¿DEMOCRACIA
SIN PARTIDOS?
Opinión - El Universal, 30 de
noviembre de 1999.
Carlos Guillermo Arocha
El fortalecimiento
de las instituciones democráticas debe ser uno
de los objetivos esenciales de las
constituciones. Su fin último: la consolidación
de un régimen de libertades que garantice a su
vez el mayor bienestar colectivo posible. Sin
embargo, al revisar la relación entre el proceso
constituyente y los partidos políticos, lógicos
garantes de la democracia, encontramos señales
preocupantes.
La Constitución
de 1961 sentó las bases de un régimen
democrático constitucional, en donde se fomentó
la construcción de instituciones y el respeto a
sus actos, la separación de los poderes
públicos y la posibilidad cierta que se
produjeran controles y contrapesos entre ellos.
En lo relativo a los derechos políticos, se
establecieron los partidos políticos como los
actores idóneos del sistema. De esta manera
Venezuela se alineaba dentro de la corriente
democrática mundial que incorpora con rango
constitucional a los partidos políticos como
actores fundamentales del proceso de libertades.
Es curioso que
todavía en nuestros días se discuta,
argumentando razones superficiales y
anecdóticas, que los partidos políticos deben
ser sustituidos por la participación individual
o por otro tipo de organización ciudadana.
Vale destacar
cómo los países que han sufrido los embates
autoritarios han comprendido la importancia de
los partidos y han procedido a protegerles con
rango constitucional y condiciones especiales.
Pareciera
ignorarse que los partidos tienen una naturaleza
distinta al resto de los grupos sociales,
llámense ONG, grupos de interés o grupos de
presión. Ellos aglutinan grupos sociales con
similar manera de pensar, para luchar
competitivamente por el poder político y aspiran
desde el gobierno a transformar la sociedad
buscando el bien colectivo. Las demás
organizaciones realizan sus actividades propias,
y en el área política sólo pretenden
"influir" en quienes ejercen el poder,
para que tomen las decisiones que les benefician,
sin pretender ejercerlo por si mismos.
Además, sólo la
capacidad organizativa de los partidos políticos
y su potencialidad articuladora de la sociedad
pueden enfrentar los altibajos emocionales de la
demagogia y el personalismo. Las organizaciones
políticas bien manejadas son la clave para
desarrollar el liderazgo colectivo, basado en las
ideas y con responsabilidad ante los ciudadanos.
El actual sector
oficial, desconfiado de los partidos por
principio, especialmente de los partidos
históricos, en el proyecto de Constitución opta
por mantenerlos, pero diluyéndolos en su
actividad al darle el mismo rango para actuar
políticamente no sólo a los partidos, sino a
cualquier grupo social o a la actuación
individual sin considerar las consecuencias que
ello implica.
¿Podría entonces
un sindicato, o una fundación, o más grave
aún, un grupo neo-nazi, o paramilitar,
participar políticamente sin regulación
particular? Consideramos que no se es más
democrático porque se abra la posibilidad de
actuar políticamente a grupos no propiamente
políticos. Lo que se requiere es precisar que
quienes deseen participar políticamente se
organicen con esos fines y se sometan a una
regulación publica en lo relativo a sus fines
democráticos, lícitos, asegurando además su
democracia interna y la transparencia en la
administración de sus recursos.
Nunca está de
más repetir que no hay democracia sin partidos.
Tampoco que las supuestas alternativas a los
partidos políticos en el mundo han demostrado
ser un fracaso seguro y el origen de regímenes
autoritarios de la más variada índole.
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