NUESTRO COMPROMISO POLÍTICO CON EL COSMOS

Existen, sin embargo, una serie de temas que tanto por el impacto ambiental de las actividades relacionadas con ellos, como por su sensibilidad en cuanto a la construcción de la paz, merecen un capítulo especial.

Recuperación de ecosistemas y comunidades afectadas por "cultivos ilícitos":

Muy seguramente en este documento no va a existir ninguna propuesta novedosa para el tratamiento de los llamadas "cultivos ilícitos", en la medida en que a lo largo de los últimos años casi todo cuanto se puede plantear a nivel teórico sobre las causas internas y externas del narcotráfico y, en particular, sobre este primer eslabón de la cadena (los campesinos y colonos cultivadores), ya ha sido planteado. 

Sin embargo lo obvio y lo elemental en cuanto al tratamiento de este problema, es decir, la necesidad de responder al mismo con soluciones integrales y que apunten a las raíces y no sólo a la supresión de los síntomas y los efectos, no ha pasado del campo teórico y se siguen intentando soluciones que en la práctica resultan meramente represivas y puntuales y, sobre todo, totalmente contraproducentes: el boletín de la Embajada de los Estados Unidos que transcribimos algunos capítulos atrás habla de la fumigación exitosa de más de 70 mil hectáreas de "cultivos ilícitos" entre 1997 y Enero de 1998 ("más de 41.000 hectáreas de coca y cerca de 7.000 hectáreas de amapola... Estas cifras cubren el período de octubre 96-97, y no incluyen cerca de 25.000 hectáreas fumigadas entre octubre de 1997 y enero de 1998). Sin embargo, según cifras oficiales, a principios de 1992 la extensión cultivada en amapola en Colombia apenas superaba las 3.000 hectáreas, lo cual permite deducir que las medidas empleadas para reducir los "cultivos ilícitos", realmente han producido el efecto de multiplicarlos.

En un artículo publicado en el diario El Espectador el 5 de Julio de 1998, el autor afirma que "la estrategia utilizada por el Estado colombiano en la lucha antidrogas, nos está llevando a más violencia, más derrotas, más pobreza, más descomposición social, más guerra y ejércitos regulares e irregulares cada vez más financiados y mejor armados (...) Delincuente no es quien cultiva la papa, sino quien ilegalmente la convierte en vodka y lo comercializa (...) A cambio de perseguir sin éxito y como a delincuentes a miles de campesinos, que en su calidad de campesinos son gente sana y buena, pero que como perseguidos son un peligro para la estabilidad del Estado, se debe centrar la fuerza gubernamental en la persecución a decenas o quizá cientos de transformadores de los productos naturales en droga y de ésta en mercancía para el creciente grupo de consumidores nacionales y extranjeros."

En donde existe todavía un enorme vacío teórico en cuanto al tema de las drogas, es en lo que podríamos llamar el "valor de uso" de esas sustancias que Albert Hofmann y otros investigadores prefieren llamar "enteógenas", en contraposición a los adjetivos de "alucinógenas", "enervantes", "estupefacientes", etc., con que suelen calificarse. 

La mayor parte de las preocupaciones están centradas en el "valor de cambio" de las drogas, pero sin apuntar ni a las razones que incitan o inducen a su consumo, ni a la enorme incapacidad de la cultura predominante para ofrecer satisfactores alternativos, que permitan llenar los vacíos que conducen a su consumo, pero sin poner en peligro ni la salud individual, ni la salud social, ni la salud cultural, ni la salud económica de la comunidad.

Uno de los retos que tiene por delante la biotecnología es el desarrollo de sustancias enteógenas inocuas desde el punto de vista de la salud humana. Los científicos saben que en los ecosistemas colombianos existen cerca de 1.200 especies con propiedades enteógenas, pero este aspecto de nuestra biodiversidad solamente trasciende al resto de la sociedad cuando el narcotráfico se apodera de alguna de ellas con fines exclusivamente económicos y con los resultados socialmente nefastos que todos conocemos.

