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Por Carlos López Dzur

1. Introducción

Durante el Gobierno de Práxedes Mateo Sagasta en España, había surgido un movimiento armado en la comarca de Jerez de la Frontera. Muchísimos episodios de bandolerismo y agitación social se produjeron en las campiñas andaluzas.

Aún cuando en Cataluña la acogida a las nuevas ideas (de José Fanelli, la mano derecha de Mikjail Bakunin, Arístides Rey y Elie Reclus) fue buena, debido a su desarrollado obrerismo y su régimen de explotación en las fábricas textiles, en Andalucía fue como el estallido de una nueva religión. Las legiones de obreros desheredadados de toda la tierra, junto al sufrimiento acumulado generación tras generación, era un terreno perfectamente abonado para que el grito «Viva la Revolución» y la nueva y radical idea de que la tierra es para quien la trabaja se extendiera por todos los campos andaluces de Este a Oeste. Prueba de ello es que, de los cerca de 50,000 obreros que contó en muy corto espacio de tiempo la Federación de Trabajadores de la Región Española, Andalucía aporrtaba unos 29,000. Cataluña contaba, en ese momento, con unos 13,000 afiliados. Junto con Andalucía formaba la columna principal del internacionalismo en España. Pero las condiciones del obrero catalán, con ser malas, distaba mucho de la de los braceros andaluces, lo que motivó que en esta región se llevaran a la práctica las ideas libertarias en busca de una revolución social que cambiara su suerte y la de sus hijos... En 1878, Andalucía que no pudo seguir soportando la opulencia de unos y la de miseria de otros, se convierte en una hoguera. Se queman los cortijos, los olivares, se mata ganado, se arrancan viñedos, etc. En el mes de abril, los motines de Jerez alcanzan cotas alarmantes. Tanto en la ciudad como en la campiña, se asaltan comercios, se queman cortijos, se arrasan panaderías, se invaden las casas de los terratenientes, etc... Estos hechos tuvieron su continuidad en Arcos, Cádiz y Sevilla, donde la necesidad obligaba a familias enteras a pasar sin comer en todo el dia. [1]

Para sofocar tal movimiento y evitar los robos y asesinatos, el gobierno realizó más de 300 detenciones. Se ejecutaron a 8 cabecillas de la sociedad secreta La Mano Negra. Según destaca el historiador español Juan Madrid, en su libro La Mano Negra: Caciques y señoritos contra los anarquistas, «esta fue la primera vez que la prensa española crea un estado de ánimo de terror y especulación sobre 'La Mano Negra'. La prensa se decanta hacia el horror y la exageración. Luego la investigación histórica demostró que La Mano Negra no existió nunca y, si acaso existió, nunca fue en esos años y tampoco cumplió la amenaza de secuestrar y matar a los burgueses. Todos los crímenes de aquella época eran crímenes comunes. Ninguno tenía el componente político que debía tener». [2]

El abogado Juan A. Hernández Arvizu, [3] nativo de una villa puertorriqueña, que aún hoy es llamada el Pueblo del Pepino (San Sebastián), fue Fiscal en los procesos judiciales contra tales anarquistas, al iniciarse un juicio y condena en 1884. Juicio que, según la admisión de este autor, cuya tesis doctoral fue sobre el tema de La Mano Negra, tuvo una repercusión enorme, pues, quedan desmoralizadas y polarizadas en amargura todas las clases sociales.

«Los jornaleros piden salario y no destajo. Trabajaban 18 y 20 horas diarias y ganaban a penas para poder subsistir a base de pan, aceite y tomate, trabajando en condiciones absolutamente denigrantes. El movimiento campesino pierde cualquier posibilidad de establecer contactos amigables con los terratenientes. Se radicalizan por ambas partes y se declaraban enemigos irreconciliables, algo que tendría consecuencias dramáticas años más tarde, ya en la Guerra Civil». [4]

En varias ocasiones, al regresar de España para visitar a sus familiares en este pueblo, Hernández Arvizu fue el orador honorario del Centro Español Incondicional. Sus conferencias se aplaudieron por la sociedad pepiniana y se comentaban por el pueblo llano a la mañana siguiente. El tema de La Mano Negra ofreció un material abundante, colorido y romántico, sobre el cual opinar y echar a volar la imaginación revolucionaria o los miedos a los conflictos. Esto fue así porque, en Puerto Rico y, por ende, en San Sebastián no tardaría en darse una situación de miseria como la descrita por José Mestre y Juan Madrid en sus escritos sobre Andalucía en los años de los motines, quemas y agitaciones.

Esta es una conexión interesantísima muy pocas veces explorada en la historiografía puertorriqueña ya que a menudo se ignora a sectores populares, sin representación y sin quehaceres oficiales en el poder. Ni su opinión ni su participación en los eventos ocurridos se toman en cuenta. Al escribirse la historia se beneficia a los prohombres y funcionarios con los alardes de todo protagonismo como si determinados eventos, positivos o negativos, carecieran de repercusión más amplia, aún en las colonias.

A primera vista, La Mano Negra, así como los clamores cantonalistas en España, el clamor de asociación obrera y la ornada de atemptants anarquistes a Barcelona de 1893 (D. Prat, vea la Nota bibliográfíca #5 a final del apartado o capítulo 2), fueron considerados los problemas de la metrópolis, pero he aquí que, por vía de paciente investigación oral, en este pueblo del centro-occidental de la isla, una nueva dirección de la influencia aducible a estos hechos definidos como propiamente metropolíticos se convierten en contenido esencial para explicar ciertas actitudes locales, mismas que tomaron varios decenios para formarse, expresarse y, asimismo, desfigurarse en habla rasera y oscurecida. O, al final, bien digamos, diluirse en la memoria colectiva, a pesar de una influencia decisiva y enorme en su momento.

Las agresiones, robos y quemas, aquí estudiadas y que yació en incómodo misterio, «la mano negra de los tiznaos» (Miguel Montalvo, Capítulo 2, loc. cit., en Bibliografía, nota #10) si bien se relacionó a Hernández Arvizu y Julio Soto Villanueva como sus causantes o detonadores y a la influencia de las fiscalizaciones y ejecuciones en España, repentinamente compartidas con la comunidad de Pepino durante esa época y su encadenamiento con el presente de 1898 cuando se retomara su memoria, se plantearán en este ensayo a la luz de criterios más amplios que la relación accidental con una o más personalidades. Hernández Arvizu, respetadísimo criollo de Pepino, se volvió secundario frente al conjunto de memorias rescatadas y el significado asignado a La Mano Negra y la fuerza inspiradora y moral que este movimiento trajera tras sí para los pepinianos.

Este ejercicio de historia oral conjunta una información histórica básica, pese al hecho de que las voces relatoras en Pepino apuntaron a múltiples fuentes, intereses y preocupaciones. El tema ya ha sido posible. Se ha planteado y se abrirá a nuevas investigaciones y enriquecimientos. Fue posible porque, de hecho, una partida de campesinos locales, en fecha de la invasión americana de 1898, adoptó el nombre de La Mano Negra, quizás arbitrariamente, para dar ajusticiamientos ilícitos a los súbditos españoles que, de uno u otro modo, habían sido cómplices de la tiranía y el empobrecimiento tan grave que padecía el campesinado en tal década.

Este quizás, puede o no, ser cuestionable y, si algo lo amenguara, fue la sorpresiva irrupción de la ira vengadora que trajeron consigo los rebeldes, desmintiéndose la idea que se tenía sobre los «parceleros inconformes y vagos», a los que los hacendados locales adjudicaban como filosofema «come hoy y muérete mañana» (Lcdo. Agustín Font Echeandía loc. cit).

Hay dos aproximaciones básicas largamente explotadas para el juicio de la violencia social: el punto de vista de las víctimas, que es el más amargo y el punto de vista del bandidaje, que suele ser trivial y torpemente comprendido. Las víctimas, por reacción afectiva primaria, se refocilan en el resentimiento por ausencia de su análisis objetivo. El dolor y la impotencia no les permite ser generosos; los protagonistas de agresión quedan en su plano de culpa y remordimiento, a veces con vergüenza tan incómoda que es imprecindible olvidarla, zanjarla sin jactancia, aunque se vuelva a la misma condición de desesperanza que motivara su estímulo para la agresión.

Un abogado pepiniano, Agustín E. Font, hijo de Cheo Font, personaje clave en estos procesos, resumió el primero de los puntos de vista:

... Pero un día en la historia de esta Isla resonó en El Morro y en las hondonadas del Guacio, la voz clamante de la libertad, después de cuatro siglos de tiranía y vasallaje. Y el pueblo que debió recibir esas albricias de la justicia norteamericana como una Hostia de Tabernáculo, se receló a sí mismo, insuflándose de anarquía y demagogia, a riesgo de que se le conceptuara una 'raza-error de cuna' y formando partidas corruptas y sediciosas, empequeñeció el comienzo de un nuevo amanecer...

