Por el Dr. Juan Mariátegui
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Los presidentes Bill Clinton y Jacques Chirac se mostraron complacidos porque el Tribunal Penal Internacional (TPI, sede en La Haya, creado en 1993 por la ONU) por intermedio de su fiscal, anunció que llevarán a juicio al presidente Slobodan Milósevic, por crímenes de guerra y otros delitos cometidos en Kósovo. No obstante, también hubo reacciones contrarias de parte de los gobiernos de Rusia y Grecia, entre otros. Considero que, esta temática debe merecer pronunciamientos de los juristas y organizaciones más ligados con el derecho, que con los organismos belicistas, tipo OTAN.
La decisión del TPI conlleva esclarecimientos, no solamente jurídicos. En verdad, la defensa de los bombardeos que hace la OTAN y sus aliados contra Yugoslavia, sin declaración expresa de guerra y con el uso desproporcionado de la tecnología militar en contra de un pueblo que se defiende en su territorio contra una agresión aérea, transgrede el Derecho Internacional. Los argumentos que hasta ahora esgrime la OTAN, no toman en consideración diversos principios, numerosas convenciones aprobadas por esos mismos 19 Estados miembros, ni tampoco lo que expresamente dispone la Carta de la ONU.
No es un misterio que en estos últimos años, las aventuras belicistas en Asia, Africa y ahora en un país de Europa, la lideran dos países anglosajones (Estados Unidos y Gran Bretaña). Por ello, resulta cruel comprobar la coincidencia, de que las dos principales responsables de la acusación contra el presidente yugoslavo, sean una norteamericana (Gabrielle Kirk McDonald) y una canadiense (Louise Arbour).
La prisa en el juzgamiento del presidente Milósevic por lo que viene aconteciendo en Kósovo, señalando a uno, y olvidando a aquellos que por razones "humanitarias" bombardean desde hace más de dos meses, resulta por lo demás sorprendente. Una vez más, lo jurídico se quiere utilizar con fines políticos y militares. ¿Porqué no se propicia una paz sin bombas y mediante un diálogo serio por la negociación diplomática? ¿Porqué se presiona, ahora por medio del TPI? Quiérase o no, Milósevic como jefe de Estado que se encuentra en funciones, es el interlocutor para un acuerdo de paz, según el Derecho Internacional tanto del siglo 19 como del siglo 20.
La reciente declaración del Tribunal Penal Internacional, politiza a una institución de las Naciones Unidas, que está en la obligación de ser respetable e imparcial, y que no debe, como en este caso, servir la estrategia bélica de las Grandes Potencias.
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