La existencia de estos satisfactores alternativos colocaría en un terreno completamente diferente –y además legítimo-- al tema de la legalización de la droga.

Los ambientalistas hacemos un llamado a la comunidad científica colombiana (COLCIENCIAS, Instituto von Humboldt y otros institutos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, etc.), al gobierno (especialmente a los ministerios del Medio Ambiente, de Educación y de Salud) y a las comunidades étnicas y campesinas que habitan los ecosistemas tropicales, para que exploremos y desarrollemos ese filón de nuestra biodiversidad y para que traduzcamos los resultados de esa investigación en satisfactores alternativos, cultural, social, económica y legalmente viables. Para que no esperemos o a que esas sustancias de uso potencialmente benéfico caigan en las garras nefastas del narcotráfico, o a que esos satisfactores alternativos, basados en la biodiversidad de nuestros ecosistemas, nos lleguen patentados desde el exterior y tengamos que comprárselos a los laboratorios multinacionales. 

Este sería apenas uno de los aspectos a través de los cuales la tarea de construir una nueva cultura (y como parte de esa tarea, una redefinición profunda del concepto de desarrollo) podría contribuir a solucionar los problemas de la drogadicción y el narcotráfico.

Pero regresemos al tema central que nos ocupa, el de los llamados "cultivos ilícitos":

Existen varias piezas que deben interactuar dinámicamente para poder armar ese rompecabezas de múltiples dimensiones hacia una solución integral al problema:

