Juegos de patriotas

• El martes 12 de agosto, con la presencia de 179 diputados, el Congreso Nacional decidió por abrumadora mayoría declarar "insanablemente nulas" a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El mismo día, quedaba detenida María Julia Alsogaray por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral.
• Treinta y seis horas después, otro juez federal, Claudio Bonadío, ordenaba la detención de los ex jefes de Montoneros Fernando Vaca Narvaja, Roberto Perdía y Mario Firmenich.
• El domingo 17 Clarín publica un informe de la Defensoría Oficial Nº 5 de Lomas de Zamora, donde constan 343 casos de torturas realizadas en 50 comisarías en un total de 132 días durante el período junio de 2000 a mayo de 2003.
• El jueves 21 de agosto, con 43 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Senado completó la sanción definitiva de la ley de nulidad.
• Una semana después (miércoles 28/8), los ministros de Defensa, José Pampuro, y Economía, Roberto Lavagna, acuerdan aumentar en $ 150 millones la partida presupuestaria para las tres Fuerzas Armadas.
• El viernes 29 de agosto, se conocía la decisión adoptada por el presidente español, José María Aznar, de rechazar el pedido de extradición de 40 militares genocidas emitido por el juez Baltasar Garzón.
• Agosto termina con la publicación en el diario Página/12 del adelanto de un documental realizado por la televisión francesa ("Escuadrones de la muerte. La Escuela Francesa"), que incluye reportajes a los generales Ramón Díaz Bessone, Albano Harguindeguy, Benito Bignone y Alcides López Aufranc, donde el primero justifica con absoluta "naturalidad" el método de la desaparición clandestina bajo la última dictadura militar: "Usted no puede fusilar a 7.000 personas. El Papa y el mundo entero se nos hubieran venido encima (…) Si los encarcelábamos, un gobierno constitucional los ponía en libertad". Y Bignone relata la reunión que mantuvo en 1977 con tres obispos de la Iglesia Católica, que aprobó las torturas.
• Septiembre comienza con la liberación de los 40 represores que habían sido detenidos a la espera de ser extraditados.
Tan sólo 19 días bastaron para completar el círculo que deja a las claras que el genocidio sigue siendo una de las heridas abiertas en el infierno que atraviesan los Derechos Humanos en la Argentina.
Más tarde vendrían las nuevas instancias en la nunca resuelta causa por la voladura comprobadamente intencional de Río Tercero en 1998 para encubrir el contrabando ilegal de armas y la estafa cometida contra los estados de Croacia y Ecuador bajo el reinado de Menem. Y una complicadísima interna judicial que involucra a la jueza Servini de Cubría y las secuelas del pase a retiro de una veintena de oficiales, abrirían toda una novela de intrigas en torno a ciertos dichos del general Roberto Bendini.
Lo cierto es que, por miles que sean las contradicciones que medien en este tortuoso camino, las pujas internas y los enfrentamientos entre sus distintos actores en el poder o desplazados de él, se ha metido a la población en un debate sobre el pasado que intenta entorpecer el entendimiento y la acción para enfrentar la preocupante realidad actual y las perspectivas de una sociedad crecientemente represiva hacia la que marchamos a paso sostenido.
El repentino reemplazo de Juan Pablo Cafiero por Juan José Alvarez al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es un síntoma más que preocupante. Entre octubre y diciembre del 2001 ya había ejercido el mismo cargo, integrando el Gabinete de "Mano Dura" Ruckauf. El 24 de diciembre, el efímero Rodríguez Saá lo puso al frente de la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación, puesto en el que luego fue ratificado por Duhalde. Desde esa ubicación, fue el funcionario que coordinó el operativo de seguridad policial que culminó en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio de 2002. Su actuación fue premiada el 10 de julio, elevándolo al cargo de ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. "Quiero una Policía en contacto con la gente", dice el flamante ministro provincial que se define como "ni mano dura ni garantista". Y anuncia que restaurará la figura del Jefe de Policía provincial -un reiterado reclamo de la Bonaerense-, al mismo tiempo que descentralizará la actividad de cada distrito tendiente a un mayor despliegue de efectivos. Es decir, no habrá vecino de la provincia que quede fuera de "contacto" de la vigilancia policial.
La represión desatada ante el reclamo de puestos de trabajo realizada por los desocupados del Movimiento Teresa Rodríguez en las estaciones de subterráneos el 23 de septiembre, la eximición de toda responsabilidad a De la Rúa por los asesinatos del 20 de diciembre del 2001, los crímenes sin castigo de Santillán y Kosteki, los cientos de denuncias de amenazas -muchas mediadas por secuestros- contra la vida de activistas barriales y de derechos humanos, los procesos judiciales que penden sobre las obreras de Brukman y cerca de 2.000 luchadores sociales y gremiales… Ningún problema de fondo ha mejorado en la Argentina de la "era K". Pero sí se han dado pasos de gran importancia para intentar recomponer la "armonía" entre la sociedad y las instituciones, absolutamente resquebrajada cuando el pueblo movilizado les dijo "que se vayan todos".
Es como parte de ese intento de recomposición, que se manipula el pasado con interminables idas y vueltas, y un solo resultado a la vista: los genocidas que deberían pudrirse en una prisión, siguen libres. En consecuencia, es claro que lograr justicia sobre el pasado es un objetivo que sólo podrá realizarse en vínculo estrecho con la lucha por los problemas del presente y del futuro inmediato, que promete una sociedad disciplinada y militarizada. Por eso desde el poder buscan maquillar un poco las horrendas caras de las instituciones represivas, para legitimar y naturalizar su accionar ante los ojos de la población cuando salgan a reprimir las luchas obreras y populares y/o encarcelar a sus elementos más activos.
Esto no significa que las medidas que se toman sean parte de una estudiada obra de teatro. No, hay en juego enfrentamientos reales, intereses sectoriales, corporativos -en la Justicia, en las Fuerzas Armadas y en las policías-, muchas veces contradictorios, y que son parte de la lucha de clases que, tal como definía Marx, incluye la guerra entre sectores de una misma clase. Lo que no puede marearnos es que estamos ante instituciones insanablemente antiobreras y antipopulares, en tanto han sido creadas para sostener el Estado del interés capitalista. Y es insoslayable el carácter violento de las mismas, cuando estamos inmersos en un mundo plagado de guerras al comando del genocida Bush, con quien Kirchner ha logrado intercambiar las mayores sonrisas de complacencia mutua, por más que el "estilo K" incluya encendidas palabras ante los organismos internacionales.

