Anuncia Cardenas nueva administración pública

 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 del Estatuto de gobierno del Distrito Federal, comparezco ante esta H. Asamblea Legislativa para presentar el informe del estado que guarda la administración pública del Distrito Federal, correspondiente al período comprendido entre el 5 de diciembre de 1997 y el día de hoy, el que pongo en las manos de esta honorable representación. Me presento también ante los habitantes de esta gran Ciudad de México para rendir cuentas de cómo se ha trabajado en el gobierno en este período, cómo se han administrado los bienes y recursos públicos y cómo y cuánto se ha cumplido, con nuestras decisiones y acciones, con el programa de gobierno del Distrito Federal.

Este es el primer gobierno electo democráticamente por los ciudadanos de la Ciudad de México. Por eso, este mensaje está dirigido en primera instancia, a los electores, a las ciudadanas y ciudadanos que con su voto por diferentes opciones decidieron libremente la constitución de este gobierno y la composición plural de esta H. Asamblea.

El propósito que ha guiado, desde el primer día, la tarea de gobierno, ha sido y seguirá siendo gobernar para todos, para los de hoy y para los de mañana, y administrar y entregar a la ciudad, a sus habitantes y a sus futuros gobiernos, un patrimonio ordenado, enriquecido y más disfrutable en todos los aspectos de la vida urbana, familiar y personal.

En la elección del 6 de julio de 1997, el voto encargó a un nuevo equipo de trabajo el gobierno del Distrito Federal. Propusimos entonces iniciar, entre todos, un nuevo modo de gobernar la ciudad, acorde con los cambios y las demandas de estos tiempos. Este es el primer informe de este nuevo equipo de gobierno de la ciudad, en que se rinde cuenta del ejercicio de las facultades que le otorgan las leyes vigentes y de cómo se ha cumplido con el mandato conferido por la ciudadanía.

Como ya tuve ocasión de informar a la opinión pública en ocasión de cumplirse los primeros 100 días de ejercicio del gobierno, la primera tarea fue empezar a poner la casa en orden. No repetiré aquí cuanto ya fue dicho en esa ocasión sobre el estado en que se encontró la administración el 5 de diciembre. Me limitaré a recordar un hecho significativo: en el lapso comprendido entre el 6 de julio, cuando la ciudadanía votó, y el 5 de diciembre, cuando se recibió el gobierno, el espacio y el orden urbanos sufrieron un deterioro adicional, particularmente en los servicios y en la seguridad pública, para lo cual se combinaron el relajamiento en la disciplina de los cuerpos de seguridad, que dieron lugar a hechos tan deplorables como los asesinatos de los jóvenes de la colonia Buenos Aires; el otorgamiento acelerado e indiscriminado de licencias de diverso tipo, incluso hasta las últimas horas de la administración precedente; la aprobación y ejecución, igualmente apresurada, de contratos y obras innecesarios, como en el caso de los "confibuses" y otras acciones sin orden ni concierto, propias de una pérdida del sentido de mando y de la continuidad de las instituciones. La tarea de poner la casa en orden ha significado, entonces, dedicar una buena parte del esfuerzo y del tiempo, a hacer frente al desorden administrativo acumulado en el pasado y al deterioro de un período de descontrol y abandono, experiencia que no deberá volver a vivir esta capital.

Se propuso para la ciudad una administración ordenada, moderna y transparente. Esto quiere decir, en otras palabras, sentar las bases de una tarea ardua de reconstrucción administrativa y de transparencia de la gestión pública. Con este propósito y como un primer paso indispensable, se han suprimido los bonos de actuación y todo ingreso adicional decidido discrecionalmente para quienes prestan sus servicios en esta administración, y cada uno de los altos funcionarios de este gobierno ha hecho público su sueldo y su patrimonio al incorporarse al cargo. Cada uno de ellos será así sujeto del escrutinio público al dejar su encomienda.

Un sistema de información moderno, es hoy requisito indispensable para una administración democrática, transparente y responsable de sus actos. La informatización significa, entre otras cosas, ahorros en la administración, ampliación de las bases de conocimiento para la toma de las decisiones, cierre de posibilidades para la corrupción, orden y fácil acceso a bancos de datos nutridos y útiles. El gobierno del Distrito Federal está construyendo un sistema de información integral, que permitirá conectar todas las dependencias y transmitir entre ellas, y en muchos casos hacia el público, todo tipo de información: cartográfica, financiera, administrativa, de control de gestión. La construcción de este sistema implica la renovación del equipo de cómputo, que en diciembre era inexistente u obsoleto en la mayoría de las dependencias, la instalación de una red digital de telecomunicaciones y la conciliación de distintos sistemas informáticos que hoy se utilizan en las diversas dependencias. Sin este manejo de información, poco puede hacerse en materia de modernización de la gestión administrativa y poco podría lograrse en cuestión de verificación ciudadana de las acciones del gobierno.

Para avanzar en este sistema de información se constituyó un grupo de planeación que conjunta la experiencia y requerimientos de todas las dependencias de este gobierno, que ha permitido establecer los parámetros básicos sobre los que se monta el sistema. Los resultados están dándose y se seguirán dando por etapas; el sistema servirá fundamentalmente para las próximas administraciones, que podrán partir de una base tecnológica muy superior a la que se encontró en diciembre pasado. El conocimiento y la información reunidos en cada administración constituyen un patrimonio de la ciudad y, como todo patrimonio, es acumulativo y debe ser conservado y enriquecido. No es propiedad de un gobierno, un partido o un gobernante, es propiedad de todos, para que la ciudad esté mejor administrada y servida.

