Es casi imposible tener una buena mañana. Desde hace meses, junto con la temperatura y el estado del tránsito, radio y televisión te despiertan con una fuerte dosis de “veneno antipiquetero”. El país tiene algunos problemas, claro, pero ninguno como el hecho de que, en algún momento del día, te demores algunos minutos para cruzar alguna avenida céntrica porque están “otra vez los piqueteros” cortando el tránsito. Justo cuando estabas conmovido por el desempleado de 54 años, Martín Romero, que se suicidó después de haber matado a su esposa, sus dos hijas y su nietita, “para que no tengan que vivir en este mundo cruel”, ¡otra vez los piqueteros van a salir a cortar las calles!

En total armonía con la política emanada desde la Casa Blanca para América latina, los medios más recalcitrantes de la Argentina, como La Nación, Canal 9 o Radio 10, vienen desplegando una violenta campaña cotidiana y sistemática contra “los nuevos terroristas, llamados piqueteros [que] han estado sembrando la destrucción en todo el país”, según editorializaba The Wall Street Journal el 23 de julio. Otros, más moderados y hasta adscriptos al llamado progresismo, aportaron lo suyo: “Comprendemos los reclamos pero no compartimos los métodos”. Kirchner, jugado a su política de “desgaste”, fogoneó la campaña desde otro ángulo. “Los planes sociales indignifican a la gente”, sostuvo el Presidente el 20 de noviembre del año pasado en coincidencia con la “cultura de la vagancia” que definiera previamente la sucursal local del Vaticano.

     En definitiva, todos terminaron confluyendo en dos puntos en común: la represión de las protestas y la criminalización de la pobreza.

     El 26 de julio, cuando todos los medios destacaban en primera plana el despido de Gustavo Beliz, La Nación ponía de relieve el verdadero resultado de la crisis de Gabinete: “Ordenó Kirchner mayor control en las calles”. El bautismo oficial de esta política se plasmó el miércoles 4 de agosto, con un inédito despliegue de 1.600 efectivos de la Federal rodeando el amplio perímetro vallado en torno a la sede de los legisladores porteños.

     La nueva modalidad de no portar armas letales no cambia la esencia del asunto: la represión es represión por más eufemismos con que se la intente disfrazar. Y el aparato represivo viene nutriéndose de múltiples hallazgos de la ciencia y la técnica para lograr sus objetivos: gases vomitivos, microondas, etcétera.

     Además, siempre dispone de impunidad para introducir elementos de provocación, como los que operaron el último 5 de agosto contra la CTD Aníbal Verón, cuando ésta reclamaba la entrega de juguetes frente a un Carrefour en las afueras de La Plata; o el explosivo estallado en medio de la numerosísima concentración en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre del 2003 cuyos responsables, por supuesto, jamás fueron identificados.

“Si hay miseria que no se note”

     Este –sí, miserable– eslogan fue ampliamente difundido por un cantante popular más de una década atrás. Y ése parece ser hoy el objetivo que las clases dominantes intentan arraigar en la conciencia de las capas medias de la población. Las que se sienten “superiores” gracias a que viven una coyuntura material mejor que esos “feos y malos piqueteros” que los obligan a ver una realidad que causa pánico. Sobre todo porque –aunque se lo quiera negar– puede ser el destino próximo de cualquiera de ellos.

     Es por eso que a este sector social están dirigidas las repudiables campañas “antipiqueteras” de las derechas. En particular, las que se apoyan en una superchería de “democracia”: “Hay que respetar el derecho a protestar, pero también el de transitar libremente”; “Hay motivos para la protesta pero debe hacerse por otros medios que no perjudiquen a otros argentinos”; “Todos tenemos derechos, pero también obligaciones”… La lista de zonceras criollas, es interminable.

     ¿Cómo suponen que trabajadores desempleados podrían ejercer su derecho a la protesta?; ¿harían huelga de brazos caídos?; ¿ya que no tienen ingresos, sería mejor que no gasten cocinando?; ¿o deberían llevar adelante una “toma”… de sus propias casas? ¿Desde cuándo es posible una protesta “que no moleste a nadie”? Por otro lado, ¿qué lograría una protesta que no consiga sumar en favor de sus reclamos, la presión de quienes quieren que la protesta se acabe? Cualquier trabajador con empleo sabe por experiencia propia que esto es así.

