1. Introducción
El año 2000, último de este siglo, será el primero de gobierno de una fuerza de transformación progresista en el Uruguay. Llegaremos a él luego de un largo y duro proceso de construcción de la unidad de las fuerzas populares. Pero también luego de 10 años de exitosa experiencia de gobierno en la capital del país, a través de la cual, aún a pesar de las limitaciones e injustas discriminaciones impuestas por el gobierno de coalición de los partidos tradicionales, se trabaja con la firme voluntad de cumplir con fidelidad los compromisos contraidos en el programa, gobernando para todos los ciudadanos y desarrollando políticas que privilegian a los sectores más carenciados y postergados, en un proceso de aprendizaje en la acción cotidiana, que constituye un valioso capital para el ejercicio del gobierno nacional.
Los uruguayos hemos demostrado, más de una vez, que sabemos salir juntos de las dificultades. Hemos sido capaces, también, de construir juntos grandes cosas. Este fin de siglo nos demanda a la vez ser audaces para vencer la desesperanza y cautos para cimentar firmemente nuestros logros.
Esta combinación de audacia y sensatez sólo puede darla, en las dosis justas, una fuerza política con las tradiciones, aspiraciones y respaldos que exhibe el Encuentro Progresista - Frente Amplio, única con capacidad de convocar y movilizar los sectores sociales organizados, detrás de un programa de amplios consensos.
Nuestras líneas programáticas tienen presente la situación mundial y continental que en los umbrales del siglo XXI se muestran en nuestro horizonte.
2. El contexto mundial y nacional
A fines del siglo XX asistimos -revolución cientifico-técnica mediante- a singulares avances en el campo del conocimiento, las comunicaciones y la producción que deberían beneficiar a la humanidad en su conjunto, si el principal objetivo del capitalismo no fuera el máximo incremento posible de la tasa de ganancia. Vivimos en un mundo en el cual el imperialismo impone una estrategia global neoliberal que abarca aspectos económicos, políticos, ideológicos, culturales y militares. Se expulsa de la producción y se margina de la sociedad a millones de seres humanos. La concentración de la riqueza llega a niveles nunca vistos. Hoy 225 personas concentran una fortuna de 762.000 millones de dólares equivalente al ingreso del 45% de la población mundial. Al mismo tiempo 3.000 millones de personas viven con menos de dos dólares diarios y carecen de saneamiento; 2.000 millones no tienen electricidad.
Un enorme poder se ha concentrado en las llamadas empresas transnacionales. Se ha constituido un capital financiero volátil, alentado en sus movimientos por la ausencia de límites y controles sobre su desempeño, que se ha convertido en fuente de desequilibrios con graves consecuencias para nuestros pueblos. Así se han sucedido diversas crisis económicas que expanden sus efectos en cadena afectando toda la economía mundial (México, Sudeste Asiático, Japón, Rusia y más recientemente Brasil) poniendo de relieve la inestabilidad y fragilidad que son propias del modelo en curso. Son la expresión financiera de una crisis estructural de superproducción y especulación.
Por otra parte se verifica la existencia de una situación de poder unipolar en lo político y militar, que habilita un creciente intervencionismo de los EE UU en diversas partes del mundo, sea utilizando los organismos internacionales para imponer las políticas que responden a sus intereses, sea a través de la acción militar desnuda y torpemente justificada, o recurriendo al pretexto de las llamadas leyes antiterroristas o el supuesto combate al narcotráfico. En suma, mientras la ciencia y la tecnología ambientan la globalización, ésta se expande al amparo de una concepción, una política y un programa neoliberales impulsados desde los grandes centros hegemónicos de poder, entre los que sobresalen los EE UU.
La aplicación de estas políticas en nuestra América Latina, que en muchos países han sido llevadas adelante por regímenes autoritarios y dictatoriales, ha dejado como consecuencia el incremento de la brecha entre los que más tienen y pueden y las grandes mayorías sometidas al sufrimiento que les imponen las indignas condiciones de vida y la pauperización social que deben soportar. A ello se suma que como resultado de la aplicación de estas políticas han aumentado en forma alarmante la desocupación, el subempleo y el informalismo, advirtiéndose asimismo que se han comprometido seriamente los recursos naturales y se ha degradado el medio ambiente.
En nuestro país en particular, la dictadura impulsó y profundizó las políticas neoliberales ya en la década del 70.
El retorno a la institucionalidad democrática, fruto de la lucha y sacrificio de miles de uruguayos, generó nuevas expectativas sociales que fueron paulatinamente frustradas en la primera administración del presidente Sanguinetti, que incumplió y desconoció los acuerdos de la Conapro. Más tarde, la administración del presidente Lacalle ahondó el proceso de reformas neoliberales, que nuestro pueblo logró en parte frenar, tal como ocurriera en el Plebiscito de l992 relativo al destino de las Empresas Públicas.
El acceso del FA al gobierno municipal de Montevideo y la posterior administración departamental del FA y el Encuentro Progresista han mostrado cómo es posible instrumentar políticas exitosas de naturaleza diversa y aún opuesta a las aplicadas por el gobierno nacional, generándose de este modo una alternativa concreta y visible al modelo vigente.