El estado en que se recibió este patrimonio, con archivos incompletos y desordenados, cuando no inexistentes, desaparecidos o borrados, no volverá a repetirse. Está desarrollándose y quedará para futuras administraciones de la ciudad, un sistema de información actualizado y eficiente.

En lo que toca a la administración de los bienes del gobierno de la ciudad, se avanza aceleradamente en la depuración de los inventarios, tanto del patrimonio inmobiliario como de los bienes muebles. Al inicio de la presente administración, los predios de los que se tenía respaldo documental que acreditaba la propiedad del gobierno del Distrito Federal, ascendían a 6 503 sobre cerca de 70 000 expedientes. Actualmente alcanzan 14 790, lo que representa un incremento de 120% en el número de bienes debidamente inventariados, quedando una ingente tarea por realizar en este renglón. Esta tarea de ordenamiento ha permitido ubicar y modificar el uso de varios de estos inmuebles para dar un mejor servicio a la población. Así, por ejemplo, en esta administración se han entregado 41 inmuebles para servir como centros de barrio en doce delegaciones y como centros de servicio en tres más.

La sede misma de la Jefatura de Gobierno se devolvió al antiguo Palacio del Ayuntamiento, una de las joyas de este inventario. Este gobierno ha querido así reanudar la antigua tradición de los gobiernos municipales, de raigambre popular, y regresar la sede del ejecutivo de la ciudad a ese noble edificio cuyos cimientos se apoyan en construcciones prehispánicas y cuyos patios, salones y mobiliario han sido testigos seculares de hechos y decisiones trascendentes de nuestra historia.

Los habitantes del Distrito Federal votaron por una ciudad democrática y una ciudad democrática no puede tener una administración corrupta. La nueva ciudad que todos queremos es incompatible con la vieja corrupción que todos conocemos.

Cuando nos comprometimos a combatir a fondo la corrupción en la administración pública a todos los niveles, nunca nos engañamos sobre la magnitud de la tarea. El mal, como todos sabemos, es antiguo, profundo y extendido. Agreguemos que en tiempos recientes, como es de pública notoriedad, se incrementó en proporciones nunca vistas y abarca todo el organismo nacional, incluida, por supuesto, la capital.

Contribuyen a esta grave situación el deterioro del estado de derecho; la proliferación en nuestro país de prácticas financieras dolosas; el empobrecimiento impuesto a vastos sectores de la población; y formas perversas que ha adoptado la globalización de los circuitos financieros y, a su sombra, los flujos del crimen organizado a niveles globales, que en países como el nuestro, tienen hoy ramificaciones y complicidades en las instituciones estatales.

Es ésta una situación nueva y compleja que repercute de lleno en la megalópolis global que es hoy la ciudad de México. Los obstáculos por enfrentar son difíciles; pero nunca dijimos ni diremos que son imposibles de vencer. Desde el primer día del nuevo gobierno, el combate contra la corrupción no sólo no ha tenido tregua, sino que ha obtenido éxitos significativos. Cuatro condiciones son indispensables para sacar adelante esta tarea:

La primera es insubstituible: es la voluntad política y ética de quienes están en el gobierno.

Nada ni nadie puede reemplazar el ejemplo y la transparencia en la conducta de los servidores públicos con las más altas responsabilidades, así como de sus colaboradores. Si la corrupción se empieza a barrer de arriba para abajo, la ciudadanía puede tener la seguridad que ha sido rota la impunidad y que puede encontrar las garantías para colaborar con vigor y determinación en esta tarea, que sólo es posible llevar a buen puerto entre todos.

La segunda es la separación tajante entre los bienes e intereses del gobierno y sus instituciones y los del partido político al cual pueden pertenecer algunos de sus funcionarios; y la separación, igualmente tajante, entre los intereses públicos y los económicos de carácter privado que pudieran afectar las decisiones de gobierno.

La tercera es la existencia de una legislación adecuada y rigurosa, con leyes, reglamentos y normas claros, sencillos, que no se contradigan unos con otros ni dejen huecos o recovecos para quienes pretenden burlar la ley, junto con la existencia de un cuerpo de jueces probos e independientes, que gocen de la confianza y credibilidad de sus conciudadanos. Un país de leyes es un país de jueces rectos, y la ley nada significa sin la confiabilidad y el rigor del sistema de justicia que la aplica y de las instituciones e individuos que aseguran su cumplimiento.

La cuarta es el establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de participación y control de los ciudadanos sobre el gobierno, sus actos y sus gastos, y la práctica de la periódica rendición de cuentas de los funcionarios ante la Asamblea Legislativa y ante la ciudadanía toda.

Una administración eficiente tiene como primera condición ser una administración honrada. Su resultado debe ser la optimización en el manejo de los recursos de la ciudad, en el uso y conservación de sus bienes e infraestructura y en la prestación de sus servicios a la población. Algunos ejemplos pueden ilustrar los avances en este terreno: en la Secretaría de obras y servicios se elaboró un catálogo único de precios unitarios, para, en todos los casos, pagar lo mismo por el mismo trabajo ejecutado; se ha logrado, por otro lado, reducir, en promedio, en 15% los precios a los que se adquieren materiales, lo que significa que hoy se pueden realizar obras con un costo, en promedio, 25% menor que en 1997; en esa misma secretaría, en la Dirección general de servicios urbanos, las licitaciones de transporte de residuos sólidos de las estaciones de transferencia redundaron en un ahorro de 35 millones de pesos; y se logró un ahorro adicional por 38 millones en la recolección de residuos hospitalarios, el control de fauna nociva y la operación de plantas de tratamiento, en ambos casos, comparando con el ejercicio anterior.

