricto para evitar el eventual daño que puedan causar al ecosistema.

7.     Garantizar la concurrencia de capital fresco, tanto nacional como extranjero, para promover la actividad productiva de los peruanos, mediante concesiones a plazo fijo. Las empresas extranjeras deben concurrir, además, con tecnología de punta y promover empleo digno y productivo.

8.     Renegociar, con los países de la región, el pago de la deuda externa legítimamente contraída, mediante el sistema de canje por inversión social u otras modalidades que favorezcan el interés nacional.

9.     Promover una política de promoción del empleo y las oportunidades, siguiendo el principio de apoyar prioritariamente a la micro, pequeña y mediana empresa, generadoras de inversión y puestos de trabajo. Establecer, para estos sectores, mecanismos de financiamiento y promoción que favorezcan su formalización, crecimiento y desarrollo del mercado interno, bases para lograr un desarrollo sostenible.

10. Establecer una política tributaria basada principalmente en el impuesto a la renta, y de acuerdo al principio de que pagan más los que más tienen, sin excepción ni dispensa alguna en razón de contratos de estabilidad tributaria, otorgados en beneficio de las empresas extranjeras. Las deducciones serán establecidas por ley, teniendo en cuenta el nivel de ingreso de las personas, las cargas familiares y la política promocional para la actividad agropecuaria, la educación, la cultura, y el fomento de la micro, pequeña y mediana empresas.

11. Establecer una política arancelaria que proteja la producción nacional considerada de primera prioridad para el desarrollo del país, favoreciendo la importación de bienes de capital y tecnología de punta que requieran.

12. Promover la formalización de las empresas, mediante incentivos técnicos que favorezcan su desarrollo, a fin de ampliar la base tributaria y fortalecer el mercado interno.

13. Establecer una política anti dumping frente a la invasión de productos subsidiados por otros Estados, particularmente provenientes de las grandes potencias, y controlar las prácticas monopólicas de las empresas transnacionales

14. Propiciar el desarrollo de actividades de transformación para nuestros recursos naturales, apoyando proyectos de desarrollo sostenible de las regiones, y promoviendo su exportación a los mercados extranjeros.

15. Implementar una política prioritaria para el sector agropecuario, siguiendo el principio de establecer tasas arancelarias para los productos provenientes de países con agroindustria protegida, y negociar criterios compensatorios con los países de la subregión.

16. Promover la actividad minera que propicie la inversión en la prospección, extracción, producción, transformación y comercia-lización de la actividad, con normas estrictas de control, fiscalización y sanción para evitar la evasión tributaria, la contaminación ambiental y el daño a la biodiversidad. La población directamente involucrada deberá beneficiarse de los contratos de concesión y los beneficios del canon, de acuerdo a normas internacionalmente aceptadas.

17. Propiciar la actividad pesquera que respete la soberanía de nuestras 200 millas territoriales, dirigida principalmente a favorecer el crecimiento de las inversiones en el sector de pesca para consumo humano, y regular la actividad extractiva para la pesca de consumo industrial, de acuerdo a normas precisas de preservación de la biodiversidad y el patrimonio ictiológico. Nuestra política pesquera estará dirigida a promover, prioritariamente, a los trabajadores del mar y a los pueblos del litoral donde la actividad se realiza, comba-tiendo las llamadas «pesca negra» y «pesca vikinga».

18. Propiciar la creación y desarrollo de un amplio Sistema Nacional que regule el transporte aéreo, terrestre y marítimo, promoviendo la modernización de los servicios, la participación del sector público y privado en la actividad, a fin de lograr una mejora sustantiva de la capacidad instalada y el manejo técnico de los puertos y servicios.

19. Propiciar una actividad de comunicaciones que reserve para el Estado el manejo y control del espectro radioeléctrico, y regule la actividad privada con normas que impidan el monopolio de los medios y garantice una verdadera y auténtica libertad de expresión.

20. Propiciar una política ambientalista que responda al principio rector de que más vale preservar que destruir, dando leyes que promuevan la reforestación de los bosques, la preservación de la biodiversidad, y la explotación racional de los recursos, estableciendo sanciones drásticas para toda infracción a las regulaciones y la agresión comprobada al ecosistema. Crearemos mecanismos que favorezcan el desarrollo de una conciencia y educación ambientalistas en la población, rescatando para ello los valores esenciales de nuestra cultura ancestral.

