Luis O. Brea Franco. Consultor académico y cultural.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), desde 1990, viene realizando una magnífica labor en pro de la institucionalización y el reforzamiento de los valores democráticos en el país. Muchos dominicanos compartimos con ella la convicción de que la democracia real ha de fundamentarse con la plena participación de los ciudadanos en la configuración de nuestras instituciones políticas y jurídicas. Igualmente, coincidimos con FINJUS, al considerar que han de ser los ciudadanos, a través de las instituciones de la sociedad civil, en adicción a los partidos políticos, quienes deben indicar la dirección e intensidad de los cambios y transformaciones que la sociedad necesitaría realizar para asegurar a todos el triunfo de la justicia, la equidad y el cumplimiento de una vida digna y fructífera.
La necesidad de una continua renovación y puesta al día institucional que tienen que asumir hoy las sociedades modernas otorga un nuevo papel a las instituciones de la sociedad civil. Para hacer confiables y transparentes tales procesos de renovación institucional deben operar consistentes foros ciudadanos, que puedan recoger el sentir de los múltiples segmentos de la sociedad y lo pueda traducir en proyectos con reales posibilidades sociales. A este tipo de instituciones pertenece FINJUS y tal ha sido la función que ha venido desempeñando en los últimos años.
Convoca FINJUS, ahora, a la sociedad dominicana a coincidir con ella para lograr establecer, por consenso, una agenda de prioridades que nos permitan lograr la aprobación congresional de algunos instrumentos legales considerados indispensables para poder afrontar con efectividad la lucha contra la corrupción administrativa que está socavando las bases de nuestra sociedad. Sus propuestas son las siguientes: Elaborar una ley para dividir el presupuesto de la Nación entre gastos fijos y proyectos, que permita a los legisladores analizar con detenimiento e independencia los planes de inversión pública; regular, mediante ley, las compras de bienes y la adjudicación de obras del Estado, que establezcan mecanismos de control transparentes y sanciones ejemplares para quienes los infrinjan. Además, habría que reforzar los sistemas de control del gasto público otorgando autonomía a la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas.
Otra medida propuesta para afianzar una autentica impartición de justicia de sería la aprobación del Estatuto de Autonomía del Ministerio Público. Con ella, los fiscales gozarían de independencia administrativa y presupuestaria con respecto al Poder Ejecutivo y, por ende, de los partidos políticos, lo que redundaría en una mejor la calidad en sus investigaciones, mejor preparación técnica y plena independencia de criterios frente a todo asomo de componenda o clientelismo político.
Estimo que tales reformas son oportunas y contribuirían a edificar un país más justo y una democracia más transparente. Por ello llamo a los lectores de "El Caribe" a unirnos a la lucha de FINJUS por el adecentamiento de nuestros modos de convivencia apoyando la aprobación por parte del Congreso Nacional y los partidos políticos de los proyectos de ley arriba señalados. Publicado en el diario "El Caribe", el sábado 03 de marzo del 2001.