El Viernes 20 de octubre de 1989 llamamos por teléfono al Diputado Douglas Dáger, presidente de la Comisión Especial designada por la Cámara Baja para investigar las irregularidades cometidas en contra o desde Recadi, durante el gobierno de Jaime Lusinchi.

Teníamos conocimiento de que el informe del grupo de trabajo apoyado con los recursos de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados estaba casi listo. Una vez en la oficina del Diputado copeyano, nos percatamos que nuestro dato era correcto. Junto con él estaban el Diputado Roseliano Ojeda, coordinador de la comisión técnica de apoyo que indagó los archivos de Recadi, y el Comisario General Víctor Rivera, asesor de Dáger e instructor de muchas de las denuncias formuladas por Carlos Tablante y por el propio presidente de la Comisión de Contraloría.

Estaba lista la parte general del informe preliminar, la cual pudimos obtener de inmediato y divulgar en la edición del sábado 21 de octubre. Nos empeñamos en conseguir este material porque el caso Recadi estaba moribundo, en tanto que muchas de sus piezas judiciales básicas habían sido cerradas por el Tribunal Superior de Salvaguarda. Ello significaba que varias de las decisiones tomadas por el Juez Instructor Especial, Luis Guillermo La Riva, habían sido revocadas.

Sin entrar en las conclusiones fundamentales del papel de trabajo elaborado por Douglas Dáger, es oportuno tomar de allí los aspectos centrales de lo que fue la política económica del gobierno de Jaime Lusinchi, para poder determinar que, además del pago obcecado de la deuda externa -dentro del célebre mejor refinanciamiento del mundo- y de la caída de los precios del petróleo, la entrega irracional de divisas preferenciales desde Recadi fue el otro ingrediente que obligó al Presidente Carlos Andrés Pérez a decir -en su discurso de toma de posesión, el 2 de febrero de 1989- que habían colapsado las reservas internacionales del país.

El esfuerzo intelectual y académico de ubicar el caso Recadi dentro del contexto de las políticas macroeconómicas ejecutadas en el quinquenio 1984-1989 es un mérito que debemos atribuir al economista y Diputado José Miguel Uzcátegui, también asesor de Dáger para esta finalidad.

Recordemos, entonces, del informe preliminar elaborado por el presidente de la Comisión Especial, el peso que tuvo la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, en el manejo de la política económica durante los últimos cinco años.

La ponencia elaborada por Dáger dice que << la Comisión Especial designada por la Cámara de Diputados para investigar presuntas irregularidades ocurridas en Recadi, ha elaborado el presente informe sobre la evolución, normativa y procedimientos, y las fallas o anomalías ocurridas en dicha oficina desde su inicio en febrero de 1983 hasta su liquidación en marzo de 1989>> .

En términos macroeconómicos, << durante ese período ingresó al Banco Central de Venezuela un total de 86.765 millones de dólares, y se produjo un egreso de 90.169 millones de dólares, evidenciándose un déficit neto (sin considerar los ajustes) de 3.404 millones de dólares el cual provocó una caída neta en las reservas internacionales. La situación planteada tiene otras connotaciones desde el punto de vista administrativo y económico, en especial en lo relativo a la deficiente gerencia de los recursos del Estado, por la adopción de medias incoherentes y la ausencia de acertadas políticas que garantizaran el mejor uso de los cuantiosos recursos en divisas que ingresaron al país>> .

La Comisión Especial << ha creído conveniente analizar las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para el lapso de seis años: febrero de 1983 a marzo de 1989, dividiéndolo en dos períodos. El primero que incluye el ejercicio 1983 hasta finales de 1985, correspondiente a un sobreajuste de la economía y, el segundo comprende los años 1986, 1987 y 1988, en los cuales se observa un elevado gasto interno expansivo que provocó profundos desajustes en las cuentas internas y externas de la economía nacional. Las cifras y los cuadros estadísticos y financieros que se incluyen, fueron elaborados en base a informes publicados por el BCV, Hacienda y la Oficina Central de Presupuesto>> .

En cuanto a la etapa de sobreajuste, << la política económica fue contraria a varios objetivos y lejos de cortar la salida de capitales y contener las importaciones, éstas registraron un incremento anual en contraposición a los ingresos petroleros que iniciaron su nuevo descenso en 1985. Sólo el ingreso petrolero hasta ese momento, con tendencia hacia la drástica reducción de los años siguientes, permitió que las reservas internacionales iniciales de 10.039 millones de dólares ascendieran a 12.469 millones de dólares y, que las operativas (líquidas) de 5.389 millones de dólares se ubicaran en 8.207 millones de dólares>> .

De modo que << los ingresos durante los años 1983-1985 totalizaron 49.625 millones de dólares, observándose un superávit de 3.844 millones de dólares. En cuanto a las transacciones de mercancías en las balanzas de pagos (importaciones y exportaciones FOB -sin fletes y seguros incluidos-), en el lapso comentado las exportaciones totalizaron 44.904 millones de dólares y las importaciones 21.059 millones de dólares, resultado un saldo positivo en la cuenta de mercancías de 23.559 millones de dólares>> .

