Así como el contenido parcial de la ponencia condenatoria elaborada por Silvestre Ortiz Bucarán, presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, se conoció desde unas dos semanas antes del miércoles 29 de noviembre de 1989, fecha en que se les dictaron autos de detención a los ex-ministros de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza y Héctor Hurtado; de Cordiplan, Modesto Freites; de Fomento, Héctor Meneses; al ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Mauricio García Araujo; al ex-presidente del Instituto de Comercio Exterior, Eduardo Mayobre; al ex-viceministro de Agricultura, José Azócar Aguilera; al ex-viceministro de Fomento, Francisco García Palacios; al ex-viceministro de Hacienda, Jorge García Duque; y la ex-directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro -todos miembros de la Comisión de Importaciones-, también ocurrió lo mismo con el espíritu relativo de la ponencia absolutoria preparada por el Magistrado Jesús Moreno Guacarán, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Con la diferencia de que en el caso del escrito de Ortiz Bucarán, las filtraciones a la prensa no partieron del Presidente del Superior, sino de algunos allegados al Tribunal. En cambio, el mismo Moreno Guacarán dejó entrever a los periodistas, el jueves 15 de febrero de 1990, -cuando se inició la discusión del expediente de 104 páginas- que tenía << elaborada la ponencia en un determinado sentido y vamos a ver si tiene apoyo de la mayoría>> .

A pesar de la discreción del Magistrado de la Corte y de la evasión para eludir << adelantar opinión>> , en los días previos era dato atrasado que el dictamen estaba concebido para revocar los autos de detención contra los diez ex-funcionarios de la administración Lusinchi.

Algunos encontronazos políticos previos presagiaron y confirmaron varias veces la noticia, y el resultado absolutorio fue esperado por todos.

El también Magistrado de la Sala Penal Roberto Yépez Boscán, de tendencia socialcristiana, denunció el domingo 18 de febrero por El Nacional que sus colegas de Acción Democrática, Otto Marín Gómez, Jesús Moreno Guacarán y Cipriano Heredia Angulo, << no han ocultado la prisa con la que desean que el caso sea resuelto>> .

-El proyecto de sentencia presentado por Moreno Guacarán -explicó Yépez Boscán- fue entregado a los jueces de la Sala Penal el pasado miércoles 14 de febrero, al mediodía, y el presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, fijó su discusión para el día siguiente...

Hasta en el Estado Guárico sabían el contenido sentenciado por Jesús Moreno Guacarán. Rubén Souchet, Secretario Político del Comité Ejecutivo Seccional de AD en esa Entidad Federal anunció el mismo 18 de febrero, que un grupo de abogados guariqueños demandaría a Silvestre Ortiz Bucarán << por considerar que ha interferido la administración de justicia, tratando de dañar al Gobernador Electo, Modesto Freites>> . Agregó que el presidente del Superior de Salvaguarda << actuó, desde un principio, como agente de un grupo dirigido por el Diputado Douglas Dáger y el Gobernador de Aragua, Carlos Tablante, y otros elementos perfectamente identificados>> .

El cuadro descrito provocó que el Secretario General de Copei, Eduardo Fernández, desde el Pabellón Verde que se realizó ese día en Caracas, dijera en improvisada rueda de prensa, que las presiones sobre los jueces de Acción Democrática miembros de la Corte Suprema << eran censurables y tenían que ser investigadas>> .

Desde el mismo evento aniversario de Copei, el Presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, precisó:

-Recadi amenaza con quedarse en el puro escándalo y los peces gordos impunes. Eso se sospecha de la mayoría conformada en la Sala Penal, para revocar los autos de detención, confirmándose así los temores de todo el pueblo de Venezuela en relación al triunfo de las fuerzas de la corrupción.

Todos los periódicos, en las ediciones del lunes 19 de febrero, insertaron notas de primera página, anunciando lo definitivo de la reunión de la Sala Penal de la Corte, convocada para las once de la mañana.