Y el domingo, 9 de octubre de 1898, azotó su furia inquisitiva y, conjurándose contra la propiedad privada, amasada con el sudor del esfuerzo propio, prendió fuego a la Hacienda de Hato Arriba, destruyendo e incendiando todos los establecimientos, hurtando todos los bienes, desjarretando y robando reses, convirtiendo en pavesas la obra de muchos, muchísimos, años de una labor ingente que motivó el espigar y el fruto de una fecunda labor creadora... En los viejos infolios que conservan los datos de aquella tragedia, absurda y grotesca, aparecen los nombres de muchos de los que cometieron aquella avilantez. ¡Dios los haya perdonado! (Agustín E. Font Echeandía, loc. cit.)

Este testimonio se publicó en 1968, con el título La Hacienda, y es clara señal y símbolo de la actitud con que las familias de las víctimas de las Partidas Sediciosas reaccionaron a lo que nunca esperaban del peonaje. ¡Su rebelión! Quien escribiera este lamento fue uno de los hijos de Agustín María Quintero Font Feliú («Don Cheo»), el más rancio y tozudo de los Font originarios, descrito como el Pie de la Espada peninsular.

Cheo Font fue heredero y administrador de la Hacienda Hato Arriba, la que «perduró más de un siglo y medio» y que, con la administración de Don Cheo, produjo más de 1,000 sacos de dos quintales de café que se embarcaban a Barcelona. «Y los frutos menores, los balances fructíferos de la panadería y la crianza de ganado, cubrían con creces las erogaciones del fundo que agregaba un beneficio limpio y muy sustancial. Finito dividendo que se lograba a fuerza de amor al trabajo, de lealtad al propósito de que la Hacienda Hato Arriba no perdiera su prestigio de grandeza. De acuerdo con los hábitos de su fundador (Feliú Font de Celis, fallecido en 1855) y de su hijo (Agustín Pascasio Font Medina, 1840-1888), su nieto (Cheo Font) que le sucedieron, se mantuvo una disciplina firme e invariable que se aplicó rigurosamente a los diferentes problemas del negocio que interesaba tener éxito».

Queriéndolo o no, el autor del artículo La Hacienda da cuenta de una polarización entre ricos y pobres, a pesar de insistir en que allí, la hacienda de Hato Arriba de los Font, «había trabajo para todo el mundo y todo el mundo lo asumía con eficacia y complacencia». Es la afirmación siguiente la que mejor revela los recelos:«Hato Arriba era una escuela de civismo que no aceptaba a los vagos, haraganes, envidiosos de oficio. Existía una interesante costumbre entre el dueño y el peón». Esta costumbre, tan confusamente definida en el artículo, casi indecible, velada por el autor, es la costumbre de la obediencia incondicional.

Los amos tienden a pensar que es virtud del peón obedecer siempre; no hacerlo tiene el equivalente de «descarrilar la vergüenza» que, según Font Echeandía, en aquellos tiempos «no era tan bastarda, no degeneraba tan fácilmente su naturaleza, no se cotizaba con tanta ruindad». En aquella época, el jíbaro contaba con más virtud que opciones (que dinero, oportunidades, horizontes nuevos), lo admitió el articulista; pero falló en entender que ser dueño de los medios de producción, de la tierra y aún de una tradición de triunfos en el agro, no hace al patrón el dueño de las vidas ajenas.

El peón no es como la tierra que él describe, «vírgen y mansa como hembra fecunda». Transmutadas las condiciones históricas, al impacto de nuevas necesidades, o del agravamiento en la habilidad y control del mínimo poder para darse sobrevivencia, el peonaje antes obediente reacciona, urde lo suyo para modificar su medio y redefine sus lealtades y su moralidad.

Esto sucedió, posiblemente, antes de 1898. La mano obrera de Hato Arriba, cuando «no existian resecadoras mecánicas y la producción de la hacienda pasaba con creces de los dos mil quintales (de café) anualmente», cuando se trabajaba en el descascarado de café «hasta la media noche», se vio como obreraje que no progresa y, en su lugar, enriquece a otro.

Alguno entonces, haya sido Carmelo Cruz o el poeta Ramón María Torres, se atrevió a formular con metáfora lo que el ex-estudiante de medicina y gran propietario Agustín María Quintero Font Feliú (1874-1901) representaba en ese momento, el de la Invasión Norteamericana y el de una crisis financiera que arruinara el país. Obviamente, quien más sufrió la miseria de esos años fue el peonaje que, si bien no hizo las movilizaciones por el derecho de asociación obrera y la reducción de la jornada laboral que se realizaron en Barcelona, sí tenía ya esas aspiraciones desde 1854 y 1855. El resultado en Cataluña en junio de 1856 fue que las asociaciones obreras de resistencia fueran declaradas ilegales.

Como explicamos el capítulo #19 de este ensayo, un augurio de rebelión social en Pepino, cuyo marco fue la protesta contra la explotación del campesino y el maltrato moral del peonaje, también quedó descrito e implícito con las coplas de Las Golondrinas. En el periodo de 1845 a 1851, durante las administraciones de Miguel de la Torre y Juan Prim, ya hay la noción de que familias locales como las de Pavía Conca, Alers, Alvarez (de Quebradillas) Cabrero, Font Báez y la pachada de Emilio José Vélez, son objetos de la roña y el recelo de los pepinianos de ese periodo; pero esta susceptibilidad del campesino que, según pasaron los años se agudizaría ante más atropellos, como la ejecución de hipotecas, desposesión de parceleros por endeudamientos y alza en los pagos de impuestos, ya se había visto en los decenios del 1820 y 1830. La administración municipal de José Laxara, peninsular quien llegó del Santo Domingo español a Pepino, estuvo amenazada con amotinamientos y amenazas de violencia. (Dra. Helen Santiago, loc. cit.).

La metáfora «Pie de la Espada blanca» (blanquitaje, señorazgos y represión, a la que sólo es posible oponéresele con la Revolución) sobrevivió divulgada por una copla cantada, muy distinta a la que antes fuera «la canción típica del jíbaro... y eco geórgico de un poema» (Agustín E. Font, loc. cit).

Me le dirás a Cheo Font,
el pie de la espada blanca,
que ya El Pepino se arranca
al grito 'e Revolución
y que aquí, a la población,
no se debe de asomar
y a Victorino Bernal
le dirás con alegría
que junto a Antonio Pavía
lo vamos a compontear.

Este texto es la codificación del segundo punto de vista. Este es el turno del agresor y de la montonera que se resiste a ser conceptualizada como «una raza-error de cuna» ante el «Comienzo del Nuevo Amanecer» que cambiará el viejo marco de «cuatro siglos de tiranía y vasallaje» que el hijo de Cheo Font, como su padre mismo, reconocieran. El quid de la cuestión fue que, aún reconociendo al régimen español acorralado por la crisis orgánica de su sistema, fueron sus defensores hasta su último aletazo. Defensores del bloque histórico dominante y de la gente que lo sostuvo, tomaron provisiones para reagrupar en el Partido Republicano, «las actitudes de España, con sus gañines y guardias de baqueta, pero ahora arropados con la bandera americana» (D. Prat). La tarea fue evitar la disgregación del viejo orden, a fin de moderar la situación (el capitalismo salvaje que fue su contenido) e impedir un desenlace revolucionario que los pepinianos forzaban, sin liderazgo capacitado, hacia una democracia popular.

Hay dos concepciones contrapuestas sobre la sucesión progresiva de la historia, contenidas en estos dos documentos, el artículo La Hacienda de Agustín E. Font y la décima de amenaza («Me le dirás a Cheo Font»). De La Hacienda se infiere que el autor tiene una visión mesiánica de la historia; él parte de una metapolítica mesiánica (J. M. Wronski) en la que la élite es creadora y tiene mayores derechos y rol en la producción de bienes materiales que el trabajador; en la visión mesiánica se elude sopesar el perpetuo enfrentamiento de intereses entre explotadores y explotados. El rico crea la riqueza, porque sueña en grande; no así, el trabajador que tiene a su servicio. Este, sin la supervisión del capataz y sin la visión del propietario, no es otra cosa que el valepoco, el Gringoire, «a quien le falta algo para ser alguien» (Agustín E. Font, loc. cit.).