• Un plan concertado de ordenamiento territorial, surgido tanto del conocimiento científico sobre los ecosistemas colombianos y su uso potencial, como del conocimiento de los conflictos de toda índole (incluidos los conflictos de "uso del suelo") que tienen a dichos ecosistemas como escenario. Dicho plan de ordenamiento territorial deberá surgir de la identificación de aquellos ecosistemas y actores sociales con los cuales resulta prioritario construir propuestas integrales de gestión ambiental, que incluyan entre otras estrategias la sustitución de "cultivos ilícitos", la reubicación de comunidades, la elaboración de planes concertados de recuperación y manejo de cuencas, etc.
• Un programa nacional de reforma agraria en función de la sostenibilidad, en los términos expuestos en los numerales 5) y 6) del capítulo anterior, que tenga por objeto optimizar ecológica, económica y culturalmente el aprovechamiento de las tierras con vocación productiva que existen en Colombia, en lugar de ampliar arbitrariamente "la frontera agrícola" sobre ecosistemas con vocación exclusiva de prestación de servicios ambientales. La eventual reubicación de parte de las familias campesinas dedicadas actualmente a la siembra de "cultivos ilícitos", estaría estrechamente vinculada a la capacidad de la sociedad para ofrecerles alternativas reales y sostenibles, que incluyan el acceso a tierras de vocación productiva.
• Fortalecimiento de la estrategia de las reservas campesinas, como respuesta a las necesidades de apropiación y de gestión del territorio por parte de las comunidades campesinas.
• Fortalecimiento de la estrategia de las reservas naturales de la sociedad civil como respuesta a los retos de vincular a la comunidad a la gestión ambiental mediante alternativas que permitan que la propiedad cumpla tanto su función ecológica como su función social.
• Programas de asistencia técnica basados en tecnologías sostenibles para la gestión de ecosistemas, el manejo de agro-ecosistemas, la práctica de la ganadería en suelos frágiles, el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, acuicultura, etc. En el país existen múltiples experiencias de producción sostenible en ecosistemas andinos, costeros, amazónicos, de la orinoquia y del Chocó Biogeográfico, desarrolladas por organizaciones no gubernamentales en asocio con comunidades locales y algunas veces con instituciones y programas estatales, en las cuales existe la semilla para dicha asistencia, pero que simplemente no han sido validadas, avaladas, ni mucho menos difundidas por las instituciones poseedoras del "saber oficial" en materia de producción rural. El desarrollo y la aplicación de tecnologías sostenibles para el aprovechamiento de nuestros ecosistemas, debería convertirse en un propósito nacional, del cual debe formar parte el compromiso de las universidades y demás instituciones de formación profesional y técnica, de revisar sus programas de formación y el perfil de sus egresados en función de ese propósito. Como parte del desarrollo de alternativas económicas, deberán considerarse actividades como el ecoturismo, entendido éste como la comercialización sostenible de servicios ambientales tangibles (aire puro, paisaje) e intangibles (inspiración, aventura, sentido o significado), al igual que el aprovechamiento económico sostenible del bosque mediante actividades no tradicionales (zoocriaderos de mariposas, producción de plantas ornamentales, etc.)
• Programas de financiación y crédito y de mercadeo y comercialización, basados, entre otros factores, en:
• Negociación de acuerdos nacionales e internacionales para la protección y la comercialización de la producción rural nacional (el compromiso internacional para participar en la lucha contra el narcotráfico deberá concretarse en este tipo de acuerdos y no solamente en el suministro de armas convencionales o químicas para la erradicación de cultivos).
• Evaluación del programa PLANTE y de otros programas de sustitución de "cultivos ilícitos" basados en la formulación de planes alternativos de desarrollo rural, con el objeto de aprovechar y multiplicar sus aciertos, identificar sus obstáculos y limitaciones y determinar acciones prioritarias tendientes a solucionar los motivos por los cuales no han cumplido los objetivos esperados a cabalidad.
• El análisis de los mecanismos y procesos utilizados por el narcotráfico para la financiación de los campesinos dedicados a los "cultivos ilícitos" y para la comercialización de cosechas, con el objeto de determinar en qué medida resultan aplicables a los "cultivos lícitos" y en condiciones de legalidad.
• Adopción de los conceptos de seguridad alimentaria y de seguridad ambiental como prioridades, y análisis de sus implicaciones en términos de la responsabilidad del Estado y de la comunidad nacional e internacional con los productores de alimentos y de bienes y servicios ambientales.
• Concertación a nivel nacional, de un programa de difusión masiva (con participación intensa de los medios de comunicación, del sector educativo, del gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, del comercio y en general del sector privado) de una política de producción, mercadeo y consumo de bienes y servicios obtenidos mediante sistemas sostenibles tanto desde el punto de vista ambiental, como desde el punto de vista social y cultural, que les abra a los campesinos nuevas oportunidades de mercado y nuevos nichos para la participación en la construcción colectiva de la paz. Existen en el mundo múltiples experiencias de comercialización privilegiada de productos orgánicos y de productos provenientes de "reservas extractivistas" como las creadas en el Brasil para el aprovechamiento sostenible de la selva amazónica.
• Acuerdos con las autoridades tradicionales de las comunidades étnicas, con el fin de adelantar la erradicación de los "cultivos ilícitos" como parte del desarrollo de sus respectivos "planes de vida" (o equivalentes), tendientes a fortalecer su identidad cultural, su autonomía política y su dominio territorial, dentro de un marco de gestión para la sostenibilidad.
• Comprometer al "frente internacional" de la lucha contra el narcotráfico con los planes integrales de gestión social y ambiental que se desarrollen al interior del país, y con la definición, ejecución y evaluación de estrategias eficaces a nivel internacional para frenar la demanda, principal acicate para la producción nacional de drogas. 
• Las organizaciones ambientalistas internacionales podrían cumplir un papel que no están cumpliendo en sus países sedes, en cuanto a dar a conocer las implicaciones sobre los ecosistemas tropicales del consumo de drogas en el mundo industrial y de la manera como se está combatiendo el problema de los "cultivos ilícitos"; en promover el apoyo a estrategias social, económica, cultural, política y ecológicamente sostenibles de gestión ambiental en el llamado Tercer Mundo; en promover el mercadeo internacional de productos tropicales "ambientalmente sanos" y en presionar a sus congresos y gobiernos para que asuman compromisos coherentes con los propósitos de sostenibilidad a nivel de los llamados "países subdesarrollados", y a nivel regional y mundial.

