Diciembre 1999

Posición de CFFC

En un comunicado Catholics for a Free Choice (CFFC) consideró como lamentable que la primera acción de política pública del presidente George W. Bush, prohiba que los fondos del gobierno norteamericano se destinen a promover y dar servicios de aborto seguro, a través de los programas de planificación familiar, que salvan la vida de millones de mujeres. Frances Kissling, directora de CFFC, señaló que la prohibición del presidente de Estados Unidos, conocida como "Global Gag Rule", obliga a las organizaciones a firmar un acuerdo para no promover los servicios de salud reproductiva en todo el mundo condicionando los fondos que reciben a través de su agencia de cooperación USAID, a pesar de que los programas de planificación familiar incluyen anticoncepción y educación que ayuda a evitar embarazos no deseados y abortos ilegales. A pesar de la restricción presidencial, Kissling asegura que de acuerdo con diversas encuestas realizadas en el país, las y los católicos están de acuerdo con el apoyo económico que Estados Unidos otorga para que las mujeres accedan a mejores servicios de salud y que el 79 por ciento de las y los católicos norteamericanos apoyan los recursos que se destinan en el mundo para los programas de planificación familiar, según una encuesta realizada en 1998 por la empresa Belden Russonello & Stewart. Kissling aseguró que la decisión del presidente norteamericano está más relacionada con satisfacer la demanda de su base conservadora, a expensas de la vida de millones de mujeres pobres en el mundo, quienes no cuentan con adecuados servicios de salud y de planificación familiar o acceso a abortos seguros. "Expresamos nuestra más enérgica protesta al conocer sobre esta disposición gubernamental, que no toma en cuenta la vida de millones de mujeres, lo que ocasionará entre la población femenina más pobre de los países en desarrollo millones de muertes y severos daños a su salud", señaló la directora de CFFC.


Nuevo Gobierno Conservador en Estados Unidos de Norteamérica

Apenas 48 horas después de haber llegado al poder, luego de la elección más dudosa e improlija en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, George W. Bush envió un comunicado a la Agencia de Cooperación Internacional, conocida como Usaid en la que dijo "estoy convencido que los fondos del erario no deberían utilizarse para pagar abortos o promoverlos aquí o en otro país," como un argumento para disminuir su incidencia.

por Sonia del Valle Lavin, México Reportera, especializada en la cuestión social de la mujer


Alrededor de 20 organizaciones enviaron esta semana una carta al presidente Bush para solicitarle transparencia en sus argumentos, al recordarle que, contrario a su declaración, los financiamientos para sus programas no salen de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses, ya que está prohibido desde 1973. Consideraron que el uso de un argumento equivocado y conocido por el presidente --que se ha pronunciado abiertamente contra el aborto-- tiene la intención de confundir a la opinión pública estadounidense sobre la labor de las organizaciones con trabajo en planificación familiar. Sin financiamiento de la cooperación estadounidense, afirman las ONG, las organizaciones de base en el Tercer Mundo se verán forzadas a disminuir la calidad de sus servicios, principalmente educativos. Entre las organizaciones firmantes está la Unión Americana por la Libertad Civil, Catholics for a Free Choice, el Centro de Leyes y Políticas Reproductivas, la Federación de Planificación Familiar de América, el Instituto Alan Guttmacher y Pathfinder International. Por otro lado y en relación a la salud la Asociación de Profesionales en Salud Re-productiva (ARHP) con sede en Washington, expresó su más férrea oposición a la iniciativa de ley que introdujeron el senador Tim Hutchinson y el diputado David Vitter, que pone restricciones a los médicos para recetar la conocida píldora abortiva RU-486, cuyo nombre genérico es Mifepristone. Esta píldora, que se utiliza como un método para interrumpir el embarazo, fue aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) el 28 de septiembre del año pasado, luego de que el expresidente William Clinton quitara la prohibición que existía sobre el medicamento desde el gobierno de George Bush padre y procediera con la investigación para su posterior aprobación. La iniciativa presentada por los congresistas republicanos pone restricciones y obliga a lo médicos a tener un permiso legal por parte del departamento de salud para prescribirla, ya que el actual presidente George W. Bush no puede revocar la aprobación hecha por la FDA para la comercialización de la RU-486.

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