Agustín E. Font Echeandía fue digno y sentimental heredero de Cheo Font, su padre, y valoró el «emporio de riqueza, lo que ahora llamaríamos, si existiera, un latifundio» y que fue la herencia de los afanes de más de 150 años de historia familiar. Riqueza, pasado y orgullo, se convergen subjetivamente. Por esta razón, el análisis que propuso no toma cuenta el enfrentamiento perpetuo de clases antagónicas, en situaciones-límites, sino que diluye los componentes del conflicto con la idea de que las Partidas fueron el resultado de la envidia de parceleros inconformes, demagogos, vagos y haraganes. Para él, las rebeliones sociales y los males que abaten al obrero y al campesino son consecuencia causal de su imperfecta psiquis y siendo así, en vano es explicarlas por las leyes objetivas de las relaciones de producción y capital.

Para este Clan Font, que se iniciara con Feliú Font de Celis y la matrona Rosa Medina Domínguez, poseer menos que un latifundio sería degradante, esto es, reducirse como familia a una clase parcelera, y es preferible morir para mantener ese linaje y posición de dominio que ceder y empobrecer. En La Hacienda se describe como gente escuálida y moralmente macilenta, carente de espíritu cívico y sin ambición, al que tiene menos. Y hay, como parte del análisis de Font Echeandía, una reflexión sobre la idiosincracia del catalán; hecho que, como se verá más tarde, es importante para entender los conflictos de la época que estudiamos y la percepción que el pueblo hizo y, principalmente, esa porción que agrediera a las familias peninsulares.

Para reconsolidar la visión mesiánica que caracterizó a Cheo Font, al Comienzo del Nuevo Amanecer (hipotéticamente, el régimen estadounidense tras la derrota de España, sería una tabla salvadora), se sobrevaloró el proceso étnico-familiar en ese contexto de la sucesión progresiva de la historia. En un marco históricamente determinado de relaciones humanas e ideológicas, además de las más decisivas, que son las relaciones de producción, se debe entender que la necesidad constituye el fundamento objetivo de la libre actividad del hombre.

El campesinado tuvo la necesidad de construir un nuevo sistema de instituciones y de consolidar la direccionalidad de sus propias fuerzas antagónicas, revolucionarias, si se quiere, hasta neutralizar las fuerzas de la clase dominante. Los cabecillas intelectuales Avelino Méndez Martínez y Juan Tomás Cabán Rosa no supieron dar cauce positivo a los sentimientos y clamores de ese campesinado, redimensionalizando esas fuerzas que, sólo tenían por riqueza, su espontaneísmo y su pasión, o al decir de Jorge Alberto Kreynes, «el elemento de su ardor combativo».

Lo que, en 1898, ese campesinado armado vio claramente como deseable amanecer fue el poco de esa pasión y tragedia que el asunto de La Mano Negra trajo a la atención de toda España y, en parte, del mundo, Europa y América en particular. En septiembre de 1896, cuando se promulgara la ley de represión del anarquismo, se producen actos de solidaridad con España y contra las autoridades, y fue cuando, por primera vez, al recordar su papel activo y solidario con el Grito de Lares, Avelino Méndez se hizo eco del ánimo anarquizante que cundió entre sus compueblanos, reconociéndosele a él como uno de sus dirigentes intelectuales. No obstante, él terminaría distanciándose. Claro está, sin adhesionarse al muñoriverismo que para él y su hermano, Aurelio, careció de un contenido popular y antiespañol con la intensidad que a ellos apelaba. Aunque ortodoxo, el Dr. Barbosa aceptó el autonomismo político frente a España.

Por su parte, Font Feliú entendió que el campesinado pepiniano se halló acorralado ante dos realidades básicas: ni con España ni con EE.UU. podía considerarse el dueño del suelo patrio. Ni aún de su trabajo ni de la posibilidad de crear, sin limitaciones, su progreso y su historia. No tenía educación ni una dirigencia capaz de llevarlo a acciones de poder para construir la contrahegemonía y, redimensionadas sus fuerzas, mantenerlas permanentemente organizadas y predispuestas al avance. Por esta razón, fue fácil convencer a solapos, astutamente, al liderazgo de las partidas e integrarlas al proyecto del Partido Republicano y neutralizarlas ahí. Aurelio Méndez Martínez fue el primero que entró a la fracturación de la rebelión social y al anexionismo, como candidato a la Legislatura.

Si bien fue Cheo Font, criollo, quien quedara descrito como el paradigma de una España déspota, al divulgarse una tras otra, las décimas que lo aludieron como Espada Blanca, se ofrecería también la cuenta del acervo de etnias ibéricas con presencia en este pueblo. Y se haría por sus nombres y con espíritu de encono y decepción: el canario Victorino Bernal Toledo, los vascuences Pedro Jaunarena y Francisco Laurnaga Sagardía, Juan Orfila, de las Baleares, Braulio Caballero Ayala, de Pamplona, Juan Coll, de Barcelona, entre otros. En términos muy concretos, esta fue la clase propietaria de Pepino y también su gente blanca y educada. Gente blanca y afortunada, por herencias y medios de producción y no porque el grueso del campesinado no fuese blanco, sólo que estaba en hambre y quiso asegurarse, con enojo, que con el cambio de régimen, otra clase política distinta a los primeros gobernara el pueblo. Sin embargo, Cheo Font estuvo al pendiente para desengañar a esa gente y para hacerlo propalaría en el discurso público una serie de ideas que han marcado la mentalidad colonial post-finisecular:

(1) El factor mesiánico: Sin educación no hay espíritu cívico, sino destajo sangriento, envidia y fanatismo. Las ideas tienen un oficio activo en el desarrollo de la sociedad; pueden transformarse en fuerza material, en progreso y en guías de acción en cuanto reflejan las exigencias materiales de la existencia social; pero los pueblos enfermos, conformes con la herencia del pasado, se vuelven macilentos, resentidos y haraganes y, entonces, es cuando más necesitan de las personalidades, grandes protagonistas individuales: el inmigrante que traerá civilización al criollo. El polítíco mesiánico justifica los privilegios de la élite extranjera y la interpreta del mismo modo que los beneficiados de la Real Cédula de Gracias y el Edicto Trujillo que trajese a Puerto Rico hombres ya, de por sí, ricos y con capital. En Pepino, estos fueron fueron llamados los caraqueños y en las décimas de encono de Las Golondrinas, aludidos como la cabrerada: «El Gobierno de España les facilitaba aperos, dinero y terreno, amén de esclavos. El propósito era civilizar» (Font Ríos, loc. cit.). De modo que el pepiniano originario no tuvo su oportunidad para civilizarse hasta que no llegaron esos otros...

Desde 1815, observó Font Ríos, «España ofrecía a cada emigrante 6 acres de terreno por cada miembro de familia y 3 por cada esclavo. Las herramientas hechas en España estaban exentas de impuestos» (ibid). Gente así beneficiada no mordió la mano del amo, o de la Madre Patria; les servía y de esas nuevas horneadas de inmigrantes se reclutaban los candidatos al ejercer el poder administrativo del pueblo y todo privilegio que dimanara de ese poder establecido por el oficialismo extranjerizador. Aún el capataz idóneo de una hacienda, o sus mayorales, tenían que ser selecionados en virtud de ese apego a lo étnico-familiar, por lo que se imponía sobre el peonaje, electo por el sólo mérito de ser peninsular y candidato a emparentar con la hija de un patrón, si no había un primo en la prole.

En ese mundo provincialista «de guardias de baqueta y gañines», al decir Dolores Prat, estaban los personeros de la represión y de la construcción de ese clima de miedo, acusaciones y vanidades, que preparó el camino al estallido de violencia en 1898.

De aquí que se confirme una apreciación marxista: «La clase que ejerce el poder material determinante en la sociedad es, al mismo tiempo, su fuerza espiritual dominante» (C. Marx y F. Engels, Obras, loc. cit.).

(2) El factor geopolítico: El principal argumento para disuadir a un pueblo que deseaba autodeterminarse dentro de sus fronteras fue enfatizar sobre la pequeñez territorial y escasez de recursos naturales de la isla. Echar miedo con la pobreza fue una situación real entonces.

(3) El factor étnico-familiar: Cuando no se quiere reconocer que las masas populares son el factor determinante del desarrollo social y el verdadero creador del proceso histórico, la clase históricamente privilegiada maldefine a un pueblo y se exime de reconocer su valor. Las masas explotadas tienen un explotador y opresor orgánica y socialmente establecido que, siendo numéricamente reducido, controla el poder de las estructuras jurídicas, económicas, policíacas y aún ideológicas.

