| Stein dice
que se agravan deficiencias del proceso electoral
A tres semanas de los comicios
generales, la misión de observadores de la OEA expresó ayer
su "profunda preocupación ante el agravamiento de las deficiencias
que exhibe el proceso electoral".
Al presentar un segundo Boletín
relacionado a la observación de la campaña electoral, el
jefe de la misión de la OEA Eduardo Stein Barillas, sostuvo que
"persisten condiciones preocupantes".
En el documento se precisa
que "a pesar de algunos intentos iniciales, no se ha constatado un avance
sustancial en la adopción de medidas tendentes a producir un acceso
equitativo y sin condicionamientos a los medios de comunicación
por parte de todas las agrupaciones políticas". "En este sentido
los sucesos que afectaron al diario El Comercio, preocupan particularmente
a la misión, pues constituyen un retroceso en un área en
que se requiere avances que aseguren un debate público", dice el
boletín.
De igual forma, la misión
de la OEA expresa que la probable participación del jefe de la Oficina
Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa en la supuesta
falsificación de firmas, "constituye un hecho de la mayor gravedad
que proyecta un manto de duda sobre la credibilidad del
proceso".
La misión de la OEA
exigió, además, el "cese de hostigamiento contra los candidatos,
especialmente por parte de los medios de comunicación". Stein informó
que hoy viaja a Washington donde tratará de conversar con el secretario
general de la OEA, César Gaviria, sobre la marcha del proceso
electoral en Perú.
En horas de la mañana, Stein informó que dos miembros del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) iniciarán una profunda investigación
sobre el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
que se encuentre involucrado en la denuncia de la presunta falsificación
firmas del movimiento independiente Perú al 2000.
Así mismo advirtió
que una resolución de la fiscal Mirtha Trabucco encargada de los
delitos electorales, que archive la investigación iniciada por la
supuesta falsificación de firmas de la alianza Perú 2000,
"le asestaría un golpe gravísimo a la legitimidad de las
elecciones". Sobre el particular, consideró fundamental que la aludida
fiscal se pronuncie antes del 9 de abril. "Sería ideal que la fiscal,
sin alterar el derecho al debido proceso, pudiera dar un informe a la nación
sobre el progreso de sus investigaciones o producir un primer resultado
judicial. La denuncia de la ONPE tiene que ser aclarada cuanto antes",
reiteró. También calificó de insuficiente la separación
de su cargo de Rubén Calderón, ex jefe de la ODPE de Arequipa."No
es suficiente, se circunscribe a uno o dos aspectos de un problema que
parece involucrar al órgano responsable de administrar el proceso
electoral", aclaró. Resumen: Expreso y Gestión del
18 de marzo
La Gran Farsa Electoral:
Cabezas de Jurado Electoral Especial (JEE) con antecedentes negativos
Creados por la Ley
Orgánica de Elecciones en 1997 a propuesta de la congresista Martha
Chávez, los JEE son la primera instancia del proceso electoral,
puesto que inscriben candidatos, fiscalizan el sufragio y deciden tachas
e impugnaciones durante la votación y el escrutinio, además
de
proclamar resultados en
las provincias del país.
La novedad de estos JEE respecto
de los antiguos Jurados Departamentales y Provinciales de Elecciones es
que ahora no son nombrados a iniciativa del JNE. Sus presidentes son designados
por las Cortes Superiores entre sus magistrados jubilados y en actividad.
Los otros dos miembros se eligen
mediante sorteo público
de entre una lista de 25 ciudadanos residentes en la circunscripción.
Los JEE son 47 en todo el
territorio nacional y, como bien señala Caretas, dependen en buena
cuenta del Poder Judicial, ya que su presidente suele ser el único
informado de sus miembros. Y al depender del Poder Judicial, también
-como es público y notorio- del Poder Ejecutivo, que hace y deshace
en el PJ y Ministerio Público
so pretexto de la llamada "reforma".