L. RUBIALES

Vergüenza I
[La anulación de las leyes] "Es el resultado y el avance de una larga lucha de las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, barriales, gremiales y de los partidos políticos de la izquierda" (Patricia Walsh, Página/12 13/8/2003).

Vergüenza II
"La detención de María Julia Alsogaray tiene puntos de contacto con la nulidad de las leyes que se está votando en el Congreso. La esencia del proceso es la misma: se empieza a terminar con la impunidad" (Vilma Ripoll, Página/12 13/8/2003).

Una única voz disonante

Mientras todo el arco del llamado progresismo (con Página/12 a la cabeza) festejaba la sanción de la nulidad de las "leyes infames" y proclamaba "ahora vamos por la inconstitucionalidad", la única voz disonante que se alzó desde el Congreso Nacional fue la del diputado Luis Zamora. Sin dejarse marear por las voces de la "opinión pública", ni por especulaciones electoralistas, Zamora tuvo la digna valentía política de abstenerse en la votación realizada en Diputados, y denunciar las maniobras políticas que se escondían.
No se puede obviar que el Congreso que anuló las leyes, es el mismo que anteriormente las votó. Y mucho menos puede esperarse una resolución favorable por la vía de la misma Corte Suprema que avaló las leyes y los indultos, y que está hundida hasta la coronilla en todos los negociados realizados desde los distintos sectores del poder, incluidos los militares genocidas. Más allá de las ilusiones de amplias franjas de la población, no puede hablarse de ingenuidad política en el caso de dirigentes de larga trayectoria política, en particular los provenientes de la izquierda.
En un reportaje para Página/12 del 17/8/2003, Zamora explicaba: "En la reunión que tuvieron el martes por la mañana, duhaldistas y menemistas con Carrió, con Patricia Walsh, con la gente del Frente Grande, negociaron sacar los indultos del proyecto original. Quitaron del proyecto la propuesta de anular todas las sentencias y reabrir todos los juicios. Cedieron en lo más importante. (…) Con la anulación de las leyes se propuso parar la extradición de los militares. No se anularon los fallos que sobrevinieron a esas leyes y así perdimos uno de los elementos más grandes que teníamos para juzgar acá: la presión de los jueces del exterior. (…) El hecho de que luego del encuentro Bush-Kirchner ambos hayan salido contentos marca algo… Es un momento delicado para reunirse con un genocida. Reunirse sin mostrar su rechazo al mundo que Bush propone son hechos significativos. Que Aznar y Blair lo feliciten y lo respalden son signos importantes". Y sintetizaba: "Si el Congreso habla de Justicia, los que luchamos contra la impunidad tenemos que preocuparnos".

