Con diez días de anticipación, el
15 de mayo de 1989, El Nacional anunció que el
Juez Instructor del Caso, Luis Guillermo La Riva López,
tomaría medidas judiciales que se desprenderían del
expediente del sector Alimentos, específicamente del
área de molinos de trigo.
Efectivamente, aún cuando había cesado la primera etapa de La Agenda Secreta de Recadi -que se prolongó desde el 31 de marzo hasta el domingo 14 de mayo, cuando se presentó un primer resumen con todo lo denunciado y los resultados hasta ese momento ocurridos a nivel de justicia-, el periódico alertó a sus lectores que el cierre temporal de la campaña de ningún modo significó que no se siguiera investigando e informando en torno al escándalo.
Por el contrario, la segunda fase diaria y sistemática de la Agenda se extendió desde el martes 23 de mayo hasta el 5 de julio siguiente. La razón que privó para que el equipo se tomara una semana de relativo descanso fue el cansancio y la necesaria revisión de otros documentos y expedientes en nuestro poder. A pesar del alerta público, fuimos criticados. Por ejemplo, el martes 16 de mayo, Miguel Angel Capriles, en un editorial de El Mundo, acusó que a El Nacional se le había << enfriado el guarapo>> . Mucha gente pensó igual que él.
Lo cierto es que para la semana intermedia transcurrida entre el lunes 15 y el martes 23 de mayo, se dejaron algunos trabajos escritos. Uno de ellos fue la página D-1 del 15 de mayo, anunciado los autos de detención contra los molineros. En ese momento ni nos pasó por la cabeza que una de las decisiones judiciales habría de recaer sobre el conocido empresario Nicomedes Zuloaga. Mucho menos sobre un futuro Ministro de Economía del nuevo gobierno argentino de Carlos Menem: Néstor Mario Rapanelli.
Ocurrió que nos << pusimos>> en varios de los informes en los que el Juez La Riva estuvo centrando las indagaciones sobre el uso de dólares preferenciales para las importaciones de trigo.
Había uno levantado por la Comisión de Economía del Senado de la República, presidida por Angel Reinaldo Ortega, de Acción Democrática, y otros dos elaborados por la Dirección de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación.
Un cuarto informe, verdaderamente importante, sirvió de base a todos los anteriores y marcó la investigación que desde el 21 de marzo de 1986 adelantó el Senado de la República: un estudio elaborado por profesores y alumnos del Post-grado de Economía Agrícola de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela. El 21 de marzo de 1986 el Decano de esta Facultad, Manuel Rodríguez Mena, junto con los profesores del curso: Alfredo Van Kesteren, Armando Martel y Bernardo González, solicitaron a la Comisión Parlamentaria << investigar todo lo relacionado con la importación, transformación, industria y comercialización del trigo y sus productos derivados en los últimos años>> .
Basaron su petitorio en dos aspectos centrales: un crecimiento progresivo y constante del consumo de trigo, en detrimento de otros cereales nacionales; y las importaciones de trigo que venían ocurriendo (con dólares preferenciales) a precios extremadamente altos y muy superiores a los de referencia que regulan y privan en el mercado internacional. En realidad, había otras conclusiones pero nos pareció que estos fueron los alegatos más notorios.
La investigación del Senado duró prácticamente un año, puesto que en marzo de 1987 se produjo un voluminoso informe analítico, recopilatorio de todas las actuaciones, y se concluyó, entre otras cosas, en las siguientes: se transgredió el ordenamiento legal y jurídico de la República << relativos a la economía, las relaciones económicas y la apropiada supervisión y control por parte del Estado>> , en cuanto a las importaciones de trigo.
- En buena parte, la documentación oficial -dice el informe del Senado- que emiten los órganos competentes con motivo de otorgar Delegaciones de Importación, Conformidades de Importación y Autorizaciones para Retiro de Divisas, y en la información que suministra el importador, aparece una descripción insuficiente del producto objeto del trámite o adquisición, indicándose en muchos casos sólo el tipo de trigo sin su grado nutricional, o señalándose solamente la palabra Trigo.
En la página que divulgamos ese 15 de mayo, titulada: << Juez de Recadi dictará medidas contra directivos de molineras>> , escribimos que el magistrado << tomará varias decisiones judiciales contra directivos y funcionarios de las empresas Monaca, Gramoven, Mocama, Molvenca, Mimesa, Sahiv, Molinarca, Halaca, Monguaca e Hidalgo, todas afiliadas a la Asociación de Molinos de Trigo; y a las firmas independientes Molorca, Pastificio Universal, La Lucha y Gofio Canario.
