Procuración general de Justicia del D.F.
por Rodolfo Rojas-Zea
El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, consideró “absolutamente indispensable revisar a fondo el marco reglamentario del orden público” en la capital de la República para revertir los efectos perversos de las “contrareformas de 1993-94 al sistema” judicial con las cuales la corrupción y el mal gobierno abrieron las puertas de par en par para que la delincuencia se apoderara de la ciudad” de México y “la inseguridad y la injusticia se apoderaran” a su vez “de las convicciones, de las instituciones y de las acciones a las que puede y debe recurrir la población victimada en busca de auxilio, seguridad y justicia”.
Pues, denunció, “con una falsa retórica de endurecimiento en el combate a la delincuencia” el “mal gobierno” modificó la Constitución y los códigos Penal y de Procedimientos Penales “para proteger a los criminales y a los servidores públicos cómplices” con lo que “a las víctimas se les dejó en un precario estado de indefensión” porque “los medios de seguridad y de justicia degeneraron en vehículos de inmoralidad y criminalidad cada vez más organizada, cada vez más rica e influyente, cada vez más violenta y perniciosa”.
Tales contrareformas, dijo, “minaron los cimientos para la prevención del delito, y las drogas y la criminalidad atacaron con mayor virulencia a nuestros adolescentes y jóvenes, incluso a nuestros niños, a sus escuelas, sus centros de formación”. Entonces “se potenciaron las grandes insuficiencias de las instituciones de salud pública y educación, también los poderosos estímulos de la subcultura del entretenimiento masivo fundado en el endiosamiento de la violencia y la desintegración familiar”. Así, “la supuesta reglamentación del orden público en la ciudad y administración corrupta ataron a las manos de la policía preventiva para cumplir con su función de prevenir que las altas al orden público escalasen a una criminalidad callejera cada vez más violenta, también ataron las manos del Ministerio Público para perseguirlas y de los tribunales para sancionarlas, y fracasó y se corrompió una supuesta justicia cívica que debía inhibir el delito, la malvivencia y prevenir la criminalidad que violenta la convivencia social pacífica”.
...