La Iniciativa de Reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales parte de considerar que el Sector Eléctrico Nacional (SEN) requiere de una inversión de 250 mil millones de pesos, para garantizar la expansión y modernización del sistema eléctrico para los próximos 6 años; dice que el Estado carece de estos recursos y, en consecuencia, propone abrir plenamente al SEN a la inversión del capital privado; en un proceso acelerado de privatización eléctrica. Analicemos sus argumentos.

De acuerdo a la "Prospectiva del sector eléctrico 1997-2006" se requieren 84,737 millones de pesos (MDP) de inversión en generación; 80,208 MDP provendrían de la inversión privada, mediante los esquemas de Construcción-Arrendamiento-Transferencia (CAT) y Producción Externa de Energía (PEE); el resto, 4,529 MDP provendría de recursos asignados a CFE.

En el caso de la Transmisión los requerimientos son de 43,728, MDP; correspondiendo, a la inversión privada 15,042 MDP; y los restantes 28,686 MDP le correspondería a CFE. Para la distribución y mantenimiento el monto de inversión asciende a 33,963 MDP.

El total de esta inversión asciende a 195,550 MDP, de los cuales 95,251 MDP serían inversión privada y 100,299 MDP correspondería a CFE. Todo ello para satisfacer el crecimiento de la capacidad instalada de generación por un total de 13,189.2 MW, según datos de la "Prospectiva".

¿De donde salen entonces los 250 mil millones de pesos a precios actuales a que se refiere el gobierno?. La diferencia entre ambas cifras, 54,450 MDP, no es nada despreciable y no puede justificarse argumentando la diferente paridad del peso o el monto de inversión para el año 2007

Sin embargo, el asunto central es que este monto de inversión NO se requiere para este año, sino para los próximos 10 años. De ahí la pregunta que flota en la opinión pública ¿cuál es la prisa para privatizar el sector eléctrico, comenzando con una reforma al artículo 27 y 28 constitucional? ¿Si el razonamiento del gobierno fuese correcto, porque en la "Prospectiva del sector eléctrico 1997-2006" no se concluye en la necesidad de privatizar?

Conviene subrayar que esta "Prospectiva" dimana de una obligación establecida en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y regulada en el Capitulo VIII de su Reglamento; y se inscribe en la lógica del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, conforme lo establece el artículo 26 constitucional y el articulo 5° de la Ley de Planeación. Mandatos de Ley que el gobierno federal debería ser el primero en cumplir.

Igualmente, una lectura minuciosa del PND y del "Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía" nos permite afirmar que en ninguna parte de dichos documentos se encuentran tesis que planteen la necesidad de privatizar el sector eléctrico.

ANÁLISIS OFICIAL.- Para adicionar 13,000 MW con 25,000 MDD, resulta 1.923 MDD/MW; con tasa de crecimiento del 6% en el año 2005; se tendría una Demanda de 34,583 MW, que con el Margen de Reserva del 30%, requieren una Capacidad de 44,958 MW, los que al restale la capacidad instalada actual de 34,815 MW nos da una capacidad por adicionar de 10,143 MW, al precio de 1.923 MDD/MW, resulta una inversión de 19,505 MDD.

REAL.- Con datos de la Subdirección de programación de la Comisión Federal de Electricidad, la tasa de crecimiento esperada es de 5.2%, considerando el costo promedio. de plantas Turbo Gas y Ciclo Combinado de 600,000 Dólares/MW. Para el año 2001 NO se requiere nada de inversión y para el año 2005 se requiere adicionar 7,821 MW, que al costo estimado nos da la cantidad de 9,386 MDD de INVERSIÓN (Generación, Transmisión, Transformación). (En las licitaciones hasta el año 1999, se contemplan 7,600 MW, con financiamiento de CAT- PIDIREGAS y Productor Independiente).

Desde 1960 a esta Empresa, que en la actualidad es Luz y Fuerza de¡ Centro (LFC), se les impidió construir más plantas generadores, siendo las Unidades Turbo Gas (JETS) las últimas en construirse en 1976 por necesidades apremiantes.

En la actualidad LFC cuenta con 19 plantas de generación con 53 unidades, con un total de 871.33 MW de Capacidad efectiva.

Como Area de Control LFC opera 9 plantas de CFE con 36 Unidades con una capacidad de 4,361 MW.

Así que en total como Area de Control, cuenta con 5,232.33 MW. En la actualidad se tiene una demanda máxima de 6,700 MW.

El pronóstico de la demanda máxima para el año 2005 es de 8,951 MW. El área de Control Central (ACC) contribuyó en la Demanda Máxima con 3,600 MW, el resto lo suministran por los enlaces. Por envejecimiento, la capacidad de LFC decrecerá hasta 732 MW y como Area de Control hasta 3,100 MW.

El límite de seguridad por Estabilidad de nuestro Sistema, es que el 54% de la Demanda Máxima sea generada internamente.

