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Chávez con control total de los medios |
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Los medios, bajo estricto control de Chávez
El Congreso, con mayoría chavista, aprobó una ley que impone fuertes
límites a la radio y televisión; críticas de la oposición.
Los medios privados no pueden emitir mensajes que inciten al desorden
público o sean contrarios a la seguridad Podrían ser sometidos a
fuertes multas o incluso sacados del aire.
CARACAS.- En una controvertida decisión que profundiza las divisiones
en el país, el Congreso venezolano aprobó anteanoche una ley de
control de los medios audiovisuales, una medida que otorga al
gobierno de Hugo Chávez una mayor concentración de poder y que la
oposición denunció como un intento por silenciar las críticas a su
gestión e instalar una dictadura.
La ley, impulsada por Chávez, fue aprobada con los votos de los
diputados oficialistas, la mayoría, y el rechazo de los legisladores
opositores.
Según el gobierno de Chávez, la nueva ley de responsabilidad social
de radio y televisión democratizará el acceso a los medios, protegerá
los derechos de los niños e impulsará la producción audiovisual
nacional, al exigir un mínimo de presencia local en la televisión y
en la radio. Además, reglamentará los contenidos sexuales y violentos
en la pantalla chica.
Sin embargo, la oposición afirma que la ley será una herramienta de
control político que permitirá al gobierno aplicar duras sanciones a
las cadenas de radio y televisión, y que impondrá la autocensura en
los medios para evitar multas.
Las penalidades prevén la revocatoria de la habilitación
administrativa o la concesión de una emisora, que será sacada del
aire hasta por 72 horas cuando los mensajes difundidos "promuevan,
hagan apología o inciten" a la guerra, al desorden público, al
delito, sean discriminatorios o promuevan la intolerancia religiosa.
También cuando se produzcan mensajes contrarios a la seguridad de la
nación y sean anónimos.
La iniciativa recibió duras críticas de la Casa Blanca, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW) y la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). "Imponer una camisa de
fuerza a los medios no es la manera de promover la democracia",
destacó el director del departamento latinoamericano de HRW, José
Miguel Vivanco.
Propietarios de los medios y dirigentes de la oposición no dudan que
las normas serán aplicadas con toda discrecionalidad por el gobierno
y denuncian un grave avasallamiento a la libertad de expresión.
El director del canal privado de noticias Globovisión, Alberto
Federico Ravell, se mostró escéptico sobre el nuevo instrumento
legal. "Es una ley que les pasa factura a los medios de comunicación
que hemos defendido a los venezolanos de un gobierno autoritario",
agregó. Los medios audiovisuales tendrán entre seis meses y tres años
para adaptarse a la legislación, ajustar su programación y adecuar
sus espacios a la producción nacional.
Chávez ha acusado a la mayoría de los medios privados, en manos de la
oposición, de aplicar un "terrorismo mediático" y de respaldar los
intentos por sacarlo de la presidencia.
El chavismo evoca en forma insistente que los medios privados dejaron
de transmitir las informaciones relativas al regreso del mandatario
tras el golpe que lo desplazó del poder durante 47 horas en abril de
2002.
En lugar de brindar la información, las cadenas de radio y televisión
dedicaron sus programaciones a la transmisión de desfiles de moda y
programas humorísticos. Los medios, que fueron duramente criticados
por esa actitud, alegaron que no había seguridad para que sus
periodistas trabajaran.
"Día de luto"
En una sociedad fuertemente polarizada, el control sobre los medios
provocó nuevas disputas entre el gobierno y la oposición. El
oficialismo llama a la ley "resorte", porque asevera que contribuirá
a elevar la calidad de la programación, severamente criticada por sus
contenidos de violencia y sexo durante el día y primeras horas de la
noche."Es una ley necesaria, en ningún momento amenaza la libertad de
prensa", dijo Chávez durante su gira, que lo llevó a España, Libia y
Rusia.
Por el contrario, la oposición la cataloga de "ley mordaza" porque
afirma que está destinada a violar la libertad de expresión. Los
críticos rechazan fundamentalmente la conformación del Directorio de
Responsabilidad Social, que crea la ley como ente regulador,
aseverando que está integrado por una mayoría oficialista.
El diputado opositor de Acción Democrática, Pastor Heydra, dijo
ayer: "Es un día de luto para la democracia para dar lugar a una
dictadura. Estamos enterrando la libertad de información e
instaurando un Estado parapolicial".
La ley, que tuvo un largo tratamiento en el Congreso, fue finalmente
aprobada cuatro meses después de que el presidente Hugo Chávez fuera
ratificado en el cargo en un referéndum para mantener su mandato
hasta 2006.
Para el trabajador de la construcción Miguel Leonel, de 45 años, "lo
que aprobaron los chavistas es increíble. No sé cómo podremos
expresarnos libremente los venezolanos si ahora tenemos un árbitro,
que es el gobierno, que decidirá qué es lo que podemos o no ver".
Dirigentes opositores anunciaron ayer la posibilidad de solicitar un
referéndum para someter la cuestionada ley al voto popular. Por lo
menos dos grupos de oposición, Asamblea de Ciudadanos y Movimiento al
Socialismo (MAS), dijeron que trabajarán para recolectar firmas para
activar ese mecanismo que consagra por primera vez la Constitución de
1999.
Agencias Reuters, AP y AFP
Los puntos más controvertidos
Una emisora será sacada del aire durante 72 horas si se considera que
los mensajes difundidos promueven, hacen apología o incitan a la
guerra, al desorden público, al delito o sean discriminatorios.
También se aplicarán sanciones cuando los mensajes sean contrarios a
la seguridad de la nación y anónimos.
El texto de la ley establece estrictas limitaciones para la
transmisión de programas con contenidos de sexo y violencia en el
horario infantil o "supervisado", que se extenderá entre las 7 y las
23.
Por incumplimiento de sus disposiciones, la ley prevé elevadas multas
o la revocatoria de la habilitación administrativa o de la concesión
a empresas de radio y televisión.
Fuente:
La Nacion
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