El Juez La Riva venía recopilando informaciones fundamentales, en tanto que había encontrado indicios suficientes para cuestionar judicialmente las importaciones de trigo provenientes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, y la Comunidad Económica Europea.
El viernes 19 de mayo fueron citados a declarar al tribunal los representantes de Gramoven, Molinos Guacara y Monaca. Pero el domingo 21 de mayo, los directivos de Asotrigo montaron una rueda de prensa dominical en la que trataron de rebatir el informe de la UCV. Este día insistieron en que la investigación del Senado había terminado, no obstante que el Juez La Riva mandó prohibir la salida del país a los empresarios del ramo.
Fue el viernes 26 de mayo cuando el Instructor La Riva dictó nueve autos de detención en contra de Nicomedes Zuloaga, Salvador Armada, Néstor Mario Rangonelly -así quedó registrado el nombre del futuro Ministro de Economía Rapanelli en el libro del Tribunal-, y Oleg Williamsom de la empresa Gramoven; Giácomo Calabresse Vesce, de Molinos Guacara; Ricardo Ponce de León, presidente de Monaca; Vicente Vegas Soko y Michael Stewart Denger, de Pillsbury; y Héctor Aníbal Hidalgo, presidente de Molinos Hidalgo.
La noticia confirmó la primicia de El Nacional de una semana atrás, pero constató que algunos de los señalados ya habían abandonado el país, para variar. La decisión del Juez se basó en contrabando y malversación de fondos públicos, según la Ley de Salvaguarda.
- La reactivación del caso Gramoven y mi auto de detención obedecen a motivos políticos -declaró Nicomedes Zuloaga en sus últimas horas de libertad-. En Venezuela estamos sometidos a la teoría de algunos adecos corruptos que dicen que la supervivencia de los ladrones adecos es indispensable para la supervivencia del partido y de allí la maniobra de tirar cortinas de humo. El Juez forma parte del mismo partido, que lo llevó a la Presidencia del Colegio de Abogados.
Por su parte, el mismo día La Riva respondió: << Lo que pasa es que a lo mejor el doctor Zuloaga lo que quiere es que yo me inhiba, y no lo voy a hacer, porque no hay razón, causal moral ni procesal para que me inhiba. Yo dicté una decisión de acuerdo a lo que pienso. El procesado puede ejercer los recursos que le consagran la Constitución y las leyes>> .
Este día acompañó las declaraciones iniciales de Zuloaga, el conocido empresario Alfredo Paúl Delfino.
- Los verdaderos culpables y que no están presos son Jaime Lusinchi y Blanca Ibáñez -exclamó sin pepitas en la lengua-. Estamos contemplando un terror judicial, legislativo y una farsa que ya llega a extremos intolerables.
Por la noche, el gremio de molineros agrupado en Asotrigo se reunió de emergencia y en secreto, con el fin de evaluar la situación y diseñar la estrategia a seguir.
Mientras que los autores del informe de la Universidad Central convocaron a un foro que se efectuó el 19 de mayo en la Sala A del Ateneo de Caracas, para << responder la intensa campaña de las empresas comprometidas en el caso>> . Insistieron en que si los controles de Recadi y el BCV hubieran funcionado, como lo establecía la legislación cambiaria, se pudieran ahorrar unos 100 ó 150 millones de dólares en favor de las reservas internacionales.
Nicomedes Zuloaga, ex-embajador de Venezuela en Argentina cuando el gobierno de Lusinchi, se entregó el viernes 26 de mayo sobre las cinco de la tarde, e inmediatamente fue trasladado al Retén de El Junquito, donde permaneció 132 días en cautiverio.
La Agenda pudo obtener y luego publicar, el 1 de junio, uno de los documentos levantados por el Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de la G.N.
En el mismo, el Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Cooperación, dio a conocer los resultados de una inspección que realizaron sus miembros por las ciudades norteamericanas de Minneapolis, Nueva Orleans y Washington, en julio de 1987. Suscrito por el General de Brigada (GN) Elías Ricardo Tarbay Assad, el coronel (GN) Orlando Hernández Villegas (el mismo que viajó a Ecuador), el teniente (GN) Alfredo Vásquez Tarbay, y el doctor Erwin Thomas; el papel de 13 folios concluyó que en el proceso de importación y comercialización de trigo con dólares preferenciales << Venezuela compró dicho producto en las peores condiciones del mercado>> , coincidiendo plenamente con el informe de la UCV. Por otra parte, que si en el momento de la inspección se hubiera resuelto aplicar un sistema de trueque en el que estaba interesado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las importaciones pendientes podrían generar ahorros por unos 50 millones de dólares, cosa que no ocurrió.
