Con reservas acumuladas por el congelamiento de los sueldos de los trabajadores, el Gobierno se prepara para pagarle al FMI y a otros organismos internacionales, casi US$ 3.000 millones antes de fin de año; o sea, cerca de $ 10.000 millones en los próximos cuatro meses. Esa gigantesca masa de dinero no se destinará a crear fuentes de trabajo y mejorar sueldos, jubilaciones o subsidios para los desempleados: va todo al bolsillo de los mismos usureros. Por si esto fuera poco, en medio de la escalada represiva y el escándalo Beliz, partieron las tropas con las que el Estado argentino colabora en la repudiable ocupación colonialista de Estados Unidos y Francia en Haití, a las que Kirchner visitará en septiembre.

    Pero esto no es aceptado con sumisión por los trabajadores. Importantes luchas se desarrollaron en el noroeste (Aceros Zapla) y el sur del país (Caleta Olivia), en reclamo de puestos de trabajo y seguridad laboral. Además, hubo paro de los recolectores de residuos en la Capital, conflictos de docentes y estatales en todo el territorio están defendiendo el salario. Y los desocupados “piqueteros”, han dado muestra de que la política de terror instrumentada en la Capital el 16 de julio, no ha hecho más que redoblar su presencia en las calles.

    Por eso, también, el Gobierno se prepara para la represión, sobre un terreno previamente abonado por los medios capitalistas de (des)información que intentan convencer a la opinión pública de que los problemas del país no son el hambre, la desocupación, la tramposa deuda ni el saqueo y la fuga de divisas de los grandes capitalistas, sino la existencia de piqueteros movilizados en las calles o cualquier tipo de reclamo social o democrático.

    Los 15 detenidos de la protesta frente a la Legislatura constituyen el mayor número de presos políticos encarcelados por el solo hecho de participar en una manifestación de oposición a una medida política, en los últimos 20 años. La gran tarea de todos es encarar una gigantesca batalla por su inmediata libertad.

Estamos ante un avance relativo del Gobierno, el FMI y las derechas, por más roces y fricciones que haya entre ellos (que los hay).

     Esto podemos sintetizarlo en tres puntos: el avance hacia la sanción de las leyes reclamadas por el FMI, el salto hacia la represión reclamada por las derechas contra la lucha popular y la existencia de una primera camada grande de presos de la “democracia” por el simple hecho de manifestarse contra una legislación represiva.

     Lo que pasa es que, más temprano que tarde, el compromiso de 3% de superávit asumido por el Gobierno K-Lavagna, va a colapsar, al igual que ocurrió con el “1 a 1”. Esto lo saben bien todos los sectores más lúcidos de la gran burguesía. Por eso su gran preocupación –además de disfrutar de las ganancias agroexportadoras y petroleras– está puesta en recomponer, levantar la moral y aceitar, el aparato represivo.

     Es en este contexto que hay que inscribir la salvajada represiva cometida después de la aprobación “en general” del Código Contravencional de Macri-Ibarra para la Capital. Se trata de poner a prueba en un distrito, toda una política nacional. De ahí la saña represiva (física y jurídica) desatada contra los manifestantes. De ahí, también, la relevancia de rechazarla en forma contundente.

     Constituye una provocación en sí misma, que en un país con millones de muertos de hambre la preocupación sea cómo sacarlos de la vista del público –e impedirles que coman algo– sin hacer nada por resolver la falta de trabajo y la miseria. No es una casualidad que sean los macristas “ricos” quienes quieren que no se vean los pobres en la Capital: hay que esconderlos y terminar de meterlos en el circuito delictivo que los mismos capitalistas manejan, sea a través de la Policía, la Justicia y todo el Estado que los ricos controlan.