En efecto, luego de una tercera reunión, ese lunes la sala revocó los autos de detención previamente dictados por el Superior de Salvaguarda. El parte formal lo dio el presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, acompañado por Jesús Moreno Guacarán y Cipriano Heredia Angulo. Yépez Boscán y el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, salvaron sus votos, por razones distintas.

-Nosotros tenemos -argumentó Marín Gómez- la obligación y así lo hacemos saber en esta decisión, de resolver con lo que está en los autos. Hay un párrafo muy importante que se agregó con motivo de la inquietud que tiene la opinión pública, que puede ser muy justificada, pero que no es quien tiene las atribuciones constitucionales y legales. Este párrafo especial dice que la terminación de la averiguación se refiere únicamente a los hechos por los cuales el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, decretó la detención de los mencionados ciudadanos y no ampara a ningún otro u otros hechos que tengan relación con las investigaciones en relación al otorgamiento, distribución y destino de las divisas bajo el Régimen de Cambios Diferenciales... Acuérdense que hay otras investigaciones en los Tribunales de Salvaguarda, incluso en el Superior se continúa investigando el otorgamiento de dólares...

El Presidente de la Corte Suprema siguió explicando la decisión:

-Hay dos votos salvados. Uno, del doctor Gonzalo Rodríguez Corro. Está de acuerdo con la revocatoria pero consideró, quizás atendiendo a la inquietud de la opinión pública, que debió haberse mantenido abierta la averiguación. Se le rebatió que por esos hechos, que están terminados, no se podía dejar abierta la averiguación, porque así lo decide la ley. Cuando se investigan unos hechos y se determina que no son punibles, no se pueden seguir investigando... El otro voto salvado es la justificación del doctor Roberto Yépez Boscán, quien dijo que se leyó la ponencia con mucho detenimiento, tanto que se reservó el fin de semana para hacerlo. Sin tener ninguna sospecha en cuanto al contenido de la misma y la traslación exacta a la ponencia de las actas del expediente, consideró que en un asunto donde la Sala Penal de la Corte está actuando como tribunal de segunda instancia, debió leerse el expediente. Como no ha tenido tiempo de hacerlo, salvó su voto también.

El ponente, Jesús Moreno Guacarán, justificó el dictamen con las siguientes palabras:

-Yo quiero apartar el elemento político de mis actuaciones como Magistrado. La ponencia es en base al estudio de los elementos que constan en autos y en base a la aplicación de los conocimientos que lógicamente debe tener un abogado de las ciencias del derecho. Nadie me ha presionado para hacer mi ponencia. Nadie se atreve a llamarme para presionarme y decirme cómo debo decidir en uno u otro sentido. Eso está erradicado en esta Corte y en mi caso.

Más adelante conceptualizó sobre el fondo del asunto:

- Cuando los hechos no revisten carácter penal, nosotros estamos en la obligación de declararlo... Nosotros hemos dicho que la conducta de los que integraron la Comisión de Importaciones, en el sentido de otorgar conformidades con los requisitos establecidos en las normativas jurídicas vigentes, no constituye delito, cuando se las otorga por encima del Presupuesto Nacional de Divisas, que es elaborado por el Banco Central de Venezuela. Y quien aprueba es el Ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros. El Presupuesto Nacional está en una Ley de la República y yo no quiero adelantar opinión. Ahora, el Presupuesto Nacional de Divisas está fundamentado en la Ley del Banco Central de Venezuela, pero no está contenido el Presupuesto de Divisas en una ley expresa.

Conocido el fallo, el Magistrado Gonzalo Rodríguez Corro declaró: << consideré justa la revocatoria de los autos por un lado, pero por el otro encuentro que es contrario a derecho la determinación de terminar la averiguación, por considerar que los hechos no revestían carácter penal. Aquí había hechos donde habían fundadas sospechas de que se cometieron acciones punibles en perjuicio del patrimonio público. Debió continuarse una averiguación que dejara clara la conducta de los presuntos indiciados, porque ésta no es que está justificada con la decisión, sino que no está clara>> .

