• Se debe tener presente que el mayor implicado en esta operación, Manuel Lozada, habría sido investigado ilegalmente por un agente de la DEA en Chile. (revista Qué Pasa N°1427, 17 al 24 de agosto de 1998). Como consecuencia de esta actividad, el Consejo de Defensa del Estado, órgano encargado por la legislación chilena para la investigación de los delitos relacionados con droga, interpuso una acusación por presunta obstrucción a la justicia en contra de la DEA, la cual esta siendo tramitada en los tribunales de Valparaíso.

• En Chile la actividad del tráfico ilícito de la droga está en su etapa de expansión inicial, dándose las primeras señales de crimen organizado.

• Coincidente con este hecho, se está en una fase de expansión del mercado de consumidores, lo que implica para los narcotraficantes estrategias de conquista de él y eventuales disputa de territorios lo cual puede generar grados importantes de violencia. La cantidad de droga que llega al país para ser comercializada ha ido en aumento y con la detección de este laboratorio móvil también la posibilidad de procesar drogas más peligrosas y elaboradas.

• Un hecho de suma violencia quedó al descubierto al encontrarse en las afueras de Santiago, sólo la cabeza de una persona, en un canal de regadío. Esta pertenecía a un individuo con antecedentes penales vinculados a delitos relacionados con droga y que esperaba sentencia en otro caso del mismo tenor. Cabe presumir que su asesinato tenga relación con su vinculo al mundo de las mafias, demostrando con esto el grado de violencia y ensañamiento con que pueden llegar a actuar estas agrupaciones.

• En la zona sur del país se realizó un operativo destinado a desbaratar una red de personas que tenía por objeto el tráfico y comercialización de drogas en las regiones del sur. La denominada "Operación Volcán" implicó la detención de cerca de 20 personas de Santiago, Osorno y otras ciudades. Los destinatarios de la droga, eran dueños y administradores de Pub, Discotecas y Restaurantes de la zona que, como se dijo comercializaban y distribuían la droga entre sus clientes.
• En los últimos días del mes de noviembre es detenida una red internacional de tráfico de drogas, la cual en el momento de su aprehensión contaba con alrededor de cuarenta kilos de marihuana prensada originaria del Paraguay. La droga fue ingresada a Chile vía terrestre por el paso fronterizo Los Libertadores, en la zona central del país.

• En la comuna de San Bernardo, al sur de la capital, y producto del desbaratamiento de una banda dedicada al tráfico de drogas, se descubre la vinculación de personal de Carabineros en los hechos investigados. La decisión de las autoridades policiales fue dar de baja a los uniformados y con esto permitir el enjuiciamiento por tribunales civiles de esta personas. Se confirma por tanto la permeabilización de personal de policía, como un método recurrente en el complemento del componente organizacional, el cual queda en evidencia con la detención de estos tres Carabineros insertos en la red de tráfico señalada.

• En un procedimiento policial en la zona norte del país, se ha configurado un caso similar al señalado con anterioridad, en el cual se vincula a personal de Carabineros en el extravío de una suma importante de dinero, la cual podría ascender a los $18 millones de pesos (algo así como 40 mil dólares americanos), que debieron ser incautados por la policía y puestos a disposición del tribunal en una operación en que los narcotraficantes fueron detenidos.

    La conclusión principal, al analizar estos dos últimos casos, es que la participación de policías en estas redes de tráfico deja en evidencia algunos factores de riesgo que hay que considerar. En primer lugar la permeabilidad que las policías, en todas partes de la región, tienen respecto de los avances de estas mafias. Una de las vías para lograr este efecto es la corrupción. En segundo lugar, es inquietante cuando funcionarios policiales no sólo se dejan corromper por los narcotraficantes, sino que además entran a formar parte de su estructura como agentes distribuidores y comercializadores, gozando para tales efectos de una inmunidad inicial de hecho, que mientras no se descubran sus actos, facilita en gran medida la perpetración del delito.