     Además, en la protesta contra el Código Contravencional se mezclaron el legítimo odio de trabajadores/as afectados, con el accionar de la Side y los servicios de Inteligencia que montaron un gran operativo de terror hacia la población al crear una “zona liberada”, a dos cuadras de la Plaza de Mayo, durante varias horas. Esto se combinó con una campaña mediática acerca de la “indefensión” de la Policía –que mata diariamente en los barrios– para volver a recomponer el Estado represivo y darle, así sea a cuentagotas, las viejas atribuciones que la rebelión popular de diciembre del 2001 –y su propio desprestigio producto de su accionar delictivo diario– le limitaron en los últimos dos años, en particular luego del asesinato de Kosteki y Santillán y la represión en Avellaneda.

     La derecha siempre va por más: por eso la represión a la Verón en Tolosa (La Plata) al día siguiente de la importante marcha del 4 de agosto.

La política del Gobierno –y de los sectores que presionan para forzar un curso cada vez más hacia la derecha– tiene puesto el foco en tratar de arrinconar, amansar y/o destruir al movimiento piquetero y a los sectores de obreros ocupados de vanguardia (Metrovías, el noroeste y el sur del país, franjas de ferroviarios y otros) que, de una forma u otra, todavía muy incipiente, intentan construir una nueva organización político-sindical.

     Por eso el Gobierno desempolva a la CGT, y la unifica. El plan piloto se inicia en la Uocra con la “capacitación” que el Gobierno quiere dejar en manos de la burocracia para “competir” contra el movimiento piquetero en uno de los sectores que están generando más puestos de trabajo.

     Contra esta política de nada sirve armar pequeños aparatos sindicales a partir del control de un sector del movimiento piquetero ni tampoco reflotar, contra la burocracia, la política de las “listas naranjas” que alcanzaron la Directiva de algunos gremios hace 20 años. Ellas son parte de una historia que no se repetirá más que como caricatura. El país y el movimiento obrero han cambiado y el de las “naranjas”, con el color que sea, es un capítulo cerrado (las elecciones en Gráficos y Sanidad son dos ejemplos recientes).

     La reorganización del movimiento obrero sólo puede alcanzarse desde una política democrática y revolucionaria, sea a través de congresos de bases regionales que confluyan nacionalmente, o a partir de la convocatoria de alguna/s de las vanguardias triunfantes en algún gremio que impulsen ese reagrupamiento. No hay una “consigna milagrosa” que resuelva el tema sino que es necesaria una construcción basada en un trabajo paciente, sistemático y no simplista. Hoy, esta posibilidad está en un punto muy embrionario, si bien puede avanzar a saltos en el país y en la región.

Pero el Gobierno y las derechas no juegan solos: hubo una importante respuesta del movimiento piquetero, en las calles, que expresó un contundente “NO” al miedo. Sin embargo, no golpeó con la fuerza que se correspondía con el accionar represivo del Gobierno, y que se debía intentar con una política que buscara la unidad de los trabajadores desocupados con los ocupados. Pero aun con sus limitaciones, fue una demostración de las dificultades que tienen que afrontar el capital y su Gobierno para avanzar en una política antidemocrática y represiva basada en sembrar el terror entre los luchadores y el movimiento popular.

     También hubo luchas muy trascendentes en el último período. La de los compañeros que, aprovechando las gigantescas ganancias inocultables de las petroleras, tomaron una planta en Caleta Olivia en reclamo de puestos de trabajo promoviendo la rebaja de la jornada de los trabajadores en actividad. La toma y huelga de Aceros Zapla para reclamar aumento de salarios y seguridad laboral al empresario Taselli, el principal responsable de la muerte de los mineros de Río Turbio. Los trabajadores de la mina también dieron una respuesta importante, al traer el conflicto a la Capital, con el acto que convocaron en Plaza de Mayo a un mes de la masacre, en el muy correcto intento de nacionalizar su lucha. Por último, numerosas luchas provinciales de docentes y estatales, demuestran un avance importante de la resistencia.

¿Y cómo anda el régimen político? La transversalidad agoniza. Desde diciembre del 2001 la preocupación principal de las burguesías, ha sido tratar de salir del colapso, recomponer su Estado y relegitimar su dominio ideológico, político, institucional y físico. El repudio popular ante el despliegue represivo en Avellaneda, en junio del 2002, forzó el camino hacia las elecciones y, de hecho, es lo que explica que el gobierno de K se apoye en un discurso tramposo que busca engañar al pueblo con palabras y promesas. Si hubiera triunfado Menem o cualquier otra figura de ultraderecha, podía haber provocado una rebelión de imprevisibles y peligrosas consecuencias para todas las burguesías.