Si bien es cierto que no se puede rechazar la importancia de los individuos aislados, el valor de los aportes de determinados personajes y dirigentes, sean o no, poderosos o conservadores, o de familias cucásicas (blancas), el error había sido esperarlos únicamente de las altas jerarquías de poder o de las llamadas familias de abolengo o ilustres apellidos o de presuntas razas y castas superiores. Ni las familias ilustres ni los individuos aislados pueden alterar a capricho el curso objetivo de la historia. Lo que, a juicio de muchos de mis entrevistados, sucedió en Pepino es que la burguesía pepiniana no se esmeró en educar a su gente ni abrió acceso educativo o político a ella. «Si algo se abrió para ellos fue el ventorrillo en la hacienda, donde el miserable jornal se gastaba para que ese pobre del arrimo olvidara con ron sus pena» (Rodríguez Arvelo, loc. cit.).

El carácter selectivo de las acciones de castigo por las Partidas Sediciosas llevó su juicio implícito. Se les acabó el belén. / España se le(s) fue. La atadura con el pasado español fue interpretada como complicidad con todos los atropellos institucionales del gobierno. Y el nexo étnico-familiar que los viejos funcionarios y la clase dominante reclamaron para sí, vanagloriándose con alarde de superioridad y creyendo lo que la metrópolis estadounidense dispuso, por voz del General George W. Davis y el Secretario de Guerra, Elihu Root fue: Que hay que educar a los habitantes de la isla hasta que fueran competentes para gobernar a su país (cf. Victor H. Baske, loc. cit.).

Muchas de las familias castigadas fueron, por el consenso popular, aquellas consideradas las portavoces ideológicas de la burguesía, «la burocracia que ordena, manda y dirige» y que por su función, «ahoga el proceso de crítica y autocrítica» y «reduce al mínimo la posibilidad de que las masas populares participen», libre, activa y creativamente. Entonces, no habiendo equidad en el proceso, las familias políticas con prestigio y abolengo se representaron en su consciencia como las fuerzas reaccionarias a los procesos necesarios. En estas familias se castigaba el culto al cacique, al poder y la riqueza no compartida y el sicotismo. En el marco del recelo popular a los nexos étnico-familiares, la crítica a los sicotudos, al que llegó pobre de España, pero se regresaba rico, y a los serafines, ya era vieja, si juzgamos esas alusiones en las coplas de Las Golondrinas.

El por qué la violencia de 1898 se extendió más veladamente durante toda la década de 1900, intensificada la lucha por los recortados espacios abiertos por los Partidos Fusionista, Federal y Unión, se debió a que el culto y el rol del cacique no desapareció, sino que siguió creciendo bajo el dominio estadounidense. En fecha en que el 80% de la población de la isla fue descrita, estadísticamente, analfabeta, el poder legislativo requirió que los 35 legisladores elegidos y el electorado que los eligiera fuese mayor de 21 años y aptos para leer y escribir. Las leyes creadas por tal cuerpo privilegiado de puertorriqueños tendrían que ser aprobadas, en última instancia, por el Congreso de los Estados Unidos que tenía el poder de rechazarlas.

... El hecho de que una de las Cámaras que desempeñaba el poder legislativo, concretamente, el Consejo Ejecutivo, fuera parte del poder ejecutivo, era una grave contradicción con la Constitución Norteamericana, que establecía claramente el principio de separación de los tres poderes. Además, el hecho de que fuera el Congreso de los EE.UU. el que, en última instancia, aprobara o rechazara las leyes que iban a regir a Puerto Rico, hacía del poder legilatvo una estructura títere, violándose así el principio de autonomía legislativa. Estos aspecos son una muestra de la política colonial que los norteamericanos impondrán a Puerto Rico mediante la Ley Foraker... (Baske, loc. cit., vid. Nota #1, en apartado 3).

¿Quiénes se sentirían satisfechos, o acríticamente cómodos, con esta situación en Pepino?

Al rememorar la fibra moral, actitudes e idiosincracia de sus bisabuelos y ancentros, Font Echeandía escribió: «El catalán es tozudo o testarudo y, como vengo de esa sangre, también lo soy». En cuanto a Rosa Medina alegaría un perfil sicológico más transigente y avenible. Pero... ¿qué realmente subyace detrás de estos eufemismos?

En el análisis sobre la formación económico-social del Pepino de 1898, la noción de identidad fue importante, aunque no necesariamente la que desencadenó la crisis de violencia. La crisis fue debida al hambre y a una sucesión de descaros.

A la pregunta qué realmente implicaba ser de los blanquitos en el pueblo, respondía un líder asociado a las Partidas, el maestro de escuelas Lino Guzmán, a quien se le recriminaba veladamente, preguntándosele el por qué una persona tan decente y culta como fue se alió al movimiento. Su respuesta, más o menos, como la recordaba D. Dolores Prat, anciana de Mirabales, fue la siguiente: Está diciendo (Guillermo) Cardé y Juan Orfila que no se preocupe ninguno sobre los ideales separatistas porque un pueblo analfabeto no se sabrá gobernar y el campesino es como una bestia...

Decía ella que, «al llegar los americanos, ni en los tiempos de Manuel Prat, se vio la situación de que al mulato y al blanco se les tuviera que separar, pensando que el negro no podía aprender inglés... pero ese problema era muy viejo. Es que se decía que el negro es libertino, amigo de malas ideas, la independencia» (D. Prat, vid. Nota #5, en apartado 2). En realidad, afirmó con razón Victor H. Baske, «muchos norteamericanos manifestaban actitudes despectivas e incluso racistas hacia los habitantes de Puerto Rico. Otros desarrollaron actitudes mucho más racionales» (V. H. Baske, loc. cit., p. 6).

¿Fue la noción de pie de la Espada blanca un código racista, o es un cuestionamiento sobre la valoración excesiva de nexos étnicos-familiares con que muchas familias ajusticiadas se turnaban para retomar el control en el albor del siglo, el Nuevo Amanecer, tal como hicieran durante los siglos anteriores?

Vencida España en la guerra, en Pepino y, en la isla entera, se creó una lucha de poder. Surgió una posibilidad para el tránsito de una formación económico-social a otra más perfecta. Cuando el asunto fue responder quién verdaderamente hace la historia y cuál es el fundamento en que se apoya la existencia y el desarrollo de la sociedad, el peonaje dijo presente (las masas populares, trabajadoras, creyeron en justicia ser capaces de sobrepujar ese tránsito) y, como colectividad, esperaba una organización materializada por líderes que les definiera objetivos, de modo que surgieran así las nuevas instituciones políticas, económicas, educativas, concepciones jurídicas y oportunidades creadoras de diverso tipo.

En este ensayo se explicará cómo ese liderazgo esperado no cuajó del todo, traicionó y reculó. El proceso social falló, pese a que el pueblo, en gran número, dijo con contundencia el tipo de administradores que no quería en el nuevo régimen y estuvo dispuesto a deshacerse de ellos, aún matándolos. Treinta años antes, con El Grito, se había dado ese mismo consenso y fueron los insurrectos los que pagaron con sus vidas.

Frente a las fuerzas invasoras, el factor más decisivo en el amenguamiento de ese furor revolucionario de campesinos tan pobremente armados, sólo quedó flotante un ideario: anhelos de cambio, la esperanza.

Dentro de la noción de bandidaje social que E. J. Hobsbawn desarrollara en Primitive Rebels (1965), se valora al bandido social como the outlaw-heroe, honorable models for rebellion, delincuente forzado a infringir la ley para vengar alguna situación injusta, defender su honor, familia o grupo social (comunidad), ante aquella circunstancia o poder opresivo que lo victimizara, recordamos que todo país del mundo ha tenido, en algún momento histórico, este tipo de héroe proscrito. Y, muchísimas veces, a medida que el asunto es estudiado sistemáticamente, se verá que también los bandoleros sociales han surgido de las clases más altas y se han fundido con las mitologías de patriotismo, humanitarismo social y religión. No hay, necesariamente, por qué referir a los comevacas y tiznaos como los únicos desclasados o lumpen-proletariat, si la idea es despreciar la violencia antiestamental.

Según testimonios orales recogidos en Pepino, [5] a esta cáfila de insurrectos se la supuso el disuelto Séptimo Batallón de Voluntarios que, otrora el coronel Julio Soto Villanueva tuvo bajo su mando, y que «molesto con la cobardía de ese hombre» (sic.) echó a rodar su propia agenda de resistencia contra gringos y españoles. [6]

Miembros de esta partida (La Mano Negra) se personaron para dar muerte a Soto Villanueva en la casa de Cirilo Blandín, donde él se había refugiado y, entre una de las razones motivantes para hacerlo, se mencionó el nulo apoyó que dio a los voluntarios de ese batallón durante el Combate de Hormigueros del 10 de agosto, donde entre heridos y muertos cayeron 12 milicianos. Mas, según se fue articulando el quehacer de estas partidas, se infiere que las motivaciones de los ajusticiadores per se fueron mucho más amplias que castigar a militares y traidores.

