Una vieja táctica gremial –de controvertidos resultados– en la Argentina, tiene que ver con el fenómeno del peronismo y de su burocracia sindical. Consistía en la exigencia a los dirigentes de que impulsen y/o encabecen una lucha por un determinado programa mientras, en simultáneo, quienes se reclamaban revolucionarios impulsaban ese programa entre las bases, a las que trataban de demostrarle que no intentaban  “puentear” a los dirigentes (o a Perón). Esta era –decían– la forma práctica de desenmascararlos frente a los trabajadores.

La vigencia –o no– de esta política, está obviamente cuestionada por sustanciales cambios de la realidad: por un lado, hace ya años que la CGT desapareció del centro de la vida política nacional; por el otro, estuvo completamente al margen y hasta en contra de la rebelión popular de diciembre del 2001. Desde la LSR y otras fuerzas de izquierda –como el PC y CS–, incluso nos negamos a participar en la marcha convocada por Moyano el día antes del paro general del 13 de diciembre de ese año. Es una decisión que nos sigue pareciendo correcta, porque la izquierda no debe poner –como lo hizo– su militancia al servicio de que “salven la ropa” dirigentes repudiados por los trabajadores.

También hay un lógico debate acerca del significado de la “unificación” de las cúpulas burocráticas de la CGT. Para la LSR, esta unidad no tiene nada de progresiva. Es sólo un intento de bloquear superestructuralmente el surgimiento de una nueva organización de masas de los trabajadores, ocupados o no (y justo cuando el Gobierno anuncia un plan de obras públicas).

No compartimos –por dos razones– la actitud de Castells de pedir una entrevista a Moyano para “exigirle” que encabece una lucha por una serie de reclamos, por más justos que ellos sean.

Moyano y la CGT son parte del actual gobierno, y los trabajadores no deben ser parte de la interna peronista y sus aparatos (Duhalde versus Kirchner, por ejemplo). Además, ese encuentro, de hecho ayuda a embellecer –si es posible–  frente a millones de trabajadores, la imagen de Moyano y la burocracia sindical (los mismos que en enero del 2002 no podían ir a tomar un café a la esquina porque la gente los escupía). Nadie le pediría al papa que encabece una campaña contra la religión católica o a Menem que persiga a los ladrones.

Pero incluso una política gravemente errónea, puede llevarse adelante con responsabilidad, y marcando categórica distancia con la burocracia sindical. Nada de eso hizo Castells. Su abrazo con Moyano no es una muestra de “muñeca” sino una demostración, carente de dignidad, de cómo se puede dar un salto sobre las fronteras de lo aceptable para quien se reinvidica como un dirigente de los trabajadores y los luchadores. Es una lección para tener en cuenta.

J. G.

     Buena parte de la izquierda ha sacado llamativos afiches reclamando que el Gobierno convoque a un plebiscito sobre la deuda y otros temas.

     Esto me trajo a la memoria el que fue realizado, durante mi niñez, en Uruguay (un país donde el plebiscito es un mecanismo reglamentado y vinculante, desde hace muchas décadas). Se trataba de votar a favor o en contra de rebajar en dos céntimos el precio del boleto, que había subido de $ 0,08 a $ 0,10.

     En mi cabeza de niño no entraba que alguien votara en contra de bajar el precio, ni con qué argumentos se podía defender el aumento. Pero recibí una temprana y gran lección: los argumentos tramposos abundaron y la rebaja del boleto ganó, pero no aplastó. El gobierno del padre del actual presidente –Jorge Batlle– rebajó el boleto… y a los tres meses lo volvió a subir. Los socialdemócratas volvieron a iniciar una juntada de firmas pidiendo la rebaja, aunque esta vez con menos eco popular debido a la decepción ante la experiencia constatada. Y el precio siguió igual.

     El plebiscito siempre fue usado para las causas más reaccionarias: De Gaulle para imponer la V República; Pinochet para “legitimar” su constitución; Mesa, para intentar perpetuarse en Bolivia; y la derecha y el imperialismo en Venezuela, para intentar voltear a Chávez.