El 2 de junio el diputado Oswaldo Alvarez paz, de Copei, denunció al juez Luis Guillermo La Riva, autor de la detención judicial de Zuloaga, desempolvando expedientes del año 1967, cuando el magistrado, siendo militar, habría instigado un magnicidio contra el Presidente de la República de entonces, Rafael Caldera. Solicitó públicamente que La Riva fuera sustituido e investigado por el Consejo de la Judicatura.
- El Juez -afirmó Alvarez Paz- no está capacitado ni jurídica ni éticamente para conducir el proceso.
El candidato a ocupar la gobernación del Estado Zulia, también presentó la copia de una carta dirigida por los integrantes de la Fundación La Riva, integrada por hermanos y por el propio Juez de la causa, donde acosaban como abogado, al ex-ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, representante legal de la empresa Vencemos, y referida a un litigio entre terrófagos, donde la citada sucesión pidió 12 millones de bolívares para indemnización de algunas tierras sujetas a expropiación.
Un asunto particular entre una sucesión familiar y una empresa privada, nos pareció, estaba siendo utilizado para provocarle presiones al Juez, centro de atención del Caso Recadi. Pero las denuncias contra La Riva, casualmente, provenían de la misma persona, el diputado Oswaldo Alvarez Paz, que el 15 de abril declaró:
- Los brazos y tentáculos de los diferentes sectores partidistas y las posiciones clave que ocupan en los niveles de decisión, hacen considerar la posibilidad de que las investigaciones que se adelantan sobre Recadi, no concluyan de forma optimista.
En ese momento fueron dos las versiones que se tejieron en torno al comportamiento del futuro gobernador electo del Zulia: una, que la campaña por lograr la primera posición regional estaba siendo financiada por poderosos grupos económicos muy ligados a las actividades de Nicomedes Zuloaga. La otra, que el diputado Alvarez Paz hacía juego junto con Rafael Caldera, en favor de orientar la acción judicial sobre los funcionarios de la administración y no contra empresarios importadores y mucho menos importantes como Zuloaga. Recuérdese que para el momento, el Juez La Riva también había prohibido la salida del país a importantes funcionarios de empresas automotrices y laboratorios médicos. Se temió que La Riva siguiera cargando la mano al sector privado.
La detención de Nicomedes Zuloaga colocó, sin duda, el caso Recadi en otra perspectiva. Allí comenzó la caída del Juez más odiado y conocido de Venezuela en las últimas décadas de la historia judicial.
El viernes 3 de junio, por una parte, fue trasladado en medio de una gran trifulca organizada por sus familiares al Tribunal de La Riva el empresario Zuloaga, para ser impuesto del auto de detención. Gritos, insultos, empujones, golpes y el discurso acalorado de Cachi Pocaterra, esposa de Zuloaga, marcaron la jornada.
Pero por la otra, el Juez La Riva acusó el golpe:
- El doctor Alvarez Paz es un embustero y un farsante. Yo voy a demostrar que es embustero. Lo voy a retar, para que él escoja el sitio, los documentos, la hora... Manuel Azpúrua me llamó indignado, que estaba dispuesto a declarar...
Como Alfredo Paúl Delfino había dicho que todos los jueces eran unos ladrones, La Riva lo mandó a arrestar por 36 horas. Entonces tenía presos a dos Amos del Valle.
El 4 de junio, Nicomedes Zuloaga planteó en un foro con Alfredo Peña que había << que sacar las ratas de Acción Democrática>> .
El diputado Oswaldo Alvarez Paz volvió a la carga el domingo 4 de junio: << Me gradué en la Universidad del Zulia de Abogado y no sé dónde se graduó el Juez La Riva. Tuve los mejores profesores y maestros, ejercí junto a jueces de verdad y no con payasos. La Riva no se respeta a sí mismo>> .
El compañero de armas de La Riva, Mayor Rafael Angel Terán Barroeta, explicó el 5 de junio que << Oswaldo Alvarez Paz, basándose sólo en una hoja del expediente de La Riva, pretende desprestigiar la persona de este notable legislador, desconociendo de la manera más clara el resto de su historial>> .