     ¿Cuál es entonces el único medio de alzar la voz para quienes han sido marginados de la sociedad, si no es salir a las calles para que esa misma sociedad no olvide su existencia? ¿Acaso hay alguna diferencia biológica que indique que no somos seres con los mismos atributos, necesidades y aspiraciones?

     Quienes no pueden responder con franqueza estas preguntas, o quienes entienden como un atributo “natural” la posesión de algún rodado, deberán asumir su integración ideológica con quienes a lo largo de la historia ensalzaron a las “mayorías silenciosas”. O renunciar a su condición humana para reemplazarla por la del avestruz, capaz de hacer de cuenta que no existe lo que no ve. Después de todo, la política-avestruz se practicó en el país, por ejemplo en los años ’50, en ocasión de la visita del presidente de Chile, cuando el gobierno de Perón hizo construir un muro a ambos lados del camino que recorrería la comitiva oficial, para ocultar la existencia de villas “miseria” a lo largo del trayecto. Lo mismo hizo –a mayor escala– Videla en ocasión del Mundial 1978.

¿Por qué “todos contra los piqueteros”?

     Las razones son muchas. Pero una, nos parece central. Su presencia en las calles es el retrato vivo de que la crisis que se puso de manifiesto el 19-20 de diciembre del 2001, sigue abierta. La Argentina capitalista explotadora, por muchos que sean los índices de crecimiento macroeconómico y de recaudación fiscal que esgrima, no puede crear siquiera los puestos de trabajo para quienes los reclaman.

     Las clases dominantes y el poder en su conjunto, han apelado a todo para doblegar el reclamo que nació en Cutral-Co en 1997, se extendió luego a Gral. Mosconi y Tartagal y, llegado a Buenos Aires en 1999, vino para quedarse.

     De nada valieron los múltiples ataques que los tuvieron y los tienen como blanco. Ni la política de D’Elía y Alderete que reclamaban para sí la distribución de los “planes” sin proponerse la lucha por trabajo genuino. Ni las múltiples divisiones promovidas desde el Estado por vía de la manipulación del dinero como elemento de descomposición. Ni la promoción de microemprendimientos y el fomento del trueque y el cooperativismo para enmascarar la falta de empleo.

     Tampoco los doblegaron las balas que en Avellaneda se llevaron la vida de Kosteki y Santillán en medio de la descomunal razzia que incluyó el allanamiento policial del Hospital zonal y de la sede del Partido Comunista. Todos estos hechos fueron amplia y contundentemente rechazados por el conjunto de la población trabajadora.

     La brutal campaña difamatoria, que habla de los que “cobran por ir a una marcha y prefieren eso antes que un trabajo”, es materialmente insostenible en un país con altísimos índices de desempleo y 50% de la población bajo el nivel de pobreza. Cualquier trabajador, que no sea un hipócrita, sabe que no va a resignar un ingreso fijo –irrecuperable luego– de $ 150 con que alimentar mínimamente a su familia, en aras de un trabajo transitorio, por uno o dos meses, con salario bruto de $ 350 en función del cual pierde el plan y, además, le impide “changuear”. Cualquier taxista, aunque repita los argumentos de Radio 10, no cambiaría ni por un mes su asiento en el auto que le destruye los riñones, por la “buena vida de los que cobran sin laburar”.

     Tampoco es eficiente, de no mediar soluciones de fondo, el intencionado ocultamiento de que más del 90% de los subsidios al desempleo está en manos de las intendencias básicamente peronistas y radicales. Esa gran masa es la que está realmente a merced del clientelismo político que impone el silencio y la pasividad como “contraprestación” para el cobro mensual. Aunque “de eso, no se habla”.

     Si el desempleado Martín Romero y su familia hubieran salido a cortar rutas, tal vez la tragedia podía haberse transformado en esperanza.

L. RUBIALES

En sintonía con los objetivos de la “campaña antipiquetera”, la Legislatura de la Capital viene siendo escenario de una dura pelea política por imponer la aprobación de un Código Contravencional en reemplazo del antes llamado “de Convivencia Urbana” (Ley Nº 10 de la CABA), que había derogado parcialmente los edictos policiales.

Este nuevo Código –que mediante numerosas “transas” logró una provisoria mayoría de 31 votos para su aprobación “en general” en la sesión del 7 de julio último– constituye un verdadero atropello a la voluntad popular que, aun distorsivamente, se expresó en votos y, sobre todo, se expresa cotidianamente en los numerosos reclamos de trabajo, pan y libertades que protagonizan innumerables sectores de la población trabajadora.

