El sociólogo José Oviedo viene desplegando, desde "El Siglo", reflexiones en torno a la necesidad de establecer un marco de políticas culturales que nos permitan superar la reduccionista visión intelectualista y literaria que ha privilegiado el filón hispanista de la cultura dominicana, por otra más abarcadora, abierta, equitativa y democrática que integre al discurso de nuestra identidad la totalidad de las manifestaciones y símbolos de nuestra diversa cultura nacional.

Si aceptamos los argumentos de Oviedo, que considero sólidos, deberíamos cuestionarnos sobre cuáles políticas culturales habríamos de implementar para producir una autentica transformación, empoderadora de la gente, a fin de que el sector cultural oficial garantice a todos, por igual, el acceso a la cultura y el ejercicio cabal de sus derechos culturales.

Desde mi perspectiva, la solución transitaría por la realización de una reforma minuciosa del sector cultural del Estado. Durante el gobierno del presidente Fernández se intentó seguir este camino, empero la misma quedó trunca. En esa ocasión se elaboraron diagnósticos de la situación del país cultural: Uno, sobre el estado de las instituciones culturales; otro, sobre la legislación del sector. Sobre tales resultados se edificó el proyecto de ley de la Secretaría de Cultura concebida como organismo coordinador del sistema nacional de la cultura, descentralizado territorialmente. Se justifica, en ese contexto, la intervención del Estado en la cultura por constituirse éste, mediante la reforma, en garante del ejercicio de los derechos culturales, de la defensa del patrimonio y de la protección de la identidad de los dominicanos. Por ello, se tipificó la inversión cultural como gasto social.

Quedaron pendientes, sin embargo, dos aspectos capitales de la reforma: primero, la concertación de un Plan Nacional Decenal de Desarrollo Cultural como única manera de dar continuidad en el tiempo, y otorgar consistencia institucional, a las políticas culturales; segundo, la necesidad de replantear, en una reforma constitucional, el lugar de la cultura en el nuevo contexto institucional de la Nación y reconsiderar las garantías para el ejercicio de los derechos culturales. Producido el cambio de mando, llegué a pensar que los pasos faltantes serían retomados por la administración perredeista, por exigencias de continuidad del Estado, pero lamentablemente no hay señales de que ello ocurrirá.

Para construir políticas culturales sobre nuestras raíces y formas de ser habría que escuchar a la gente, a las comunidades, sobre aquello a qué aspiran y consideran valioso del propio ser. Habría que crear instancias de empoderamiento local para capacitar a la autogestión y al logro de sus metas de desarrollo cultural y establecer, para el país, un orden concertado entre las aspiraciones y las prioridades. Sólo desde tal política cultural se podría reivindicar plenamente a la cultura como el espacio de la identidad, los valores democráticos y la participación, y espacio privilegiado de concertación social. Nos encaminaríamos además, a dejar atrás la terrible condena colectiva que nos agobia: tener que recomenzar de la nada cada cuatro años.
Publicado en el periódico "Vanguardia del Pueblo", el miercoles 09 de mayo del 2001.