El cuadro descrito también provocó que el Juez La Riva se desmoralizara y no ocultara este sentimiento, ni siquiera, ante los representantes de la prensa. El 6 de junio expresó:
- Como juez no debería decirlo, pero creo que la investigación de Recadi no va a llegar a ninguna parte, y ninguna investigación donde se pretenda encubrir a algunos privilegiados puede llegar a ningún sitio si continúan las presiones.
El 7 de junio la actividad rutinaria del XXXVII Penal se interrumpió. Una manifestación de estudiantes de leyes de la Universidad Católica Andrés Bello llegó a las puertas del juzgado de La Riva. El líder del grupo, Gustavo Cedillo Vaz, experto en derecho militar, denunció que Oswaldo Alvarez Paz había violado el reglamento sobre documentos militares.
Siempre aprovechando, como parte de su ofensiva particular, cualquier entrevista solicitada por un medio de comunicación, Nicomedes Zuloaga declaró el 9 de junio que << la carta de Meneses era un documento importantísimo>> .
El mismo día de la anterior declaración, en La Agenda Secreta publicamos el segundo informe preparado por la Oficina de Inteligencia y Resguardo Nacional de la Guardia Nacional. Se señaló que el escrito concluyó en que había un sobreprecio por casi 5 millones de dólares en las importaciones de trigo realizadas por la empresa Gramoven, de la que fue presidente Néstor Mario Rapanelli. En ese documento de 15 folios estaba recogido el testimonio de quien después fue un frustrado ministro de Economía argentino, cuadro importante de la transnacional Bunge and Born Corporation, inversionista de Gramoven.
Este expediente fue abierto por órdenes expresas del Comandante de la Guardia Nacional de entonces, General Luis Ramón Contreras Laguado, y estuvo escrito por el Teniente Coronel Orlando Hernández Villegas (el mismo del viaje a Ecuador), el Subteniente Eddie Ramírez Moyeda, el Subteniente Pedro Javier Dávila Rodríguez, el funcionario Ernesto Bracho, por el Teniente Alfredo Vásquez Turbay y por el General Elías Tarbay Assad. Es decir, casi los mismos que realizaron la inspección por varias ciudades de Estados Unidos.
El 15 de julio, el Juez La Riva envió los recaudos del caso de los molineros al Tribunal Superior de Salvaguarda, presidido por Ortiz Bucarán. La finalidad, conocer la apelación de los señalados, muchos de los cuales se defendían en ausencia.
Luis Piñerúa Ordaz volvió a figurar en esta historia el 17 de junio, cuando declaró: << sería muy grave que una vez remitidos al Superior los expedientes en manos del Juez La Riva, bien sea para continuar su investigación o para conocer decisiones apeladas, se cayera en el congelamiento o la inanición que contraste con el dinamismo que le ha dado al caso el Tribunal de Primera Instancia. Las actuaciones del superior no sólo deberán, en consecuencia, ser cristalinas, sino oportunas, para que la opinión pública no se sienta defraudada.
Como el asunto estaba tomando un giro que podía tocar intereses fundamentales, especialmente críticas gremiales al sector empresarial, el Presidente de Fedecámaras, Eddo Polesel le cargó la mano al Juez La Riva y a los parlamentarios de la Comisión Especial del Congreso.
- Observamos que en las investigaciones -dijo el 30 de junio- que se realizan, como en las opiniones e informaciones que a diario se producen, se presentan situaciones que están afectando la seriedad y pueden comprometer la objetividad de los resultados... Tales investigaciones deben realizarse sin desviaciones de los órganos institucionales que deben practicarlas, ni distorsiones en la aplicación de los mecanismos legales.
Paralelamente, el presidente de la sub-comisión alimentos de la Comisión Especial del Congreso, Diputado Alexis Ortiz (independiente-Copei), refirió el 13 de junio que varias empresas del ramo estaban sujetas a investigación, más que esto no significaba una acusación a priori. Se trató de Alimentos Souto, Balanceados Super Integrados C.A., Le Biscuit, Margarita C.A., Heinz, Kraft, Turagua, Protinal, La Caridad, Balanceados Vivas, Adda´s y Kellog´s. El 4 de julio Nicomedes Zuloaga asistió a entregar un voluminoso expediente en el Tribunal Superior de Salvaguarda. Dijo que confiaba con que le revocarían el auto de detención.
El martes 18 de julio fue nombrado Ministro de Economía por el nuevo Presidente Argentino, Carlos Menem, un cuadro importante de la transnacional Bunge and Born: Néstor Mario Rapanelli, quien había ocupado por delegación de la directiva las labores de presidente de Gramoven, durante 1 año y 8 meses.