La nueva administración del presidente Sanguinetti, apoyada en una coalición de los partidos Colorado y Nacional de carácter orgánico y proclamada identidad ideológica, imprimió un nuevo impulso a las políticas neoliberales, introduciendo variantes más pragmáticas del mismo modelo global. Se han llevado adelante reformas estructurales cuyos ejes fundamentales constituyen un signo regresivo para un auténtico proyecto de desarrollo nacional, tales como la del Estado, la de la Seguridad Social, la de la Educación, y la del marco regulatorio energético entre otras.
Luego de todo este tiempo y de los sacrificios impuestos a los sectores mayoritarios de la población, especialmente a los más débiles social y económicamente, se ha logrado un tipo crecimiento sin futuro, engañoso, carente de sustentabilidad. Un crecimiento que sólo se ve en las cifras oficiales, pero que no se refleja en la situación de las mayorías. Un crecimiento frágil y precario, excesivamente dependiente del marco regional y del flujo de capitales destinados especialmente a la especulación, con niveles absolutamente insuficientes de inversión productiva. La estabilidad tan pregonada por la actual administración se cimienta en inestabilidades y angustias sociales insoslayables a la hora de analizar la situación nacional.
La más reciente aventura especulativa golpeó duramente a Brasil, y se prolonga con repercusiones directas sobre nuestro país, corroborando la inestabilidad esencial y la fragilidad del modelo.
El proyecto neoliberal una y otra vez genera o ambienta estas crisis tornando insoportable la situación de los más desposeídos y de vastos sectores de las capas medias y poniendo en entredicho las decisiones soberanas de nuestras naciones. A través de conjunciones sociales de máxima amplitud, mediante la acción de los partidos y movimientos populares y sociales emergen entonces las propuestas alternativas, como la gran esperanza para nuestros pueblos.
El neoliberalismo no es el único modelo posible, no habrá de imponerse fatalmente. Ante él se levantan las aspiraciones esperanzadas de amplios sectores sociales en diversos países de nuestro continente propulsando programas de transformaciones auténticamente alternativos y opuestos al modelo dominante, programas de contenido democrático, nacional y popular, ajustados a las especificidades propias de cada nación. En esta gran corriente democratizadora se inscribe el programa del Encuentro Progresista - Frente Amplio, cuyos crecientes respaldos políticos y sociales ponen de manifiesto la viabilidad de un gobierno progresista para el Uruguay, apoyado en la labor múltiple a desarrollar en el seno del pueblo y las organizaciones de la sociedad civil.
Nos aproximamos al año 2000 en un contexto que muestra una preocupante tendencia a la desintegración social. Ésta se expresa de múltiples maneras y en especial, en la violencia y frecuencia crecientes de los delitos, en los desmanes que se reiteran en las manifestaciones deportivas, en los brotes de intolerancia que aparecen en el ámbito de lo político, lo religioso y hasta en el hogar.
En buena parte ello se explica por la promoción permanente de una nueva "cultura" que incita al consumo irrefrenable, propone el éxito personal y económico como única meta, y arroja de este modo a los seres humanos a una lucha sin piedad en donde el hombre "es lobo del hombre". Se promueven los antivalores de la competencia que proponen "triunfar" a toda costa, aún cuando ello implique aplastar o destruir al semejante; se estimula la idolatría de una supuesta "libertad", en la que todo vale si es para la satisfacción propia, y donde ha perdido vigencia la norma elemental de convivencia que establece que nuestros derechos acaban donde comienzan los del prójimo. Se intenta que los uruguayos abandonen la cooperación y la solidaridad, la sustituyan por la práctica de usar al otro en beneficio propio sin reparos, trasladando a las relaciones entre seres humanos la actitud del consumo irresponsable que se resume en la frase "use y tire".
El Encuentro Progresista apunta a un futuro de superación, de reconstrucción del tejido social, de reunión solidaria de los uruguayos, revalorizando la persona como centro de la vida en sociedad, con sus derechos y obligaciones, haciendo pie en los auténticos valores humanos que constituyen la base del desarrollo personal de cada integrante del conjunto social, y el fundamento de una convivencia armónica y dejando atrás el nefasto "reduccionismo de mercado", que concibe a las personas apenas como meros agentes económicos, consumidores o productores, con olvido de su dimensión integral y trascendente.
Tenemos la fundada esperanza de que el año 2000 nos encuentre en el gobierno, asumiendo con firmeza y determinación la responsabilidad de llevar adelante nuestro programa, en el marco de la Constitución y la ley, buscando los respaldos políticos y sociales imprescindibles y la conformación de las grandes mayorías que hagan posible su aplicación.
Deberemos afrontar las tensiones generadas por la resistencia de actores económicos y sociales que se opondrán a las políticas que se requerirá poner en práctica urgentemente, para cubrir necesidades básicas impostergables. Ya se observa a los enemigos del cambio apostando a infundir temor en la población, agitando el fantasma de la desestabilización, magnificando y desnaturalizando con pronósticos falsos e irresponsables las consecuencias de las inevitables modificaciones en las prioridades de las políticas económicas. Son viejas tácticas ya conocidas por los uruguayos, pues fueron empleadas cuando el acceso del Frente Amplio al gobierno de Montevideo, y desmentidas una y otra vez en forma categórica por la realidad.
3. Las preocupaciones de los uruguayos
¿Cuáles son las grandes preocupaciones colectivas de los uruguayos?
La respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva social y la edad de cada uno. Así, para los jóvenes, enfrentados a la necesidad -inmediata o no- de lograr su autonomía y trazar su propio camino, las preocupaciones mayores se centran en la modalidad de su inserción en la sociedad, en la definición de su propia identidad. De una parte, esto supone la formación para la actividad laboral, y al mismo tiempo, implica la búsqueda de espacios de expresión propia, de construcción de ámbitos de pertenencia personalizados, con códigos y aspiraciones intransferibles.
La satisfacción de todas estas necesidades exige el replanteo de todo el sistema educativo, no sólo desde la perspectiva de la futura inserción laboral del educando, sino desde la más amplia de la formación de personas para la vida en sociedad y la realización más plena de sus potencialidades.
Para quienes, jóvenes o no, empleados o no, tienen que hacerse cargo de sí mismos y en la mayoría de los casos, además, de una familia, las preocupaciones se centran en la disponibilidad y el acceso a los medios para hacer frente a sus responsabilidades. En este aspecto, la necesidad primaria es la de contar con la seguridad de un trabajo que permita obtener ingresos suficientes.
Finalmente, para quienes ya han realizado su contribución a la sociedad durante largos años de trabajo, remunerado o no, la preocupación se enfoca en la obtención de los medios seguros de subsistencia que les otorguen tranquilidad para gozar de la vida y continuar aportando su experiencia y sus conocimientos a la construcción colectiva de la sociedad.
Estas preocupaciones se sintetizan hoy en el reclamo de fuentes de trabajo y soluciones para los problemas de salud, vivienda y educación -entre otros-, que se elevan desde capas cada vez más amplias de la población.
La pobreza golpea y se agudiza visiblemente al compás de las políticas económicas neoliberales de las últimas décadas. Resulta intolerable para los uruguayos, y constituye por tanto una preocupación fundamental, el espectáculo del sufrimiento y la marginación de importantes sectores de la población. La lucha contra este flagelo es para nosotros una prioridad irrenunciable y un compromiso que requerirá de acciones enérgicas e inmediatas.
Sabemos que no está al alcance de ningún gobierno el dar respuesta inmediata a todas estas preocupaciones. Pero también sabemos que la orientación, las prioridades y las políticas del gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio harán posible revertir el actual panorama de deterioro y regresión, y permitirán avanzar en forma significativa y visible en la satisfacción progresiva de las necesidades de las grandes mayorías.
4.- Nuestros principios estratégicos
El gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio se basará en los principios estratégicos que han inspirado su acción tanto desde el gobierno como desde la oposición.
Nuestra política coloca a la persona como centro de la acción. Este principio, conjuntamente con la fuerte referencia ética que de él deriva, clarifica los objetivos y califica las prioridades.
Esa referencia ética orienta en forma intransigente la acción del gobernante y encuadra la gestión del Estado en todas sus manifestaciones, dignificando la función pública, y en particular, la del "mandatario", verdadero servidor del soberano que le confía su investidura. De este modo, concebimos la acción de gobierno como un servicio al pueblo, a todos los uruguayos. Su eficacia se mide por la satisfacción de las necesidades de la gente, comenzando por las más urgentes e impostergables.
El respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento y profundización de la democracia, constituyen ejes fundamentales de nuestra acción. Sólo una democracia fuerte, capaz de avanzar progresivamente en su dimensión social y de participación, de hacerse más honda y radical -en el debate y la cooperación-, será el marco adecuado para que los uruguayos encontremos los caminos de nuestra felicidad colectiva en un ambiente propicio para la plena realización individual.
La valorización de las organizaciones intermedias de la sociedad, que hacen posible la expresión más cabal de los individuos y constituyen una expresión genuina y singularmente valiosa del entramado social; la jerarquización de los partidos políticos y de la política como actividad de servicio; el desarrollo de la descentralización de las decisiones y por tanto, la afirmación de la subsidiariedad del Estado central, constituyen orientaciones básicas de nuestra política, enfocadas al fortalecimiento del tejido de responsabilidades sociales y la participación ciudadana.
Una sociedad no cumple su finalidad esencial si no logra asegurar a todos las condiciones materiales para el desarrollo personal. Una democracia no madura y se fortalece si no es capaz de albergar, dar prioridad y promover las políticas que procuran y estimulan la creación de tales condiciones.
El crecimiento económico es, entonces, un componente fundamental de nuestra estrategia. Pero no a cualquier costo. No estamos hablando de cifras, sino ante todo, de personas. No nos interesa mostrar elevados promedios que no logran ocultar irritantes y dolorosas desigualdades. El crecimiento económico que propone el Encuentro Progresista-Frente Amplio es un paso necesario en el camino hacia un desarrollo económico y social integral. Las máquinas, los edificios, la tierra, el dinero son recursos para las personas, no al revés. La propiedad de los recursos es un factor decisivo para sustentar la creatividad. No puede transformarse en un elemento de esclavitud o servidumbre humana.
Sustentada en estos principios, nuestra orientación económica prioriza la producción, apunta al crecimiento de la riqueza con simultáneo énfasis en su distribución con justicia social; respeta y promueve la libertad de las personas para el desarrollo de su capacidad creadora y se apoya en el funcionamiento de los mercados lo cual requiere de un Estado dotado de los instrumentos y capacidades necesarios para orientar las transformaciones, asegurando el respeto de los derechos de todos. Un Estado capaz de establecer marcos de regulación que impidan la formación de monopolios privados concentradores de riqueza y poder, y también apto para producir directamente los bienes y servicios cuya producción por parte de agentes privados no asegure la contribución al interés general.