En el caso de la Tesorería se han presentado 65 denuncias y detenido a 102 personas bajo cargos de defraudación fiscal, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Destaca el caso de 605 304 multas por violación a la Ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, derivados de verificaciones vehiculares extemporáneas, anteriores a esta gestión, de las cuales cerca de 450 000 son apócrifas, lo que significa un fraude contra la Tesorería del Distrito Federal por cerca de 300 millones de pesos.

En la Corporación mexicana de impresión (Comisa), que es la empresa paraestatal que se encarga de las publicaciones del gobierno del Distrito Federal, se ha logrado reducir el costo del papel que se utiliza para los boletos del Metro, de $24 por kilo en 1997 a $10 en la actualidad. Incluso en esta empresa paraestatal se ha logrado, en julio de este año, una operación con números negros, a diferencia de la gestión pasada, que reportaba números negros pero la auditoría externa reveló que no eran tales.

En el área de la salud se ha logrado reducir el costo de los insumos en 15% y en obras de mantenimiento hasta en un 40%. Todas estas reducciones son resultado de la eliminación de intermediarios y comisionistas innecesarios y de una presión constante por cuidar los recursos que son de toda la población.

Además de reducir los costos de bienes y servicios pagados por el gobierno, se ha incrementado la eficiencia en la recaudación. Esto ha permitido que, en ingresos propios, el gobierno obtenga, en el primer semestre de este año, un 28% más que en el mismo período de 1997. En las delegaciones, los cobros por permisos, licencias, etc. han alcanzado incrementos muy importantes, que superan, por ejemplo, el 200% en la delegación Cuauhtémoc. Esto se ha logrado sin aumentar arbitrariamente las tarifas, sino haciendo eficiente el sistema de cobros y eliminando buena parte de las fugas antes existentes.

En lo que se refiere a administraciones anteriores, se ha procedido a revisar con seriedad y criterio responsable las decisiones que se tomaron en cuanto al buen uso de los recursos públicos. Cuando no ha sido así, se ha procedido conforme a la ley y se ha actuado administrativa y penalmente contra más de cien funcionarios, algunos de ellos con altas responsabilidades. Cabe aquí la mención del caso de un sistema informático de la PGJDF, instalado por la empresa IBM, que no cumplía con los requerimientos establecidos en el contrato. Se procedió contra 16 funcionarios de anteriores administraciones de la procuraduría, 3 de la presente administración y 3 de la empresa. La empresa aceptó pagar el equivalente a 38 millones de dólares como resarcimiento del daño causado a la procuraduría. El juicio penal, por otro lado, continúa contra quienes procedieron indebidamente.

Desterrar la corrupción no depende sólo de acciones de vigilancia, evaluación, corrección e imposición de sanciones sino sobre todo, del establecimiento de procedimientos preventivos en la fiscalización. El gobierno del Distrito Federal, y en particular la Contraloría General, avanza simultáneamente en estos dos procesos.

En la primera línea de acción, en el período de enero a agosto de este año, se han llevado a cabo 323 revisiones en el sector central del gobierno, que superan las 228 realizadas en el mismo periodo de 1997; en las delegaciones se realizaron 283 revisiones y en el sector paraestatal 204. Derivado de lo anterior, la Contraloría General ha emitido a la fecha un total de 2 326 observaciones relevantes, más en casi un 100% a las realizadas en 1997, distribuidas de la siguiente manera: sector central 931, delegaciones 767, entidades 628. Del 5 de diciembre al 31 de agosto se ha sancionado a un total de 1 903 servidores públicos de acuerdo a la gravedad de su falta, que va desde el apercibimiento o amonestación, público o privado, suspensión, hasta la destitución, inhabilitación y sanción económica.

En relación con los mecanismos preventivos, la Contraloría ha diseñado el sistema integral de fortalecimiento administrativo, para redefinir los mecanismos de control, mejorar las políticas de comunicación intra e interinstitucional, y abatir los rezagos en cuanto a la solventación de las observaciones derivadas de las auditorías. Se actualiza el marco normativo y se brinda asesoría permanente a las diversas áreas que lo solicitan para evitar que incurran en irregularidades. Por otra parte, se realizan compras consolidadas, esto es, se juntan las compras de varias dependencias en una sola operación, lo que permite reducir los precios al incrementar el volumen y tener un mejor control de los procesos de licitación; además, está poniéndose en marcha el programa para el control y mantenimiento del parque vehicular, rubro en el que se ejerce una parte considerable del presupuesto y que requiere de una vigilancia más estricta.

Uno de los terrenos donde la lucha contra la corrupción ha resultado más difícil y de efectos más lentos, ha sido en el caso del personal oficial en contacto con el público. Aunque prácticas corruptas como la mordida o la pequeña extorsión, se han castigado cada vez que han sido detectadas, distan todavía de haber sido erradicadas.

Ahora bien, sólo la exposición de los hechos y la conjunción de la voluntad del gobierno con el control severo de los ciudadanos, puede ir cercando y eliminando estas formas de delincuencia institucional, que más de una vez se ha encontrado que tienen conexión con la criminalidad organizada y/o con funcionarios en posiciones medias y altas de la propia administración.