21. Propiciar el desarrollo científico y tecnológico, dirigido a contar con personal calificado e infraestructura moderna, a fin de dotar al país de capacidad competitiva en América Latina y el mundo, sin descuidar la investigación y desarrollo de tecnologías olvidadas que hicieron del Perú, anterior a la invasión europea, un proyecto socio político eficaz que logró dotar de una vida digna a su población.

POLÍTICA SOCIAL.- El Frente Popular considera el trabajo como fuente de toda riqueza y reconoce la necesidad de un trato equitativo con el capital en las relaciones laborales. Por tanto, se propone crear mecanismos legales y admi-nistrativos que superen la desventaja histórica del trabajo en relación al capital. Nuestra acción estará dirigida a erradicar la pobreza y la extrema pobreza de la población, promoviendo la creación de trabajo digno, entendido éste como empleo estable, remunerado adecuadamente, como derecho fundamental de quienes concurran al proceso productivo. Para ello estableceremos lo siguiente:

En el campo laboral:

1.     Reconoceremos los estándares mínimos establecidos por la O.I.T. para fijar una política salarial digna y en consonancia con los postulados de un Estado moderno, democrático y participativo.

2.     Propiciaremos el libre acuerdo entre las partes como mecanismo suficiente para asegurar la estabilidad de las empresas y la permanente mejora del nivel de vida de los trabajadores.

3.     Favoreceremos acuerdos concertados entre los empresarios y los trabajadores, siguiendo el principio andino de la reciprocidad, a fin de lograr generación de empleo digno y productivo, y alcanzar metas de corto y largo plazo que satisfagan el legítimo interés de las partes, y reduzcan los riesgos que afecten la paz laboral y la paz social.

4.     Impulsaremos la capacitación laboral, el conocimiento y la innovación como instrumentos indispensables del crecimiento productivo y la superación del nivel de vida de los trabajadores.

5.     Crearemos los mecanismos legales y administrativos suficientes para erradicar todo atisbo de discriminación por género, discapacidad o cualquier otro elemento de exclusión social. Nuestra política laboral estará regida por el principio de «A igual trabajo, igual remuneración»

6.     Propiciaremos como objetivo central de nuestra propuesta, la elimi-nación del trabajo infantil, estableciendo, mientras se consolide el Estado de bienestar para todos los peruanos que nos proponemos alcanzar, una política de protección y asistencia social en favor de los niños trabajadores, sometidos a menudo a explotación y sobre explotación por empresarios inescrupulosos y aun por la dura realidad que atraviesan sus familias.

7.     Regularemos el accionar de los «services» y otras modalidades de la tercería laboral, eliminando toda forma de explotación y sobreexplo-tación del trabajo por el capital.

8.     Crearemos mecanismos compensatorios a fin de lograr una mayor justicia distributiva de la renta nacional, mediante la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

9.     Promoveremos la gradual sustitución de las actuales y necesarias políticas asistencialistas, por mecanismos promotores que garanticen empleo digno y productivo para los más necesitados.

10. Crearemos mecanismos legales y administrativos que propicien la formalización del sector informal, a fin de incorporar este importante sector laboral en la PEA, y promover su acceso a los beneficios financieros, de servicios y otros, que ofrece la economía formal.

 En el campo de la Salud y la Seguridad Social:

1.    Estableceremos la atención de salud para todos los peruanos y peruanas, durante la totalidad de su ciclo vital, basados en los principios de solidaridad, igualdad, obligatoriedad y universalidad.

2.     Crearemos una Caja única para la atención de las pensiones, jubilación, cesantía, vejez, invalidez, viudez, orfandad, y para la atención de los desocupados temporales.

3.     Priorizaremos la medicina preventiva, garantizando una alimentación de calidad para todos los peruanos.

4.    Velaremos por el control de las enfermedades transmisibles y el saneamiento ambiental, garantizando atención de calidad, y al alcance de todos, para los afectados por el Sida y otras pandemias de la modernidad.

5.     Daremos especial atención al cuidado ecológico del país, como factor indispensable para garantizar la salud y la calidad de vida de la población.