Mientras que Yépez Boscán insistió en su posición adelantada el fin de semana anterior: << Cuando la Corte Suprema de Justicia actúa como tribunal de alzada, debe hacerlo como cualquier Tribunal: remitirse al expediente. No puede uno decidir sólo en base a la ponencia, porque hay que tomar en cuenta el relativismo estimado de la prueba. Yo consideré que tenía que leer algunas actas del expediente y no pude hacerlo >> .

El punto álgido de la ponencia determinó que << La Comisión de Importaciones, creada por decreto 1.546 del 6 de mayo de 1987, autorizó conformidades de importación para obtener divisas al tipo de cambio preferencial, por encima de lo estipulado en los respectivos Presupuestos de Divisas (experticia contable cursante en los folios 228 y 234 de la décima séptima pieza del expediente) y al actuar de esa manera no pudo incurrir en la comisión del delito de malversación específica pues, se repite, dicho presupuesto era una guía para orientar la atención que merecen los distintos mercados cambiarios, un instrumento de valor estratégico y de planificación, de carácter estimativo e indicativo, cuya ejecución no puede ser exigida dentro de los parámetros preestablecidos, porque desnaturalizaría el propósito y razón de su aprobación y existencia>> .

Este punto fue rebatido, dentro de la ola de indignación nacional, por José Antonio Muci Rojas, quien en un artículo publicado por el Diario de Caracas el miércoles 21 de febrero, expuso:

- Se contradicen quienes afirman que el Presupuesto Nacional de Divisas es un instrumento de planificación del Estado, desposeído de carácter limitativo. Quienes han estudiado el proceso de planificación, saben que todo instrumento de planificación es, siempre, vinculante u obligatorio para el Estado, sujeto encargado de su ejecución. Este es el principio general, y el Presupuesto Nacional de divisas no constituye una excepción. El Presupuesto Nacional de Divisas es el resultado de un proceso lógico, cuyo objetivo fundamental es racionalizar el uso de un recurso limitado, como las divisas, a los fines de atender aquellas necesidades prioritarias, y lograr así las metas de desarrollo que el Estado se ha trazado... Es incontestable -escribió Muci Rojas-, por lo expuesto, la responsabilidad incurrida por los componentes de la Comisión de Importaciones, al exceder el Presupuesto Nacional de Divisas. ¡Lo demás son artilugios!

Después que el conocido alguacil Franklin, de la Corte Suprema de Justicia, llevó al Retén de El Junquito las boletas de excarcelación, salieron en libertad Modesto Freites, Gobernador electo de Guárico, y Eduardo Mayobre, los únicos señalados que se pusieron a derecho, mientras que los otros ocho, en su mayoría viajaron preferiblemente a Estados Unidos.

Por la tarde nos llamó Mauricio García Araujo, desde un móvil celular. Aunque en el caso Recadi tenemos opiniones divergentes, le oí decir por el teléfono que El Nacional, a pesar de todo, se había portado de manera ecuánime con él. Pero lo más importante que dijo fue que el Presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco -según García Araujo- le había ratificado por escrito el carácter indicativo del Presupuesto Nacional de Divisas, papel que fue determinante a favor de los argumentos de los abogados defensores.

Mayobre, presidente del Banco República, al salir en libertad expresó que << la decisión es en el sentido que esperábamos. Yo antes lo había dicho. La acusación estaba conceptualmente mal planteada, y no podía pensarse que existía delito. Creo que faltó diligencia de parte de los que investigaron>> .

Por su parte, Freites Piñate destacó en su primer aire de libertad: << Creo que a pesar de que la Corte declaró que no tenemos responsabilidad en este caso, debió quedar muy deteriorada nuestra imagen ante la opinión pública>> .