Nuestra política económica ubica entonces al Estado como activo participante del quehacer económico, procurando asegurar las necesidades básicas de todos los habitantes, un Estado que regula y orienta el proceso económico, con la mira y la intención puestas en el bien común. Como representante del conjunto de la sociedad, y a través de los procedimientos institucionales propios del Estado de Derecho, fija los marcos regulatorios para el ejercicio de la actividad privada y desempeña un rol dinámico, manteniendo su presencia en los sectores estratégicos de la economía, participando en forma permanente o circunstancial en los que no se consideran esenciales, pero en todo caso con el objetivo final de alcanzar el bienestar de los uruguayos, que tal y no otra es su razón de ser.
No se descartará a priori el uso de ninguno de los instrumentos disponibles en el Estado de Derecho. Desde el punto de vista jurídico, el respeto a la Constitución y a las leyes y, por consiguiente, de los derechos y obligaciones emanados de su imperio, es y será la condición básica de toda medida.
En definitiva, nuestro programa se sustenta en valores irrenunciables como la libertad, la justicia social que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades para todos, la solidaridad, la participación como herramienta para el fortalecimiento de la integración social, la defensa intransigente de la Democracia y su permanente profundización, el respeto pleno por los Derechos Humanos y el derecho a la verdad como fundamentos de la convivencia, así como la ética, la honestidad y la responsabilidad como ejes de la acción de gobierno.
5.- Los problemas prioritarios y los ejes programáticos
Cinco años de gobierno no bastan para transformar radicalmente un país. Pero son suficientes para comenzar a transformarlo junto a una nueva manera de hacer política, pensada y destinada para la gente y con su participación.
También son suficientes para revertir los procesos más regresivos y negativos, son suficientes para implantar políticas de justicia y defensa del patrimonio nacional, son suficientes para combatir la pobreza y sus consecuencias, poner en marcha la profundización de la democracia y herir de muerte a la corrupción.
Es nuestra responsabilidad y también nuestra decisión, buscar los consensos y los acuerdos que hagan posible alcanzar estas grandes metas.
El próximo gobierno progresista debe ser encarado como la primera etapa de un proyecto de cambio, de mayor aliento y profundidad, que demandará incrementar el apoyo popular en otras confrontaciones electorales, para dar continuidad a las transformaciones impulsadas. Debe quedar claro que no podrán revertirse de un día para otro todos los efectos de décadas de políticas antipopulares.
No pueden olvidarse las pesadas cargas que tantos años de políticas regresivas y neoliberales han descargado sobre los hombros del país. La pobreza, el desmantelamiento del aparato productivo, la ineficiencia de un Estado engordado por el clientelismo, mal administrado, irracionalmente costoso y herido por la corrupción, los compromisos internacionales asumidos sin responsabilidad generando condiciones adversas para el desarrollo independiente, son -inventario rápido y ciertamente incompleto- algunas de las rémoras que será necesario superar.
Sin olvidar las limitaciones que son consecuencia del subdesarrollo y la dependencia, y las resultantes del contexto internacional, donde constantemente ocurren hechos determinantes, que afectan nuestra economía y las condiciones de vida de nuestro pueblo, y escapan al control de un gobierno nacional. Esto refuerza la necesidad de adoptar políticas que permitan defender nuestra autonomía y amortiguar los efectos más perniciosos de tales acontecimientos.
Las prioridades tácticas y estratégicas de la propuesta programática de gobierno deben tener en cuenta tales limitaciones y condicionamientos y, a la vez, las necesidades de atención impostergable y los objetivos de largo plazo que darán forma a la sociedad a que aspiramos.
No se trata de limar las aristas negativas del modelo neoliberal, aperturista y desregulador. Se trata de proponer a la ciudadanía un programa de transformaciones que, partiendo de nuestra realidad y de sus potencialidades y sin falsas expectativas, constituya un avance sustantivo en este país, en esta región y en un mundo globalizado, en el marco de nuestro proyecto nacional, popular y democrático.
Los problemas a los que debemos hacer frente son múltiples. Sin embargo habremos de ordenarlos en función de las prioridades definidas, aún sabiendo que ello obligará a postergar algunas aspiraciones. Una vez en el gobierno actuaremos en el marco de los principios que guían nuestro compromiso, esto es, sin perder de vista el horizonte de transformaciones que conduzcan a la construcción progresiva de una sociedad más justa y solidaria, razón de ser de nuestra esperanza y nuestra lucha. Para ello buscaremos los caminos de concertación política y social que resulten necesarios para encarar las soluciones.