     Esto es así, simplemente porque la opción “sí o no” es el mecanismo más antidemocrático y tramposo de la democracia burguesa; es el que permite polarizar en forma maniquea a la opinión pública a través de la propaganda de los medios de masas en poder –siempre– del enemigo de clase.

     Un buen ejemplo que podemos tomar, también, de Uruguay, es realizado en 1988, a impulso del Frente Amplio, para decidir si había que anular o no la ley de amnistía a los militares genocidas, torturadores y golpistas que, en un país de tres millones de habitantes, tuvieron casi 80.000 presos durante más de una década. El voto se dirimió entre “Volver a la guerra civil” (si se anulaba la amnistía), o “Vivir en paz” (dejando libres a los genocidas).

     Sobre esta base, ganó la posición de mantener la amnistía, a pesar del peso de la izquierda y de la fuerte tradición democrática del país. El margen de triunfo fue escaso (con mayoría en el interior y no en Montevideo) pero selló y enterró, en lo fundamental, el tema del genocidio de la dictadura. Incluso, es común escuchar de boca de muchos honestos luchadores: “Yo voté contra la amnistía, pero perdimos; y hay que aceptar lo que resolvió la mayoría”.

     Si el Gobierno convocara a un plebiscito sobre la deuda externa en la Argentina hoy, no plantearía una opción en términos honestos, como por ejemplo: ¿hay que seguir pagando una deuda fraudulenta, contraída por los grandes capitalistas y los militares, que los trabajadores y los pobres ya hemos pagado con creces?, ¿o hay que suspender los pagos, investigarla y reclamar que se nos devuelva todo lo que nos ha sido estafado?

     Al contrario, se planteará en términos favorables al interés de los grandes capitalistas: “Vote a favor de que la Argentina no sea el próximo Irak, atacado por Estados Unidos si no pagamos”; “Vote a favor de ponerle límites a la voracidad de los acreedores y apoye la negociación de Kirchner”, u otras mil variantes por el estilo, con las que intentarán manipular al pueblo.

     El reclamo de un plebiscito vinculante en la Argentina es, además, grotesco, ya que ni siquiera está reglamentado por ley este mecanismo que logró incluir Alfonsín en la Constitución acordada con Menem mediante el Pacto de Olivos. Mientras no haya una ley que lo reglamente, sólo es realizable la llamada “consulta popular” a que nos tiene acostumbrados la CTA, como el millón de firmas por una “Consulta sobre el sistema jubilatorio” o el voto por el “Frente Nacional Contra la Pobreza” que no tienen la menor incidencia en las decisiones políticas. O pueden tener eco y transformarse en ley, como en el caso de la campaña impulsada por el diario La Nación, sobre “El hambre más urgente”, sin que luego se destine ni un peso del presupuesto a atender las necesidades de los millones de indigentes.

     Todo plebiscito convocado desde el poder –así sea como producto de una gran presión popular– no se hará para “ampliar la democracia” sino para volverla, como un boomerang, contra el pueblo.

     Por todo esto, los socialistas revolucionarios jamás reclamamos que nos metan en ese corral de ramas, y no somos nosotros los promotores de plebiscitos que se dirimen en una urna. No engrasamos la soga para la horca de los trabajadores y el pueblo, fomentando ilusiones en la falsedad de la democracia capitalista en lugar de desnudar que ella no es un juego limpio sino el reino de la trampa.

     Si desde el poder se lo convoca, por supuesto intervenimos de lleno en él con una política para pelear por desarticular el engaño. Si esto puede lograrse o no, dependerá de la relación de fuerzas entre las clases en ese momento, y de muchas otras circunstancias concretas, incluso del contexto internacional.

     Por ejemplo, tras la experiencia chilena, en Uruguay se logró frenar el intento de una reforma constitucional reaccionaria y, años más tarde, con los resultados de las privatizaciones argentinas a la vista, otro plebiscito logró demorar la privatización de Ancap. En la provincia de Buenos Aires, en 1990, el resultado desfavorable de un plebiscito impulsado por el entonces gobernador Antonio Cafiero, lo indujo a dejar de lado su proyectada reforma constitucional, que pocos años más tarde impuso Duhalde.

     Pero no somos nosotros los que escupimos para arriba.