Al día siguiente, el Juez La Riva ratificó que el auto de detención contra el ministro argentino estaba plenamente vigente.
Pero el Presidente de Argentina, Carlos Menem, al dar una rueda de prensa en el Palacio Rosado, sede del gobierno, el mismo 19 de julio, asumió la defensa de Rapanelli, y dijo que << el ministro tiene en su poder documentación de la fiscalía nacional de investigaciones de ese país y está totalmente sobreseído>> . Cosa totalmente incierta.
Mientras tanto, Luis Guillermo La Riva pidió al Consejo de la Judicatura que investigara las declaraciones suministradas en Buenos Aires por el diputado Peronista, Eduardo Varela Cid, quien afirmó que el Juez XXXIII Penal << estaba ligado al narcotráfico>> .
El Canciller argentino, Domingo Cavallo, el 11 de agosto, descartó cualquier maniobra de extradición para Rapanelli y exaltó que en Venezuela los poderes estaban plenamente divididos, por lo que el Presidente Carlos Andrés Pérez no podía interferir en la administración de justicia.
Volviendo a Caracas, el 21 de agosto, el Magistrado Enrique Sánchez Falcón, miembro del Tribunal Superior de Salvaguarda y ponente en el caso de Nicomedes Zuloaga planteó inhibirse de emitir criterio, << porque me siento injuriado por las expresiones de sus defensores>> .
- He sido injuriado, he sido difamado. Se me ha dicho que estoy en connivencia con algunas otras personas para dictar una decisión que no es la que ellos esperan. He tenido entrevistas bastante fuertes con los abogados de Zuloaga, las cuales no se corresponden con lo que debe ser una relación jurídica...
En la misma rueda de prensa, donde además estaban los otros dos integrantes del máximo Tribunal de Salvaguarda, Silvestre Ortiz Bucarán y Carmen Alaide Mazzarri, se informó que habían confirmado los autos de detención a los ciudadanos chinos Ho Fuk Wing y Ho Fuk Shuk y con la misma se le dictó autos de detención a los funcionarios de la aduana Marítima del Puerto de La Guaira: José Ignacio Alvarez, Félix Sánchez Sánchez, Mireya del Valle Martínez de Guarino, y Lilian Josefina Escobar Ceballos, por el delito de expedición indebida de documentos, en el mismo expediente de las empresas fantasmas de los chinos.
Pero, por otra parte, se revocaron los autos de detención a los empleados del Banco Italo: Lola Consuelo Ardila Vezga, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeño y Angelo Tiso Meola, junto al de Nina Giovanna Calazza, empleada de la verificadora Société Générale Surveillance, en tanto que los delitos de peculado culposo y falso testimonio no estaban plenamente comprobados en el expediente instruido por el Juez La Riva. Todos estos personajes estaban presos desde el mes de mayo de 1989.
El mismo día se conoció que le fueron dictados autos de detención, confirmando al XXXVII Penal, a Francisco Elías Moya, José Ruiz López y a José Nicomedes Molina Utrera, también por expedición indebida de documentos y aprovechamiento de fondos públicos en importación de vacas.
Ya para el 5 de octubre de 1989, el Juez La Riva, reducido su ámbito de competencias solamente al Sector Alimentos, ordenó investigar a los importadores de maíz y sorgo, donde figuraba nuevamente la empresa Gramoven.
Pero el mismo día el Tribunal Superior de Salvaguarda revocó el auto de detención al empresario Nicomedes Zuloaga quien tras 132 días detenido en el retén de El Junquito, volvió a recobrar su libertad. Sus primeras palabras fueron: << demandaré a La Riva>> .
- Yo pienso todavía que los culpables deben ser castigados. Por ahora queda demostrado como se han manipulado los expedientes y es reivindicado el nombre de Nicomedes Zuloaga.
Pero en el otro lado de la ciudad, el Juez La Riva, nuevamente desanimado, ripostó:
- El caso Recadi está como el mamón macho que florea, pero no carga. Estoy decepcionado porque aquí no se puede ser Juez. Las presiones son demasiadas y persistentes. Pienso que los miembros del Tribunal Superior tendrán que tomarse un calmante para poder dormir tranquilos. Yo, por mi parte, tengo mi conciencia tranquila, aunque me duela admitir que el caso Recadi penalmente está muerto.