6.     Fortaleceremos el Sistema Público de Salud, mediante su inclusión en un régimen autónomo y único de gestión, independiente en sus decisiones, y con dirección compartida entre los trabajadores, los profesionales de la salud, y los beneficiarios.

7.     Propiciaremos el desarrollo de la medicina tradicional como alternativa complementaria y eficaz de la cobertura de salud.

8.     Garantizaremos el libre e irrestricto acceso y permanencia de los trabajadores al régimen pensionario que más se ajuste a sus necesidades e intereses.

9.     Procuraremos una vivienda digna y decorosa para la población, dotada de agua potable, luz y otros servicios básicos; así como infraestructura vial y de electrificación para las poblaciones marginales.

En el campo de la Educación:

         El Frente Popular asume que la educación, la ciencia y la cultura son canales de progreso social y realización de la persona humana, y que la educación y el conocimiento constituyen un eje fundamental para la transformación productiva y el desarrollo económico con equidad. En tal sentido se propone alcanzar sus metas mediante los siguientes mecanismos:

1.     Realizaremos una verdadera reforma integral del sistema educativo nacional, en todos sus niveles y modalidades, con participación democrática de todos los actores sociales y políticos involucrados: maestros, estudiantes, padres de familia, directores, gobiernos locales, sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos, empresas y la administración pública en general. Todo ello articulado a un proyecto educativo nacional como parte fundamental del proyecto nacional de desarrollo del país que propugna el Frente Popular.

2.     Daremos una nueva Ley General de Educación que contemple los niveles inicial, básico y superior, así como la realidad heterogénea y pluricultural del país. Igualmente daremos una nueva Ley General del profesorado que garantice recursos suficientes para satisfacer las legítimas demandas salariales de los maestros, propicie su dedicación exclusiva y garantice su continua y permanente superación. Daremos también una nueva Ley universitaria, afirmando el principio de autonomía, estabilidad política y compromiso social, orientado al desarrollo económico y social del país en su conjunto y de cada región en particular.

3.     Regularemos el sistema educativo privado bajo el principio de que la educación es un derecho y no un medio de comercialización y lucro.

4.     Reorganizaremos el Ministerio de Educación, asegurándole un fun-cionamiento eficaz en lo pedagógico y administrativo.

5.     Crearemos el Instituto Nacional de Planificación Educativa destinado a formular y evaluar de manera eficiente y puntual las propuestas que tiendan a asegurar la calidad de la educación, en función de los obje-tivos y necesidades del desarrollo nacional.

6.     Aumentaremos el Presupuesto Nacional de Educación, incrementando progresivamente la inversión, del equivalente a 120 dólares por alumno, a 400, a fin de equipararnos con los países de la región y disminuir nuestra desventaja. Para ello destinaremos al sector educación no menos del 6 por ciento del PBI.

7.     Garantizaremos una educación obligatoria, gratuita y de calidad para todos los peruanos, respetando la diversidad étnica, lingüística, cultural y social del país, dentro de un marco de tolerancia y democracia.

8.     Movilizaremos al conjunto de la población y destinaremos los recursos económicos y materiales necesarios para la erradicación total del analfabetismo, asegurando igualdad de condiciones y oportunidades para todos. Daremos prioridad a la educación en zonas rurales y marginales (comunidades andinas, nativas y de exclusión urbana) impartiendo en horarios flexibles, educación en español, leguas venáculas y bilingüe.

9.     Propugnaremos la formación permanente e integral de la persona, con sentido nacionalista, humanista y solidario, que concurra a su formación integral como ser individual y social.

10. Impulsaremos la dignificación económica, social, profesional y laboral del maestro como factor fundamental del cambio. Estableceremos la carrera magisterial y un régimen remunerativo y de escalafón, que reconozca y promueva la carrera docente, estableciendo incentivos y promociones en base a méritos y rendimiento académico.

 En relación a las Minorías Nacionales.

1.    Estableceremos una política de nacionalidades que respete la identidad cultural del conglomerado de etnias y pueblos originarios que habitan nuestro territorio, a fin de lograr su acceso a la modernidad, sin menoscabo alguno de su lengua, sus valores propios y su forma de vida.