En este ensayo, se propone el análisis sobre los incidencias de violencia, quemas, asesinatos y robos, que produjo el fin del orden español en uno y más pueblos de Puerto Rico. Utilizamos la metodología de Historia Oral de Allan Nevins y las técnicas de entrevista para formular una microhistoria regional, insertable en el contexto mayor de la historia puertorriqueña, la que a su vez sería contextualizable dentro de una macrohistoria general, contribuyente a la historia latinoamericana.

Se provee una bibliografía comentada al final de cada ensayo.

2. Un tema ignorado y censurado
3. La simpatía por Cuba
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Notas bibliográficas

[1] Citado de José "Pepe" Maestre, La leyenda de La Mano Negra, s.f., artículo de 12 páginas publicado en España; Jason Wehling, La historia de la bandera negra, s.f. (artículo de 6 páginas publicado en España, traducido por Simón Garmendía); otros datos en: Murray, Bookchin, The Spanish Anarchists: The Heroic Years, 1868-1936 (Harper Colophon Books, 1977).

Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903) fue uno de los pocos políticos españoles de quienes los puertorriqueños y antillanos en general guardaron una positiva memoria. Estuvo bendito en las bocas de muchos campesinos y negros de la isla, porque él fue quien, siendo Presidente y Ministro de Gobernación, dio curso a las leyes abolicionistas. Asociado a la Revolución Liberal de 1868, sirvió en el gobierno provisional de Serrano y fue Ministro de Estado y Gobernación con J. Prim y Prat; se hizo jefe del Partido Constitucional frente al Partido Radical de Zorrilla. Presidió el Consejo de Ministros de 1881 a 1883, encarando, durante su periodo, el problema catalanista, la guerra de Melilla y la de Cuba; pero, aún con estos problemas que obligarían a la dimisión de sus cargos, dejó como legado leyes muy importantes en España: el establecimiento del juicio por jurado y el matrimonio civil, entre otras. «Tenía casi los 80 años de edad y, por su inmenso amor a España, no quiso desatenderse de la política en el momento en que su país más lo necesitaba y tendría que enfrentar al poderoso ejército de los EE.UU. y por eso se hizo otra vez el jefe de gobierno y, después presidente; pero jamás se sirvió del gobierno para hacerse rico u obtener prebendas. Salió de la política pobre y se negó a aceptar un título de nobleza», resumió Doña Bisa Rodríguez Rabell.

De hecho, cuando pese a su edad, Sagasta deja el poder en 1901, creándose un vacío en las filas del Partido Liberal español, la organización quedó prácticamente deshecha. En 1903, Sagasta murió en la pobreza.

[2] Cf. Francisco Gutiérrez, Acerca de La Mano Negra, en: Diario Sur (Málaga), 12 de enero de 1999. Gutiérrez entrevista al investigador malagueño Juan Madrid, autor de un libro sobre La Mano Negra, donde hay referencias a Hernández Arvizu y jueces, periodistas y opinantes del tema (incluyendo a Clarín, Leopoldo Alas) que escriben «desde el punto de vista de la oligarquía y la pequeña burguesía» a la que pertenecieron.

En fecha anterior a 1886, siendo Juan A. Hernández Arvizu, consejero legal de alto rango del Gobierno Español, y Oidor y expresidente de la Sección de lo Criminal en Canarias, él cometió la indiscresión de compartir en Pepino un documento que fue un llamado a la Revolución Social en España y motivo de lo que sería «el justificante necesario para aumentar todavía más la represión mayor a todas las sufridas por los obreros de este siglo» (Pepe Maestre, loc. cit., p. 3). Se llegaron a contabilizar 6,000 detenidos en toda Andalucía, relacionados con la FRTE y, sobre todo, pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC). De esos 6,000, más de 2,000 se hallaban presos en Jerez. En ese año de la represión, la opinión pública española estaba muy sensibilizada e inclinada al desprecio, por trauma afectivo, hacia los anarquistas, en virtud de los contenidos de esos documentos hallados sobre la Sociedad de Pobres Contra Ladrones y Verdugos, nombre formal de la sociedad secreta La Mano Negra. Tener copias o propaganda que compartiera los preceptos de esta sociedad secreta o sus meras iniciales (MN) fue considerado una posesión de documentos prohibidos y razón para arresto.

El duó formado por el Capitán Oliver, de la Guardia Civil y el Jefe de Rurales, Pérez Monforte, detenían y arrestaban «casi a diario a componente de algún grupo revolucionario o anarquista... Aunque en la mayoría de las ocasiones no se pudiera demostrar nada de lo atribuído a los mismos, permanecían presos hasta el juicio, siendo escasísimo el número de declarados inocentes por el Tribunal. La mayoría de ellos fueron deportados a Filipinas como condena a pertenecer a asociación ilegal y en varios cientos recayeron largas condenas de cárcel» (ibid, p. 4).

En agosto 1897, ocurrió el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo en Guipúzcua, presidente del Gobierno español en turno con P. M. Sagasta. Un anarquista italiano, conocido como Michelle Angiolillo, confesó el asesinato y dijo cometerlo en venganza por las ejecuciones habidas de otros anarquistas catalanes del 4 de mayo. Hernández se expresó con alarma sobre el movimiento que estremecía el mundo como brote epidémico. Supo que Cánovas, verdugo de sueños independentistas en Cuba y Puerto Rico, catalizaba esa corriente. No se equivocó en pensar que el magnicidio podría tentar a los patriotas de su isla. Hoy, en la historiografía, observa Rodrigo Quesada Monge, se especula sobre la «supuesta confabulación (de Betances) con el anarquista italiano Michelle Angiotillo y Galli, para asesinar al Ministro de Justicia español, Cánovas del Castillo» (El antiimperialismo a la luz de los héroes del 98: Martí, Hostos, Betances y Sandino (Parte 2), en: Exégesis, revista del Colegio Universitario de Humacao (UPR), núm 32).

Sobre lo que Hernández Arvizu no quiso hablar, aún cuando se prestaba a los aplausos de la burguesía en casinos y ateneos, fue sobre las causas reales de la violencia en 1883 en Andalucía que, obviamente, incluyeron la tensión social por las malas cosechas, la constitución de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), con tendencia anarquista, la Huelga de 1883 y, sobre todo, las inculpaciones arrancadas mediante de tortura, seguida por una represión extensa del anarquismo y que conllevó la muerte de seis acusados, incluyendo al supuesto jefe de La Mano Negra, Pedro Corbacho, ejecutados en junio de 1884. En San Sebastián del Pepino, para su asombro, se halló a una gente que, siendo más ruda y menos sofisticada para oírle, reaccionó con sinceridad y objetividad inusitada. En forcejeo de actitudes, yendo en pos de análisis social sobre lo compartido por Hernández, los casinistas Pascasio Moreno y Pedro López Valdivieso, inmigrante gallego, recién llegado al Pueblo del Pepino, representaron a una comunidad que tuvo circunstancias campesinas muy similares a las andaluzas cuando se ejerció la represión.

Después de la Restauración monárquica de 1874, con el reinado de Alfonso XII, surgieron insurrecciones campesinas en Cataluña, se agudizó el malestar obrero, se diluyó la FRE y surgió la insurrección revolucionaria de Jerez (1882), atribuída a La Mano Negra; pero, contrario a Francia, que reconoció el derecho de los obreros a la sindicación, no fue hasta junio de 1887 (cuando más dura fue la represión en Puerto Rico con los Compontes del Gobernador Romualdo Palacios) que España decretó la libertad de asociación obrera. Esto no significaría que se obtuvo la jornada de ocho horas de trabajo. Para 1890, en Barcelona se luchaba, pacíficamente, pero con presión huelgaria, por este avance; dos años después en Andalucía, pero al ritmo y tambor del levantamiento campesino.

En 1896, casi diez años después de la fecha probable de una presentación de Hernández Arvizu en el Casino del Pepino, ya se hablaría sobre lo que habían sido documentos ilegales, prohibidos, en 1882, de la MN. Se supo ya que en Puerto Rico había circulado la Revista Social, el periódico de la Federación Regional Española (FRE). Además se hallaron banderas negras con cierto grabado confuso porque, en medio estaba el estampado en blanco de lo que pretendiera ser una «zorra con dos rabos» (D. Prat). Un funcionario munucipal, el barcelonés Juan Coll y Grau, fue quien dio la voz de alarma. Supo que la FRE quedó disuelta en 1881 y que, en Filipinas, están fundidos en prisión o en ostracismo los «criminales, enemigos del trabajo, y del Estado organizado».

