El miércoles 5 de abril de 1989, a petición de los Fiscales del Ministerio Público Ramón Iglesias y Ana María Padilla, el Juez XXXVII Penal y de Salvaguarda, Luis Guillermo La Riva López, primo del Diputado por Copei Emilio López, abrió la investigación referida al caso Recadi.

Basaron su argumentación los referidos Fiscales en un conjunto de recortes de prensa donde se estaban señalando << graves irregularidades cometidas en la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales con el otorgamiento de dólares preferenciales>> .

- No hemos señalado casos específicos para no limitar al Tribunal. Aparte de las publicaciones de prensa, hemos aportado información recibida por la Fiscalía y más adelante presentaremos una lista de empresas fantasmas, para que sean investigadas en los registros y ver quiénes son sus directivos. Todo lo investigaremos, -declaró el Fiscal Ramón Iglesias.

Agregó este funcionario que << lo publicado por la prensa revista tal gravedad, que requiere una investigación lo más pronto posible>> .

Por su parte, el Juez La Riva dictó inmediatamente el auto de proceder para iniciar la instrucción de un sumario, en coordinación con los fiscales. << Vamos a citar a todas las personas que vayan apareciendo en el curso de la averiguación>> .

Dos días después, La Riva recibió un expediente elaborado inicialmente por los Fiscales, referido a dos empresas que pidieron 225.000 dólares preferenciales a 7,50 bolívares para importar tractores.

El 17 de abril, La Riva tomó su primera decisión: prohibió la salida del país a unos 30 ex-directivos y empleados de Recadi, y ya tenía iniciados 14 expedientes diferentes, por sectores.

Humberto Celli, Secretario General de AD, declaró el 22 de abril que Acción Democrática apoyaba plenamente las actuaciones del Juez La Riva López, en torno a la medida dictada.

- Consideramos que hay fundamentos -dijo Celli- para que las investigaciones se realicen hasta sus últimas consecuencias y el partido prestará toda su colaboración y esfuerzo para que esa investigación se efectúe, porque debe ponerse cese a los actos de corrupción y porque tenemos la seguridad de que la crisis que vive el país no solamente es producto de la deuda externa y la baja de los precios del petróleo, sino también en gran parte es por los hechos de corrupción administrativa.

La primera inspección judicial en Recadi, realizada por el juez de la causa, tuvo lugar el martes 25 de abril. Acompañado por el presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, La Rivas dijo: << Este acto tiene como única y exclusiva motivación la de preservar los documentos y registros en general que, de una u otra forma, puedan servir en el proceso de investigación que se sigue en torno a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales>> .

Como ya había comenzado una polémica en torno a si el Tribunal XXXVII Penal y de Salvaguarda estaba capacitado para dictar autos de detención a funcionarios públicos de nivel, aparte de los particulares, el juez aprovechó esta oportunidad para opinar que, << en efecto, no es competencia de este tribunal, pero el mismo sí está capacitado para presentar los recaudos ante el Superior de Salvaguarda, que sí tiene competencia en la materia>> .

Con motivo de la larga huelga emprendida por los empleados de los tribunales, la cual estalló en mayo y se prolongó hasta junio de 1989, el juez La Riva tuvo que constituir el suyo en la sede de la Policía Técnica Judicial.

A propósito de la situación, Carlos Tablante, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados y denunciante individual de situaciones referidas al caso Recadi, reclamó el 21 de mayo que << el Tribunal Especial está virtualmente paralizado, mientras que pareciera que el Ejecutivo y el Consejo de la Judicatura tienen poco interés en que se restablezca la normalidad en la administración de justicia, por el paro de los gremios tribunalicios. Es necesario que se le dé una solución rápida a estas justas aspiraciones, para que se pueda garantizar una administración sana y efectiva de justicia, como lo reclama el país en el caso Recadi>> .

El jueves 25 de mayo, en acto ritual, el Juez La Riva impuso autos de detención a los únicos seis detenidos por el caso Recadi: Livio Pernetz, representante de la empresa verificadora Caleb Brett; Nina Giovanna Calazza Pocaterra, empleada de la Société Généralé Surveillance; y los empleados del Banco Italo Venezolano: Lola Consuelo Ardila, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeño y Angelo Tiso Meola.