Corresponde entonces definir los ejes fundamentales de nuestra propuesta programática, que luego serán expuestos en profundidad. Ellos son:
- la búsqueda de la justicia social, que en la presente situación apunta ante todo a la progresiva erradicación de la pobreza, las grandes desigualdades, la marginación y las distintas formas de exclusión
- la transformación del Uruguay en un país productivo, que ofrezca oportunidades de trabajo, empleo y desarrollo personal para todos sus habitantes, con plena utilización de los recursos nacionales y una inserción internacional apropiada y compatible con un proyecto de desarrollo autónomo
- la democratización del Estado y la sociedad, afirmando y consolidando las conquista democráticas, el respeto y defensa de los derechos humanos, y la preservación del medio ambiente, impulsando -en el ámbito nacional- la descentralización y la participación ciudadana, la mejora de la gestión del Estado, y la dignificación de la función pública, así como desarrollando una política internacional que apunte a la integración de los pueblos latinoamericanos y a la consagración de un orden mundial justo y pacífico
5.1. Justicia social
El gobierno progresista buscará avanzar en materia de justicia social combatiendo la pobreza en sus distintas manifestaciones. Para el logro de este objetivo se asigna un papel fundamental tanto el carácter social de las nuevas políticas a impulsar, como a un modelo de país orientado al desarrollo de su capacidad productiva, generando empleo e integración económica, social, cultural y política.
La atención adecuada del problema de la pobreza requiere un enfoque integral combinando y coordinando las políticas sociales entre sí y con las políticas económicas; un enfoque diferencial, que excluya las discriminaciones de género, raciales, etarias y de cualquier otro tipo, intentando compensar las gravísimas carencias actuales y un enfoque participativo, para hay que lograr el involucramiento de los afectados y de toda la sociedad en el tratamiento del problema.
La pobreza es resultado de procesos sociales e individuales complejos lo que reclama su atención preferente a través de las políticas públicas. En primer lugar, por que es urgente, debe atenderse económica y socialmente, a quienes se hallan en situación de pobreza, con el fin de liberar energías para que estas personas recuperen el autovalor y se aboquen a revertir el círculo depresivo al que se ven empujadas habitualmente. A ello deben ir dirigidas en forma prioritaria las políticas sociales focalizadas y las compensatorias, tanto en el medio urbano como en el rural, dando preferencia a la consolidación de la familia como ámbito natural del desarrollo personal.
Es por ello que un enfoque progresista de las políticas sociales se opone radicalmente al arcaico concepto de asistencialismo que caracteriza, cuando existen, a las políticas que al respecto intentan llevar adelante los proyectos neoliberales.
Actualmente los que más necesitan de los servicios básicos son quienes carecen por completo de ellos, o los tienen de menor calidad. Las políticas sociales progresistas serán directamente proporcionales a las necesidades. En esencia y con respecto a la situación presente el criterio que guiará nuestra acción viene de la historia y fue enunciado por Artigas: se trata de "invertir el orden de la justicia", de modo "que los más infelices sean los más privilegiados."
Estas políticas deberán estar coordinadas en una planificación global, evitando duplicaciones y vacíos. Para ello se creará una instancia del más alto nivel capaz de ejercer la coordinación de todo el universo de medidas, programas e instituciones relacionadas con las áreas sociales a nivel nacional y local.
Se dará especial importancia a las políticas educativas, de modo que nuestras niñas y niños logren un desarrollo pleno, posibilitando el despliegue de sus potencialidades así como la integración social de los sectores empobrecidos, excluidos y marginados.
Es necesario contrarrestar las graves desigualdades que actualmente se verifican en el sistema educativo básico entre los distintos estratos sociales. La enseñanza técnica y profesional debe ser jerarquizada y universalizada y en ella todos deben poder formarse y capacitarse para el trabajo. El concepto de educación permanente debe aplicarse con carácter general en el sistema y los medios de comunicación deben contribuir a la obtención de estos objetivos.
Se otorgará atención permanente a los temas culturales de modo integral, impulsando una política de promoción y desarrollo que apunte a la participación democrática de la sociedad.
Las políticas de salud se orientarán a asegurar la integralidad, universalidad y equidad de las prestaciones, con un financiamiento justo, dando prioridad al primer nivel de atención y a la medicina preventiva, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud.
Debe aprovecharse al máximo el potencial de las policlínicas barriales coordinando la red de policlínicas públicas y privadas mediante un convenio marco. Y al mismo tiempo, mejorar sustancialmente los hospitales públicos aumentando su eficiencia, desconcentrando su gestión y descentralizándolos a través de la participación comunitaria.
Los servicios de salud deben coordinarse con los sistemas educativo y de seguridad social. Es necesaria una enérgica participación estatal en la regulación, control comercial y eventualmente producción de medicamentos, de modo que sean accesibles a todos quienes los necesitan.
Elaboraremos un Plan Nacional de Salud en consulta con todos los involucrados, que contemple las necesidades específicas de hombres y mujeres conforme a su edad, sexo y condiciones particulares, garantizando así la atención integral.
A través del financiamiento público se procurarán políticas para que los sectores sociales de bajos recursos puedan tener acceso a la vivienda en calidad de usuarios, arrendatarios o propietarios, estableciendo líneas de crédito especiales con subsidio estatal.
Se dará pleno cumplimiento al Plan Nacional de Vivienda; en el marco de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, coherente con las políticas generales de desarrollo, se establecerá una política de tierras para viviendas, como parte de las políticas de descentralización.
Se promoverá las modalidades de vivienda cooperativa así como otros sistemas sociales de construcción y de gestión comunitarias.
Se atenderá especialmente la situación del mercado de alquileres, en procura de un funcionamiento acorde con los objetivos planteados.