Abrir la boca como acusador en 1896 fue para Coll lo mismo que para Honorio: preparar su nombre para la burla de la Partidas de 1898. Contrario a lo que Coll creyera, por insuficiencias de noticias, el anarquismo que estaba alimentando ilusiones de pepinianos ya no dependía de episodios dramáticos que repercutieran en Barcelona o Jerez. Nueva York proveía sus noticias y su literatura.

En septiembre «cuando se hacían amagos de celebrar el aniversario de Lares y la Ley Moret», según Dolores Prat, se promulgó una ley de represión del anarquismo que dio lugar a numerosas detenciones. El Dr. Madrid, en su libro La Mano Negra: Caciques y señoritos contra los anarquistas (1998) explicaría que las primeras medidas gubernativas de protección laboral no pasaron de ser tímidos intentos que, en general, quedaron enunciados en 1900, sin mayor gloria; todo el tinglado de propaganda y represión, con la excusa de los horrores de La Mano Negra, se vino abajo cuando se revisó el proceso en 1903 y los supervivientes quedaron liberados.

También la Emperatriz Elizabeth de Austria, M.F. Sadi Carnot, el rey Humberto I de Saboya y el Presidente William McKinley, fueron asesinados por anarquistas en 1894, 1900 y 1901, sucesivamente. El asesino de McKinley fue Leon F. Czolgosz, anarquista confeso, quien dijo: «I didn't believe one man should have so much services and another man should have none». John A. Garraty, 1,100 Things Everyone Should Know about American History (Doubledy, New York, 1989), pág. 88.

Cánovas, quien fuera jefe del Partido Conservador e incansable luchador por la restauración de los Borbones, estaba leyendo un periódico, sentado en un banco en el Balneario de Santa Agueda, cuando el asesino mencionado se le acercaría sigilosamente y le disparó una bala en la cabeza. El General Marcelo Azcárraga tomó temporalmente el control del gobierno. Empero, el asesinato de Cánovas no fue sino la culminación de una sentencia a muerte que ya tenía, desde el 20 de junio de 1893, cuando un grupo de anarquistas atacó su casa. Ese mismo año, el 23 de septiembre, se intentó el asesinato por un grupo anarquista del General Arsenio Martínez Campos, durante un desfile militar en Barcelona. Al cabecilla del intento, Paulino Pallás, una vez fue capturado, se le ejecutó por un pelotón de fusilamiento en el Castillo de Montjuich, en Barcelona, l5 de octubre y al restante de los terroristas, el 21 de marzo del año siguiente.

En 1896, comenzó el Proceso de Montjuic por la ola de atentados anarquistas. Un año después, se ejecutaron a cinco personas. En su afán de control y por el miedo a conspiraciones, durante el periodo, el estado español prohibió el hablar el catalán y el derecho de reunión. La ola de violencia coincidió la inauguración del Ateneo Barcelonés y su discurso inaugural en catalán por A. Guimerá... Estos procesos (que pudieran parecer asuntos muy a la perisferia de la vida cívico-social en San Sebastián del Pepino) no fueron tan ajenos. Fue la fecha en que aparecieron, por primera vez, ciertas banderas negras en San Sebastián. Las banderas anunciaban solidaridad con la situación de los perseguidos en España y ensombrecieron lo que se supondría un adelanto del patriotismo puertorriqueño porque, en la Navidad de 1895, se había pedido de los municipios la adopción de la bandera puertorriqueña como emblema oficial.

En ese momento, un liberal de línea dura del Pepino, Pascasio Moreno, comunicó a los sagastistas o pactistas de Muñoz Rivera (quienes buscan unir el Partido Autonomista con un partido español, el Liberal Fusionista de Sagasta) que la bandera negra no fue otra cosa que la señal de luto y vergüenza por el grado de oportunismo que adquiría el autonomismo puertorriqueño. El Pacto con Sagasta no sólo dividió el autonomismo, sino que comprometió enfermizamente las voluntades separatistas.

El asesinato en España de Canalejas Méndez, jefe del Gobierno Español, inspiró otro debate político. Dos abogados puertorriqueños, el Lcdo. Victor Primo Martínez González y José de Diego, evaluaron el homicidio del 1912, contextualizando en su paradigma y ejemplaridad el asunto de las lealtades por la patria. Martínez, quien se declaraba español (aún bajo el nuevo régimen) y que no sospechaba que un día, con un plumazo jurídico, impuesto desde Washington, pero suscrito por hombres como Degetau y Muñoz Rivera, quedaría descrito como ciudadano estadounidense, replicó a una crítica de De Diego contra la Ley Foraker, su espúrea definición de lo que significaba derecho de protección a los nacidos de la isla, defender la cultura hispánica amenazada por la asimilación y su incapacidad para reactivar la economía.

Martínez se atrevió a acusar de reculamientos a Rosendo Matienzo Cintrón y a la gran plana de los unionistas por su vieja colaboración con el pacto sagastino y su prestamiento a participar en una comitiva y banquete que se le brindara al General Nelson Miles en agosto de 1898. En su turno, De Diego defendió al ex-legislador Matienzo, quien ese mismo año dejó el Partido Unionista, el principal instrumento de oposición a la Ley Foraker.

Como si emulara el encono, como en las décimas en 1898, De Diego escribió unas coplas satíricas contra Victor P. Martínez González y éste contestó con otro escrito libeloso contra De Diego que, por poco ocasionaba su desaforo en la práctica legal de Puerto Rico. El tema anarquista ocasionó otra enemistad entre ellos. Un poco más de diez años antes, Martínez fue uno de los criollos pepinianos con expedientes incondicionales; De Diego, liberal desde su juventud fue muy perseguido en España.

En 1898, Martínez González será quien, amenazado por los campesinos antiespañoles, verá a los suyos siendo víctimas de robos en el campo. Militar del Cuerpo de Voluntarios, él sirvió como intérprete a las tropas de Brackford; se puso a sus órdenes al producirse la invasión en el pueblo. Un cínico, a juicio de De Diego, él no combatiría inútilmente con el más fuerte. Otro fue que reculó ante los gringos, pero no observó la biga en su ojo antes de echar sus roñas contra Baldorioty y Matienzo.

Así como antes él justificó la sofocación del catalanismo y dio vivas a su amigo Hernández Arvizu por sus gestiones de fiscalización contumaz y antiliberal, su posición ante los EE.UU. fue esnobista. Como orador Martínez atacaba a De Diego, acusándole de proteger a los sediciosos / criminales de 1898.

Hizo corillo con los llamados socios, «republicanos americanos de la Vieja Espada Blanca». En conjunto, la gente dudaba de la integridad de De Diego como jurista. Para Victor Martínez, en ese momento, sólo parecían existir dos ideologías en Puerto Rico, «los anarquistas en la sombra», los que no dan la cara y «los conservadores pragmáticos»; él se inclinaba a servir a los segundos.

[3] Alusiones a Hernández Arvizu y su rol como Fiscal en los procesos de La Mano Negra, de Jerez de la Frontera, también en: Andrés Méndez Liciaga y su Boceto histórico del Pepino, quien brinda datos biográficos suyos. Juan Antonio Hernández Arvizu nació en San Sebastián, el 3 de marzo de 1825. Fue gobernador de las provincias españolas Tarracena y Toledo. Fue Magistrado de la Audiencia de Granada y, más tarde, presidente de tal Audiencia. Representó a Puerto Rico en las Cortes Españolas como delegado del pueblo de Arecibo. Fue consultor legal del trono español y sirvió a Aureliano Linares.

Según los datos recogidos en la Entrevista con Pablo Arvelo Latorre, hijo del hacendado de barrio Pozas, Juan Francisco Arvelo, realizada el 20 de octubre de 1977, Juan Francisco Arvelo adujo que una hija de Manuel Prat-Ayats (Dominga, quien se domicilió en Barcelona, España), novió con éste. Agregó que, cuando se arrestó a Lino Guzmán, se le pidieron los documentos de La Mano Negra local, a la que se dijo que él pertenecía y una proclama que él solía leer en las reuniones de esa célula guerrillera. Entonces, él dijo que la misma ya era del dominio público y se conocía en Pepino desde que Hernández Arvizu la trajo al pueblo y la leyó en el Casino. Seguramente, se refería al documento que citamos en la Nota #2 de la Introducción.