Doblemente desaparecidos

Al cierre de esta edición, se anunciaba la resolución de la mayoría de los miembros de la Corte de Suprema Injusticia en favor de privilegiar el llamado "derecho a la intimidad" para la realización de los estudios de ADN que permiten determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos. La Liga Socialista Revolucionaria se solidariza incondicionalmente con los reclamos de Abuelas de Plaza de Mayo, al margen de las abismales discrepancias políticas que hemos mantenido y mantenemos con esta organización. Y coincidimos con ellas en que de ningún modo estos estudios condicionan la decisión a tomar por los hijos respecto de sus familias adoptivas.
Repudiamos esta decisión que entorpece el esclarecimiento de lo actuado durante el genocidio, y de hecho sirve de encubrimiento para los responsables de las apropiaciones de niños nacidos en cautiverio. No sólo impide determinar la identidad de las personas sino que condena al anonimato a quienes fueron víctimas de la más atroz dictadura que conoció América latina. Llamamos a realizar una fuerte campaña de esclarecimiento y rechazo a esta medida. Es una resolución que hace desaparecer, por segunda vez, a los desaparecidos.

La farsa de los dos demonios ataca de nuevo

La Liga Socialista Revolucionaria repudia la detención de los ex dirigentes Montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja por parte de la justicia patronal y exige su inmediata libertad, como así también el levantamiento del pedido de captura para Mario Firmenich. No le reconocemos a la Justicia y al Estado patronal derecho alguno para juzgarlos. Sostenemos que sólo el pueblo trabajador y sus antiguos camaradas tienen derecho a hacerlo.
Denunciamos que las detenciones de los ex dirigentes Montoneros, simultánea a la anulación parlamentaria de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, intentan reeditar la teoría de los dos demonios instalada durante el gobierno de Alfonsín, y hoy llevada adelante por Kirchner y el Poder Judicial. Esta hipocresía está al servicio de "compensar" al aparato represivo y militar por el lastre retórico de medidas que prohíben la entrega de octogenarios genocidas al juez Garzón y la justicia imperialista española, la misma que tiene delante de sus narices a Isabel Perón, la jefa de la Triple A, responsable de centenares de asesinatos de compañeros, sin que se tome medida alguna contra ella.
Alertamos a los trabajadores y el pueblo contra el peligro de que esta medida, sacada entre gallos y medianoche, puede constituir el inicio de una caza de brujas represiva de los capitalisas y su Estado contra las organizaciones obreras y populares con el pretexto que sea.
Al mismo tiempo, reproducimos la denuncia que se ha hecho circular desde la página www.cumpas.org.ar:
"Hoy, cuando se desarrollaba el horario de visitas, ingresa la Sra. Laura Bonaparte, madre de plaza de mayo y con su pañuelo colocado en la cabeza, símbolo de su lucha de años, quien recibe como comentario por parte del personal policial: "Ya llegaron las viejas locas". En ese momento, Fernando Vaca Narvaja es conducido a la oficina de Oscar Antonio Alvarez, Comisario y Director General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, quien lo increpa por los reclamos efectuados con relación a los enseres. En todo momento permaneció esposado. Allí fue donde Vaca Narvaja le menciona que no se estaba reclamando ningún trato preferencial sino lo mínimo para permanecer alojados con dignidad, y que había sido él quien solicitara a sus abogados que presentaran todos los reclamos conducentes. En ese mismo ámbito, el Comisario Alvarez hace gala de una verborragia propia de otras épocas y le grita "montonero hijo de p..., no te pude matar antes, pero te voy a matar ahora, a vos y a toda tu familia, y a todos los montoneros hijos de p... como vos, tendríamos que haberlos matado a todos". (…)
Los defensores se presentan en la Unidad, para luego concurrir a los juzgados federales de Comodoro Py, donde, al no encontrar persona alguna en el juzgado de Bonadío, se presentaron ante el Secretario del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 10, Dr. Javier Eduardo Helou, juzgado en turno, quien toma la denuncia a la Sra. María Fleming de Vaca Narvaja por los delitos de amenazas y hábeas en función del agravamiento de las condiciones de detención. Los medios periodísticos también fueron anoticiados. (…)"