JORGE GUIDOBONO

¿Qué justicia?

¿Se puede hablar de Justicia cuando los principales delincuentes están libres y muchos inocentes presos, cuando a los ladrones que se robaron millones se les justifica legalmente el robo y los que reclaman lo suyo son sancionados? Veamos cuatro ejemplos:

1. La Cámara del Crimen de Salta ratificó la condena de Romina Tejerina, quien ocasionó la muerte de su bebé en un desequilibrio postraumático, consecuencia de su embarazo al ser violada por su padrastro, quien sigue libre.

2. Con el fallo del mes pasado la Corte Suprema convalidó la confiscación de sus depósitos de los pequeños ahorristas (que obviamente no pudieron fugar su dinero como sí lo hicieron los que saquearon el país); y mientras los banqueros estafadores siguen libres con total impunidad, una jubilada fue multada por comprar unos pocos dólares a un “arbolito”.

3. La justicia de Chubut le dio la razón a Benetton, reconociendo como suyas tierras que eran fiscales y, a la vez, negándole ese derecho a sus habitantes y legítimos dueños, los mapuches.

4. El viernes 16/7, mientras querían darle más poder a la policía para reprimir a los pobres y marginados, al mismo tiempo que detenían indiscriminadamente a 23 personas, la justicia concluyó que no hubo delitos en el caso de las coimas del Senado, contradiciendo la confesión de Pontaquarto.

¿Puede haber una justicia independiente cuando los jueces y fiscales son elegidos por el poder político? Y si a esto le agregamos las presiones del poder económico nacional e internacional (cuyo exponente más notorio es el FMI), la Iglesia y los diferentes imperialismos, ¿todavía creemos que esta justicia puede ser justa? ¿Podemos confiar en una justicia así?

Si realmente queremos justicia, debemos luchar incansablemente por conseguirla, cueste lo que cueste. Y para esto no alcanzan las vías judicial y parlamentaria. La lucha debe ser, sobre todo, extrajudicial y extraparlamentaria. Y debe ser lo más masiva posible, lo que requiere que unamos los reclamos de todos los sectores del pueblo en una efectiva coordinación para avanzar hacia el ansiado objetivo.

JORGE URQUIZA

“Vidas paralelas”

“Hasta fisonómicamente eran parecidos. Enjutos, trigueños, miradas torvas. Vidas semejantes, delitos distintos. Carne de presidio, destino de sombra. Lencina, Saldaña, muy plebeyos. Muy de la clase. Uno acusado de lo de la pobre Fernanda. El otro de la masacre de Ramallo.

Finales semejantes para existires en paralelo. Pieles con “cinco puntas” en los brazos y con surcos en el cogote. Aparecieron ahorcados en comisarías atestadas de policías y uniformados de tanto pelaje. Tantos aparecen ahorcados. Ninguno con predisposición suicida.

El Tito Saldaña, acusado de que toda la departamental norte acribillara a trabajadores bancarios. Miguel Lencina, involucrado en el secuestro de una nena. Prontuarios profusos. Rejas de paisaje pasado y futuro si no hubiera habido un lazo.

Tantos aparecen ahorcados como si la comisaría fuera, en serio, la antesala del infierno definitivo, el pasajero hasta la próxima “ansiada libertad”. 

Lencina y Saldaña, ambos en calabozos de contraventores. Los dos, solos en sus celdas. Aislados, con sus conciencias o tan acompañados por sus captores.

Muchos aparecen ahorcados con diferentes elementos, muy raros. Una bufanda ahorcó a un tal Ruiz en el tórrido verano riojano. A Tito Saldaña la tela de un cotín. La frazada gruesa de Lencina.

Tantos aparecen ahorcados. Desde una claraboya hasta travesaños de menos de un metro de altura. Esposados como Maxi Miño en San Martín.

Tantos ahorcados. Mucha cianosis cervicofacial al estilo forense, mucha sospecha.

Siempre se ahorcan cuando a los guardias se les ocurre respetarles la intimidad. 

Mucha decisión de última voluntad al estilo judicial pero más de la ayuda de sus custodios.”

DANIEL A. STRAGA

Reproducido del Boletín Electrónico de Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).

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