Fue a comienzos de abril de 1989 cuando la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, presidida por Douglas Dáger, designó una sub-comisión que quedó facultada para investigar Recadi. No hablaremos de ésta, porque su tiempo de actuación fue muy breve. Solamente se instaló y tuvo la oportunidad de interpelar a Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, el lunes 8 de abril.

El jueves once sostuvimos una reunión de trabajo con Dáger. Primera vez que hablábamos con el presidente de la Comisión de Contraloría. Obtuve de él unas declaraciones que luego fueron publicadas el 13 de abril. De este encuentro vale la pena recordar las críticas formuladas por nosotros a la forma en que fue llevada la interpelación de Edgalia Bastardo (<< muy pobre, tanto por las preguntas como por las respuestas>> ). Dáger respondió que se trataba de la primera y que sobre la marcha los parlamentatios se irían poniendo en el tema.

El otro punto importante expresado por nosotros al presidente de esta subcomisión, fue ver qué pensaba Dáger del hecho de que uno o dos primos de él habían sido gestores en Recadi. Nos dijo que su compromiso en la investigación pasaba por meter presa << a su madre, si era necesario>> . En realidad al diputado no le gustó mucho que le planteáramos el tema.

A mediados de abril la Cámara Baja en pleno sustituyó aquélla subcomisión por una superespecial con plenos poderes, la cual tuvo la siguiente conformación:

1. Sector Agropecuario: integrada por Orlando Fernández (MAS), Edgar Mora (COPEI) y Hernán Yépez Lucena (AD), para investigar importaciones de vaquillas, tractores y maquinaria agrícola, cosechadoras, ordeñadoras, alimentos y componentes para semovientes, inseminación artificial, semillas y sistemas de riego.
2. Sector Alimentos: integrada por Ibrahím Sánchez, quien fue sustituido en el camino por Alexis Ortiz (COPEI), Luis Emilio Rondón (AD) y Luis Hómez (MAS), para investigar importaciones de granos, cereales, aceites, mantecas, insumos para alimentos, componentes para la industria de alimentos y cereales para la industria cervecera.
3. Sector Industrial: Jesús Eduardo Troconis (AD), Gastón Guisandes (OPINA) y Emilio López (COPEI), para investigar insumos industriales, empresas textiles, metalmecánicas y la industria gráfica.
4. Sector Comercial: compuesta por Gastón Guisandes (OPINA), Gonzalo Pérez Hernández (MIN) y Henry Ramos Allup (AD), para indagar todas las importaciones para ser comercializadas en el país.
5. Sector Automotriz: integrada por Pedro Tábata Guzmán (AD), Emilio López (COPEI) y Andrés Velázquez (Causa R), para investigar partes y repuesto, CKD, repuestos para motores, motores eléctricos, motobombas y motores para lancha.
6. Sector Aduanas: integrada por Nelson Chitty La Roche (COPEI), Orlando Fernández Medina (MAS) y Carlos Tablante (MAS), para investigar todo el movimiento aduanal en función de las importaciones con dólares preferenciales y casos específicos ligados a los otros sectores.
7. Sector Industria Farmacéutica y Medicinas: Vladimir Gessen (Nueva Generación), Américo Araujo (AD) y Casto Gil Rivera (MEP), para investigar fundamentalmente insumos e importaciones efectuadas por los laboratorios.
8. Sector Público: Gonzalo Pérez Hernández (MIN), Cristóbal Hernández (AD) y Gastón Guisandes (OPINA), para indagar todas las importaciones efectuadas por el sector público.
9. Sector Verificadores: Carlos Tablante (MAS), Liliana Hernández (AD) y Nelson Chitty La Roche (COPEI).
10. Sector Financiero: Henry Ramos Allup (AD), Jesús Eduardo Troconis (AD) y Gonzalo Pérez Hernández (MIN), para investigar la participación de la banca en el proceso.

Las únicas tres subcomisiones sectoriales que funcionaron plenamente y cuyos avances rutinariamente fueron conocidos y divulgados por la prensa, y sus integrantes complementaron la investigación con denuncias simultáneas ante los órganos de justicia fueron: la del Sector Agropecuario, por esfuerzo constante de Orlando Fernández y Edgar Mora; la del Sector Verificadoras, por la acción de Carlos Tablante y Nelson Chitty La Roche; y la del Sector Aduanas, integrada por Nelson Chitty y Orlando Fernández.