Llama profundamente la atención
que entre los impedimentos para ser presidente de un JEE -lìmite
de edad, ser candidato o miembro de una agrupación política-
no figuren los antecedentes negativos de los
magistrados en su carrera
judicial, es decir el número de procesos realizados o en trámite
contra ellos o el tipo de sanciones que les han sido impuestas por la Oficina
de Control de la Magistratura (OCMA). Ahora se sabe que esta omisión
no es casual, pues si tales impedimentos figuraran entre los requisitos,
la cuarta parte de los 47 presidentes de los JEE no hubiera podido asumir
el cargo.
Así, el presidente
del JEE de Huara, Miguel Alzamora Cevallos, tiene 42 expedientes en su
contra, de los cuales 39 han sido archivados y tres están en curso;
además desaprobó la evaluación de Jurado de Honor
de la Magistratura en 1994.
La presidenta del JEE de
Lima, el de mayor número de electores, Ana María Valcárcel
Saldaña, figuró en el número 42 entre los jueces peor
considerados en el referéndum del CAL.
El presidente del JEE de
Cajamarca, Oscar Vásquez Arana, tiene 60 expedientes en contra:
48 quejas de litigantes, dos visitas de magistrados de la OCMA, tres investigaciones
y ocho procesos (dos en trámite).
El presidente del JEE de
Tumbes y Piura, Luis Alberto Cevallos Vegas, tiene 62 expedientes en la
OCMA, de los cuales 37 son quejas, seis investigaciones y 15 procesos,
con nueve en trámite. El presidente del JEE de Tacna cuenta 27 expedientes
-de los cuales 24 archivados y tres en curso- 20 quejas, dos visitas, una
investigación y cuatro procesos.
La presidenta del JEE de
Ancash, nombrada desde Lima, suma 16 expedientes (12 archivados y cuatro
en trámite), siete quejas, dos visitas, dos investigaciones y tres
procesos. El presidente del JEE de
Huánuco, Ernesto
Bermúdez Sokolich, fue el magistrado que investigó el "huanucazo"
de 1995 (que quedó en nada) y tiene 16 expedientes (23 archicados
y tres en curso).
El presidente del JEE de
Trujillo registra 34 expedientes disciplinarios, de los cuales 24 archivados
y diez en curso.
Al presidente del JEE de
Huamanga se le vincula al movimiento oficialista Vamos Vecino y fue titular
del CTAR de Ayacucho.
El presidente del JEE de
Sánchez Carrión (La Libertad) tiene 34 expedientes, 25 archivados
y nueve sin resolver, además de 24 quejas, una visita, una investigación
y ocho procesos. En 1992 recibió dos sanciones que culminaron en
multas por el 10 y 5% de su remuneración y en 1993 la OCMA lo suspendió
temporalmente en el ejercicio del cargo.
El presidente del JEE de
Arequipa desempeñó un cargo de confianza del gobierno entre
1992 y 1996, pues laboró en el CTAR de Arequipa, y fue director
regional del ministerio de Trabajo. No registra antecedentes, pero su proximidad
al fujimorismo lo cuestiona.
En cuanto a la presidenta
del JEE de San Román (Puno), encabezó la lista de peores
magistrados en el referéndum local, con un 78% de desaprobación.
Apenas el 21% de ellos (10)
son titulares, 25 son suplentes y cuatro provisionales. La mayoría
son funcionarios menores y por tanto manipulables. Este es un escándalo
más de este proceso cuestionado. ¿Qué justicia electoral
imparcial se puede esperar de magistrados con tales antecedentes?
La República 18 marzo
Chuan y Medelius son Vásquez,
Vásquez es Fujimori
El gobierno está dedicado
a controlar los daños causados por la denuncia de las firmas falsificadas.
Pero mientras no se le incendie la casa, el fujimorismo está decidido
a seguir adelante con la cruzada por ganar en primera vuelta. La maquinaria
clandestina del fraude está confiada en que no aparecerán
nuevas denuncias, o que podrá seguir huyendo hacia adelante.
