La llamada “crisis de Gabinete” que terminó con el despido del hombre del Opus Dei, Gustavo Beliz, fue saludada por la primera plana del diario La Nación (lunes 26/7/2004) con el título: “Ordenó Kirchner mayor control en las calles - Esa fue la primera instrucción que le dio al ministro de Justicia que asume hoy”.

Este es, por ahora, el logro de la campaña que los capitalistas más recalcitrantes –y sus voceros– vienen llevando adelante desde hace meses y que ha tenido características de operación conspirativa en los últimos diez días (incluyendo la línea editorial de The Wall Street Journal del 23/7 - ver recuadro).

Es un operativo que tiene por finalidad recomponer por completo el aparato de Estado tradicional (hecho a su medida), que colapsó en diciembre del 2001. Hoy, este operativo ha ganado un round de mucha importancia.

El operativo derechista tuvo como ariete la campaña mediática sistemática y uniforme destinada a convencer a la población –en un país con un 60% de habitantes bajo el nivel de pobreza y millones de desocupados– de que los responsables de sus problemas son… los vendedores ambulantes, las travestis y los llamados “piqueteros duros”. Así prepararon el terreno social para implementar un salto en la represión.

La campaña mediática se apoyó en una andanada de hechos. Incluyó la provocación encabezada por Macri de imponer en la Legislatura porteña la votación del nuevo “Código de Convivencia Urbana” que restituye a pleno el poder a la Policía, que se había deteriorado con la derogación parcial de viejos edictos. Siguió con otra provocación el viernes 16/7, al pretender realizar a puertas cerradas la sesión que debatiría artículo por artículo (y tras haber negado todos los pedidos de entrevistas previas realizados por las organizaciones de los sectores más afectados, tal como denuncia, entre otros, Lohana Berkins). Se articuló a lo largo de cinco horas, fogoneando la justa indignación popular mediante los manguerazos de los bomberos y la participación en el perímetro de la sede de la Legislatura de decenas de agentes de civil, cuya presencia fue identificada y denunciada por todos los organismos de Derechos Humanos. Todo esto arteramente difundido en una especie de “cadena nacional” de radio y TV que recordaba los tiempos de la dictadura militar, donde los hechos aparecían absurdamente magnificados y, por lo tanto, ajenos a la verdad. Siguió con la detención indiscriminada de 23 personas (de las cuales 17 siguen encarceladas) en un extenso radio que llegaba hasta zonas completamente alejadas del lugar de los incidentes. Y, en otra abierta provocación, se continúa con la nueva modalidad de encerrar a los detenidos en distintas unidades carcelarias para evitar un reclamo de conjunto a la vez que se les impidió a los abogados que lo solicitaron, tomar conocimiento de las causas, lo que constituye un atropello antidemocrático superlativo. Entre medio, estuvo el incidente de la supuesta aparición de los casetes de la causa Amia, en lo que en la jerga de los Servicios se denomina tirar “carne podrida” para que otro se la “coma”. Por si algo faltaba, la sempiterna burocracia del menemista Genta manipuló el “enfrentamiento entre pobres” orquestando el supuesto “repudio” de los empleados municipales a las organizaciones de piqueteros y representantes de sectores directamente damnificados por el nuevo Código.

A todo este operativo derechista respondió Kirchner con sus últimas medidas que hoy celebra La Nación. Contra lo que tal vez mucho s quieran creer, cuando algo se le concede a “la derecha”, lejos de conformarse, ésta exigirá más y más. Si no encuentra una oposición firme, masiva y decidida, seguirá avanzando.

Estamos en presencia de una brutal pelea política “en las alturas” cuyos resultados no son indiferentes para “los de abajo”. Siempre que “los de arriba” están en guerra entre sí, en caso de haber muertos, los ponemos nosotros. Pero, a la vez, esa misma pelea entre ellos facilita –si nuestro accionar es decidido y correcto– la intervención de la acción de masas, organizada y sistemática, en defensa de nuestras conquistas y libertades. Por ejemplo, el 26 de junio del 2002 Duhalde intentó un ensayo represivo con la masacre de Avellaneda que costó las vidas de Kosteki y Santillán, y la respuesta decidida de la población y sus vanguardias, le hizo meter “violín en bolsa” y lo indujo a transitar el camino del asistencialismo y la salida electoral en lugar del de la represión abierta.

Hoy nos encontramos ante un cruce de caminos y hay que saber elegir con responsabilidad el rumbo a seguir. Si la ofensiva derechista pudo tener este logro se debe, por un lado, a que las burguesías actuaron mancomunadamente mientras que, por el otro, los explotados y oprimidos no presentamos un enfrentamiento de lucha ideológica y oposición política acorde con la pelea que estaba planteada.