A continuación ofrecemos una relación de las actuaciones más importantes del Juez La Riva, en materia de decisiones judiciales:

- Prohibición de salida del país a directivos y empleados de Recadi.

- Prohibición de salida del país a directivos y empleados de las empresas verificadoras.

- Detención judicial de los directivos de las empresas verificadoras: Livio Pernetz (Caleb Brett); Richard Gautier (Sociéte Généralé Surveillance); y André Marcel Le Dem Matt Dominique (Bureau Veritas).

- Retención judicial de 347 tractores en Punto Fijo.

- Prohibición de salida del país al ganadero Alejandro Trías.

- Auto de detención contra el veterinario Francisco Elías Moya y contra el ingeniero agrónomo William José Ruiz López.

- Auto de detención contra el ganadero Antonio José Grimaldi.

- Inhibición en el caso de Alejandro Trías, por ser amigos.

- Detención en Maiquetía de Tony Canavés.

- Ordena investigar a los 20.000 beneficiarios de los dólares.

- Recauda la carta de Héctor Meneses.

- Prohibe salir del país a presidentes y directivos de ensambladoras.

- Autos de detención a los chinos denunciados por Tablante, Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing.

- Auto de detención a Tony Canavés.

- Todos los funcionarios de Recadi y Ministros son citados al tribunal para declarar.

- Ordena allanar y custodiar las sedes de las empresas verificadoras como consecuencia del asalto misterioso a la Bureau Veritas.

- Autos de detención contra Nina Giovanna Calazza, de la verificadora S.G.S.; y a los empleados del Banco Italo, Lola Consuelo Ardila Vezga, Ana Gioconda Gil Balza, Angelo Tiso Meola y Pablo Antonio Mata.

- Captura en Valencia del chino Ho Fuk Wing.

- Autos de detención contra los molineros Nicomedes Zuloaga, Néstor Mario Rapanelli, Oleg Williamson de la empresa Gramoven; Giácomo Calabresse, de Molinos Guacara; Ricardo Ponce de León, de Molinos Monaca; Vicente Vegas y Michael Stewart Denger, de Pillsbury; y a Héctor Aníbal Hidalgo de Molinos Hidalgo.

- Citación a Blanca Ibánez, Porfirio Valera y Alfredo Paúl Delfino.

- Envía al Superior recaudos de los ex-ministros Hurtado, Meneses y Aspúrua y de los ex-directores de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, Francisco Maldonado Cisneros y Jorge García Duque.

- Arresto disciplinario a Alfredo Paúl Delfino.

- Niega habeas corpus en favor de la libertad de Delfino.

- La Riva manda a recabar en Miraflores las cartas firmadas por Blanca Ibánez y el diputado Luis Guevara.

- Autos de detención contra Julio César Mendoza y Luis Donna, abogados de la empresa Cristalandes, y para Francisco José Madrid y Joubel Renato de la empresa Química Mara.

- Ordena resguardar bienes de los molineros.

- Prohibe de nuevo salir del país a directivos de las ensambladoras.

- Por apelación, envía al Superior de Salvaguarda el expediente de los molineros con autos de detención.

- Detienen en Maiquetía a Adalberto Prinz y María Elena Almeida, ejecutivos de Capricornio.

- Autos de detención contra Jhon Arthur Dalhorsforda y Luigi Vicenzetti, de la empresa Robiplast.

- Auto de detención contra el Fiscal del Ministerio Público José Gregorio Rodríguez, por chantaje y extorsión.

- El Juez Cristóbal Ramírez Colmenares, dicta autos -por inhibición de La Riva en el caso Trías-Capricornio-tractores- a los franceses Gerard Dabasse, Christian Lachaise Mury y Claude Gordard, Adalberto Prinz, Fernando y María Elena Almeida, Edgar Rodríguez, Simón Pinto, Carlos López, Ciro Núñez; y deja averiguación abierta a Alejandro Trías, Regino Burgos, Francisco Hernández, Tomás Domínguez, Humberto Salazar y Saidi Raimondi. Todos relacionados con la denominada << Conexión Francesa>> , denunciada por el diputado Orlando Fernández.