Uno de los escenarios más adecuados para llevar a cabo este esfuerzo conjunto entre ciudadanos y gobierno, es el de la delegación, donde se da con intensidad mayor el contacto directo con el público. A ese efecto, el programa de ventanilla única se ha reforzado para acelerar los trámites y evitar fuentes de corrupción. A la fecha, se ha capacitado a los funcionarios que atienden estos espacios y se les ha dotado de manuales de trámites, a la vista de toda la ciudadanía, que permiten reducir la discrecionalidad. Este programa opera ya en todas las delegaciones y en las de Iztapalapa, Azcapotzalco y Milpa Alta se ha concluido la remodelación de las instalaciones de la ventanilla única.

El gobierno de la ciudad cuenta con recursos limitados, con un presupuesto inadecuado para las tareas que se requiere desarrollar en la ciudad y que la ciudadanía espera y demanda, y con un servicio importante de la deuda heredada.

Sin embargo, un mejor cuidado en el uso de los recursos y la eliminación de prácticas viciadas han permitido, en estos meses transcurridos, ahorros importantes en diversas áreas de la administración, a pesar del encarecimiento, debido a la inflación, de los bienes y servicios que la ciudad debe adquirir y prestar.

Esos ahorros y el incremento en los ingresos propios, permiten al gobierno contar, al día de hoy, con disponibilidades temporales de recursos que provienen de dos fuentes: una, recursos de programas y acciones que están en proceso y que concluirán en diciembre; otra, recursos derivados de economías que resultan de una mayor eficiencia y honradez. Se está estimando que al final de este año, esas economías representarán un 10% del presupuesto total del gobierno del Distrito Federal, unos 3 500 millones de pesos, y habrán permitido incrementar las acciones en los programas ya establecidos, particularmente de seguridad pública, procuración de justicia, desarrollo social y mejoramiento del ambiente.

Este manejo cuidadoso de los recursos se extiende al renglón de la deuda. El H. Congreso de la Unión autorizó a este gobierno una posibilidad de endeudamiento neto de 7 500 millones de pesos. A la fecha, el endeudamiento en que ha incurrido el gobierno es de 508.3 millones, resultado de disposiciones por 721.1 millones –utilizados para la línea B del Metro, para el servicio de transportes eléctricos y para apoyar las actividades de reforestación- y amortizaciones por 212.8 millones.

A partir de una cuidadosa revisión, se encontró que el Metro cuenta con equipo suficiente y podrá operar la nueva línea B, que entrará en operación a finales del año próximo, sin tener necesidad de adquirir nuevos trenes; la compra de éstos, deberá licitarse a principios del año 2000, para que entren en servicio en el 2003. Esto, junto con la reconsideración de la localización y tamaño de las plantas de tratamiento de aguas residuales, permite que las líneas de crédito con que cuenta el gobierno del Distrito Federal no tengan que utilizarse en su totalidad, disminuyendo así el endeudamiento en el que se había previsto incurrir en este año.

La ciudad votó por un gobierno democrático, con una enorme expectativa de cambio. A una proporción importante de esta expectativa, el gobierno confía en estar respondiendo. Pero la adecuada respuesta a esa justificada y legítima ansia de cambio, en las condiciones actuales del país, no depende sòlo de la voluntad y facultades de un gobierno local, así sea el de la capital de la República. No puede cambiarse, desde el solo gobierno de la ciudad, el curso y la lógica de una política económica y social de alcance nacional, que sigue produciendo graves efectos sobre los ingresos, la salud, la educación, el bienestar social de los ciudadanos y de las familias de esta ciudad y del país entero. Como las cifras nacionales lo confirman, se han mantenido o han crecido los niveles del desempleo, la caída de los salarios, la quiebra de pequeños y medianos empresarios y deudores, la pobreza y la inseguridad de todos, sobre el hoy y sobre el mañana.

Aún con este entorno inmodificable desde una realidad local, el gobierno de esta ciudad ha buscado con empeño y con ciertos éxitos, hacer una utilización de los recursos disponibles que permita atender con prioridad las urgencias sociales más sentidas por la población. Se ha buscado responder en lo posible a aquellas expectativas, haciendo un gobierno con sensibilidad y orientación sociales, cuya obra y cuyo ejemplo puedan contribuir a dar elementos para el cambio necesario y urgente del entorno nacional en estos aspectos.

En este año, el gobierno de la ciudad decidió otorgar a sus trabajadores un incremento salarial del 18%, más un 4% adicional en prestaciones, lo que hace un total de 22%, superior al incremento inflacionario de los precios. Se inició así, a pesar de las restricciones presupuestarias que se encontraron, una política de recuperación de los salarios de los trabajadores dentro de las posibilidades de la administración. Puede decirse con satisfacción, que ese incremento, además de representar una medida de justicia, fue superior a los concedidos hasta ese momento por otros empleadores públicos o privados conforme a la política de topes salariales y tuvo una visible influencia para determinar aumentos similares en acuerdos subsiguientes en otros sectores.

Por otra parte, el gobierno de la ciudad ha respetado estrictamente las condiciones laborales, prestaciones y conquistas que se registran en las condiciones de trabajo pactadas entre el Sindicato único de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, la Alianza de tranviarios, el Sindicato de trabajadores del STC (Metro), el de trabajadores de Comisa y el de trabajadores de Servimet y el gobierno. Este se ha preocupado de que las prestaciones sean íntegras y efectivas. Por ejemplo, en lo que toca a la entrega de ropa de trabajo que por contrato deben recibir los trabajadores, en esta ocasión, las dependencias correspondientes, han realizado las pruebas de calidad necesarias para asegurar que las prendas cumplan con los requisitos estipulados en los contratos con los proveedores.

En el caso de situaciones laborales no resueltas por administraciones anteriores, como la de algunos trabajadores del Metro, cuya reinstalación había sido ordenada por la justicia laboral, el gobierno procedió a respetar dicha reinstalación y a conciliar con los interesados y con sus organizaciones otras situaciones similares pendientes.

