Consensos y acuerdos principales alcanzados por representantes del gobierno de la ciudad de México que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, partidos políticos (PRD, PAN, PT y PVEM, con el disenso salvo excepciones del PRI que se opone a propuestas que implican la democratización del sistema político mexicano a escala local), y sociedad civil. En cada punto se anota al final la composición del acuerdo, excepto en los cinco primeros que fueron unánimemente planteados por la sociedad civil a través de sus ONG, parcialmente asumidos por los partidos y rechazados categóricamente por el PRI:
1) Para rescatar a la ciudad de México del hasta ahora prácticamente irreversible proceso de destrucción ambiental, acentuado y progresivo deterioro urbano y profunda crisis económica, política y social que determina pobreza generalizada y altos niveles de inseguridad pública, es necesario instrumentar a la mayor brevedad posible una Reforma Política Integral que contemple como punto de partida la conversión del Distrito Federal en estado número 32 de la Federación. Esto, con el fin de que sean homologados derechos y obligaciones de los ciudadanos capitalinos con los del resto del país de modo que impere en todo el territorio nacional, sin la excepción del DF, el sistema republicano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo así los capitalinos podremos ejercer derechos ciudadanos plenos y contribuir al cumplimiento del Estado de Derecho.
2) La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) deberá contar por lo tanto, con las mismas facultades y atribuciones que otorga la Constitución a los Congresos locales de las demás entidades federativas.
3) Con el fin de contar con una impartición expedita de justicia, es recomendable establecer en un solo Tribunal Constitucional los actuales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y de Conciliación y Arbitraje, incorporando a él las funciones de Justicia Cívica y Defensoría de Oficio, de modo que se otorgue la facultad de iniciativa al Tribunal Superior respecto de la legislación sustantiva y adjetiva aplicable en el DF.
4) Asimismo, con el propósito de ejercer vigilancia y supervisión ciudadana a acciones y obra del gobierno, es necesario establecer una Contraloría del Distrito Federal como órgano de Estado, dirigida por un Consejo de Ciudadanos independientes designados por la ALDF por mayoría calificada, que asuma las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda del DF y ejerza una contraloría prospetiva orientada a mejorar calidad, eficacia y eficiencia de la administración pública para elevar la calidad de los servicios que proporciona el gobierno de la ciudad de México.
5) Para una buena marcha del gobierno es necesario auspiciar un proceso de descentralización político-administrativa del DF con una visión integral con el fin de obtener una gestión verdaderamente democrática de la ciudad e impulsar un desarrollo compartido a través de a) una redistribución de los poderes públicos en esferas de ejercicio gubernamental más próximos a la ciudadanía b) la relocalización de la actividad productiva para una redistribución equitativa del ingreso c) una descentralización que permita una aplicación eficiente de los recursos mediante racionalidad técnico-administrativa y d) el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población como consecuencia de un desarrollo económico, político y social equilibrado y sustentado en las colectividades locales.
6) Por lo tanto, es necesario continuar estudios sobre límites territoriales de las 16 Delegaciones Políticas para analizar la conveniencia de aumentar el número de Demarcaciones. (Consenso: PAN, PRD, PRI, PVEM y PT). Las Demarcaciones gozarán de autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio. En consecuencia podrán contraer derechos y obligaciones y ser centro de imputación de normas jurídicas (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; con reserva del PRI). Las unidades políticas del DF se llamarán Demarcaciones Municipales para reafirmar su carácter geográfico y transformación político-administrativa. (Consenso: PRD; reserva PRI y PVEM).
7) El órgano de gobierno en las Demarcaciones Municipales se elegirá por voto directo, libre y secreto de la ciudadanía de la Demarcación mediante planillas por parte de cada partido político. Será electo como titular del órgano con la denominación de Alcalde el candidato que encabece a la planilla que obtenga el mayor número de votos. (Consenso: PAN, PRD, PT; reserva del PRI y disenso del PT). Fuera del Alcalde, las demás posiciones del órgano de gobierno de cada Demarcación territorial se asignarán con base en el sistema de representación proporcional puro. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; disenso del PRI). El órgano político-administrativo encargado del gobierno en las Demarcaciones recibirá la denominación de Cabildo. (Consenso: PAN, PRD. Reserva PRI, PVEM que proponen Consejo).