Por el contrario, la formal concentración realizada el jueves 22/7 (más allá de las seguramente buenas intenciones de sus organizadores), lejos de presentar una oposición férrea y coherente con lo que está en juego, tuvo características que la hicieron funcional a esa trama macabra (hasta “Chiche” Gelblung se preguntaba: “¿Cómo es esto?, el viernes 16 se decía ‘va a haber desmanes’, y los hubo; y el jueves 22 se dijo ‘no va a haber incidentes’, y no los hubo…”). Para empezar, el horario elegido por los convocantes (14 horas) hace imposible que al repudio a la embestida derechista se integren los trabajadores ocupados. Siguiendo con el ejemplo de la masacre de Avellaneda que mencionábamos antes, en aquella ocasión hubo una inmediata respuesta el mismo 26 de junio en la Plaza de Mayo alrededor de las 19 horas (que nucleó a unas 15.000 personas), a lo que se sumó una protesta más organizada y numerosa el 27, y derivó en una manifestación multitudinaria en el feriado del 9 de julio del 2002. El jueves 22/7, en cambio, se intentó una respuesta de organizaciones sectoriales que salieron a demostrar su carácter no-violento, en lugar de pasar a la ofensiva denunciando el objetivo de tantear qué respuesta daría la población ante un proyecto represivo que abarca a todos los sectores explotados.

Si el nuevo Código contravencional se lleva a la práctica, quedará penalizada toda manifestación de protesta. En contra de lo que sueñen los trabajadores que miran con indiferencia el ataque a los piqueteros, toda vez que, por ejemplo, los empleados estatales o docentes salgan a las calles por alguno de sus reclamos, podrán ser penalizados bajo la misma figura delictiva que prohíbe los cortes de calles. Por el mismo motivo, sigue el proceso contra Marina Schifrin, la docente de Bariloche condenada por participar de un corte de ruta en 1997. Y otro “tanteo” se realizará el 4 de agosto (el mismo día que proseguiría el tratamiento del Código), cuando comenzará el juicio oral contra los dirigentes estudiantiles Ogando y Salgado, por la rotura de algunos vidrios durante una protesta contra la Franja Morada en la Facultad de Cs. Sociales en 1999.

Del mismo modo, la presencia policial en las calles y la instauración de la figura del “merodeo”, en correlato con el “mayor control en las calles” ordenado por Kirchner a escala nacional, tienen por objetivo reinstalar el poder dominante de la Policía sobre el conjunto de la población, transformada en “sospechosa, hasta que demuestre lo contrario”. Es un intento de recomponer la alicaída moral de una fuerza ampliamente repudiada por su carácter coimero, corrupto y asesino, a la que ahora se le dice “Aunque seas coimero, corrupto y asesino, tenés el poder de mandar sobre las personas: ellas deben someterse a tu autoridad, como ovejas que van al matadero”. Esto que, en definitiva, sería un disciplinamiento social parecido a la humillante medida de raparte el pelo al iniciar la colimba, es lo que quieren instaurar para restablecer “el orden social”, perdido a partir de que la población se rebelara al grito de “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo - Fuera la Corte Suprema”.

En síntesis, no se trata sólo de enfrentar el gravísimo paso derechista de hoy. Se trata de ser conscientes de que vendrán por más, exacerbados si no encuentran una respuesta contundente que los enfrente.

Esta respuesta, desde el punto de vista de la Liga Socialista Revolucionaria, pasa –en primer lugar– por articular una urgente campaña tendiente a lograr la liberación de todos los presos de Kirchner-Macri. Al mismo tiempo, creemos prioritario desarrollar una acción coordinada de propaganda que elabore un contradiscurso capaz de contrarrestar la feroz campaña que el poder desata sobre la conciencia de los explotados. Hay una fuerte pelea por “la cabeza de la gente”, que no está cerrada. Al contrario, tenemos a nuestro favor una realidad material que desmiente cualquier discurso populista-reaccionario o hasta neofascista: por un lado, el “crecimiento económico” no redundó en ninguna mejora para la población trabajadora; por el otro, la odiada imagen de la Policía no puede recomponerse con medidas mediáticas, tal como lo demuestra la casi nula inscripción para la llamada “Nueva Policía”.

No es difícil entonces encarar esta campaña en cada barrio y en cada lugar de trabajo y estudio, para intentar que nuestra respuesta se masifique y se organice. Una campaña sistemática que una los intereses comunes de ocupados y desocupados, de pobres y humillados, de marginados y discriminados… Así, podremos enfrentar las embestidas derechistas con una fuerza real capaz de ponerlos contra las cuerdas y hacerlos retroceder, desmintiéndolos día tras día, desnudando sus trampas y mentiras, sacando a la luz sus proyectos de puertas cerradas… En síntesis, podremos hacerlos retroceder si pasamos de reconocernos como acusados a asumirnos como acusadores.

De este modo, a la vez, podremos avanzar hacia la construcción de un poder obrero y popular que barra de raíz con este sistema de explotación, fuente de toda violencia e injusticia.

– Libertad a los presos políticos de Kirchner-Macri

– Cese de la persecución a Rubén “Pollo” Sobrero y otros activistas y delegados antiburocráticos.

– Por la absolución de Martín Ogando y Sergio Salgado.

– Anulación de los 4.000 procesos abiertos contra luchadores obreros y populares.

Todos los organismos de DD.HH., partidos políticos que se pronuncien por la defensa de las libertades democráticas, organizaciones gremiales, de desocupados, de víctimas de la violencia institucional, de los crímenes impunes de la Amia y Río Tercero, barriales, culturales y estudiantiles, debemos encarar una urgente coordinación para lograr estos objetivos.

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