El presidente Chávez, de Venezuela, con la sorpresa de un ataque relámpago, anunciaba, en un programa de radio, el inicio de "la revolución cultural bolivariana creadora y liberadora". Sin embargo, su alcance se limita a un cambio en el equipo directivo de las instituciones culturales del Estado y a la promesa de una nueva ley general de cultura.

La guerra emprendida por Chávez, como toda intervención del Estado en el ámbito cultural toca dos vertientes muy sensibles del derecho a la cultura: La garantía de la libertad creadora; y, asegurar el libre acceso a los bienes y servicios culturales a todos los ciudadanos. Por tocar a la cultura, y encontrarnos en plena edificación de una secretaría de Estado de cultura, debemos seguir con mucha atención lo que ocurrirá en Venezuela, en los próximos meses.

¿Cual es el papel del Estado en la cultura? La gestión cultural estatal se inaugura, con la Revolución Francesa, cuando se establece la obligación de conservar y proteger el patrimonio cultural de la Nación. A estas tareas se fueron agregando, otras, como el apoyo y patrocinio de las Bellas Artes.

En 1948, con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconocía el derecho de todos los seres humanos a la cultura. Desde entonces se ha venido imponiendo una nueva visión del Estado, cuya función primordial sería la de ser garante del ejercicio de los derechos. Si los humanos tenemos el derecho a la cultura como exigencia intrínseca de la dignidad de la persona, el Estado debe, desde una posición de responsabilidad moral, social y jurídica, garantizar su ejercicio articulando políticas culturales que tengan como objetivo afianzar el respeto de tales derechos, y proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los medios adecuados para asegurar la participación efectiva de los ciudadanos en la vida cultural de la comunidad.

Con la creación de la Secretaría de Estado de Cultura se dio el primer paso en la ejecución de una concertada estrategia de reforma del sector cultural del Estado para ponerlo en condiciones de cumplir con sus responsabilidades, asegurar a los dominicanos el ejercicio de sus derechos culturales y contribuir al desarrollo humano. Para ello deberá modificarse toda la estructura organizativa vigente mediante la descentralización del sistema y el desarrollo de nuevas instancias institucionales, así como vislumbrar nuevas posibilidades de financiamiento para el sector.

De esta reforma quedan aún por cumplir pasos fundamentales: La concertación de un plan plurianual de desarrollo cultural; la elaboración de una ley general de cultura que reorganice las instituciones culturales y, finalmente, recoger los avances alcanzados en el derecho a la cultura en el texto constitucional. Se trata de una reforma que aseguraría a los dominicanos, sin retóricas, ni politiquería, una participación libre, informada, creativa en la vida cultural. Esperaríamos de las actuales autoridades culturales que asuman estas reformas que nos permitirían avanzar sin revoluciones ni sobresaltos hacia la edificación de una autentica democracia cultural.
Publicado en el diario "El Caribe", el sábado 10 de febrero del 2001