No nos reconciliamos, no olvidamos

• La Masacre de La Plata. El 5 de septiembre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, la Triple A asesinó a ocho jóvenes camaradas del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que venían de participar de una actividad solidaria con la lucha de los obreros de Propulsora Siderúrgica. A "Laucha" Loscertales, Hugo Frigerio, Lidia Agostini, "Dicki" Povedano, Patricia Claverie, Oscar Lucatti, Ana María Guzner Lorenzo y Adriana Zaldúa, nuestro homenaje militante.
• El 22 de agosto de 1972 la dictadura comandada por Alejandro A. Lanusse ordenó el fusilamiento de 19 presos políticos fugados del penal de Rawson, quienes se habían entregado tras acordar garantías para su integridad física. Sólo tres lograron sobrevivir. Fueron asesinados tres militantes de las FAR, dos de Montoneros y once del ERP. La matanza se conoció como "La Masacre de Trelew".
• Durante el mes de agosto de 1977 fueron asesinados en el campo de concentración conocido como "El Vesubio", 27 camaradas de la joven dirigencia de la organización revolucionaria Vanguardia Comunista. Vaya con estas líneas nuestro homenaje a su memoria y nuestro saludo a sus viejos compañeros, algunos hoy militantes del PL y el PRL, y a sus queridos familiares y amigos.

"Estamos emocionadas. No todo era igual como las Madres habíamos creído. Pedimos que ponga otro ministro por lo que significa un hombre de la derecha, casi fascista (…) él [Kirchner] tendrá sus razones para tener a Béliz de ministro. (…) Sabemos que los cambios no son de hoy para mañana, pero le dijimos que sentíamos que había empezado a hacer algunas cosas que soñamos desde hace años. Tenemos muchas expectativas" (Hebe de Bonafini tras la entrevista con el presidente Kirchner, Página/12 4/6/2003).

Bértola y Quintero en libertad: "La lucha continúa"

En las páginas de Limando Barrotes Carlos y Diego escribían desde el penal de Ezeiza: "Poco a poco hay que ir creando una nueva mentalidad de militante para los tiempos que se avecinan. Tiempo de prepararse, formarse, organizarse, unirse. Porque esta lucha nos necesita mejores día a día" (D. Quintero). "El hecho más positivo [después del 20/12/2001] está dado por el inmenso salto en la conciencia del pueblo todo. Y como hecho negativo su lamentable no correlato en la militancia, que fuimos lo suficientemente ineficaces para construir una unidad capaz de plantearle problemas realmente graves al enemigo" (C. Bértola).
Con la misma moral y firmeza con que afrontaron la prisión, los vimos salir del penal con 24 horas de demora debido a maniobras burocráticas de la fiscalía, tras lograr que se les reconozca el derecho a libertad condicional. Con las caras radiantes y una mayor madurez que dos años y cuatro meses antes, se dispusieron a retomar la pelea cotidiana desde "afuera". "La lucha continúa" decían en su comunicado de noviembre del 2002. Así lo demuestran hoy, yendo de reunión en reunión, ofreciéndose fraternalmente a hablar de su experiencia, aportando conclusiones y aprendizajes.
La Liga Socialista Revolucionaria saluda con alegría a los compañeros en libertad, a sus familiares y miembros de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos. Reafirmamos junto a ellos nuestra voluntad de seguir la lucha por la libertad de Adrián Krmpotick, y por el cese de toda persecución a los luchadores populares. Y sobre todo, reflexionábamos juntos hace pocos días, "hay que prepararse para lo que vendrá".