Otras dos subcomisiones marcharon un poco por el interés de sus presidentes, que no por el resto de los integrantes: Sector Público (Gonzalo Pérez Hernández) y Alimentos (Alexis Ortiz).

Del resto de los subcomités sectoriales y de los diputados nunca se supo qué hicieron, con quién se reunieron, a quién interpelaron o si, finalmente, produjeron algún informe sectorial que pasara a nutrir el de Douglas Dáger.

Al menos, cuando fueron abordados sus integrantes por la prensa, éstos no sabían qué decir o informar.

Otro aspecto importante a destacar es que, por ejemplo, el Juez Luis Guillermo La Riva había dictado autos de detención en los sectores alimentos, automotriz, financiero, industrial, comercial, y las correspondientes comisiones sectoriales nunca estuvieron a la par de la investigación judicial.

No obstante, el viernes 8 de abril el Contralor General de la República, José Ramón Medina, se reunió en su despacho con el Presidente y algunos miembros de la Comisión Especial del Congreso junto con Fiscales del Ministerio Público que estaban conociendo algunos expedientes. La idea del encuentro fue cohesionar el trabajo, para evitar dispersión o duplicidad de esfuerzos.

Aparte del trabajo sectorial, entre abril y junio de 1989 la Comisión Especial citó a Manuel Azpúrua, ex-ministro de Hacienda; Héctor Hurtado, ex-ministro de Hacienda; Eglée Iturbe ex-viceministro y luego Ministro de Hacienda, hoy en el directorio de PDVSA; Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda; Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi; Ana Teresa Herrera Valduz, ex-directora de Inspección y Fiscalización y de Recadi; Jesús Vargas Chirinos ex-director de Aduanas, para ser interpelados. Algunos comités sectoriales realizaron también interpelaciones, como las efectuadas por las subcomisiones de Aduanas y Verificadoras.

La Comisión Especial estuvo respaldada por un comité técnico que presidió el Diputado Roseliano Ojeda e integraron: Humberto Redondo, Humberto Mendoza D`Paola, Manuel Rivero Sanabria, Angel Augusto Franco, Juan Lugo Méndez, Juan Pedro Uzcátegui, Tatiana Uzcátegui, Marcos Guánchez, Gilberto López Zacarías, Jorge Herrera, Víctor Rivera, Marisol Arcia, Alberto Quintero y otros. Allí concurrieron abogados, policías, detectives, médicos, expertos financieros, economistas, analistas de sistema, consultores, auditores, interventores de aduanas, repartidos en los diversos sectores y comisiones.

Este último grupo fue el que fundamentalmente actuó en los propios archivos e instalaciones de Recadi en la Torre Provincial.

Los diez asesores principales de la Comisión Especial, a su vez apoyados en equipos secundarios, tenían bajo investigación, el 13 de julio de 1989, a 14.000 de las 26.000 firmas privadas que importaron con dólares preferenciales todo tipo de mercancías en los últimos seis años.

En principio, ello no suponía que todas estas 14.000 empresas hubieran cometido actos reñidos con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público y otras normas legales fundamentales del país. Simplemente, diputados y asesores estaban tratando de hacer de una manera más eficiente y rápida lo que en su oportunidad le tocó acometer a las propias autoridades de Miraflores, Gabinete Económico, Hacienda, BCV y Recadi y no lo adelantaron en forma apropiada: cruzar por computadora los distintos archivos que luego estuvieron bajo custodia de la Guardia Nacional, para ver qué se obtenía y profundizar donde fuera necesario.

Con el apoyo de unos pocos empleados de sistemas y secretarias que deseaban colaborar con la investigación, y con algunos terminales y computadoras readaptados para la nueva finalidad, es decir con el recurso de una aplicación denominada Contra-Recadi, se procedió a cruzar los archivos existentes.