[4] Cf., ver: José Sánchez Rojas, El problema del anarquismo (Madrid, 1908); Lida, C.E. (1969), Agrarian Anarchism in Andalusia: Documents of the Mano Negra, International Review of Social History, Amsterdam. no. 14; Molnar; M. & Pekmez, J. (1974). Rural Anarchism in Spain and the 1873 Cantonalist Revolution, in Rural Protest: Peasant Movements and Social Change, edited by H.A. Landsberger. New York: Barnes and Noble; Juan Gómez Casas, Historia del anarco-sindicalismo español (1968); Entrevista con Antonio González Rodríguez, realizada en su hogar en Perchas (San Sebastián), 16 de julio de 1978. Notas y grabaciones.

[5] Además de la teoría de los Bandoleros Sociales («outlaw-heroes») y Primitive Rebels de E. J. Hobsbawn y que este sociólogo aplicara al estudio de las reacciones de los sureños estadounidenses ante «rapacious Yankee armies, corrupt Radical Republican politicians, predatory carpettbaggers, and vindicative former slaves», W. J. Cash propuso en su estudio The Mind of the South (1941), otro tipo de bandolero, que es figura solitaria, sin grupo de apoyo, pero que, al involucrarse con impunidad en la infracción de la ley, libera su «conducta explosiva e ilegal, justificándola con un propósito o causa noble». Según Cash, este tipo de héroe proscrito tiene un intenso sentido de responsabilidad ante los demás, códigos de conducta de tradición caballeresca; pero, sin esta violencia asumida a título personal, quedaría cautivo e irreconciliado con las presiones de su comunidad, que son los valores del individualismo, el puritanismo y el hedonismo hipócrita y siquitrillado que las clases adineradas se apropiaran para sí, no siempre compartiéndolas o justificándolas en otros. Ward, George B., Outlaw-Heroes, en: Encyclopedia of Southern Culture (The University of North Carolina Press, Chapell Hill & London, 1989), ps. 1491-1492.

Mis entrevistados en San Sebastián manejaron muy diversas percepciones y sentimientos en cuanto el adjudicar una condición de héroes a los forajidos del '98. Admitieron, con mayor simpatía, al disidente o forajido solitario del tipo descrito por W. J. Cash que al bandido social de Hobsbawn. Una turba de sediciosos se amotina. En el anonimato, en lo numérico de su legión de cómplices, arriesga su autocontrol y la perspectiva de su causa motivadora original, si fue noble. Por el contrario, el héroe proscrito, el solitario, protegerá mucho más su «gentlemanly code of conduct». En su fracaso, aún los opresores le guardarán en el nicho de los héroes o los mártires, permitiendo que crezca su leyenda y su mito. El proceso es la válvula de escape, sicológica, mediante la cual el Establecimiento y la sociedad conservadora, expía sus culpas (no haberles oído y atendido con respeto) y se va volviendo cómplice en favor de la causa que antes despreciara.

El entrevistado Antonio González Rodríguez, n. en 1892, fue hijo de Ana Rodríguez, cocinera del hacendado mallorquín Joaquín Vidal Roselló (n. 1857), con finca en Perchas. Joaquín, con su hermano Pablo (n. 1859) operó, por igual, una tienda en Lares. Para él, el error de los comevacas y tiznaos en Pepino fue equivocarse con las víctimas; aprovecharon tardíamente el momento que cuajó con la invasión norteamericana, «echándose sobre mucha gente inocente».

Un ejemplo del pasado que ilustra lo que él refiere es la historia del cardador valenciano y fundador de la Germanía Valenciana, Juan Llorens (o Lorenzo), quien se alzó en 1520 al frente de la Junta de los Trece para pedir justicia contra los abusos del gobernador y la nobleza, siendo recibido por el rey Carlos V. Sin embargo, al iniciarse una lucha, él como guerrillero campesino no pudo dominar los excesos cometidos por sus partidarios.

González Rodríguez contó sus recuerdos y los transmitidos por su madre sobre la época de los Compontes del General Palacios, los corsetes y bibilones, las mismas prácticas de tortura que los amos españoles realizaban «durante los tiempos de los miñones». Estas partidas de peones, armados para la vigilancia de las haciendas, «fue costumbre de los catalanes de Mirabales», según la alegación de González.

El recordó, en base a datos ofrecidos por sus padres, que «había rivalidad entre catalanes y caraqueños», a pesar de la amistad del inmigrante Andrés M. Cabrero Escobedo (n. en Santander, España), influyente ex-Alcalde y hacendado, con Manuel Prat. «Estaban como perros y gatos. Por lo único que Cabrero simpatizaba con Prat fue porque ambos creían en el progreso, las máquinas y la industria, no como los anarquistas de la tierra de Prat». Las desavenencias se agudizaron cuando los Cabrero Echeandía, Laurnaga y Oronoz hicieron causa común para congraciarse con el Gobernador Norzagaray, quien fue nativo de las Vascongadas y, exactamente de San Sebastián; Fernando Norzagaray tuvo gran interés en estimular la agricultura y hacer reformas administrativas, pero tenía un defecto que Prat-Ayats odiaba sobre todas las cosas, su afrancesamiento. El fue el Teniente General que, por ayudar a Francia en 1858 envió una expedición a la Cochinchina. Un sector del Sector Pueblo en Pepino adquirió ese nombre como el homenaje que la vascada le hiciera.

González Rodríguez asociaba los forajidos de 1898 que irrumpieron en rebelión en Pepino a los republicanos y anticarlistas en España. El describió una España tan represora que aún adecentar los procesos de participación en el sistema electoral allá ocasionó conflictos y, después del logro del voto para ricos y pobres en las colonias, en Puerto Rico no pudo reconciliar a los votantes en espíritu de civismo. Dio el ejemplo del ex-diputado a Cortes, Manuel Corchado y Juarbe cuando compitiera en 1884 por una diputación, esta vez por el Distrito de Aguadilla. «El fraude descarado lo hizo perder», según González. Corchado estuvo afiliado al republicanismo español; observó con interés el proceso español, con simpatías catalanistas, sin que pudiera decirse de él que fue un simpatizante anarquista. Fue Barcelona donde decidió exilarse y donde murió un año después de perder las elecciones por causa del fraude, digitado desde su distrito por una clase propietaria y de banqueros que eran los custodios del conservadorismo y que todo movimiento de inconformidad en la región se lo adjudicaban al socialismo, el sindicalismo (la FTRE) y La Mano Negra. No, en balde, fue la época de las ejecuciones de anarquistas en Jerez y los congresos de la FTRE en Barcelona. El establecimiento político colonial enfiló sus armas contra Corchado.

Prat y González Rodríguez también dieron su memoria de las posiciones religiosas que se reprochaban al sector de ancestro vasco que defendía la presencia jesuíta en los templos. Los norzagaristas de Pepino elogiaban a un gobernador con tales credenciales; contrario a los vástagos del hacendado Prat de Mirabales que se inclinaban por el Conde de Jaspe, catalán que llegó a la Capitanía General de Puerto Rico, después de servir en Filipinas, donde sus reformas fueron populares y admitidas por los nativos. En el periodo gubernativo de 1891 al 1893, las órdenes religiosas se convirtieron en el mayor enemigo de Despujol y Dussay. Y para forzar su destitución pagaron el equivalente de $100,000. Depujol gobernó a Puerto Rico entre 1878 y 1881.

A juicio de González, los catalanes o su prole local tendrían sus discrepancias con las autoridades en la isla y en Pepino, pueblo que cada vez parecía quedar en manos de inmigrantes conservadores, pro-carlistas (y a menudo, la clase política designada localmente como caciques. Vascos con ancestros venezolanos, por ejemplo, los Arvizu y Cabrero, ricos vascongados, que menospreciaron a Despujol por la persecución de las facciones carlistas del Maestrazgo y sus campañas sofocadoras en Cuba y Santo Domingo. Los mismos vascos que aplaudieron al mallorquín Valeriano Weyler, de quien se dijo que recibía dinero de las órdenes religiosas por dar apoyo armado o protección a sacerdotes e inquilinos de los monasterios.

«La alianza de militares y sacerdotes es parte de la historia de esos odios que no se borraban», decía Arvelo Latorre.