Se promoverá la repoblación de las áreas urbanas con infraestructuras disponibles, otorgando la prioridad correspondiente a las familias en situación de lanzamiento por vía judicial, aportando a la solución de la problemática de los asentamientos.
En materia de seguridad social se buscará la generación de un nuevo sistema integral basado en los principios de universalidad, redistribución, solidaridad intergeneracional, participación, eficiencia, protección social y financiación tripartita, sustentado por un amplio consenso de todos los sectores sociales involucrados. Para ello resulta imprescindible sustituir a la brevedad el régimen vigente introducido por la ley 16.713, (Reforma de la Seguridad Social y creación de las FAP) que no ha solucionado ninguno de los problemas reales de la seguridad social en el Uruguay, que ha disminuido los beneficios tanto para activos como para pasivos, y ha entregado los aportes de los trabajadores al circuito de la especulación financiera.
Lo más urgente es la extensión de los beneficios de la seguridad social a los sectores que ahora no los poseen: los niños sin asignación familiar, los ancianos sin atención médica, los desocupados desprovistos de la cobertura del seguro de paro, los hogares carenciados sin ingresos suficientes, las mujeres trabajadores sin amparo social.
En materia de pasividades se favorecerá el retiro gradual y se regularán los montos de jubilación y tasas de reemplazo según franjas de remuneración.
5.2. País productivo y empleo
El objetivo del Encuentro Progresista - Frente Amplio consiste en poner la economía al servicio del ser humano, impulsando un modelo de producción con justicia social y haciendo de este modo que el desarrollo obtenido sea sostenible.
El gobierno progresista apuntará definitivamente al desarrollo del sector productivo, en armonía con el medio ambiente, en contraposición al país especulativo, al latifundio improductivo, al despilfarro y subutilización de recursos, enfrentando decididamente toda forma de corrupción.
Llevará adelante políticas activas de generación de empleo y redistribución progresiva del ingreso, haciendo de ello uno de los ejes fundamentales de su política.
Con esta orientación, las políticas económicas buscarán un crecimiento del mercado interno y la inserción competitiva, -regional e internacional-, fortaleciendo nuestro potencial exportador y evitando las prácticas de importación que lesionan seriamente nuestra capacidad productiva.
El conjunto de los instrumentos de política económica deberá atender simultáneamente, la distribución del ingreso, el crecimiento y la estabilidad. Se buscará mantener el equilibrio fiscal y contener la inflación, sin transformar estos instrumentos en objetivos en sí.
Las políticas salariales buscarán la recuperación gradual del salario perdido, así como la aplicación efectiva de la legislación laboral vigente, su perfeccionamiento y adecuación a la situación presente. Se ajustará el salario mínimo nacional de manera de poner un piso real a las remuneraciones, mejorando los beneficios sociales que dependen de este indicador.
Se procurará establecer la obligatoriedad de la negociación colectiva en los sectores público y privado, donde el Estado garantice el cumplimiento de mínimos de remuneración y de condiciones de trabajo, para lo cual será indispensable aprobar la legislación que ampare y regule el ejercicio de las libertades sindicales.
Se buscarán acuerdos generales entre trabajadores, empresarios y Estado a través del Consejo de Economía Nacional, previsto en la Constitución y nunca concretado hasta el presente.
Se definirá y pondrá en práctica un Plan de Desarrollo Económico que resulte confiable para los actores (Estado, trabajadores, empresarios, comerciantes y agentes financieros), quienes con distinto grado de participación -definida con claridad- lo llevarán a la práctica La izquierda y los sectores progresistas deben realizar un gobierno que, manteniendo su compromiso básico con los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad, propicie un marco de estabilidad económica, institucional y social, respetado por todas las partes.
Se establecerán políticas de apoyo al desarrollo de complejos productivos que se definan como estratégicos. La búsqueda de acuerdos de complementación productiva con los países del Mercosur, se concibe como herramienta fundamental para esta labor. Estas políticas serán implementadas con la participación activa de los actores directos.
Un criterio central de las políticas productivas debe ser la selectividad, buscando orientar la inversión hacia los sectores considerados prioritarios. Los criterios para determinar tal selectividad deben ser claros, trasparentes y de impacto económico y social. La creación directa o indirecta de empleo, la generación o el ahorro de divisas, la descentralización territorial, el impacto ambiental, el dinamismo tecnológico y la capacidad para generar nuevos productos, son algunos de estos criterios que comenzarán a utilizarse de inmediato.
Dada la importancia que la agroindustria tiene en la economía nacional, se pondrá especialísima atención en sus complejos productivos con políticas de tierras, capacitación, información, asistencia técnica, comercialización y créditos para los productores y protección social para sus trabajadores, entre otras medidas. Se asignará preferencia a la industria de la construcción por su capacidad para generar rápidamente puestos de trabajo.
El uso ponderado de los recursos naturales, en particular tierra y agua, será objetivo prioritario en la renovación productiva, buscando formas de desarrollo sustentable, compatibles con la conservación del medio ambiente. Los recursos deben ser protegidos, erradicando toda forma de dilapidación y daño, y a la vez, utilizados racional y equitativamente, de modo que su explotación beneficie a la sociedad toda. En este sentido se afirma la plena vigencia del Instituto Nacional de Colonización, que deberá ser capitalizado y renovado para que pueda cumplir con sus objetivos básicos. Se mantendrá la prohibición de que las sociedades con acciones al portador sean propietarias de la tierra, legislándose también para evitar la creciente extranjerización de la misma.
