Agregan los folios de la Contraloría -conocidos ahora- que <<de los expedientes de conformidades de importación revisados, se determinó -aparte- que en 77 casos se otorgaron conformidades para la importación de productos sujetos a delegación y permisos previos, no encontrándose en los respectivos expedientes evidencias que los mismos se hubiesen presentado antes del otorgamiento>> .

Este grupo de conformidades se reparte de la siguiente manera: otorgadas por el Ministerio de Fomento sin la correspondiente delegación, 54; otorgadas por el Ministerio de Agricultura y Cría sin la correspondiente delegación, 19; y otorgadas por el Ministerio de Sanidad sin la correspondiente delegación, 4.

Además, <<se determinó -añade el órgano Contralor- que no se ejerció control sobre las delegaciones de importación, ya que algunas fueron presentadas para la obtención de más de una conformidad de importación, aun cuando ya había sido agotada, o el saldo disponible de la misma no cubría la cantidad para la aprobación de una conformidad adicional, en consecuencia las conformidades concedidas por el cupo en exceso de dichas delegaciones, se hicieron al margen de lo establecido en la normativa legal vigente para el momento en que tales conformidades fueron otorgadas>> .

Igualmente, <<fueron otorgadas conformidades de importación, aun cuando la correspondiente delegación de importación estaba vencida para el momento en que las mismas fueron concedidas>> .

Según la Contraloría, que actúa en el mero terreno administrativo para que después otros tomen decisiones penales o civiles, <<las situaciones antes descritas contravienen lo establecido en el Artículo Nº 2 de los Decretos 1.109, 1.611 y 1.647 de fechas 26-05-86, 12-06-87 y 10-07-87, respectivamente (referidos todos a la administración de la materia cambiaria), por cuanto no se acompañaron a las solicitudes de conformidad de importación, las constancias del cumplimiento de los requisitos legales vigentes>> .

Como se ve, todavía queda un poco de tela que cortar en el caso Recadi. Cerrado el episodio de la Corte Suprema, la posibilidad de la sanción la tiene la Contraloría de la República en sus manos, en tanto que todavía falta su propio dictamen definitivo sobre todo lo aquí escrito.

Se escribe en el mismo parte de la Contraloría General de la República, que <<en el período comprendido entre el 25-04-89 y el 15-12-89, se ha cumplido la revisión y análisis de 6.481 expedientes, por un monto total de 892 millones 965 mil 785 dólares, correspondientes a 189 empresas>> .

Según la siguiente especificación:

- 4.613 expedientes de conformidades de importación otorgadas durante el período comprendido entre el año 1983 y el 1er. Trimestre de 1989 por un monto de 483 millones 176 mil 745 dólares.

- 148 expedientes de fianzas constituidas entre el año 1983 y el 30 de mayo de 1986, por un total de 8 millones 301 mil 756 dólares.

- 1.342 expedientes de Autorización de Retiro de Divisas otorgadas durante el 1er. Semestre de 1987, por un total de 115 millones 476 mil 562 dólares.

- 378 expedientes de conformidades de importación otorgadas para Bienes de Capital por un monto de 286 millones 10 mil 721 dólares.