Sin embargo, en abierta provocación a esa voluntad popular, los legisladores han puesto en marcha este atropello antidemocrático que no hace más que restituir por ley el mayor poder que ya sobre la población ejerce la desprestigiada Policía (por su carácter mafioso).

Al mismo tiempo, en su extenso articulado, garantiza en los hechos que los deleznables negocios de tráfico de personas para la prostitución y de tráfico de drogas, queden a merced de esa misma Policía (y del aparato judicial que los ampara) en “zonas liberadas” (como Palermo y Costanera). Allí deberán recluirse las prostitutas y travestis pobres, para quedar a merced de todo lo que la arbitrariedad policial les imponga. Y si quien se niegue a seguir sus dictados, termina muerto/a, ¿quién va a preocuparse por el cadáver de un ser socialmente marginado que, además, ni siquiera será hallado? Si más de 100 prostitutas asesinadas (incluyendo las víctimas del supuesto “loco de la ruta”, ¿se acuerdan?), no han motivado ninguna campaña conmovedora, al estilo de las de Blumberg; si el balazo en la cabeza de Sandra Cabrera (dirigenta de la Asociación de Meretrices de Rosario) fue un crimen político por denunciar a la policía que les pedía coimas para trabajar, no merece la misma –justa– condena social que quienes secuestran a Nicolás y tantos otros… ¿alguien  puede decir con honestidad que este Código pretende “insertar en el circuito laboral” a las prostitutas?

¿No será que la prostitución de cuyos favores hacen uso los que más tienen, cuenta con elegantes lugares privados donde disfrutar de lo que sólo pueden comprar con dinero y hasta, eventualmente, hacer desaparecer con mayor o menor discreción el cadáver de alguna “negrita” que no sea capaz de soportar sus excesos (María Soledad, por ejemplo)? ¿No será que la prostitución que será perseguida y castigada, es la que ejercen y/o requieren los más pobres?

Esta aberración contenida en el nuevo Código, va acompañada de la persecución a los vendedores ambulantes (incluidos los “cuidacoches”) y feriantes (artesanos y manualistas), para responder a los reclamos de las grandes cadenas comerciales que quieren absorber esa mano de obra no sindicalizada, como proveedora barata y/o semiesclava de sus lujosas vidrieras turísticas.

De conjunto, buscan transformar a la pobreza en delito, empezando por penalizarla con multas impagables, para terminar castigándola con prisión en casos de reincidencia. Junto a esto, se discute una baja en la edad de imputabilidad (de 18 a 16 años) y se restablece la figura del merodeo, lo que posibilita la detención de una persona por el simple hecho de estar parada en una esquina.

Amparados en la sensación de inseguridad que han instalado en la población (en primer lugar debido al accionar de la policía corrupta y asesina), el Código prevé aumentar la presencia policial a un agente por manzana.

Por último, se penaliza la manifestación callejera (como “obstrucción de la vía pública”) además de desnaturalizarla, exigiendo un “permiso previo” en un determinado recorrido autorizado por los mismos contra quienes va dirigida.

En síntesis, se busca instaurar un disciplinamiento represivo sobre el conjunto de la población y criminalizar la protesta popular.

La discusión, punto por punto, de cada uno de los artículos de este verdadero “Manual del represor”, es lo que quisieron hacer el viernes 16 de julio a puertas cerradas, fogoneando la indignación de los manifestantes; y que les fracasó el jueves 22 por su propia crisis interna generada por los intereses contradictorios de las diversas mafias que representan “nuestros representantes”.

Es que quienes se proclaman “representantes del pueblo” jamás podrían cumplir sus objetivos con ese pueblo presente; por eso sus sesiones no pueden ser públicas. Se encierran bajo siete llaves, porque temen que les pudiera llegar a pasar como a varios intendentes en Perú o en Bolivia, que fueron linchados por la población harta de sus atropellos.

L. R.

Doce legisladores porteños, seis de ellos de izquierda y otros tantos de centroizquierda, aportaron trece videos ante la jueza a cargo de la causa por los incidentes del 16 de julio, que dejó a 15 presos/as. A la misma jueza que aplicó, de hecho, una condena por adelantado (al mantener en prisión y sin derecho a defensa a los detenidos sin causa) y que luego caratuló el caso como “coacción agravada” (no excarcelable), estos legisladores fueron a aportarle elementos para… que haga justicia. Intentaban demostrarle al Estado que los hechos habían sido protagonizados por agentes de otras dependencias… del mismo Estado (Side, Policía Federal, etc.) y que, por lo tanto, fueron una “provocación de los servicios”.