Habrá prioridad para el desarrollo científico-técnico, en particular orientado hacia la producción básica del país, con fuerte apoyo estatal y asignando un rol fundamental a la Universidad de la República.
El gobierno progresista aplicará un Plan Nacional de Energía que buscará armonizar la participación de cada sector energético sobre la base del interés general y el aprovechamiento de los recursos con racionalidad y eficiencia, a fin de atender la demanda y contribuir al proceso de reindustrialización del país evitando la dependencia energética.
Se organizarán -con fuerte participación de los involucrados- mecanismos de apoyo sistemático a la comercialización de nuestros productos, tanto para el mercado interno como para la exportación, en particular promoviendo las formas de negociación colectiva o cooperativa, proveyéndose por parte del Estado servicios de asesoramiento integral.
Se diseñarán políticas específicas para las diferentes áreas de servicios, que busquen potenciar su significación económica y ocupacional, en especial con referencia a los segmentos más dinámicos: industrias culturales, software, entre otros, y en especial el turismo por su relevante papel económico y social.
Se efectuará una política fiscal más justa bajo el principio de que "pague más quien tiene más"; el sistema se basará en los principios de progresividad, finalismo, generalidad, equidad y coherencia. Se impulsará la implantación del impuesto a la renta de las personas físicas al tiempo que se gravarán actividades financieras de carácter especulativo, los consumos suntuarios y la concentración de la riqueza.
La incorporación del Impuesto a la Renta de Personas Físicas permitirá la reducción del IVA y del Impuesto a los retribuciones personales, hasta llegar a la eliminación de este último, en el plazo más rápido posible.
La banca oficial jugará un rol central en la política económica. Su capacidad y potencia serán utilizadas de la manera más eficaz orientando el crédito para que sirva de apoyo a los sectores productivos. El Banco República será dinamizado en su función de banco de fomento. El Banco Central regulará y controlará efectivamente el flujo de capitales y el sistema financiero.
El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraidas por el Estado, buscará aliviar la carga de la deuda externa, sin aceptar imposiciones de los organismos internacionales de crédito, renegociando plazos y reformulando el perfil de la misma.
Al mismo tiempo, promoverá la creación de un frente de deudores para encarar el problema de la deuda externa y del intercambio desigual, evitando una política de financiamiento que provoque mayor endeudamiento condicionado. Promover la instalación de una auditoría internacional de la deuda, cuyo estudio determine la legitimidad de sus distintos componentes.
5.3. Democratización de la Sociedad y el Estado
La vigencia y consolidación del sistema político e institucional, de la democracia uruguaya es un elemento sustancial para el proyecto progresista. En él deben confluir simultáneamente la libertad, la justicia y la participación efectiva de la población.
Al mismo tiempo resulta necesario promover un mayor equilibrio entre los tres poderes del Estado, en particular atendiendo la situación del Poder Judicial, cuya efectiva autonomía económica debe ser asegurada. Asimismo se garantizará la independencia técnica y la dotación de recursos humanos y materiales adecuados para la labor de este poder y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
Se promoverá la descentralización en el plano político y administrativo con el objeto de estimular la participación ciudadana en todas las etapas de la gestión pública tanto en las ciudades como en las localidades y zonas rurales. Esta participación comprende la iniciativa, la puesta en práctica de las políticas a ejecutar y el contralor de la acción estatal en todos sus niveles.
Esto requiere profundizar las reformas institucionales en el sistema de gobierno, en dirección de una mayor participación social.
Concomitantemente, esa participación será una garantía más de la trasparencia de la gestión administrativa, en la que comprometemos el combate frontal de la corrupción en todas sus formas y la adecuación de la legislación en lo relativo a las conductas corruptas y los delitos económicos.
Debemos transformar al Estado en una poderosa palanca del desarrollo nacional, a la vez que creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. El Estado debe además, asumir un papel nivelador de las cada vez más grandes desigualdades sociales existentes en el país y tener una presencia activa y directa en las áreas estratégicas de la economía.
La urgencia por el crecimiento económico, la obtención de rentabilidad en las inversiones y el desarrollo de pautas de consumo cuyo modelo es el lujo y el derroche, ha hecho descuidar sus efectos negativos sobre la naturaleza, el ambiente donde habitamos. La impunidad de la destrucción de los recursos y de la biodiversidad, cuyo costo no se reconoce en la contabilidad tradicional, ha permitido a algunos acumular grandes beneficios y fortunas a costa, en mayor o menor medida, de toda la humanidad.
El gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio emprenderá las tareas de protección y mejoramiento del ambiente con la finalidad de defender la vida en todas sus formas y buscar las condiciones que permiten una mejora sostenida de la calidad de vida de la población en armonía con el entorno.
En el Estado uruguayo existen organismos y entidades -por ejemplo el Instituto Nacional de Colonización, la Corporación para el Desarrollo, el Banco de la República, el Hipotecario, el de Seguros y el Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina del Servicio Civil y el Sodre- que orientados adecuadamente se transformarán en poderosas herramientas de cambio.
Las empresas estatales deberán ser fortalecidas buscando mayor eficacia en sus servicios y una mayor eficiencia y competitividad que las consolide como pilares del desarrollo y la soberanía del país.