8) Los Cabildos, en el ámbito de su territorio y en coordinación con las autoridades de la ciudad de México y los municipios conurbados, aplicando las leyes del DF y los convenios metropolitanos, planearán, presupuestarán, programarán, ejecutarán y evaluarán las acciones relacionadas con el desarrollo urbano de la Demarcación Municipal. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; reserva del PRI). Los Cabildos tendrán facultades autónomas, desconcentradas y concurrentes. Entre las autónomas, ejercidas como propias, estarán la regularización en el uso de la tierra, la supervisión de espectáculos y establecimientos mercantiles, el fomento cultural y deportivo y la promoción de la participación ciudadana. Entre los desconcentrados estarán: la administración de las oficinas del Registro Civil y Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Entre las facultades concurrentes, en cuyo cumplimiento incidirán diversos niveles de gobierno, estarán: el ordenamiento ecológico, la protección civil, la creación de zonas territoriales de conservación, la promoción del desarrollo y el manejo final de desechos sólidos no peligrosos. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; reserva del PRI). Los Cabildos tendrán la responsabilidad de organizar la prestación de los servicios públicos tales como limpia, pavimentación, calles y parques, alumbrado y alcantarillado, panteones, tránsito, mercados, construcciones, transporte y zonificación, entre otros. (Consenso: PAN, PRD, PRI, PVEM y PT). Los Cabildos gozarán de autonomía administrativa la cual estará en todo momento subordinada al Estatuto de Gobierno y a las leyes correspondientes teniendo, para efectos de personalidad jurídica y representación, la misma calidad que los ayuntamientos del resto del país. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; reserva del PRI).
9) En materia de seguridad pública deberá haber tres niveles de responsabilidad: a) el mando de la fuerza pública le corresponde al Jefe de Gobierno b) el mando operativo directo al secretario de Seguridad Pública y c) el servicio de seguridad por Demarcación y colonia a los Cabildos en coordinación con las áreas centrales. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; disenso del PRI). Los Cabildos tendrán la facultad de expedir disposiciones generales del tipo de bandos y ordenanzas según lo determine la ley correspondiente. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; disenso del PRI).
10) Los Cabildos estarán facultados para elaborar su propuesta de presupuesto anual, la cual será considerada por las autoridades del gobierno central en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; disenso del PRI). Los Cabildos no contarán con facultades impositivas, pero sí podrán administrar los ingresos que perciban como derechos, productos y aprovechamientos derivados de los servicios que presten y las actividades que promuevan, así como del uso de bienes de su propiedad o bajo su custodia. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; reserva del PRI).
11) La Asamblea Legislativa será la única facultada para declarar la desaparición de poderes de un Cabildo por faltas, renuncias o ilícitos de uno o más de sus integrantes que rompan con la forma de gobierno republicana, representativa y democrática. (Consenso: PAN, PRD, y PT; disenso: PRI y PVEM). El mandato de los integrantes de un Cabildo sólo podrá ser revocado por la ALDF cuando exista sentencia ejecutoriada por delito doloso que imponga como sanción pena de prisión y/o suspensión de derechos políticos. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; reserva del PRI). Los miembros de los Cabildos gozarán de fuero para expresar libremente sus ideas y opiniones sin que puedan ser reconvenidos por autoridad alguna. Para ser sujetos de proceso penal será necesaria la declaración previa de desafuero por la ALDF y aprobada por votación mayoritaria. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; disenso del PRI). El Estatuto de Gobierno mantendrá, con todo, la facultad reglamentaria depositada en el jefe de gobierno. (Consenso: PAN, PRD, PVEM y PT; disenso del PRI). (RRZ)
*Por la Mesa de Trabajo Organización Jurídico-Política del DF suscriben los acuerdos Pedro Etienne Llano, coordinador; Mauro González Luna, subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno de la ciudad de México; y Manuel González Oropeza, secretario técnico. Y representantes de partidos políticos y ONGs.