La realidad no fue así. La primera provocación fue la presentación de un código represivo para los pobres de la ciudad. La segunda provocación fue el cierre de las puertas al público, para sesionar clandestinamente. Esas fueron las causas de la indignada reacción de los manifestantes, completamente lógica frente a los atropellos antidemocráticos. Esos son los hechos. Y los hechos también incluyen la notoria presencia de elementos provocadores de la Side u otros servicios, que “aprovecharon” la situación, como suele suceder.

Presentar los sucesos exclusivamente como una trama policial, es negar la justa y airada protesta de los damnificados, de la que los legisladores parecen decirle a la Justicia del Estado: “Nosotros no fuimos”.

Admitamos, como conjetura, que los legisladores de izquierda y socialistas –no los centroizquierdistas, que actuaron de acuerdo con su confianza en la justicia burguesa– tuvieran el conocimiento de que los hechos fueron como imaginan, preguntamos: ¿ante la presencia de un provocador policial entre los manifestantes, irían a hacer la denuncia a la comisaría a la que pertenece?; ¿la justicia del Estado puede ser “independiente” del mismo Estado que montó la provocación?

La mera discusión acerca de los hechos demuestra el grado de asimilación al Estado burgués y a sus instituciones al que han llegado algunos compañeros de la izquierda. Cuando se está sentando un gravísimo precedente de criminalización de la protesta, estos legisladores responden: “No hay pruebas”… ¿de qué, de que la protesta haya existido?

En lugar de escribir, como hace el MST, ridículos textos para defender lo obviamente indefendible, de lo que se trata es de no seguir hundiéndose en ese bochorno: aprender de las razones de fondo que los llevaron a esa acción repudiable y encarar una campaña proletaria y responsable por la libertad de los presos, a quienes los videos no contribuyeron precisamente a excarcelar.

J. G.

PARAGUAY: Víctimas de la rapiña capitalista

Alrededor de 400 son los muertos, 150 los desaparecidos, más de 500 los heridos. Estas eran las cifras oficiales provisorias a una semana del incendio en el supermercado Ycuá Bolaños.

Las últimas pericias indican que el incendio en sí mismo es responsabilidad absoluta de los dueños, dadas las mortíferas condiciones de seguridad del local. Para ahorrar gastos se había instalado precariamente una cocina, convirtiéndose en una bomba de tiempo. Una chimenea, que debía airear el lugar impidiendo que se concentraran los gases emanados de la cocina, desembocaba en la nada. El techo cubierto con chapas de poliuretano (para mantener el calor hacia adentro del supermercado) y el cielorraso de telgopor (utilizado como aislante) se convirtieron en excelentes socios para el incendio. Además de la clausura previa de una de las salidas de emergencia.

No obstante, con el humo aun flotando en el cielo de Asunción, ya se podía oír una información que erizaba la piel: las puertas de salida habían sido cerradas para impedir que los clientes se fueran sin pagar y evitar la posibilidad de saqueos en medio del caos. El incendio, casi predecible dadas las nulas condiciones de seguridad del lugar, terminó convirtiéndose en masacre y el supermercado en trampa mortal para clientes y trabajadores.

El dueño –Juan Pío Paiva– y su hijo –Daniel– están acusados de “homicidio doloso”, lo que conlleva una pena máxima de 25 años de prisión. En su defensa, sostienen que la orden de cerrar las puertas la dio el gerente a cargo en el momento del incendio, que no tiene posibilidad de descargo alguno ya que se cuenta –convenientemente– entre los cientos de muertos.

Lo que este hecho deja trágicamente al desnudo son los valores que sostienen los capitalistas: sus ganancias y sus bienes son más importantes que la vida humana. Y ante el altar de la ganancia, son capaces de inmolar a cientos de personas en una especie de moderna hoguera.

Desde la Liga Socialista Revolucionaria denunciamos que los responsables son Paiva, su hijo y la Municipalidad de Asunción que mantenía la habilitación del local.

Y nos solidarizamos con nuestros hermanos del pueblo paraguayo que, allí como en las minas de Río Turbio y otros puntos del planeta, son sacrificados diariamente en beneficio de la ganancia capitalista.

MOLOTE

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