- Dicta autos de detención contra cuatro directivos de Ford.

- Prohibe salir del país a directivos de pastificios y laboratorios médicos.

- El Superior de Salvaguarda prohibió salir del país a los funcionarios Héctor Hurtado, Héctor Meneses, Manuel Azpúrua Arreaza, Edgalia Bastardo de Leandro, Jorge García Duque y Jóvito Martínez, de la administración Lusinchi.

- Autos de detención contra Andrés García, Pedro González Hernández, Tulio Alvarez Rojas y Jesús Armando Ramírez, de la empresa Omega.

- Prohibición de salida del país para Fenuy Anuy Makarem Urdaneta, Samir Makarem Urdaneta, Cecilia Sánchez Contreras, Nelson Salvatierra, Vitol Medina, Sauky Kasy, Omar Mantilla y Carlos Sánchez.

Lo anterior significó que el Juez Instructor, Luis Guillermo La Riva, dictó cerca de 90 decisiones individuales en un lapso de 120 días. Esta situación contrasta con lo que ocurrió después. Como se sabe, se nombraron nueve jueces especiales adicionales, todos con facultades penales y de salvaguarda, a fines de julio. Sin embargo diez jueces, incluyendo a La Riva, en cinco meses no tomaron ninguna decisión importante, al menos que sepamos en El Nacional (julio a diciembre de 1989).

El contraste apreciado deja mucho que pensar. Algunos abogados consultados al respecto, entre ellos Braulio Jatar, asesor de Douglas Dáger, presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso y presidente de la Comisión parlamentaria que investigó el caso, nos confiaron que una de las principales virtudes del Juez La Riva fue precisamente que tomó decisiones, buenas o malas, pero actuó con celeridad, para evitar presiones sobre su Tribunal. Otro problema era que esas decisiones fueran confirmadas o revocadas por el Superior de Salvaguarda.

Estos escándalos quedan impunes por las presiones que se ejercen contra el Juez -diría La Riva en esos días a nuestro colega Roberto Giusti, en una célebre entrevista que éste hizo al magistrado y cuya publicación ocurrió el 9 de julio-. Puede que me equivoque de buena fe, pero yo prefiero ser Juez, llegar hasta las últimas consecuencias... Yo voy a seguir cortando cabezas... Me encanta el poder...

La Policía Técnica Judicial, desde el comienzo de la actuación del Juez La Riva, lo apoyó a materializar sus decisiones. Ligado a Recadi creemos que hubo un solo caso el cual merece ser destacado, que contó con la atención exclusiva y directa de la PTJ: el del asesinato, el 11 de mayo de 1989, del ganadero Guillermo Nieves, en la carretera Soledad-El Tigre, en el Estado Anzoátegui. Los diputado de la Organización Renovadora Auténtica (ORA), Jorge León Díaz y Gabriel Niño (a ellos los conocimos en la sede de Recadi, cuando ayudaban a Roseliano Ojeda en la comisión técnica que asistió al Congreso) habían entregado en la central policial una serie de recaudos, a propósito del crimen.

Supuestamente, Nieves era gestor de muchos ganaderos de los Estados Táchira, Falcón, Zulia y Bolívar, para la obtención de dólares preferenciales, en representación de las empresas Bvenca y Agropecuaria Transandina, firmas, a su vez, investigadas por los diputados Edgar Mora (Copei) y Orlando Fernández (MAS).

Este último nos confió alguna vez que Nieves fue su informante y por eso, entre otras cosas, lo habían matado, tirándole una gandola en sentido contrario en la mencionada carretera Soledad-El Tigre.

Otra versión que circuló respecto al crimen del ganadero Nieves fue que no murió por el impacto y, en consecuencia, a quienes atentaron contra él no les quedó más remedio que acribillarlo dentro de su Ford Sierra Blanco, placas XFS-043.