El resultado de ese cruce, a su vez, se intercambió con la información en poder del Banco Central, Instituto de Comercio Exterior y los Ministerios de Hacienda y Fomento. El entrelazamiento debía arrojar, como resultado general, cuando menos, tres niveles de información básica: empresas en situación regular, empresas en situación irregular y empresas fantasmas.

La información sobre cada empresa usuaria de dólares preferenciales fue clasificada en una proforma que recibió los siguientes datos: 1) sector económico; 2) número de Registro de Información Fiscal (RIF); 3) número de expediente abierto; 4) nombre de la empresa importadora; 5) presupuesto en dólares correspondiente a 1988; 6) dólares otorgados en 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989; 7) total de dólares otorgados; 8) solicitud de dólares preferenciales; 9) referencias; 10) dólares aprobados en cada año desde 1983 hasta 1989; 11) bancos por los cuales se tramitaron cada año las conformidades de importación; 12) fechas válidas para las tramitaciones; 13) artículos importados.

La última casilla de la proforma era la más importante; 14) tipo de irregularidad cometida u observada.

El equipo de investigadores y asesores estableció una tabla o código de 6 irregularidades tipo:

1)Posible sobrefacturación (discrepancias entre el precio ofertado y la valorización de las mercancías); 2) Mal uso de divisas preferenciales (discrepancias en el precio de venta final del producto); 3) Relación inconveniente entre proveedor e importador; 4) Relación anormal entre el capital constitutivo de la empresa con el monto de dólares otorgados y sus correspondientes fianzas en favor del Fisco; 5) Empresas con diferentes Registros de Información Fiscal (RIF); y 6) No aparece en el Registro de Información y Propiedad Industrial (RIPI).

Una vez que los asesores completaran la proforma de cada una de las 26.000 firmas importadoras, en la misma medida se enviaría la información correspondiente a todas y cada una de las subcomisiones sectoriales del Congreso, para que éstas revisaran el expediente y, de ser necesario, se enviara al Juez Instructor Especial, Luis Guillermo La Riva, para que decidiera judicialmente.

A pesar de este esfuerzo bien planteado, la fluidez del sistema previsto no coronó en el éxito, por varias razones. En primer lugar, el virus de la informática contaminó muchas archivos del Banco Central de Venezuela -tal vez a propósito-; luego, los propios archivos de Recadi no estaban organizados de la mejor manera. Pero dejemos que sea la palabra del diputado Roseliano Ojeda la que describa la situación:

- Sólo la utilización de la informática -declaró a El Nacional- para el cruce de los datos que se encuentran dispersos en los diferentes archivos relacionados con Recadi, permitirá establecer, en forma precisa, dónde están las irregularidades, cómo se cometieron y quién las perpetró. De acuerdo a un estudio preliminar, los diferentes archivos relacionados con el otorgamiento de divisas preferenciales se encuentran aislados entre sí. La oficina llevaba sus archivos sin clasificación alguna y sólo ordenados según el ingreso de documentos, mes a mes. En mi opinión, estos archivos fueron concebidos, precisamente, para amparar la corrupción, de acuerdo con el grado de desorden y la falta de método que muestran>> (13 de mayo de 1989).

Noventa días más tarde, el mismo Ojeda refirió lo siguiente:

- Mas de sesenta ex-funcionarios de Recadi, están colocados ahora en cargos estratégicos, medios y bajos del Ministerio de Hacienda, desde donde siguen mandando sobre los archivos Recadi.

En el fondo lo que estuvo planteado fue una lucha de poder por el control de los valiosísimos archivos de la otrora alcabala de la extorsión y del favoritismo palaciego.

Al Juez Instructor La Riva no le gustó que el archivo fuera revisado por parlamentarios o sus asesores; o a éstos no les gustó que las autoridades judiciales estuvieran chequeando papeles sin su visto bueno; y la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, tampoco vió con buenos ojos que magistrado o congresantes entraran y salieran de las bóvedas de papel a cada instante.

El << peloteo>> por el control del archivo fue ley a lo largo del proceso, al menos durante todo el año 1989.