En resumen, articular todos los puntos mencionados en función de diseñar y ejecutar planes de recuperación y sanación tanto de los ecosistemas afectados por "cultivos ilícitos", como de las comunidades que los habitan o que ocupan su vecindad.
 

Reforma Agraria integral

Ya se ha mencionado en dos oportunidades dentro de este documento, la necesidad de una reforma agraria integral como parte de una gestión ambiental y social para el desarrollo sostenible. La primera vez al definir "el reto ambientalista" que debemos enfrentar los colombianos como parte de los esfuerzos hacia la construcción de la paz y, la segunda, ligada a la anterior, como una de las piezas claves de una estrategia de recuperación de los ecosistemas y de las comunidades afectadas por "cultivos ilícitos".

En este punto vamos a complementar (y en algunos casos a reasumir) lo anterior, resaltando otros aspectos y escenarios en los cuales la reforma agraria resulta una prioridad:

• Las necesidad de redistribuir entre campesinos carentes de tierra, la propiedad agraria subutilizada sobre tierras con vocación agrícola, de manera tal que se elimine el atesoramiento especulativo de tierras y se articulen pequeños, medianos y grandes productores, con el objeto de obtener un mayor valor agregado y de aumentar el capital social en términos de producción de bienes y servicios, de seguridad económica y social, de seguridad alimentaria y de gobernabilidad.
• La necesidad de recuperar y garantizar a nivel local, los elementos de "biodiversidad" esenciales para la seguridad alimentaria de las comunidades en regiones dominadas por monocultivos con destino a los mercados nacionales e internacionales (caña de azúcar, cereales, palma africana, reforestaciones comerciales, algodón, etc.).
• La necesidad de restablecer la propiedad y la "territorialidad" de los campesinos desplazados por la violencia, de extinguir el dominio de quienes se han apoderado de las tierras por medio de la fuerza, y de restituirla a sus originales propietarios dentro de un esquema de sostenibilidad como el que se ha expuesto a lo largo de todo este documento.
• En general, extinguir el dominio sobre tierras adquiridas en virtud de negocios ilícitos, narcotráfico, violencia o corrupción.
• Congelar y en lo posible revertir la colonización sobre ecosistemas con vocación ambiental.
• Consolidar y llevar a la práctica un sistema de "cuentas ambientales" que permita compensar a las regiones oferentes de "servicios ambientales" por lo que dejan de producir en términos agropecuarios o extractivos, y avanzar en la definición y aplicación de incentivos (como los forestales ya existentes) que hagan económicamente atractiva la conservación.
• Reconstruir, utilizando las herramientas propuestas, las economías campesinas afectadas por el narcotráfico ("cultivos ilícitos", acaparamiento de tierras por los narcotraficantes), por la violencia rural generalizada, por el impacto de grandes obras de infraestructura, por el agotamiento de la capacidad de carga de los ecosistemas y por los efectos de las medidas de apertura económica y globalización.
• Proteger la territorialidad de las comunidades étnicas, indígenas y negras, garantizar el ejercicio de sus derechos tradicionales, y facilitar las condiciones para que sus territorios cumplan su función social, ecológica y cultural en interés tanto de esas mismas comunidades como de la sostenibilidad nacional, basada en el reconocimiento y el respeto a la diversidad.
• Integrar la reforma agraria a un engranaje de políticas intersectoriales tendientes a modificar las condiciones que constituyen el caldo de cultivo de la guerra en Colombia. "Por el campo pasa la guerra y en él se debe adelantar la reforma agraria; mas no es allí donde se disuelven las condiciones estructurales que hoy argumentan la guerra (...) Los esfuerzos para mejorar los indicadores nacionales de distribución de la riqueza y la superación de la pobreza no pueden descansar primordialmente en la reforma agraria. Esta, es más un asunto de geopolítica, que una solución macro-económica. La guerra nacional tiene profundas raíces económicas, políticas y sociales que superan la ruralidad y los problemas del campo colombiano."