En otras palabras, la campaña
gangsteril del oficialismo por la segunda reelección no se detiene.
El candidato Manuel Vara Ochoa de Perú 2000 sigue haciendo campaña
con fondos de Pronaa, a pesar de las recurrentes denuncias.
En Cajamarca acaba de ser
asesinado un dirigente medio de Somos Perú y un activista de Solidaridad
Nacional ha sido apaleado en la misma zona. La TV de señal abierta
sigue manteniendo al país desinformado y vetando los spots electorales
que no le gustan. En Piura hay denuncias de que la ODPE se moviliza por
la campaña de Alberto Fujimori. En 12 regiones el encargado del
proceso por el JNE tiene un juicio abierto, por diversos motivos. Las agresiones
a la prensa son casi diarias.
A pesar de que Fujimori se
rasga los disfraces por la libertad de prensa, la máquina judicial
del gobierno sigue avanzando sobre el diario El Comercio, y manteniendo
a Genaro Delgado Parker fuera de la TV. La prensa amarilla continúa
calumniando a los candidatos opositores. La fiscal del caso de las firmas
falsificadas sigue arrastrando los pies en dirección del nueve de
abril.
El gobierno intenta una contraofensiva
sobre las cabezas desprendidas de Daniel Chuan y Oscar Medelius. El candidato
Francisco Tudela (a quien Chuan acaba de endosar su apoyo partidario, para
no manchar a Absalón Vásquez) los llama nobles. Chuan declara
que nunca podrán demostrarle nada. José Portillo dice que
no renuncia porque la ley se lo prohíbe.
El objetivo táctico
de Fujimori en este momento es no tener que forzar la renuncia de Vásquez,
a pesar de que las huellas de su relación con los acusados de falsificación
están por todas partes. Vásquez sabe que su sola aparición
pública a declarar en relación al caso tendría un
efecto devastador. En consecuencia no da la cara.
Pero si no renuncia Vásquez,
de nada le valdrá al gobierno haber defenestrado a Chuan y Medelius.
Es el silencio de Vásquez el que está dándole creciente
fuerza a la opinión de que Fujimori debe retirarse de la elección,
como tan bien acaba de expresarla el alcalde de Arequipa, en una carta
que es también un implícito aviso.
Es por ello que Andrés
Reggiardo, de Cambio 90, plantea que si la investigación judicial
confirma la denuncia sobre falsificación, entonces Vásquez
debe seguir el camino del tandem Chuan-Medelius. Para eso la fiscal Mirtha
Trabucco tendría que apurarse, antes de que Vásquez grite
ampay me
salvo en el reino parlamentario
de la inmunidad.
Mirko Lauer. Columnista
dela República. 18 de marzo
CIDH pide al gobierno
proteger a los hermanos Rodríguez: Testigos de la
falsificación
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA pidió ayer al gobierno peruano adoptar
medidas de protección a favor de los hermanos Carlos y Marita Rodríguez
Iglesias, testigos de la denuncia sobre la falsificación de más
de un millón de firmas a favor del Frente Independiente
Perú 2000.
El gobierno del presidente
Alberto Fujimori tiene un plazo de 15 días para informar sobre las
medidas concretas que adoptará ante el pedido solicitado por este
organismo.
El documento, emitido en
la noche de ayer, señala también que cada 30 días
la CIDH supervisará que las medidas sean cumplidas en su totalidad.
Las medidas de protección solicitada para los testigos también
se extienden a sus familiares. Carlos y Marita Rodríguez, son los
principales testigos de la masiva falsificación de firmas denunciada
por el diario El Comercio y que ha traído como consecuencia la renuncia
del parlamentario y notario Oscar Medelius y Damiel Chuan, de la lista
oficialista al Congreso.
Expresa, también,
que la CIDH ha recibido información de los interesados sobre las
amenazas, presiones, hostilización que pone en grave riesgo la vida
de los testigos. La medida cautelar, que tendrán una duración
de seis meses, será adoptada de común acuerdo con las personas
cuya protección se solicita
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