Al día siguiente, el 6 de octubre, los integrantes del Superior oficiaron al XXXVII Penal y le notificaron que le revocaban su competencia para seguir conociendo del expediente del Sector Alimentos. Fue pasado, el mismo, al Tribunal XXVI, a cargo del magistrado Braulio Sánchez. No se sabe si fue por la calentera que agarró, pero lo cierto es que Luis Guillermo La Riva fue operado de una afección intestinal ligada con una amibiásis, al día siguiente de producirse la liberación de Nicomedes Zuloaga. Pero la ofensiva de los abogados del Amo del Valle no se detuvo con motivo de hacerse efectiva la libreta de excarcelación. Uno de éstos, Ramón Rangel Mantilla (sobrino del ex-ministro de Agricultura y Cría de Lusinchi, Wenceslao Mantilla) anunció por prensa que iba a denunciar al senador de su mismo partido Acción Democrática, Angel Reinaldo Ortega, ante el Tribunal de Etica de AD. Ortega, como ya dijimos, coordinó la investigación contra los molineros desde la Comisión de Economía del Senado.
En el interín, el Presidente Carlos Andrés Pérez viajó a Buenos Aires a reunirse con su colega Carlos Menem. Desde allá las agencias internacionales recogieron las palabras dichas por el Primer Magistrado Nacional a los periodistas locales, en el sentido de que el Ministro de Economía, Néstor Mario Rapanelli, había sido absuelto también. El Tribunal Superior de Salvaguarda se vio obligado a reafirmar en Caracas que esta causa todavía estaba sin concluir. CAP, a su regreso aclaró que él no había dicho que Rapanelli había sido exhonerado de responsabilidad.
El 16 de diciembre todas las agencias internacionales dieron cuenta de que el Ministro de Economía de Argentina, Néstor Mario Rapanelli, fue excluido del gabinete y sustituido por Antonio Ermán González.
La versión de la agencia AP presentó el tema así: << El gobierno argentino, en un esfuerzo por restaurar la confianza en su deteriorado programa económico, anunció una reestructura del gabinete, que incluye el alejamiento del cuestionado ministro de Economía, Néstor Mario Rapanelli. La suerte de Rapanelli quedó sellada como secuela de una delicada crisis que provocó la abrupta caída del austral con relación al dólar, en un 54 por ciento en tan sólo cinco días>> .
Previamente en Caracas, el presidente de la Comisión Especial del Congreso que investigó el Caso Recadi, hizo público el informe preliminar y en éste, se señaló lo siguiente con respecto al Sector Alimentos:
- Suponemos una estrecha relación entre el importador y el proveedor extranjero, que en todo caso propiciaba la sobrefacturación, con el concurso o la negligencia de los funcionarios encargados de aprobar las sumas solicitadas, al no verificar los precios unitarios a través de consultas en las bolsas de cereales ubicadas en Buenos Aires, Chicago, Minneapolis, Kansas City, etc. Esta falta de verificación de los precios internacionales de los insumos del Sector Alimentos, propició que se otorgaran grandes sumas de divisas sin verdaderos controles, auspiciándose así las transferencias de ganancias al exterior, en detrimento del Estado venezolano.
En el interrogatorio al que fue sometido Néstor Mario Rapanelli en Caracas por los agentes de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas, a partir de las cuatro de la tarde del 2 de septiembre de 1987, recogido en uno de los dos documentos en los que el Juez La Riva basó la decisión contra los molineros, se lee lo siguiente:
- En respuesta a la pregunta de cómo explica que en el embarque del vapor Atlantic Hero, que de acuerdo al boletín de Analysis del Thionville Laboratories Corporation, presentó una proteína de 14,1 por ciento y Gramoven, en la orden de compra solicitó un trigo con mínimo de 14 por ciento y en el formulario de Molienda Experimental realizado en los laboratorios de la empresa Gramoven se aprecia una proteína de 13,2 por ciento: (Rapanelli), manifestó que ignora situaciones tan particulares como las referidas a ese barco... (Rapanelli) no tuvo explicación para explicar la disparidad de los datos.
Más recientemente, a propósito de los autos de detención a los ex-funcionarios del gobierno de Jaime Lusinchi, el juez Braulio Sánchez, XXVI Penal, reveló como nuevo Instructor Especial del expediente del Sector alimentos, que había abierto nuevas averiguaciones contra las empresas: Agropecuaria Los Cueros, La Laguna, Inversiones Gussi y Agropecuaria Gussi (22-2-1990).