Para el cumplimiento de estos objetivos, se debe encarar un amplio plan de mejora de gestión. Esto implica necesariamente una inversión en recursos tanto humanos como tecnológicos, lo que se hará de acuerdo a los medios disponibles. El Encuentro Progresista - Frente Amplio se compromete a ocupar los cargos de dirección que deba llenar en su gobierno con ciudadanos calificados para la tarea, rompiendo el esquema del "premio consuelo" para los fracasados electorales y el reparto de cargos según lealtades políticas. Se estudiará la posibilidad de legislar para que los plazos de permanencia en ciertos cargos no se correspondan con los tiempos políticos, y establecer impedimentos para las candidaturas de quienes los ocupen, evitando de este modo la desviación común en que recaen los políticos tradicionales, que suelen transformar la gestión en un trampolín de lanzamiento personal electoral.
En el plano de los funcionarios, se deberán mantener los criterios históricos del Encuentro Progresista - Frente Amplio para el ingreso a la función pública -el concurso o el sorteo en su caso-, verdadera salvaguarda democrática para la ciudadanía en su conjunto.
Es necesario definir a nivel público una política salarial que opere como un verdadero estímulo tanto para el mejoramiento permanente de los funcionarios así como la retención de los más calificados, donde la productividad y el rendimiento sean adecuadamente valorados, atendiéndose especialmente la situación de los sectores de salario sumergido. Se deberá asimismo tender a poner en práctica el principio "a igual tarea, igual remuneración". Para nuestra fuerza política resulta evidente que existen algunas áreas en las que no podrá haber una sustancial mejora de la gestión pública sin una concomitante mejora de las retribuciones de los funcionarios. Sin embargo, el incremento de los niveles de remuneración no asegura por sí solo la mejora de la gestión, hecho comprobado en las experiencias ya vividas, por lo cual la administración progresista deberá enfrentar los vicios adquiridos en largos años de falta de motivación y control adecuado para dignificar la figura del servidor público.
Se estimulará la democratización de los medios de comunicación y de la información, tanto públicos como privados, su utilización al servicio de la comunidad, la divulgación artística, deportiva, científica y técnica, la promoción de los valores nacionales, y la expresión de los diversos sectores sociales y políticos del país.
Los Derechos Humanos, su promoción y vigencia son responsabilidades insoslayables de la sociedad para avanzar en su desarrollo. El Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizar su pleno ejercicio. Nuestro compromiso en tal sentido se inspira en nuestra trayectoria como fuerza política y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.
La justicia es un principio fundamental, y es deber de todo gobierno democrático el garantizar su vigencia y los caminos para su aplicación. El esclarecimiento de la verdad sobre los detenidos-desaparecidos y la restitución de su identidad a los niños secuestrados, son imperativos legales que permanecen incumplidos, y que nuestro gobierno asumirá como responsabilidades ineludibles.
La seguridad ciudadana se ha convertido en un problema nacional. Sin perjuicio de entender que el delito tiene múltiples causas, no es posible eludir la responsabilidad del Estado en arbitrar soluciones teniendo en cuenta que éstas dependen de la capacidad para concertar acciones con la sociedad y del éxito de las políticas que aseguren crecientes grados de integración social.
La Defensa Nacional es una cuestión esencialmente política y compromete a toda la nación. Comprende el conjunto de actividades que tienden a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad de nuestro territorio y a consolidar la paz y el respeto de la Constitución y las leyes de la República. Las FFAA serán un cuerpo profesional y efectivamente subordinado al poder civil. El Estado debe determinar la Política Nacional de Defensa (opuesta a la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional), y la del componente militar de la misma. Nuestra Política Nacional de Defensa será ajena al interés partidario. Por el contrario, se elaborará por el conjunto de la sociedad y en particular por los representantes legítimamente electos por la ciudadanía.
La integración de los pueblos latinoamericanos es un objetivo histórico fundamental. La inserción del Uruguay en el Mercosur es parte de ese proceso, en el entendido de que es preciso reestructurar su funcionamiento y contenido. La integración no consiste solamente en acuerdos arancelarios sino que implica coordinación económica, complementación productiva, intercambio y cooperación en ciencia , cultura y tecnología. El principio de solidaridad debe regir el desarrollo del conjunto de quienes participan del espacio integrador y no de unos en detrimentos de otros, sean éstos grupos sociales, regiones o países.
Nuestra política internacional lucha por un orden mundial más justo, promueve y defiende los Derechos Humanos en todos los ámbitos, rechaza todo tipo de imperialismo o dominio económico, militar o social de unos países sobre otros y aplicará criterios de racionalidad y austeridad haciendo que el servicio exterior del país cumpla su papel de representación de los intereses de la República y de promoción y búsqueda de mercados para la producción nacional.
6. Queremos devolver a los uruguayos el derecho a soñar.
El gobierno que sea capaz de construir los acuerdos imprescindibles y conducir seriamente al país en la consecución de los objetivos que hemos definido logrará devolver a los uruguayos el derecho de soñar un futuro promisorio, justo y pacífico. Ese gobierno, lo afirmamos, será el del Encuentro Progresista - Frente Amplio.
APROBADO POR LA CONVENCIÓN NACIONAL DEL EP-FA
26 DE JUNIO DE 1999
Regresar al principio
|