Política energética y equidad en el acceso a la energía en sus distintas formas

La revisión de la política energética, y particularmente de la política petrolera del país, constituye uno de los ejes centrales de las agendas de negociación formuladas por los grupos alzados en armas al Estado colombiano y a la comunidad en general.

Coincidimos los ambientalistas con los planteamientos sobre el tema energético contenidos en dichas agendas, en cuanto hace referencia a los siguientes temas:

• La importancia de que las negociaciones entre el estado colombiano y las empresas transnacionales se realicen de manera transparente y teniendo en cuenta como una prioridad condicionante el interés nacional.
• La necesidad de que los beneficios económicos provenientes de la explotación de los recursos naturales se reinviertan prioritariamente en el desarrollo de las regiones que los proveen, entendiendo el desarrollo en los términos propuestos en este documento, con miras siempre a incrementar la calidad de vida de los seres humanos dentro de un marco de sanidad y seguridad ambiental.
• La importancia de que el país asegure su autonomía energética en el corto, mediano y largo plazo.
• La necesidad de que las empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales adopten medidas eficaces de mitigación del impacto ambiental, social y cultural de su actividad, y asuman los costos que implique la reparación de los daños causados.

Existen, además de los anteriores, otra serie de puntos relacionados con el tema energético, que consideramos necesario tener en cuenta tanto dentro de las agendas inmediatas de paz, como en la redefinición de un nuevo modelo de desarrollo para la sociedad colombiana. Comenzamos con recomendaciones puntuales para terminar en aspectos de política global:

• El apoyo a la aplicación de medidas tecnológicas encaminadas a reducir el impacto ambiental de la utilización de combustibles derivados del petróleo (como la llamada "gasolina verde") y la necesidad de ampliar y fortalecer dichas medidas en las cuales Colombia ha sido pionera dentro del panorama internacional.
• La exploración de alternativas energéticas --como el alcohol-- para los vehículos de combustión interna.
• La adopción del fortalecimiento del transporte público, en términos de cantidad, cubrimiento y calidad, como una prioridad nacional.
• La necesidad de generar estímulos para el desarrollo, la difusión y la adopción masiva de alternativas energéticas de bajo impacto ambiental, como la energía eólica y la energía solar.
• La necesidad de impulsar masivamente la plantación de "bosques energéticos", como una alternativa a la deforestación de los ecosistemas estratégicos y como una medida tendiente a reducir la carga adicional que pesa sobre las mujeres y los niños encargados de recolectar la leña en el medio rural.
• La incorporación de una red de microcentrales hidroeléctricas al sistema eléctrico nacional (en combinación con el sistema de interconexión), al igual que de sistemas que permitan convertir en energía activa las pérdidas en las líneas de transmisión, con el objeto de ampliar y democratizar el acceso de las comunidades locales al servicio de energía eléctrica y de reducir la dependencia de la leña en las comunidades rurales.
• Adelantar programas permanentes de educación de la comunidad (no campañas fugaces en momentos de crisis) en todos sus niveles y sectores, empezando por las autoridades y demás niveles de decisión, tendientes a fomentar la utilización responsable de la energía (al igual que de otros recursos y bienes como el agua y el papel) y a concientizar sobre la importancia de tal conducta en términos de sostenibilidad y equidad interregional e intergeneracional.
• Adelantar un programa nacional para ampliar y democratizar el acceso de las comunidades al servicio de gas, lo cual deberá ir acompañado de actividades que les permitan a las comunidades que dependen de la leña, asimilar este cambio tecnológico en términos de sus propios imaginarios y en función de su identidad cultural.
• Como una medida de equidad ambiental, la adopción de políticas que les garanticen a las regiones proveedoras de agua para las centrales hidroeléctricas, el acceso favorable a la electricidad.
• La adopción de políticas y estrategias tendientes a hacer económica, social y ambientalmente rentable la conservación ambiental para las regiones productoras de agua con destino a las centrales hidroeléctricas. (La conservación no solamente se traduce en mayor cantidad de agua, sino también en una menor sedimentación, lo cual incrementa la vida útil de los embalses de agua).
• Como una medida para combatir la plusvalía ecológica y las consecuentes pobreza y violencia ambientales, la incorporación eficaz de criterios y medidas de gestión ambiental en las obras de infraestructura ligadas a la generación eléctrica (hidroeléctricas y termoeléctricas) o en la explotación de combustibles fósiles (petróleo y carbón), de manera tal que se repare de manera efectiva el impacto de las mismas sobre los ecosistemas y las comunidades que lo habitan.
• Adelantar el debate sobre los criterios dentro de los cuales puede ser posible que la extracción y comercialización de recursos naturales no renovables constituya un aporte al propósito de alcanzar la sostenibilidad global de la nación colombiana.
• Comenzar a prepararse anticipadamente, para asumir el impacto que sobre la economía nacional va a tener (posiblemente en la próxima generación) la reducción a nivel mundial del uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, como consecuencia de la necesidad de alternativas tecnológicas que permitan reducir la contaminación atmosférica y el calentamiento global.
• El Estado deberá comprometerse con la sociedad a no tomar ninguna medida tendiente a propiciar la adopción de la fisión nuclear como fuente de energía, sin que medie un debate amplio, serio y exhaustivo, en el cual los distintos actores y sectores sociales puedan evaluar el impacto ambiental, social, político, económico, técnico y cultural que conllevaría una decisión en tal sentido para el país.