Denuncian trabajadores de Astilleros Alte. Brown

Lunes 29 de septiembre de 2003: A las 5:45 de hoy, la parte mayoritaria de la Cooperativa de Trabajo Almirante Brown -a cargo del astillero de la ex empresa Sanym S.A.- fue otra vez agredida por un grupo minoritario de la misma entre los que se encuentran Horacio Rodríguez, Cesar González, Oscar Seltzer que acompañado por una treintena de personas ajenas al astillero, irrumpieron con violencia e intimidación en el establecimiento. Los ingresantes violentaron uno de los portones. Dentro de ese grupo que irrumpió, se encuentra personal que trabaja en la municipalidad de Avellaneda, siendo algunos de los más conocidos "el cabeza Vera", Noemí Vera y uno de los hijos del que era tesorero de la cooperativa y que también trabaja en el municipio Marcelo González.
También estuvo gente del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON) donde Cayo Ayala es uno de los que opera para que la cooperativa se convierta en una sociedad anónima. Otro de los que esta involucrado en este conflicto es el Consejo de Ingenieros Navales donde uno de sus integrantes el Ing. Miguel Ángel Enríquez tiene intereses materiales en este emprendimiento ya que era el Gerente Comercial y fue despedido por sus manejos poco profesionales y éticos porque mientras desde su despacho sin hacer nada se llevaba $ 6.000, los trabajadores que nos rompíamos el lomo trabajando apenas nos llevábamos $ 700. (…)
El origen de este conflicto que tiene ya veinticuatro días, se inició cuando se conformó una nueva mayoría entre los socios de la cooperativa, exigiendo la condición de socios plenos, que todo se discuta en asamblea, que se discuta y resuelva una nueva comisión, que el dinero lo maneje una comisión revisora de cuentas que garantice que nadie meta la mano en la lata. Llamamos a todas las organizaciones obreras combativas, del movimiento de desocupados, a las fábricas recuperadas, a los centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y partidos obreros y de izquierda a repudiar este brutal agresión de la burocracia del SAON y los punteros contra trabajadores de la Cooperativa Almirante Brown que defienden sus fuente de trabajo y su derecho a trabajar. (…) TRABAJADORES ASTILLEROS ALMIRANTE BROWN - tel: (011) 4201 - 0002 / 3 / 4 - e-mail : wsa@ubbi.com

Por el desprocesamiento de Juan "Pico" Muzzio

"A la Dirección Nacional del Partido Obrero y del Polo Obrero
Buenos Aires, 24 de julio de 2003. De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a ustedes a raíz de los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2002, durante la marcha a la sede de la Legislatura de la Cdad. de Bs. As. por la expropiación de la fábrica Brukman, en la cual resultara detenido por personal de la Comisaría 2ª el dirigente de Democracia Obrera, Juan Muzzio.
Que dicha detención se debiera a que Rafael Carlos Franzese, miembro del Partido Obrero y del Polo Obrero denunciara ante el personal policial y luego ratificara en la comisaría una denuncia contra el compañero Juan Muzzio.
Por tal denuncia, se dio inicio a la causa 60547/02 que se sigue en el Juzgado de Instrucción en lo Correccional Nº 33 del Dr. Carlos Bourel.
Que por dicha denuncia, Juan "Pico Muzzio fue procesado por "Amenazas coactivas con armas en concurso real con portación ilegítima de armas de uso civil", denuncia que le puede significar una pena de uno a tres años de prisión o reclusión, más un embargo de $ 1.000.
Por ello, solicitamos a la Dirección Nacional del Partido Obrero y del Polo Obrero que realice las gestiones para que Rafael Carlos Franzese comparezca al Juzgado para que pueda retirar su denuncia y así poder levantar el procesamiento del compañero Juan "Pico" Muzzio.
Sin más, saludan atte. (primeros firmantes): Jorge Guidobono (LSR) - Marcelo Parrilli (ex candidato a vicepresidente por IU) - Ramón Ferreyra (Democracia Obrera) - Roberto Sáenz (MAS) - Ernesto Aldana, Daniel Yanelli (Mesa Nacional del FTC) - 27 delegados del Cuerpo de Delegados de la Mesa Nacional del FTC - Trabajadores de Brukman: Yuri Fernández, Celia Martínez, Juan Carlos Righini, Elisa Díaz, Zenón Méndez y 26 obreras de la fábrica - José "Pepino" Fernández, "Piquete" Ruiz y "Chiqui" Peralta, por la UTD de Gral. Mosconi.