Estas normas de respeto a los derechos laborales y a los acuerdos justos entre las partes, fueron también las que dieron fundamento al laudo arbitral que dicté, a invitación del sindicato y del patronato, que permitió resolver el prolongado conflicto del Nacional Monte de Piedad.

Al través de los programas de vivienda y escrituración ejecutados por el Fideicomiso de vivienda y desarrollo social y urbano (fividesu) y el Fideicomiso programa casa propia (ficapro), coordinados por el Instituto de vivienda como parte de su programa financiero, al 31 de agosto se ha atendido a 2 352 familias, con la construcción de 558 viviendas y la entrega de 1 794 escrituras. Se encuentran en proceso de obra 8 925 viviendas con un avance promedio del 45.3% y están en trámite de escrituración 2 810, faltando sólo 24 escrituras por realizarse. Restan por iniciar en el año 4 885 viviendas, para alcanzar la meta de familias atendidas, con viviendas construidas o en proceso de terminación, para fin de año. Adicionalmente, se han otorgado créditos para que solicitantes de vivienda adquieran 13 069 m2 y se concretó legalmente la transferencia de terrenos del patrimonio de la ciudad por 161 480 m2 para el desarrollo de nuevos programas habitacionales.

Por otra parte, en enero se publicó un acuerdo para fomentar la construcción de vivienda de interés social y popular mediante el subsidio de hasta 100% de los certificados de uso de suelo, las licencias de construcción, los trámites de alineamiento y número oficial, contribuciones por mejoras, impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos por registro público de la propiedad. En el Centro Histórico se decretaron subsidios adicionales a los anteriores, para habilitar inmuebles catalogados y todo inmueble que incorporara vivienda de interés social en un mínimo del 30% de su superficie construida.

El Instituto de Servicios de Salud, que atiende a población que no tiene acceso a otros servicios, incluso del área metropolitana que no corresponde al Distrito Federal, ha prestado, en estos meses, más de 39 000 consultas de planificación familiar, 64 000 pláticas de educación para la salud, 1 720 000 consultas externas generales, 59 000 servicios de hospitalización general y especializada y 405 000 servicios médicos de urgencias, en promedio, un 10% más que en el mismo período de 1997. Por otra parte, se ha llevado un control adecuado de inventarios, lo que ha permitido reducir costos y alcanzar niveles de dotación de insumos, en todos los hospitales, de entre 85 y 100%.

Se destinaron poco más de $33 000 000 a la impresión de casi un millón y medio de libros de texto de matemáticas, español, física y química, para educación media. Estos libros, que se entregaron en forma gratuita en las secundarias públicas, permitirán a medio millón de familias ahorrar el equivalente a 6 días de salario mínimo por alumno.

Han iniciado operaciones un centro para la atención del migrante indígena, además de los módulos instalados en las terminales de autobuses y ferrocarril. En ellos se brinda orientación a quienes llegan buscando mejor fortuna en esta capital, normalmente desplazados de un campo abandonado a su suerte.

El Distrito Federal ha crecido anárquica y desmesuradamente durante décadas, devorando espacios verdes y cubriendo con pavimento lo que antes era terreno de infiltración y recuperación del agua y de los fluidos vitales de la ciudad. En la actualidad, toda la reserva ecológica, pulmón indispensable para el aire que todos respiramos y zona preciosa de recuperación de los mantos acuíferos, ha quedado concentrada en las delegaciones de Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac e Iztapalapa. Se ha llegado al límite mínimo de zonas verdes indispensables para la renovación del aire, del agua y de la vida de nuestro llamado Valle de México.

Esta reserva está hoy directamente amenazada por invasiones de tierras y por fraccionadores inescrupulosos. Este gobierno ha declarado, desde el primer día, que no tolerará una sola invasión más de terrenos públicos pertenecientes a esa reserva y que los invasores, cualesquiera que sean sus razones, serán desalojados y, cuando sea posible, reubicados. Menos aún se tolerará la actividad de fraccionadores o de dirigentes que abusen de la credibilidad o la buena fe de familias necesitadas de vivienda para apropiarse, en su provecho, de terrenos ubicados en dicha reserva. Los delegados tienen instrucciones precisas para actuar en ese sentido.

Comprendemos la angustiosa necesidad de vivienda de muchas familias de recursos insuficientes que no encuentran ubicación en otras zonas de la ciudad. Pero frente a esta legítima ansiedad individual por encontrar lugares de vivienda, está el igualmente legítimo derecho y la necesidad de disponer de los espacios indispensables de recuperación ambiental y del agua. En casos como éste, el respeto al derecho de los demás, constituye la garantía del respeto al derecho propio.

A principios de enero fueron desalojadas 300 familias que habían invadido el predio conocido como Ecoguardas; posteriormente han debido desalojarse invasiones del predio La Cuchilla, en Lomas de Cuilotepec y de más de 30 hectáreas en El Llano, los tres correspondientes a la delegación Tlalpan. En todos los casos, por tratarse de terrenos de reserva ecológica.

La reserva ecológica de la cuenca de México es patrimonio y propiedad de los habitantes de toda la ciudad, la que se extiende para formar la gran zona metropolitana. No puede ser apropiada por individuos, cualesquiera que sean sus razones y necesidades. Nuestro deber es preservar ese patrimonio y lo seguiremos cumpliendo sin vacilaciones. Del mismo modo, no se aprobarán proyectos de construcción o de desarrollo que atenten contra las normas vigentes de la planificación urbana y contra los derechos de los habitantes de la ciudad.