Por lo demás, << este saldo permitió cubrir los saldos negativos de la balanza de pagos en cuenta capital. A esto se agregan los superávits del sector público consolidado, obtenidos en 1984 y 1985. No obstante, la política económica existente provocó un estancamiento del Producto Territorial Bruto Interno, un incremento en la tasa de desempleo abierto, la reducción drástica del salario real y, especialmente, cambios en la estructura productiva nacional en detrimento de la producción de bienes y servicios no comerciales, destinados sólo al mercado interno (desabastecimiento), afectando así la capacidad de absorber la fuerza de trabajo semiclasificada y no clasificada (desempleo descubierto)>> .

Pero a partir de 1986, << se inicia una política expansiva del gasto fiscal, lo que estimula una expansión de las importaciones beneficiadas con el mantenimiento de un tipo de cambio controlado (14,50), muy por debajo del prevaleciente en el mercado libre de divisas, es decir, determinándose una amplia brecha cambiaria>> .

En otras palabras, << el Ejecutivo (Lusinchi) no debió permitir que fuese más rentable la especulación con el dólar que su inversión en bolívares en el país>> .

Entre 1986 y 1988 << se produjo un ingreso de divisas de 37.140 millones de dólares y un egreso de 44.383 millones de dólares, lo que significó un déficit de 7.248 millones de dólares. Este hecho provocó que las reservas de cierre que se situaron en 9.858 millones de dólares, disminuyeran a 6.671 millones de dólares al 31-12-88, evidenciándose una pérdida neta de 3.187 millones de dólares. Con respecto a las reservas operativas, éstas sufrieron una merma de 4.273 millones de dólares a 2.229 millones de dólares. Estas cifras corresponden a desembolsos reales de divisas o erogaciones efectivas de caja por parte del Banco Central de Venezuela>> .

En cuanto a la balanza de pagos, << el saldo de la balanza de mercancía, es decir exportaciones e importaciones FOB, (lo cual no incluye gastos por concepto de fletes, seguros y otros servicios pagados), el comportamiento fue el siguiente: las exportaciones totales durante los años 1986, 1987 y 1988, alcanzaron la cifra de 29.450 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron a 28.248 millones de dólares, con la cual se reflejó un saldo en la balanza de mercancías de solamente 1.202 millones de dólares>> .

Incluso, << el saldo señalado fue insuficiente, como es lógico suponer, para cubrir los otros conceptos que incluye la balanza de pagos: transporte y seguros, viajeros, ingresos sobre inversiones, gastos del gobierno y otros conceptos de pago de la balanza de servicios y menos aún, para satisfacer las demandas de pago de capital no monetario, que abarca los servicios y la amortización de la deuda pública y privada externa. Surge entonces una pregunta, a la luz de esta investigación: ¿qué hicieron o cómo manejaron el negocio para disfrazar la quiebra de la República?>> .

Del proyecto de informe que el Diputado Douglas Dáger presentó a la consideración de las otras fuerzas políticas representadas en la Comisión Especial, se desprende que Jaime Lusinchi, como Presidente de la República, desatendió innumerables alertas hechos desde el Banco Central de Venezuela, en materia de la conducción de la política económica.

Especialmente en lo que atañe al manejo de la política cambiaria y en relación con la autorización, desde el Ministerio de Hacienda y la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (luego denominada de Autorización de Divisas para la Importación) de divisas preferenciales contra la situación crítica de las reservas internacionales.

Con el agravante de que las autoridades del Instituto Emisor también hicieron caso omiso a sus propias observaciones.

A este respecto, el Informe Dáger precisa que << lo peculiar del gasto en esta etapa de la historia fiscal venezolana (1984-1989), es el hecho de su financiamiento mediante artificios monetarios, en lugar de la aplicación de criterios ortodoxos que recomiendan financiarlo con recursos orgánicos originados por las actividades económicas en sus manifestaciones internas y externas>> .

Se añade que << este gasto, pese a la baja del ingreso petrolero, se mantuvo expansivo, financiándose con devaluaciones del signo monetario, utilidades cambiarias, incremento de la deuda pública interna y con la utilización de las reservas del Tesoro>> .

Realmente, << este gasto público deficitario motivó un incremento de la producción de bienes y servicios, pero en términos no autosostenidos, debido a las condiciones generales de la economía venezolana, tal como paradójicamente lo advirtió el Banco Central de Venezuela, pues el mismo organismo emisor lo inobservó>> .

Entre otras observaciones desatendidas por el Ejecutivo Nacional de entonces, pero también olvidadas con rapidez por las propias autoridades del Banco Central, están las siguientes:

1) Existencia de un esquema cambiario que no resulta viable en el contexto de la fuerte restricción que afecta al sector externo, y que no brinda ya estímulos suficientes a los sectores que sustituyen importaciones, y que, además, puede facilitar la exportación de bienes en los cuales el país no tiene ventajas comparativas, todo lo cual reduce la oferta interna de bienes, incrementa injustificadamente los precios y dificulta la inestabilidad del tipo de cambio del mercado libre y las posibilidades de nuevo financiamiento externo al sector privado.

