Una iniciativa privatizadora

El pasado 2 de febrero de 1999 el Presidente de la República anunció, por radio y televisión, que propondría al Congreso de la Unión una reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales para abrir "posibilidades a fin de que los particulares puedan invertir en la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica...", bajo el pretexto de que las autoridades carecen de recursos para financiar el crecimiento del sector que tiene "necesidades de inversión por 250 mil millones de pesos, tan sólo para los próximos seis años". En el mismo mensaje leído, Ernesto Zedillo anunció que, de aprobarse la reforma, el Estado se quedaría sólo con la generación de energía nuclear, la operación de algunas plantas hidroeléctricas y el control operativo de la red nacional de transmisión

El día siguiente, 3 de febrero, El SME publicó un desplegado dirigido al pueblo de México, bajo el título "La privatización del Sector Eléctrico compromete la Soberanía Nacional". En él denunciamos que de prosperar la iniciativa presidencial se estaría atentando contra la soberanía del país en materia de electricidad y se sometería de nueva cuenta este sector estratégico a los designios del gran capital. Señalamos:

• que la iniciativa privada ya había demostrado que sólo la mueve el afán de lucro, que por eso se había nacionalizado la industria en 1960
• que la urgencia de crecimiento de que habla Ernesto Zedillo estaba siendo exagerada, pues el anterior director de CFE ya había dicho que la actual capacidad instalada, más los proyectos en marcha, podían garantizar el servicio hasta el año 2005.
• que un efecto inmediato de la privatización sería el aumento de tarifas, sobre todo las de uso doméstico y agrícola.
• que deliberadamente se había ahogado financieramente a CFE y LyF para llevarlas a la ruina económica y usar ésto como pretexto para venderlas.
• que ya está demostrado que las privatizaciones sólo sirven de negocio a unos cuantos y que ningún beneficio traen al país.

Terminamos haciendo un llamado a todos los mexicanos patriotas para integrar un Frente de resistencia en defensa de las conquistas nacionales.

Posteriormente, tuvimos acceso al proyecto de reformas que Ernesto Zedillo envió a la Cámara de Senadores, con fecha 3 de febrero de 1999. Estas reformas serían:

• En el artículo 27 de la Constitución, al final del sexto párrafo, donde dice: "...Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines", ahora diría: "...Corresponde exclusivamente a la Nación el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares", aunque más adelante se contradice y afirma que la transmisión también podría concesionarse.
• En el artículo 28 de la Constitución, en su párrafo cuarto, se dice cuales son la áreas estratégicas, donde sólo el Estado puede invertir, y se incluye electricidad. Con la reforma, en lugar de electricidad, sólo diría "el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad". En el mismo párrafo se señalan las áreas prioritarias, donde el Estado puede dar concesiones al sector privado; actualmente sólo incluye la comunicación vía satélite y los ferrocarriles; con la reforma se agregaría "la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica", que, por tanto, serían susceptibles de privatización.
• En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se lee: "La distribución de energía eléctrica a través de redes de media y baja tensión estaría concesionada a empresas regionales de distribución. El país se dividiría en varias áreas de distribución en las que podrá operar empresas privadas", (página 13 de la iniciativa).

Respecto a nuestra fuente de trabajo, la exposición de motivos señala: "El proceso comenzaría con la reorganización de CFE Y Luz y Fuerza del Centro (LFC), para prepararlas para el nuevo entorno... Después de esta etapa se iniciaría el proceso de apertura a la participación privada en el capital social de las empresas públicas", (página 12 de la iniciativa). Es decir, de aquí a fines del 2000, se reorganizaría Luz y Fuerza, para estar en condiciones de ser atractiva a los posibles compradores. No cuesta trabajo imaginar que dicha reorganización significaría el reajuste de personal, la desaparición del Contrato Colectivo y el fraccionar a la empresa en varios segmentos.

De este tamaño es el problema y de la misma magnitud debe ser nuestra respuesta.