Sería muy largo enumerar todas las voces disidentes que se levantaron, en menos de una semana, contra lo resuelto por tres de los cinco Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Empero, veamos un corto resumen de los cuestionamientos más importantes: Eddo Polesel, Presidente de Fedecámaras: << fallo apresurado>> ; el Diputado Paciano Padrón: << Otto Marín Gómez manipuló y presionó la decisión>> ; Carlos Tablante, Gobernador de Aragua: << se cumplió la profecía de Pérez, delitos sin delincuentes>> ; Freddy Muñoz, Secretario General del MAS: << un golpe a la democracia>> ; el Fiscal Ramón Escobar Salom: << inadmisible que Recadi queda impune>> ; Douglas Dáger, Presidente de la Comisión Especial del Congreso: <<una emboscada contra la justicia>> ; el Juez Instructor Luis Guillermo La Riva: << Perdí mi tiempo>> ; Lolita Aniyar, Senadora del MAS: << la Corte ha consagrado la impunidad>> ; Adelso González Urdaneta, Secretaria General del MEP: << La decisión fue presionada por el partido de gobierno>> ; Luis Piñerúa Ordaz, miembro del CEN de AD: << Sería criminal no castigar a los culpables de Recadi>> ; Rafael Caldera ex-presidente de la República: << Sentencia produce una gran preocupación>> ; José Rafael Mendoza, Presidente del Consejo de la Judicatura: << El fallo afecta la moral del país>> ; Abdón Vivas Terán., dirigente nacional de COPEI: << La decisión es un bochorno nacional>> ; el Procurador, Juan José Rachadell: << La decisión sobre Recadi no es de impunidad total>> ; Pablo Medina, Diputado de Causa R: << La Tribu de David (Morales Bello) orquestó el fallo de la Corte>> ; Gonzalo Pérez Hernández, Diputado del Min: << Ex-funcionarios absueltos sí distrajeron fondos públicos>> .

Mientras creció la avalancha de opiniones inconformes, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, acompañó a Modesto Freites en su acto de juramentación como Gobernado de Guárico, el miércoles 21 de febrero.

El mismo día se nos pidió un editorial donde planteamos que << en apenas 24 horas, el caso más importante y complejo de corrupción administrativa ocurrido alguna vez en el país se redujo, en lo sustancial, a la detención de un ciudadano chino que ni siquiera sabe hablar español; a la de seis desconocidos que están presos por emitir indebidamente documentos en varias aduanas, y al intento de suicidio de un ex-ministro... Ello significa que el Presupuesto Nacional de Divisas pudo ser una patente de corso para que se dilapidaran las reservas internacionales, y para que el desbordamiento en la asignación de dólares preferenciales desde Recadi y remesados por el Banco Central de Venezuela, alimentara la rapacidad de quienes sobrefacturaron importaciones en los últimos años>> .

Al día siguiente, el Editor de El Nacional, Franklin Whaite, editorializó también. Escribió que << Sin ninguna tardanza -que no es habitual en ese cuerpo- la Corte Suprema procedió a dispensar de toda sospecha a los involucrados en la apreciación original del Tribunal de Salvaguarda. En la población, cuesta trabajo conseguir a alguien (no identificado políticamente con los sentenciadores), que acepte de buena manera el fallo de la Corte... La enorme mayoría del país venezolano... no siente en su corazón la palpitación de la verdad. Los disgustos y desconciertos se arremolinan en tensiones graves como las que preludian las explosiones sociales (que nadie desea)>> .

Justo es resaltar a los pocos que se encargaron de defender la revocatoria dictada por la Corte Suprema. El primero fue el Secretario General de Acción Democrática, Humberto Celli. Con sobradas razones para hacerlo -entre ellas recuérdese que en el último CDN lo responsabilizaron de la derrota electoral del partido por dos razones: abstención y corrupción.

-Es evidente que había la intención de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que retrasara su sentencia y, en el caso de que Modesto Freites no lograra su libertad, se tuviera que ir a un nuevo proceso electoral, tal y como lo establecen las normas del Consejo Supremo Electoral.

El punto trajo una reacción de Eduardo Fernández, secretario general de Copei. Respondió a Celli que su partido no presionaba a los Jueces.