2) Reducción progresiva de las reservas internacionales, lo que se constituye en una restricción para atender los requerimientos de divisas, inducidos por el mayor dinamismo que generó la política de demanda sobre la actividad económica real del país.

3) Vigencia de un tipo de cambio en el mercado controlado que no se corresponde con la situación del sector externo, afectado por la drástica caída de los términos de intercambio del país.

4) Funcionamiento de un mercado libre de divisas altamente sensible al comportamiento del mercado petrolero internacional y a la acción especulativa, con lo cual el tipo de cambio que allí se fija emite señales que se traducen en presiones inflacionarias y en asignaciones ineficientes de los recursos productivos internos.

5) Creciente importancia de las expectativas inflacionarias, lo que se traduce en una expansión anormal del consumo de algunos bienes durables en detrimento del ahorro y en una presión adicional sobre el tipo de cambio del bolívar en el mercado libre de divisas.

En el proyecto que Dáger consignó se aduce que << llama poderosamente la atención que los responsables de la política económica, ignoraron en su oportunidad dichas recomendaciones. Sin embargo, hoy esos mismos responsables han concurrido ante la Comisión Especial Parlamentaria que investiga el mayor desastre financiero en la historia de la República, y declaran que esos hechos era impredecibles>> .

El texto dice que << se ha señalado en este informe que la gestión pública entre 1983 y 1985, ambos inclusive, resultó superavitaria con resultados positivos en el sector externo, asunto que se revirtió en el período que se inicia en 1986 y termina en 1988. En este último, la balanza de pagos registró déficits consecutivos de menos 3.885 millones de dólares en 1986, de menos 876 millones de dólares en 1987 y de menos 4.672 millones de dólares en 1988>> .

Cabe destacar << que las causas de estos continuos déficits se deben al significativo crecimiento de las importaciones públicas y privadas (autorizadas desde el Ministerio de Hacienda o Recadi y pagadas o remesadas por el Banco Central de Venezuela), a niveles sin precedentes en un período de crisis económica, y cuando más se necesitó sentido de la responsabilidad y una gerencia eficiente en la administración de las divisas que ingresaban al país>> .

Se escribió que << es oportuno señalar que las importaciones para el año 1988 ascendieron a 11.581 millones de dólares, lo que obliga a la siguiente reflexión: en una economía abierta donde impere un tipo de cambio libre, flotante o flexible, el movimiento en ambos sentidos de las compras y los pagos para liquidar importaciones y exportaciones, lo regula el mercado cambiario mediante la fijación del tipo de cambio. En el supuesto de que las importaciones se incrementen a un ritmo mayor que las exportaciones del país, la moneda extranjera tiende a aumentar de precio, hecho que desestimula las importaciones que se encarecen>> .

Pero << el caso venezolano fue diferente. Se trató de un cambio fijo preferencial destinado a importaciones, concedido por el Estado a la discrecionalidad de funcionarios públicos, quienes debieron basar su actuación en leyes, normativas y resoluciones que regían la administración de las divisas. Asimismo debieron observar los parámetros de un presupuesto de divisas, elaborado por el Banco Central de Venezuela y aprobado por el Consejo de Ministros, el cual sólo podía ser modificado por el Presidente de la República, previo estudio del instituto emisor. En consecuencia, la existencia y disponibilidad de un dólar preferencial y el manejo de que fue objeto, estimuló crecientes importaciones que produjeron el exceso o sobregiro en la administración del Régimen de Cambios Diferenciales (expresado en Recadi)>> .

Más adelante el documento elaborado por Dáger para la Comisión expresa que << es necesario señalar que el mantenimiento de un dólar preferencial a un tipo de cambio fijo significó un inmenso sacrificio fiscal para la República, puesto que el 95 por ciento de las divisas que ingresan son propiedad del Estado. Si se hubiese adoptado un sistema único de cambio libre, seguramente éste se hubiese situado por encima del tipo de cambio fijo preferencial establecido y el Fisco Nacional habría obtenido más ingresos en bolívares por las ventas de las divisas a un precio mayor>> .

Pero, por el contrario, << fue adoptado el sistema de cambios múltiples que por las razones expuestas se distorsionó, provocando una brecha para los últimos meses de 1988, entre el cambio preferencial y el libre, en más de 150 por ciento, lo cual significó una invitación a hechos fraudulentos en contra de los propósitos implícitos en el sistema, en detrimento de la República>> .

Por otra parte, << el déficit de balanza de pagos fue cubierto en buena parte, con el financiamiento a corto plazo a las importaciones que alcanzaron en 1986 unos 1.355 millones de dólares, en 1987 unos 2.342 millones de dólares y, en 1988, estos instrumentos comerciales fueron renovados hasta por la cantidad de 2.247 millones de dólares. Todo esto significa que el Ejecutivo Nacional otorgó además conformidades de importación por 5.578 millones de dólares, que fueron implementadas mediante cartas de crédito aperturadas por la banca nacional y extranjera, con financiamiento a corto plazo, cubriendo a sí los déficits de balanza de pagos correspondientes a los ejercicios 1986, 1987 y 1988>> .