Por: Luis O. Brea Franco. Catedrático y consultor. (Lobrea@mac.com)

La cultura política en nuestro país está marcada por la convicción, expresada en una práctica constante, de que la primera tarea de un nuevo funcionario consiste en denostar, rechazar y discontinuar las acciones de sus antecesores. El asunto se agudiza cuando se produce un cambio de gobierno que conlleve la rotación del partido en el poder.

Es más, reina, entre nosotros, la creencia de que no se puede iniciar una "exitosa" gestión sin antes haber realizado una crítica minuciosamente destructiva de todo lo logrado por la administración saliente. Para ello ha de tomarse en cuenta sólo las deficiencias y debilidades.. Se produce, como consecuencia de ello, un abandono de los programas de acción y una discontinuidad en las políticas ejecutadas hasta entonces.

Es la cultura política de la tierra arrasada, de la devastación de lo precedente. Se constituye bajo el signo de un credo resentido y providencialista: Como antes no estaba yo (o mi partido) no se pudo realizar nada bueno, nada bien hecho, en consecuencia, todo lo realizado durante ese período es puro disparate y debe cesar.

Uno de nuestros grandes retos para alcanzar, en los próximos años, metas de desarrollo y modernización del Estado habría de consistir en encontrar mecanismos que nos permitan superar operativamente esta atrasada visión y asegurar, al mismo tiempo, una continuidad real, no sólo formal o jurídica, de las políticas públicas en el paso de una administración a otra, cada cuatro años.

En el pasado se procuró buscar solución a esta problemática, mas los resultados han sido limitados. Se procedió por la vía de la creación de fundaciones y patronatos, entregando parte del legado institucional del Estado a grupos privados a los que se le garantizaba la permanencia como un modo de dar continuidad a los objetivos y a la acción de las instituciones. Otro precedente, más reciente, se tuvo cuando el Congreso Nacional sancionó una legislación para garantizar la inamovilidad de ciertos funcionarios. Empero, una sentencia de la SCJ, terminó con este proyecto.

¿Qué vía nos quedaría aún por explorar para solucionar esta problemática? Me luce que habría una posibilidad. Consiste sencillamente en hacer planes. Es decir, envolvernos en la tarea colectiva de concertar y elaborar planes de desarrollo para todas las áreas de gestión de la administración pública. Planes de acción por un período de diez 0 doce años.

Prueba su posibilidad operativa el ejemplo que nos ofrece el plan decenal de educación. Tal instrumento nos está permitiendo hacer grandes avances en el prioritario sector educativo. Además de que nos ha permitido mantener los objetivos y las metas nacionales alcanzadas en un ejemplar proceso de concertación nacional. Mientras, cada uno de los gobiernos, de tres signos políticos diferentes, que lo han administrado se han sentido comprometidos con su ejecución, al mismo tiempo se han podido permitir cierta libertad de ejecución para marcar con acentos e inflexiones las propias prioridades programáticas partidarias.

Ahondar esta experiencia podría ser la solución para la problemática de la continuidad de las políticas de Estado.

Publicado en el diario El Caribe, el día  sábado, 28 de octubre del 2000