El tema de la gobernabilidad ambiental

¿Son capaces la institucionalidad y la sociedad colombianas de ejercer un control eficaz y constructivo sobre el medio ambiente, o su dinámica queda en manos de fuerzas meramente naturales o de acciones humanas producto de la desesperación, de la improvisación, del afán de lucro inmediato o del azar? 

Los ambientalistas pensamos que existen dos ejes que es necesario articular para garantizar una gobernabilidad concertada (entre la naturaleza y los actores sociales, incluido el Estado) en materia ambiental:

Un eje es la naturaleza misma. Necesitamos reconocerle su papel de ACTOR ACTIVO en la gestión ambiental, con participación, con personería y con personalidad. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad para establecer diálogos de saberes y diálogos de ignorancias entre los seres humanos de distintos grupos y sectores (étnicos, sociales, regionales, etc.) y entre trabajadores de distintas disciplinas y campos del saber y del hacer, pero también diálogos entre los seres humanos y la naturaleza. 

Recuperar, despertar y agudizar nuestra capacidad para reconocer e interpretar los mensajes que nos envían a diario los ecosistemas y para tenerlos en cuenta en las decisiones que los afectan de manera directa o indirecta. 

Lo anterior se concreta, en un extremo de la gama de posibilidades, en programas concretos y pragmáticos de monitoreo ambiental y de gestión de riesgos, y en otro extremo en actitudes y posturas filosóficas y bioéticas (y en conductas consecuentes) que reconozcan que tanto la biosfera, como los demás seres vivos que la conformamos, poseemos derechos --especialmente el derecho a la vida y a la dignidad--, por nuestra mera condición de expresiones del fenómeno vital.

El otro eje es el "institucional". La ley 99 de 1993 creó el SINA o Sistema Nacional Ambiental, que en teoría debe constituir el escenario desde el cual se ejerce la gobernabilidad en materia ambiental. 

Un requisito sin el cual es imposible dicha gobernabilidad, es que el SINA, del cual forman parte tanto el Estado como la sociedad civil, funcione verdaderamente como un sistema capaz de resonar dinámicamente con los ecosistemas naturales cuya administración y gestión pretende ejercer.

Otro requisito es una verdadera y eficaz participación de la ciudadanía en la gestión ambiental (entendida la ciudadanía en sentido amplio, como sinónimo de la sociedad civil y sus organizaciones, el sector privado, los gremios económicos, las organizaciones profesionales y de trabajadores, el sector educativo, las comunidades organizadas, los movimientos sociales, las ONGs, etc., etc., etc.).