Desde 1997, el fenómeno climatológico de El Niño ha estado causando serios disturbios en todo el mundo. En nuestro país, durante los primeros meses del año se vivió uno de los estiajes más agudos en muchos años, y en particular en el Distrito Federal, el más severo del que se tenga registro. Asimismo, entre julio y septiembre las precipitaciones pluviales han sido muy superiores a las registradas en años normales, ocasionando serias catástrofes en algunas regiones del país, como en Chiapas y en varios Estados más del litoral del Pacífico.

En el Distrito Federal, los efectos de este fenómeno climático han sido menores que en dichas entidades, pero muy superiores a lo que normalmente ocurre aquí. En los primeros meses del año, se presentaron incendios forestales en todo el país en un número extraordinario. En lo que va de este año, se han registrado en el Distrito Federal 1 932 incendios forestales, que afectaron 5 735 hectáreas, que representan el 6.6 % del área rural de la entidad. En promedio, el daño causado por estos incendios se presentó en un 80.4 % en pastizales y en un 19.6 % en arbustos, hojarasca, renuevos y arbolado adulto.

Cabe mencionar, por su magnitud, dos incendios: el del Parque Nacional Desierto de los Leones, que con una duración de 84 horas afectó 400 hectáreas (90 % de pastizal y 10 % de arbolado) y exigió la participación de 2 671 combatientes para extinguirlo; y el de la Sierra de Chichinautzin, que llegó de Morelos al Distrito Federal el 11 de mayo, fue extinguido el 14 del mismo mes, afectando 80 hectáreas.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de esta temporada de incendios, cabe señalar que el Distrito Federal mantiene los mejores índices promedio de eficiencia en el control de los mismos a escala nacional: detección del siniestro en 5 minutos, arribo al lugar en 22 minutos y control en 98 minutos. La afectación promedio es de poco menos de 3 hectáreas por incendio, mientras que el promedio nacional correspondiente ronda las 29 hectáreas.

Durante este año se plantarán cerca de 10 millones de árboles en las zonas de vocación forestal y más de 2 millones dentro del espacio urbano. Al 4 de septiembre, 68% de los árboles habían sido ya plantados. La importancia de esta reforestación no es sólo por compensar el daño natural de los incendios, sino porque apoya en la reducción de la contaminación del aire y en el mejoramiento general de la calidad de vida en la ciudad.

En esta temporada de lluvias, los trabajos de desazolve efectuados en el sistema de drenaje y en las presas, así como la limpieza de barrancas y cauces, han reducido en proporción importante los efectos de precipitaciones fuertes y los riesgos para la población asentada, en muchos casos, desde hace muchos años, en los cauces. Asimismo, el trabajo desarrollado a través del programa de mitigación de riesgos está permitiendo prevenir oportunamente a la población y atender con prontitud las contingencias, como las que se presentaron en Cuajimalpa y Milpa Alta, en donde avenidas de agua extraordinarias ocasionaron daños de consideración.

En Cuajimalpa, la creciente del río San Borja superó el escaso espacio que dejaban las construcciones irregulares en su cauce, provocando la muerte de cuatro miembros de una familia, tres de ellos, niños, y serios daños en varias viviendas de San Mateo Tlaltenango. Se brindó apoyo a los deudos. El siniestro afectó 24 hogares, con un total de 112 damnificados.

En Milpa Alta hubo que lamentar la muerte de dos personas, se dañaron un centro de desarrollo infantil y la casa de la cultura de San Lorenzo Tlacoyuca, 32 viviendas y el drenaje que va de Villa Milpa Alta a San Antonio Tecómitl. Se atendió a 127 damnificados.

En ambos casos, así como en el caso de los incendios forestales, las autoridades delegacionales, el personal de protección civil, de servicios urbanos y de seguridad pública, así como de las distintas delegaciones y de la Secretaría de la Defensa Nacional, acudió con prontitud a prestar auxilio y establecer medidas de protección en las zonas golpeadas por los incendios o la inundación, contándose en todos los casos con la generosa solidaridad y colaboración de vecinos, de áreas cercanas y distantes, que hicieron menos difícil la situación para quienes fueron afectados y para quienes realizaron las tareas de combate, rescate y limpieza.

Expreso aquí el reconocimiento del Gobierno del Distrito Federal a todos aquellos que con valor, dedicación y generosidad contribuyeron a mitigar las penas de la población damnificada y a enfrentar los problemas provocados por esos desastres naturales.

Durante lo que va del año se han registrado dos contingencias ambientales (25 al 30 de mayo y 5 de junio) y una precontingencia por partículas suspendidas en el aire, originadas fundamentalmente por los incendios forestales antes mencionados. Como parte de las acciones emprendidas para enfrentar estas situaciones, el 29 de mayo, la Comisión Ambiental Metropolitana, en la que participan la Secretaría de medio ambiente, recursos naturales y pesca y los Gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, emitió 13 medidas para reforzar la acción y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de la Ciudad de México, destacando entre ellas la actualización de normas, que se hacen más rigurosas, respecto a contenidos de ozono y partículas suspendidas para declarar las contingencias, el control de las emisiones contaminantes de los vehículos de transporte público federal y la actualización también de las normas relativas a las emisiones de gases y partículas de las industrias.