El segundo en autodefenderse fue el propio Presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, el 22 de febrero:

- Es necesario conocer de leyes, ser abogado - respondió al acoso periodístico en medio de un abucheo generalizado en las puertas del Congreso - para poder comprender el contenido de la sentencia, la cual se explica por sí sola... No hubo delito. La sentencia se explica por sí sola... La sentencia no tiene nada que ver con violencia y quienes andan en esa onda tendrían que responderle al país de sus incitaciones...

El 23 de febrero, el presidente electo del Congreso de la República, David Morales Bello, dijo: << Yo si creo que hubo corrupción en Recadi. Pero creo que es una desviación de la realidad armar este escándalo alrededor de la decisión de la Corte Suprema. ¿Quiénes son los beneficiarios de los dólares? -se preguntó él mismo-, los empresarios - se respondió.

Fue otro que tuvo razones importantes para defenderla porque en todos los << mentideros>> tribunalicios se sabe que Otto Marín Gómez proviene del Bufete de David Morales Bello.

Gustavo Tarre Briceño, director de la fracción parlamentaria de Copei, propuso que el Magistrado debía renunciar, << debe hacerlo por dignidad>> , dijo.

- La decisión de la Corte en el Caso Recadi confirma la tesis de Copei, de que ningún partido debe controlar los órganos jurisdiccionales - comentó el diputado Tarre.

El Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, declaró a los periodistas el 22 de febrero, esto:

- Hay que poner las cosas en su sitio, porque le hace mucho daño a la democracia que se ponga en tela de juicio y se maltraten instituciones de las cuales depende el Estado de Derecho en Venezuela.

El Presidente pareció recordar en esta frase otra dicha por él anteriormente: << el escándalo Recadi ha perjudicado a Venezuela en el campo financiero internacional>> , cuando alguna vez criticó -indirectamente- el despliegue dado por El Nacional a La Agenda Secreta de Recadi. También el Jefe del Estado aprovechó la coyuntura.

El Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Presidente del MEP, apuntó que << ...nada sabe de derecho Carlos Andrés Pérez. Considero como un principio extraño lo dicho por el Presidente, en cuanto a que no se deben criticar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia>> .

El fallo de la Corte, además coincidió con una serie de protestas sociales en varias ciudades del interior del país y en Caracas, que se prolongaron unos tres días. La situación obligó al Ministro de la Defensa, Filmo López Uzcátegui, a precisar que << el país para salir de esta crisis lo que requiere es trabajo y estudio y no bochinches estudiantiles>> .

Desde antes de que se conociera el dictamen, pensamos que una consecuencia lógica por producirse sería la renuncia del Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda. No por presidente, sino por haber sido Silvestre Ortiz Bucarán el ponente que motivó los autos de detención revocados. El 22 de febrero declaró que << la lucha contra la corrupción es muy cuesta arriba en este país, porque estamos viviendo en una sociedad de cómplices que lo domina todo>> .

- La lucha por la justicia- afirmó en su característico tono lacónico- forma parte de la lucha por una nueva sociedad. Acato la decisión como corresponde a un Tribunal de primera instancia. La palabra renuncia no existen en mi vocabulario...

El mismo día que la Sala Penal resolvió la preanunciada ponencia del Magistrado Jesús Moreno Guacarán, los abogados asesores del Movimiento al Socialismo, Humberto Mendoza D´Paola y Tomás Mejías, se reunieron con Silvestre Ortiz Bucarán. A ellos confió que no pensaba renunciar (<< eso no tiene sentido todavía>> ).

- De aquí no saldrá una sola absolución sin mi voto salvado- habría confiado a los abogados del MAS.

¿Estaría pensando en la posible absolución derivada de un caso todavía no decidido hasta la salida de esta publicación, el de Blanca Ibáñez? La decisión de la Corte Suprema de Justicia, en apenas 24 horas y luego de un año de diversas investigaciones, colocó el escándalo Recadi, prácticamente, en cero otra vez.