Como se mencionó en el punto 7-10), el Consejo de Gabinete del Ministerio del Medio Ambiente acaba de aprobar los "lineamientos para una política de participación ciudadana en la gestión ambiental", a partir de los cuales el Estado y la sociedad civil deben avanzar conjuntamente en la construcción de una verdadera gestión participativa (enmarcada dentro de la construcción de una cultura de la participación) como parte de la consolidación de la democracia y de la construcción de la paz.

Parques Nacionales Naturales y otras Áreas Protegidas

Las porciones del territorio nacional cobijadas bajo la categoría de Parques Nacionales Naturales y áreas protegidas debido a sus particulares características en términos estratégicos, de paisaje o de biodiversidad, constituyen uno de los más valiosos patrimonios del país. 

Debe hacerse énfasis en el carácter estratégico de los mismos, en un mundo y en una época en la cual la información en general –y la información genética en particular—constituyen no solamente una riqueza en términos de competitividad internacional, sino un requisito de supervivencia para la especie humana, sobre la cual se cierne como una de sus mas graves amenazas, la que se ha denominado "crisis de homogeneidad", consistente en el agotamiento de la biodiversidad necesaria para permitir la adaptación de la vida a los cambios cada vez más graves y frecuentes del medio ambiente natural y cultural.

Hoy está claro que no debería existir contradicción entre los intereses que propenden por la conservación de dichos territorios, y los intereses de las comunidades vecinas a los mismos, especialmente cuando las áreas protegidas coinciden total o parcialmente con territorios pertenecientes a comunidades étnicas, indígenas o afrocolombianas. Más aún, existe consenso en el sentido de que la mejor garantía para la conservación de dichas áreas es la activa participación de las comunidades en su gestión. 

La identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrocolombianas está íntimamente vinculada a las características ecológicas de los territorios que habitan (y que en gran medida esas mismas comunidades han contribuido a conformar), y en consecuencia la protección de la integridad y de la biodiversidad de los ecosistemas, constituye un requisito para la protección de esa identidad. 

En la práctica, sin embargo, no siempre resulta fácil compatibilizar las necesidades económicas inmediatas de las comunidades étnicas y campesinas, y especialmente de los colonos, con las prioridades de la conservación. De allí que la protección (y de ser posible la ampliación) en el largo plazo de los Parques Nacionales Naturales y de las demás áreas protegidas del país, depende de la adopción de un plan adecuado de ordenamiento territorial a nivel nacional.

"Estamos hablando de (alcanzar) arreglos productivos sostenibles en áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad, y que participando activamente de la porción del territorio que produce bienes y servicios para el mercado, aporta a la conservación de la biodiversidad. En este contexto es que se hace necesario impulsar la creación efectiva de un sistema descentralizado y participativo definido como el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), del cual formarían parte no sólo los Parques Nacionales Naturales, sino áreas bajo uso agropecuario, pero con arreglos tecnológicos sostenibles que aporten a la conservación de nuestra biodiversidad."

Ese plan de ordenamiento territorial, como se anotó en un capítulo anterior, deberá determinar las zonas del país con vocación exclusivamente ambiental (dentro de las cuales están los Parques Nacionales Naturales, las reservas naturales de la sociedad civil y otras áreas sometidas o que deberán someterse a protección especial), al igual que las zonas de vocación productiva o extractiva, actividades que deberán, de todas maneras, adelantarse con criterios de sostenibilidad. Como también se anotó algunas páginas atrás, un programa integral de reforma agraria, adoptado como propósito nacional, permitirá dotar a las comunidades rurales de tierras aptas para la producción y reducir la presión que existe sobre los ecosistemas de vocación exclusivamente ambiental y cuya explotación, como bien se sabe, no conduce sino a un mayor empobrecimiento económico, cultural y ecológico tanto de las familias que pretenden derivar de ellas su sustento, como del país en general.

Se afirma que el incremento de la población necesariamente provocará la destrucción o al menos la reducción de las áreas protegidas del territorio nacional, y que esa realidad no solamente impedirá mantenerlas en su extensión actual, sino más aún, duplicarlas o triplicarlas, como sería lo ideal. 