Parte del problema, debe señalarse, tiene que ver con el incumplimiento de las normas ambientales relativas a emisiones vehiculares, que se da debido a la corrupción existente en algunos verificentros. Se ha mencionado ya el caso de casi medio millón de multas apócrifas relacionadas con la verificación vehicular, que están siendo investigadas por la PGJDF. Además, al 31 de julio se habían realizado 173 supervisiones técnicas a centros de verificación (87 ordinarias y 86 extraordinarias), que resultaron en la suspensión de 122 líneas en 40 verificentros.

En los rubros de obras y mantenimiento, la labor de estos meses ha sido intensa: se han continuado obras iniciadas por administraciones anteriores, se han comenzado otras nuevas y se ha preservado, reparado y mejorado la infraestructura existente.

En el acueducto perimetral, también conocido como acuaférico, se terminó la excavación de la tercera etapa y se ha iniciado ya su revestimiento. Esta obra estará lista cuando los trabajos que realiza el Gobierno federal hagan llegar los nuevos caudales de la cuenca del río Cutzamala a la ciudad.

Se continúan las obras del drenaje profundo, así como el mantenimiento de las redes primaria y secundaria de drenaje. Durante este período, se realizó el desazolve de 2 000 km. de redes de drenaje y la limpieza y desazolve de presas, cauces y barrancas, removiendo más de 800 000 m3 de azolves, cascajo y basura.

En materia de tratamiento de aguas residuales, las proyectos de las plantas realizados durante la administración pasada fueron revisados conjuntamente por la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, habiéndose determinado un cambio de localización y la reducción de los volúmenes a tratar, que se ha encontrado son menores a los considerados incialmente, lo que incidirá en una reducción de las erogaciones.

En lo relativo al agua potable, la recuperación de pozos, en particular en Iztapalapa, así como un manejo más racional de los caudales, permitió que a pesar de haberse vivido el estiaje más severo del que se tiene registro en los últimos 80 años, no se presentara un desabasto como el de años pasados. Durante ese período se pudo ya disponer de 500 litros por segundo adicionales, gracias a estas obras. A la fecha, el caudal recuperado supera los 800 litros por segundo y al finalizar el año se habrán recuperado 2 000 litros por segundo en total.

En la red de agua potable de la ciudad, se estima se pierden por fugas entre el 30 y el 40% de los volúmenes que se distribuyen. Para corregir esta situación, se ha iniciado un programa de detección y reparación de fugas, al que se había asignado un presupuesto de 200 millones de pesos para ejercerse en este año, que por la importancia del programa se decidió elevar a 400. A finales del año se prevé haber recuperado 840 litros por segundo, teniendo muy claro que esta es la forma hoy mejor para aumentar la dotación de agua para el servicio de la ciudad.

Se ha puesto, por otro lado, a disposición de los habitantes de la ciudad, el teléfono 6 54 32 10, que permite responder con rapidez a los reportes de fugas de agua, baches, necesidad de reponer luminarias del alumbrado público y remover basura de la vía y los espacios públicos, y que a la fecha, ha recibido más de 25 000 llamadas, atendiéndolas en general en menos de 48 horas. En el caso de quejas sobre el drenaje, el tiempo de respuesta es más largo, de 5 a 7 días, debido a la necesidad que representa mover equipo y que se trata, en general, de obras de mayores complicaciones.

La construcción de la línea B del metro alcanza ya un avance de 63%. La obra estará lista e iniciará operaciones en el segundo semestre del año próximo. Por otra parte, se han iniciado los estudios para evaluar la conveniencia de realizar la ampliación de la línea 8 del Metro, para prolongarla hasta Xochimilco. De resultar favorable la evaluación técnica y económica, las obras podrán comenzar en este mismo año.

Por muchos años se descuidó el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la ciudad. Como en cualquier caso de mantenimientos postergados o diferidos, el deterioro crece desproporcionadamente con el paso del tiempo y lo mismo sucede con los costos de reparación o de reposición. Nos hemos propuesto terminar con este criterio de que los bienes públicos de la ciudad no son de nadie y pueden ser descuidados o despilfarrados. Son de todos, de cada uno de nosotros y la primera obligación de cada gobierno es cuidarlos y mejorarlos para la ciudad y para los gobiernos sucesivos. Sólo así se podrá pedir a los ciudadanos que hagan lo propio y cuiden las calles, las plazas y los espacios públicos como si fueran parte de la casa de cada uno.

En estos meses el gobierno ha realizado una labor intensa de mantenimiento para subsanar los diferimientos, recuperar los rezagos y mantener en buen uso las instalaciones existentes. Tal es el caso de la pavimentación de vialidades primarias, que supera ya el millón de metros cuadrados, y de vialidades secundarias, en las que se han pavimentado más de 300 000 m2. Para avanzar en el mejoramiento de los pavimentos de la ciudad, se licitó ya obra que duplicará para finales del año lo realizado hasta la fecha, con lo que se habrá realizado obra que representa el 60% de lo pavimentado durante los tres años de la administración anterior.

Se han iniciado también obras de mejoramiento en los mercados públicos, así como el rescate de La Merced, tanto de las naves que resultaron afectadas en el incendio ocurrido en marzo, como en la urbanización de la zona circundante.

