Con fines tan siniestros como siempre, los eternos "campeones de la democracia", también devenidos en acérrimos "defensores de los derechos humanos", desempolvaron el viejo disfraz de una supuesta lucha contra el narcotráfico (el de los derechos humanos no les quedaba bien en un país donde sus amigos paramilitares asesinan mucha gente a la luz del día, todos los días).

Después de nueve años, y a cambio de la promesa de Clinton de una "ayuda para la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo económico" de US$ 6.000 millones (que fracasó en el Congreso yanqui), se retomó la política imperialista de extradiciones de "narcos" colombianos a Estados Unidos.

Las extradiciones fueron prohibidas en Colombia en 1991. En 1997, el presidente Samper, presionado por Estados Unidos a raíz del "narcoescándalo" (su campaña política haría sido financiada con US$ 6 millones de los narcos), reinstauró la extradición. Pero es recién Pastrana quien debe llevarla a cabo.

El mes pasado explotó un coche-bomba en Bogotá como clara señal de oposición a las extradiciones. Pastrana respondió autorizando de inmediato la extradición de Jaime Lara Nausa, quien ya fue entregado a las autoridades norteamericanas.

Después de las "bombas democráticas" en Irak, de las "bombas humanitarias" en Yugoslavia, y de todas las calamidades a las que quieren acostumbrarnos, ahora buscan convencernos de que son una garantía para terminar con el tráfico de drogas. Quieren extraditar a los "capos" narcos colombianos para juzgarlos en Estados Unidos, aduciendo sendos pretextos: 1) la mayor parte de la droga que producen es vendida en el país del norte; 2) no confían en el sistema judicial colombiano, corrompido completamente por los narcotraficantes, además de que las condenas en Colombia son poco severas, etcétera.

En realidad, el único objetivo que persiguen con las extradiciones es monopolizar un negocio tan fabuloso, que mueve miles de millones de dólares a escala mundial (el segundo en importancia después del tráfico de armas). La demostración categórica de ello es que no hay un solo capo narco yanqui preso en Estados Unidos.

La hipocresía del imperialismo va aún más lejos. La DEA se escandaliza por los US$ 13 millones lavados en la Argentina (que seguramente deben ser muchos más); pero corre un velo de silencio y ocultamiento sobre los US$ 15.000 millones que la mafia rusa lavó en el Banco de Nueva York hace pocos días.

Por otro lado, si el imperialismo yanqui está claramente a favor de las extradiciones, debería declararse abiertamente a favor de la extradición del genocida Pinochet, _y extraditar inmediatamente a Kissinger a los países de cuyas dictaduras fue pieza clave, además de ideólogo del "Plan Cóndor".

La situación en Colombia tiende a complejizarse: sin ayuda económica, con más extradiciones pendientes, y con las más que delicadas relaciones con las FARC, que van a dificultarse aún más ya que el cese de hostilidades alcanzado por las "conversaciones de paz", estaba condicionado, entre otras cosas, por la anulación de las extradiciones.

Denunciamos el carácter doblemente hipócrita del imperialismo yanqui que utiliza en Colombia otra de las múltiples mentiras con las que oculta su verdadero y repulsivo rostro, escondiendo detrás de una farsa de lucha contra el narcotráfico, sus reales y pérfidos motivos: tener el control absoluto del negocio de la cocaína, tal como ya manejan el de la marihuana, y profundizar su dominación y su presencia militar en el sur de América.