Por este motivo es necesario que se incremente la capacidad de generación en LFC, y desde 1993, 1995, 1997 y 1998, en diversos foros, se ha planteado la necesidad de incrementar dicha generación, máxime que en el Convenio de Contrato 1994, con la creación del nuevo organismo LFC, El Gobierno Federal se comprometió a revitalizar la Planta Necaxa y Jorge Luque. La tabla siguiente muestra la última propuesta hecha en la Cámara de Diputados en Noviembre de 1998.

Si la necedad de privatizar no corresponde a una necesidad del sector eléctrico, ¿a que intereses responde la privatización eléctrica?. No vale la pena analizar el argumento oficial de que con la privatización se liberaran recursos económicos para "asegurar la disponibilidad de inversiones públicas para el bienestar social. El balance de los 4 años de gobierno zedillista en materia de "bienestar para tu familia" es desolador.

Quizá convenga recordar que en enero de 1995, para enfrentar la crisis económico financiera, el gobierno se comprometió a promover la inversión privada en plantas de generación de energía eléctrica; y unos días antes de anunciar las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, solicitaron al FMI refinanciar la deuda externa de México, a cuyos pagos ha destinado, en los últimos 4 años, 448 mil millones de pesos (para 1999 y 2000 ascenderá a 13,690 millones de dólares). Lo pagado equivale a 2 veces lo destinado al combate a la pobreza, 2 y media veces el monto destinado a la inversión en hidrocarburos y más de 5 veces lo destinado al sector eléctrico en el mismo período. ¿Por qué insisten en señalar que el Estado no cuenta con recursos para invertir en la industria eléctrica nacionalizada? ¿Por qué mienten en afirmar que privatizar es una cuestión de soberanía?

REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA TARIFARIA Y ADECUADA RELACIÓN PRECIO-COSTO

INTRODUCCION

La política tarifaria aplicada en los últimos 20 años en el sector eléctrico nacionalizado, en tanto instrumento de una política económica subsidiadora de la acumulación de capital, es la causa fundamental de la escasez de recursos económicos en el sector eléctrico nacionalizado y paradójicamente es el principal argumento esgrimido por el gobierno actual para "justificar" las anticonstitucionales reformas a los artículos 27 y 28 y la total privatización eléctrica.

Esta política descapitalizadora impactó negativamente a todo el sector eléctrico, pero se tradujo en un mayor detrimento económico y financiero de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. (CLFC) y actualmente del nuevo organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), encargado de la prestación del servicio público de la energía eléctrica en la región central del país.

Hoy, en el contexto de la privatización total que plantea el gobierno de Zedillo, resulta inaplazable analizar autocriticamente el resultado de esta política tarifaria, con el propósito de encontrar alternativas que permitan al sector eléctrico nacionalizado avanzar en su saneamiento financiero, modernizarse y elevar su calidad como una alternativa frente a la privatización eléctrica propuesta.

LA POLITICA TARIFARIA

En el periodo que abarca de 1974 a la fecha, la política tarifaria se estructura bajo el criterio de sistema de tarifas por el costo del servicio.

En este contexto, el precio medio del KWH fijado a nivel nacional buscó recuperar los costos de explotación de Comisión Federal de Electricidad, pero sin tomar en cuenta los costos de explotación de CLFC; y también, sin considerar en su conformación, como un criterio básico, los costos de inversión productiva del sector eléctrico nacional, necesarios para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica y la modernización del aparato productivo del sector eléctrico. Sobre todo en un sector donde el uso intensivo de capital es uno de los más elevados a nivel industrial.

De tal suerte, que si bien la política de tarifas eléctricas subsidiadas impactó negativamente tanto a CFE como a CLFC, en el caso de la primera le permitió ingresos suficientes para recuperar sus costos de explotación y depreciación, y parcialmente sus costos financieros, pero en el caso de CLFC los ingresos por concepto de venta de energía eléctrica derivados de esta política tarifaria fueron insuficientes para recuperar sus costos de explotación, sin considerar el costo de depreciación y el costo financiero.

Tomando como ejemplo la evolución de los precios y costos en el Sector Eléctrico Nacional en los últimos 10 años, observamos que de 1985 a 1998, el precio promedio del Kw/h vendido en el sector eléctrico se fijo considerando los costos promedios de explotación de CFE y situándose siempre por arriba de estos.

De tal forma que de 1985 a 1998 la relación precio medio de venta y el costo medio de venta de CFE arrojo los siguientes resultados: en 1985 1.31; en 1986 1.37, en 1987 1.23, en 1988 1.38, en 1989 1.46, en 1990 1.48, en 1991 1.56, en 1992 1.56, en 1993 1.52 y en 1997 1.41

Esta relación precio-costo permitió a CFE obtener un superávit en sus resultados de explotación, pagar sus costos por depreciación e inclusive pagar parte de su costo financiero.

En el caso de CLFC y hoy de LFC, este precio promedio del Kw/h vendido en el sector eléctrico le ha impedido obtener ingresos suficientes para recuperar sus costos de explotación.