Ya vimos, sin embargo, cómo hacia mediados del próximo siglo la población colombiana habrá alcanzado los 60 millones de habitantes, cifra aparentemente enorme con relación a la población actual, pero apenas igual al número de personas que habitan en la Gran Bretaña de hoy. Y recordemos también que el territorio de la Gran Bretaña apenas representa un poco más de la quinta parte del territorio colombiano, sin contar las zonas marítimas que pertenecen al país. O sea que un adecuado ordenamiento territorial permitiría no solamente albergar al doble de la población actual, sino además ampliar las áreas dedicadas exclusivamente a la prestación de los servicios ambientales que las próximas generaciones van a requerir para poder llevar una vida con calidad y dignidad.

Gestión ambiental para la calidad de vida en el medio urbano

En un país en acelerado proceso de urbanización, en el cual la población de las ciudades ha crecido 10 veces más que la rural en los últimos cuarenta años y cuya capital, Santafé de Bogotá, posee más habitantes (6´500.452) que los cuatro mayores centros metropolitanos regionales, que le siguen en tamaño, juntos (Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga con 5´622.663 en total), y en donde un porcentaje significativo de los atentados contra la vida humana --y contra la calidad y la dignidad de la vida-- tienen como escenario a la ciudad, necesariamente la gestión ambiental debe poseer un importante componente urbano, al igual que la dimensión ambiental de las propuestas de paz (y la reorientación necesaria del modelo de desarrollo) debe considerar no solamente aspectos rurales del ambiente, sino también la situación de los habitantes de las grandes, medianas y pequeñas ciudades, así como de las cerca de 900 cabeceras municipales eminentemente rurales del país.

En los acuerdos de paz a que logremos llegar los colombianos en un futuro ojalá próximo (acuerdos de paz entre nosotros mismos y con el medio ambiente que habitamos y del cual formamos parte), deberán tenerse en cuenta aspectos de la gestión ambiental urbana, entre los cuales cabe destacar:

• Ordenamiento territorial a nivel urbano.
• Protección del espacio público.
• Protección del patrimonio cultural urbano en sus distintas expresiones.
• Protección de zonas verdes y de espacios para el esparcimiento y la recreación.
• Planeación y desarrollo de las ciudades con perspectiva de género y teniendo en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables de la población (niñez, juventud, tercera edad, discapacitados, minorías étnicas y religiosas, etc.).
• Normalización de la gestión de riesgos dentro de las actividades de planeación y en la ejecución del desarrollo.
• Protección de las fuentes de agua que abastecen a los centros urbanos.
• Racionalización y manejo de residuos sólidos (ligado a una cultura de racionalización del consumo).
• Racionalización en el uso de energía y otros recursos.
• Fortalecimiento del transporte público en cantidad, cubrimiento y calidad.
• Facilidades para el desarrollo de medios alternativos de comunicación (transporte eléctrico, bicicleta, peatonalización). 
• Control de ruido.
• Control de la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua.
• Protección del paisaje urbano y del paisaje rural que rodea a los centros urbanos (incluyendo el reconocimiento y el control de formas de contaminación visual y lumínica que afectan el paisaje diurno y nocturno).
• Reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, cultural y regional y a las demás expresiones de la biodiversidad existentes en los centros urbanos.
• Fortalecimiento de las expresiones organizativas de la sociedad civil a nivel urbano.
• Desarrollo de mecanismos y espacios para la participación ciudadana en la gestión ambiental.
• Apertura de espacios para el encuentro y la comunicación entre distintas generaciones y entre diferentes sectores y actores de la sociedad.
• Democratización en el acceso a los medios de comunicación (emisoras y estaciones comunitarias de radio y televisión, etc.).
• Desarrollo del concepto de seguridad ambiental a nivel urbano.

Desconcentración de oportunidades laborales, educativas, culturales y de todo tipo que hoy se acumulan en Santafé de Bogotá, a favor del desarrollo sostenible (entendido como se ha hecho a lo largo de este documento) de ciudades intermedias y pequeñas.