     Al colapso del viejo aparato político, un sector burgués quiere recomponerlo mediante la llamada transversalidad. Desde hace bastante más de un año, este proyecto se está viniendo abajo. El operativo que volteó a un hombre del Opus Dei, como Beliz, no significó un “giro a la izquierda” como interpretan algunos (¿a la izquierda de qué?, preguntamos nosotros) sino el fracaso de la política de transversalidad, con lo que Kirchner puso proa hacia un acuerdo con el aparato del decadente PJ, y también de la UCR.

     El recambio político fracasó y se vuelve a los enjuagues del pasado. Sólo que en el medio hubo una rebelión popular que no ha sido aplastada. Continúa viva en la conciencia de una gran cantidad de personas, incluso de quienes se marean por los cantos de sirena de los que adjudican los problemas del país a “los piqueteros” para ocultar el fracaso capitalista (como Blumberg, por ejemplo) y sus terribles consecuencias.

     Kirchner se prepara a presidir el PJ y negociará candidatos con Duhalde para el año que viene, así las zancadillas entre ellos sean interminables. Al mismo tiempo, busca el “diálogo” con la UCR, aun cuando ésta sea cada vez más una especie en extinción o genere mutantes a derecha e izquierda.

     De conjunto el régimen se vuelve cada vez más antidemocrático y tiende hacia un arbitraje de la catástrofe institucional burguesa. El Parlamento hace la venia como si fuera el Regimiento de Granaderos. Pese al alboroto en la Suprema Corte, el papel que en esencia ha desempeñado durante décadas, sigue incólumne. Los diez años de impunidad de la masacre de la Amia (con la próxima liberación de los únicos imputados), la libertad de Bergés, del obispo Storni o de Grassi y los curas pedófilos, así como el entierro jurídico de las causas contra lavadores de dinero y asesinos como Carrascosa (y todo el caso García Belsunce) y el cierre de la causa por coimas en el Senado pese a la denuncia del partícipe Pontaquarto, son ejemplos contundentes de ello. La impunidad de los crímenes de la Policía, desde La Boca hasta Isidro Casanova (por mencionar sólo dos ejemplos), son la otra cara de la misma moneda. El “suicidio” de Lencina abre muchas preguntas. Nadie “suicidó” a Videla o a los genocidas que asesinaron a decenas de miles de personas más que este delincuente. Menem, responsable de la miseria de millones y de la voladura de Río Tercero, estuvo un tiempito detenido en una cómoda finca y ahora está libre en Chile, dándose el lujo de desconocer cualquier citación judicial. María Julia Alsogaray, que operó las mayores estafas consumadas en el país, y una de las principales responsables de que decenas de niños por día mueran a causa de desnutrición o enfermedades curables, cumple apenas una condena de tres años en una prisión VIP. La lista es interminable.

Qué hacer

Para enfrentar al Gobierno, al Fondo y a la derecha hay que encarar una gran resistencia en las calles, los barrios, los lugares de trabajo y estudio; y no buscar vías plebiscitarias como reclaman varios grupos de izquierda.

     Hay tres tareas planteadas que se interconectan entre sí: intervenir en todas las luchas sociales y democráticas; impulsar nuevas formas de organización independientes del Estado y todos sus agentes; y presentar batalla política e ideológica contra todo el sistema capitalista-imperialista, sus valores y su antidemocrática institucionalidad.

     A caballo de todo ello podremos avanzar en la construcción de un poder anticapitalista y antiburocrático alternativo, socialmente obrero-popular y que políticamente exprese una democracia de nuevo tipo, en oposición a la farsa que nos han impuesto como si fuera un hecho de la naturaleza que, en lugar de “que se vayan todos”, “todos sigan”.

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