2.    Propiciaremos mecanismos legales y económicos destinados a crear condiciones para que las minorías étnicas permanezcan en su propio territorio, logren su pleno desarrollo, y concurran de modo creador y participativo en la forja de un Estado nacional.

 En relación a la participación ciudadana y otros:

1.    Estableceremos políticas de apoyo a los discapacitados, de promo-ción y garantía de los derechos civiles y laborales de la mujer, y de tratamiento especializado para la juventud y los deportes.

2.     Propiciaremos programas de desarrollo socioeconómico dirigidos a las familias de extrema pobreza, con la finalidad de erradicar gradualmente el trabajo de la niñez y la adolescencia en el país.

3.     Promoveremos y apoyaremos todas las formas de organización de la sociedad civil, a fin de lograr su participación directa en los procesos de gestión, toma de decisiones y fiscalización, que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.

4.     Propiciaremos una política de Planificación familiar, paternidad res-ponsable y de población, concordante con la autodeterminación y el libre albedrío de los ciudadanos.

POLÍTICA CULTURAL.-  El Frente Popular se propone establecer una política cultural promotora que considere al productor concreto de bienes culturales como el actor principal de su desarrollo, eliminando toda ingerencia del gobierno y del propio Estado en su orientación y libertad de creación. El Estado deberá limitar su participación al establecimiento de mecanismos de  promoción, difusión, financiamiento y mercado que favorezcan el desarrollo del sector, particularmente de aquellos que expresen, a través de la ciencia, el arte, la tecnología y la artesanía, la memoria colectiva de nuestro pueblo y el desarrollo de una conciencia nacional.

POLÍTICA INTERNACIONAL.- El Frente Popular ejercerá una política exterior antiimperialista y digna, autónoma, independiente y soberana, sin otra perspectiva que el interés de las mayorías nacionales y la coexistencia pacífica con los pueblos hermanos de América Latina y el mundo. Nos opondremos, por ello, a la participación de nuestro país en el Plan Colombia, la Iniciativa Andina y otras formas de ingerencia norteamericana en nuestro continente, destinadas a lograr la explotación directa de nuestros recursos naturales y formalizar su control.

Para ello, impulsaremos la consolidación y desarrollo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y su alianza estratégica con el MERCOSUR, para lograr la unidad Sudamericana en primera instancia, y avanzar luego hacia la integración Latinoamericana con los países de Centroamérica y el Caribe, integración que no sólo debe darse en la discusión en bloque de los temas de comercio exterior, sino principalmente en la construcción de un real proceso de inclusión económica, cultural, política y social que posibilite el desarrollo armonioso de nuestros países y pueblos.

Haremos respetar, de modo prudente pero decidido, la integridad de nuestro mar, tanto en la preservación de las 200 millas, como en la reivindicación de los más de 30 mil kilómetros cuadrados que Chile reclama como suyos, en el extremo sur de nuestro territorio.

Denunciaremos ante los organismos internacionales competentes, la intención de cualquier potencia mundial de utilizar a naciones hermanas como gendarmes de sus intereses económicos y militares en América del Sur. Estamos en contra de la carrera armamentista pero tomaremos todas las previsiones necesarias para garantizar la paz con dignidad en nuestra región. Para ello propiciaremos una oposición concertada a toda ingerencia de las grandes potencias en los asuntos internos de nuestros países, preservando el principio de independencia y respeto al derecho ajeno que animó la gesta de los libertadores. En esta perspectiva apoyamos el derecho a la libre determinación de los pueblos, principalmente en los casos de Cuba y Venezuela, y seguiremos exigiendo el cese del bloqueo que mantienen los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo Cubano por más de 40 años.

El Comité Ejecutivo Nacional

Juan José Gorritti Valle
Héctor Béjar Rivera
Federico García Hurtado
Renàn Raffo Muñoz
Carlos Cruz Garay
Joaquín Gutiérrez Madueño
Alejandro Ortiz Villaverde
Roberto Carbonel Pezo
Pablo Checa Ledesma
Gustavo Madueño Paulette
Víctor Gorritti Candela
Josè Alarcón Portocarrero
Manuel Castillo Cabrera
Wenceslao Risco
Diazmin Loayza Orè