En adición, González Rodríguez, Arvelo Latorre y Prat, entre mis entrevistados, explicaron que, originalmente, las diferencias entre el exalcalde Cabrero Escobedo y los Vélez-Prat se produjeron después de una acusación infundada a Pedro S. Ortíz Carire, de origen gallego, emparentado con Paché Vélez, y domiciliado en la Villa del Pepino. Ortiz Carire fue acusado de robo en la casa comercial Cabrero e Hijos, en momento en que Pepino se recaudaban fondos para la causa cubana de la libertad y los ojos de las autoridades sospechaban de cada inmigrante cubano en la isla. Ortiz Carire fue muy reacio a tocar temas políticos y conversarlos, porque no sabía leer y «siendo así, sentía vergüenza ante su prima y su hermana que llegaron con él a Pepino» (Arvelo Latorre, sic.) Otro asunto de discrepancia fue que Cabrero Escobedo se opuso a la práctica de los derechos de señores en materia de maridaje que se dieron entre los capataces y amos de la hacienda Los Vélez con las hembras del peonaje. Al pedírsele moralidad y pagar por misas de arrepentimiento a la Iglesia, Ortiz decía: «Yo no pago ná; que pague la Iglesia a Valeriano (Weyler) que es el carnicero».

Citando otras versiones y ejemplo: Ortiz Carire se casó con una mujer de la parentela de los Vélez-Prat y fue de los varones que «visitaba a mujeres» (sic.), lo que también se permitieron otros, a saber, en las familias de los primeros Vélez de Mirabales, los Alers y los Font. «Ninguno hablaba sinceramente de las cosas de la religión y la moral porque en el pueblo pequeño de entonces todo se sabía. Miraban la paja en el ojo ajeno; iban a la iglesia y comulgaban; había mucha gente ofendida y ellos utilizan la tribuna y la política para acusarse y para no casar a las muchachas mozas con gente del campo, a menos que fueran peninsulares de quienes no se supiera nada o, sobre todo, parientes respetables».

En testimonio breve ofrecido por Mariana Rivera Alers, poetisa del Pepino e hija de Vicente Rivera (n. 1840) y Alejandrina Alers (n. 1848), ella se refirió a las correrías y desmanes, sexuales y morales, que fueron cometidos en los campos de Pepino «durante los tiempos que van del Gobernador De la Pezuela al verdugo de Palacios». Alegaría que, vista la situación, muchas familias terminaron haciéndose «más conservadoras y buscando más a Dios en la religión». Se enviaron desde España a gobernadores con instrucciones de aplicar «mano dura a muchos de los que cantaban el aleluya, con júbilo por sus abusos y su impunidad y fue, por ésto, que algunos tuvieron que dejar este pueblo». De este modo, ella explicaba cómo individuos, entre los que se incluyeron algunos sus mismos parientes (a saber, Silvio Alers) en Culebrinas y otros capataces y esclavos de la hacienda Los Vélez, en Mirabales, huyeron con sus familias, o se mudaron de pueblo.

Durante el tiempo que visitara mi casa, la octogenaria Rivera Alers daba trato de parientes a las familias mirabaleñas de Ortiz-Vélez, Alicea-Prat y Beauchamp (don Andrés). En la tradición oral de los Alers, los episodios de las Partidas Sediciosas en Pepino en 1898 no fue otra cosa que el «el reflejo de la ignorancia, el vicio (la bebida) y la envidia a la gente que tuvo un poquito más; la gente de campo trabajaba muy duro, pero buscaba más la botella y el juego que a Dios; no había escuelas, pero sí alambiques en cada ventorrillo del campo».

Como ejemplo final del nivel de valores transvalorados entre la burguesía pepiniana, referiría el caso de Monsiú Alers, quien dejara realenga una gran cepa de hijos de sus mancebías. Este riquísimo hacendado, con gran destreza para los negocios, fue como algunos de sus hijos un padrote. Descrito como alto, de tez aceituda, nariz aguileña y labios finos, donde miraba a una campesina atractiva, rica o pobre, ponía sus ojos. Para él, las mujeres eran como yeguas de compraventa, una posesión más para sus caballerizas y él pagaba cualquier precio por poseerlas.

Al ver una mujer de su gusto, solía decir: «Eso sí vale, eso sí vale». Por esta frase quedó en el anecdotario popular del Pepino. «Un caballo de cien pesos» es el código que explica una posesión valiosa, pues, en el decenio de 1880 un caballo o yegua de ese precio equivaldría a uno que, en el presente, costaría $12,000 o poco más. La yeguita de cien pesos que Monsiú adquirió fue una muchacha de la familia Ballester.

Como decía que estaba dispuesto a pagar por la mujer que le atrajera su peso en onzas de oro, cumplió. Vio una hermosa jibarita por las cercanías del Chorro de Collazo. Una niña vírgen, emparentada con los Ballester. La interrogó y fue a pedirla al padre de ella, indicándole que lo que la mozuela pesara lo pagaría en onzas de oro. Siendo Monsiú Alejandro Alers, en su tiempo el más grande hacendado de Culebrinas y hombre poderoso, con par de hijos abusadores y delincuentes, el señor Ballester sucumbió a la oferta más por temor que por gusto.

Monsiú Alers se presentó con testigos a la casa de Ballester, requirió la presencia de la jovencita y, colocada sobre una romana de pesar caña, se definió su peso con 100 cien libras o poco más. Monsiú Alers sustrajo las onzas de oro con que había henchido las banastas que cargó sobre dos mulas. Ciertamente, él pagó el equivalente en oro de su peso; aunque el precio moral del negocio quedara no saldo para la familia Ballester y Liciaga. De este trámite de la compra de la mozuela, sólo se recuerda su frase: «Sí las vale, las vale. Es una yegüita de cien pesos». A peso la libra, se compró la mancebía, porque al Viejo Padrote, con jactancias tales, una esposa y una casa chica no le era suficiente. Silvio Alers, hijo que tuvo extramatrimonialmente, ejecutado poco después del año del Componte, por sus malas andadas, fue descrito por Arvelo Latorre, mi entrevistado como un «violador de esclavitas» y su padre, en mi entrevista con González Rodríguez, como «tan tirano con el látigo como Paché Vélez».

González Rodríguez recordaría para enfatizar el origen anarquista y terrorista de las Partidas Sediciosas, las llegadas al Casino Español del Pepino del abogado Juan A. Hernández Arvizu, sobrino del ex-alcalde y hacendado, Carlos Arvizu, de origen venezolano, e hijo del canario Nicomedes Hernández y cómo éste difería con algunos miembros de las familias Cabrero y Prat-Ayats en cuanto a la justificación del terror y la lucha armada para conseguir ideales de justicia social para el campesinado y libertad política para la isla; se refirió a las visitas Luis Rodríguez Cabrero, admirador del médico Ramón E. Betances, residente en San Juan, Gerardo Forest y Vélez, que vivió en Pepino, Cuba y Nueva York, la sociedad secreta la Torre del Viejolínea dura de los autonomistas.

En conclusión, según González, «fue Hernández, lleno de gloria al volver a Pepino, quien alborotó el cotarro. Salieron anarquistas de todas partes. Nadie se desanimó por oírlo o por saber de estas cosas».

Una afirmación de Arvelo Latorre arguyó que, entre los Prat, Hernández Arvizu fue evaluado como el «más ilustre de los pepinianos». Solía ser el contacto y padrino necesario para que los jóvenes de familias locales viajaran con el fin de hacer estudios en España. Empero, los recuerdos de Eulalia Prat-Vélez, su juicio sobre Hernández es mucho más degradante pues fue descrito como «servilón», lo que puede dar una idea de las brechas ideológicas entre Prat-Ayats, el padre y Prat-Vélez, la hija.

La interpretación sobre estos brotes de violencia (las partidas de comevacas y tiznaos en Pepino) y muchos de los detalles que Doña Dolores Prat diera coincidió con testimonios de González Rodríguez y Arvelo Latorre. Ellos resaltaron la influencia anarquista española en este proceso y cómo fue utilizada para desacreditar a candidatos liberales. Hay diferencias en cuanto a la justificación en la visión de Prat y de los primeros. Influída por las historias de su madre, Dolores Prat compartió unas historias más proclives a convalidar las teorías de W. J. Cash.

Un análisis objetivo sobre las Partidas Sediciosas en Puerto Rico y libro que utiliza fuentes originales acerca de los ataques a los españoles y sus propiedades lo ofrece el historiador Rvdo. Fernando Picó en 1898. La guerra después de la guerra (Ed. Huracán, San Juan, Puerto Rico, 1987). Picó destacó la participación de la famlia Font en el Grito de Lares; pero estabece el giro reaccionario del Clan, a partir de Cheo Font. Mi ensayo sobre este tema se concentra en San Sebastián (Puerto Rico) y pretende, sobre todo, una visión intrahistórica y oral del conflicto.

[6] Entrevista con el Lcdo. Pedro A. Echeandía Font (1900-1979), realizada en su hogar en San Sebastián, 10 julio de 1975. Vea nota #1, en apartado 10.

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