Fue el miércoles 23 de noviembre, ocho meses después de iniciado el trabajo desde el Parlamento, cuando el presidente de la Comisión Especial y de la de Contraloría del Congreso, Douglas Dáger, sometió a la consideración de sus colegas un proyecto de informe preliminar -el que referimos en sus partes más importantes en el capítulo precedente- sobre el caso Recadi.

Ya El Nacional, como apuntamos, lo había divulgado casi en su totalidad.

-La reunión de la Comisión Especial sirvió para reactivar la discusión sobre las irregularidades cometidas en Recadi, caso que había languidecido en los últimos meses -expresó Dáger en la sesión-. Hemos acordado realizar un cronograma de trabajo para ir desglosando parte por parte el papel de trabajo, para irle incorporando las observaciones de cada uno de los parlamentarios y partidos representados en la Comisión, junto con el cuerpo de asesores que ha venido trabajando en la investigación.

Ese día ocurrió un incidente pequeño, pero que no dejó de ser de interés. << La reunión, que se prolongó por unas tres horas, se inició con un debate sobre la reciente destitución hecha por Dáger de dos de los asesores técnicos. Estos, cuya identidad no fue revelada por ninguno de los parlamentarios, habían sido acusados por el coordinador del equipo técnico, Roseliano Ojeda, de matraqueo, desde la subcomisión del Sector Alimentos, presidida por el Diputado Alexis Ortiz; pues, supuestamente, alteraron datos para ocultar irregularidades al menos cometidas por la empresa Alimentos Souto>> , divulgó el periódico.

Ortiz se defendió diciendo que Ojeda no había presentado pruebas que sostuvieran la afirmación y que actuaba por franca rivalidad profesional. El informe del sector alimentos, que nutrió el general coordinado por Dáger, determinó que no había pasado nada con las empresas de alimentos. Sin embargo, los miembros de este subcomité, Luis Emilio Rondón (AD) y Luis Hómez (MAS), sacaron en cara a Alexis Ortiz que no respaldaban el escrito. Dentro del contrapunteo, Ortiz dijo que había adelantado su investigación con otros diputados porque ni Rondón ni Hómez asistían a las reuniones de trabajo.

La anterior es una muestra de cómo cumplieron con el mandato encomendado por la Cámara de Diputados en pleno, los integrantes de las sub-comisiones por sectores en el caso Recadi.

El proyecto de informe elaborado por Douglas Dáger, sin embargo, dejó entrever las siguientes responsabilidades administrativas, civiles y penales, no obstante que fue tildado de << copeyanizado>> por AD:

1) Jaime Lusinchi: por aprobar presupuestos nacionales de divisas con vicios legales, por permitir que desde el gobierno se estimulara la especulación con dólares preferenciales y la acumulación de hechos fraudulentos.

2) Hernán Anzola y Mauricio García Araujo: como presidentes del Banco Central de Venezuela permitieron el sobregiro de los presupuestos de divisas por 2.612 millones de dólares en el caso de las importaciones públicas, y por 11.194 millones 130 mil dólares en el caso de las importaciones privadas.

3) Francisco Maldonado Cisneros, Héctor Meneses, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro: como directores de Recadi incurrieron en excesos de los presupuestos nacionales de divisas por 680 millones de dólares y por 11.668 millones 900 mil dólares, en importaciones públicas y privadas, respectivamente.

4) Manuel Azpúrua y Héctor Hurtado: por ser los responsables de la administración y los administradores de Recadi, y directores del Banco Central de Venezuela. Durante sus gestiones dieron órdenes para sobregirar los presupuestos de divisas y firmaron actas de la Comisión de Importaciones sin el quorum reglamentario.

5) Héctor Hurtado, Héctor Meneses, Eglée Iturbe de Blanco, Jorge García duque, Francisco García palacios, Modesto Freites, Ana Teresa Herrera Balduz, Eduardo Mayobre, Jóvito Martínez, Edgalia Bastardo de Leandro y José Azócar Aguilera; como integrantes de la Comisión de Importaciones, aprobaron sobregiros presupuestarios.

A fines del mes de noviembre de 1989, el Tribunal Superior de Salvaguarda dictó autos de detención a más de la mitad de los arriba mencionados por el delito de malversación específica de fondos públicos.