Así, de 1985 a 1994 la relación entre el precio medio de venta y el costo medio de venta de CLFC y hoy LFC fue el siguiente: en 1985 = 0.79, en 1986 = 1.03, en 1987 = 0.99, en 1988 = 0.84, en 1989 = 0.89, en 1990 = 0.92, en 1991 = 0.91, en 1992 = 1.02, en 1993 = 0.84, en 1994 = 0.79, en 1995 = 0.45, en 1996 = 0.46, y en 1997 = 0.49.

Esta relación precio-costo provocó que CLFC y hoy LFC tuviera pérdidas en sus resultados de explotación a lo largo de estos años, impidiéndole cubrir sus costos de depreciación y financieros.

Como puede observarse en el Anexo de precios y costos en el sector eléctrico, mientras el precio promedio del Kw/h vendido por CFE creció un 5,056 % y su costo promedio del Kw/h se incrementó en un 5,509 %, el precio promedio de la energía comprada en bloque a la CFE aumento un 10,237 %, lo que evidencia el trato inequitativo de que fue objeto CLFC a lo largo de estos años; y que junto con las tarifas de subsidio constituyen los factores centrales que explican sus crecientes pérdidas y endeudamiento extremo.

Es conveniente recordar que la evolución de estos costos se dio en el marco de una caída impresionante del salario electricista (visto como costo salarial), tanto en su relación con el índice Nacional de Precios al Consumidor, como respecto a los costos e ingresos globales de CLFC y hoy LFC.

Sin embargo, la política tarifaria aplicada por el gobierno federal también afecto negativamente a CFE, pues le impidió obtener un margen de capitalización adecuado para satisfacer con recursos propios los crecientes volúmenes de capital necesarios para cubrir la demanda de energía eléctrica a nivel nacional; ocasionando su creciente endeudamiento externo, mismo que se resolvió parcialmente por la vía de los Convenios de Rehabilitación Financiera y la Asunción de Pasivos en 1985 y 1986 por un total de 9,366 millones de dólares, y la Asunción de Pasivos que el Gobierno Federal hizo de la deuda de CFE el 31 de agosto de 1989 por un total de $1,373,145,047,019 Mismo que fue capitalizado "como aportación del Gobierno Federal al patrimonio de la CFE."

Por otra parte, como resultado del estado de disolución y liquidación permanente en que se colocó a CLFC a partir de 1975, la política de subsidios del gobierno federal afectó favorablemente a CFE permitiéndole subsanar sus déficits de operación, más no así a CLFC. Por razón legal el subsidio federal se otorgó a CFE, quien parcialmente lo canalizó a CLFC a partir de 1981, pero utilizándolo como una forma de pago de la deuda que tenía contraida con CFE.

Esta situación acarreó como resultado que, en tan solo 7 años a partir de 1974, CLFC pasara de una posición de rentabilidad en la que existió reparto de utilidades, a otra en la que su deuda a largo plazo con CFE rebasó el valor total de sus activos. El estado de anemia económica perniciosa al que fue sometida CLFC se mantuvo hasta su liquidación como sociedad mercantil en febrero de 1994.

Lo anterior, combinado con una creciente y hoy casi absoluta dependencia de la energía comprada a CFE, condujo a la anterior CLFC a una posición de virtual quiebra; con una deuda a largo plazo respecto a CFE que, en el momento de su liquidación ascendía a más de 21 mil millones de nuevos pesos.

Una vez que fue trastocado el margen de capitalización interna de CLFC, al situarse sus costos de explotación por arriba de sus ingresos totales, quedó imposibilitada económica y financieramente para allegarse los recursos necesarios para realizar la inversión productiva en áreas que como la distribución y la comercialización sufrieron un rezago tecnológico y operativo, así como para avanzar en su modernización administrativa.

La situación general que hemos descrito tiende a reproducirse en el nuevo organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Los retos planteados al SME frente a la propuesta privatizadora del gobierno actual y la búsqueda de alternativas en el marco del artículo 27 constitucional, en cuanto a la modernización administrativa y operativa de la empresa, mayores niveles de productividad, así como el objetivo de alcanzar su viabilidad financiera solo podrán alcanzarse si se dota a LFC y a CFE de una real Autonomía de Gestión fundamentalmente en uno de los parámetros esenciales de su andamiaje económico interno: las tarifas.

Lo anterior no implica abandonar la política de subsidios, en tanto instrumento de redistribución del ingreso, pero estos deben ser transparentes y orientados preferentemente a la protección de la economía familiar de los pequeños consumidores de escasos ingresos.

Pero substancialmente, CFE y LFC requieren avanzar en la vía de Tarifas Regionales que, superando el viejo e inadecuado esquema de tarifas por costo de servicio, le permita reflejar de manera adecuada sus costos de explotación totales y sus necesidades reales de inversión productiva, mediante una adecuada relación precio-costo. Como puede observarse, si existen alternativas para garantizar la expansión y desarrollo del sector eléctrico, sin necesidad de privatizarlo.