Uno de los problemas que la población de la capital sufre todos los días, es el de los conflictos de tránsito, provocados en buena medida por el desorden en la circulación de vehículos, principalmente los de servicio público. El gobierno da pasos al promover la modernización del equipo de transporte, al instalar un nuevo sistema de semàforos, que pronto entrará en operación, y al rediseñar las rutas de transporte en toda la ciudad. Al descentralizar la policía hacia las delegaciones, éstas podrán hacer una tarea más efectiva en el ordenamiento del tránsito, cuidando que los policías aisgnados a estas funciones cumplan adecuadamente su labor. Pero también es necesario que la ciudadanía cumpla con las reglas; hacerlas cumplir también es responsabilidad del gobierno. Si el transporte de carga se detiene a realizar actividades en cualquier momento del día, en cualquier parte de la ciudad; si la población se estaciona en doble fila o en vías rápidas; si el transporte público utiliza cualquier carril para circular o cualquier espacio para detenerse; si los "valet parking" utilizan la calle para estacionar los automóviles, es imposible tener una vialidad aceptable. Estamos revisando los ordenamientos relacionados con la vialidad y el transporte para llevar a cabo las modificaciones necesarias, que permitan modificar estas actitudes indebidas.

El manejo transparente de los recursos públicos ha sido un factor generador de confianza para sectores importantes de la iniciativa privada. Así, han podido impulsarse proyectos de desarrollo urbano que empiezan a dar frutos y beneficiarán a amplios sectores de la población. Como ejemplos pueden mencionarse el Proyecto Alameda; el bulevar Reforma-Cuajimalpa; el Proyecto Villa de Guadalupe; la recuperación comercial, turística y cultural del centro histórico de la ciudad; el manejo integral de los recursos hidrológicos de Xochimilco y Tláhuac. En materia de promoción de empleo, la Feria del empleo realizada en julio recibió casi 20 000 asistentes, habiéndose colocado en empleos distintos a más de la mitad de ellos.

El papel del gobierno del Distrito Federal en materia económica es y debe ser, fundamentalmente, de fomento. Para ello, es importante que se facilite la actividad de los empresarios que han tenido que enfrentarse, por décadas, a una regulación construida más sobre bases de discrecionalidad que de racionalidad económica. Así, al inicio de este gobierno se emitió un acuerdo para establecer una tregua en la inspección de las empresas y otro en el que se planteaba un proceso de regularización. En ambos casos, se ha avanzado y se ha extendido la vigencia de ambos acuerdos para no sólo realizar la regularización, sino para modificar la regulación de forma que, sin abandonar el papel normativo que tiene el gobierno como representación de la sociedad, se eliminen medidas discrecionales que sólo sirven para generar espacios de corrupción y estorbar la legítima acción de los empresarios.

Puede ilustrarse esta estrategia con el caso de los anuncios espectaculares. En los últimos años, este tipo de publicidad creció de manera desordenada. En diciembre de 1997, prácticamente la mitad de estos anuncios estaban instalados contraviniendo leyes y reglamentos. Este gobierno ha procedido a actuar en contra de quienes violan la ley, 351 espectaculares se han retirado ya, en muchos casos con la colaboración de las propias empresas promotoras de los anuncios, anuentes a retirar otros más también irregulares, y se seguirán retirando todos aquellos que se encuentran en situación indebida y se ha respetado, absolutamente, a quienes desarrollan su actividad de acuerdo con los ordenamientos vigentes.

El gobierno del Distrito Federal ha puesto en práctica una política social que busca promover una nueva forma de relación social, basada en el respeto y en el concepto de equidad entre grupos sociales, así como en dar asistencia a la población más vulnerable.

Como respuesta a la demanda de las mujeres para desarrollar una política pública de igualdad de oportunidades, que garantice el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, el 8 de marzo pasado se publicó el acuerdo mediante el cual se establece el Programa para la participación equitativa de la mujer, que plantea la participación de las mujeres en los programas y acciones políticas de gobierno. Se creó, además, el Consejo consultivo de la mujer, en el que participan destacada personalidades, legisladoras y luchadoras por los derechos femeninos. Cabe también señalar que desde que inició la gestión se ha incorporado de manera significativa a mujeres a cargos de la mayor responsabilidad en el gobierno.

Como parte del programa de apoyo a la mujer y la familia del DIF, se puso en operación el primer albergue para mujeres maltratadas, atendiéndose en él a 79 y a 138 menores. Se elaboró el programa sobre violencia intrafamiliar para la ciudad de México y se otorgó atención a 14 grupos de madres adolescentes en los centros comunitarios del DIF. Dentro del programa de colaboración NOVIB-Gobierno del Distrito Federal, se instaló un módulo de detección de cáncer cérvico uterino en la delegación Alvaro Obregón.

Con el propósito de promover y desarrollar, bajo una perspectiva de género, acciones afirmativas que garanticen la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres, se estableció un modelo de centro de atención integral, en el que se ofrece asesoría jurídica y psicológica, talleres, actividades deportivas, cuidado infantil y asesoría educativa. A la fecha, se encuentran en funcionamiento ocho centros en otras tantas delegaciones.

Por otra parte, se han creado siete unidades de atención a la violencia familiar, en los que se brinda, sobre todo, asistencia jurìdica, en las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras. En Venustiano Carranza, por otro lado, se abrió, el 7 de mayo, el primer centro de apoyo a la mujer.

Un ejemplo de acción coordinada entre el gobierno del Distrito Federal y las organizaciones de mujeres, lo constituye el trabajo conjunto con la Red de salud de las mujeres del Distrito Federal, que ha conducido a mejorar los programas de salud reproductiva que se llevan a cabo dentro de los servicios públicos del Gobierno de la ciudad, habiéndose puesto en marcha experiencias novedosas con participación de organismos no gubernamentales, como son los puestos de salud itinerantes que proporcionan consulta gratuita a mujeres que acuden a ellos.

El programa "niñas y niños en vacaciones" se llevó a cabo en deportivos, centros de acción social, albergues, módulos de bienestar social, bibliotecas, centros sociales, estancias infantiles, centros de trabajo, gimnasios, foros culturales y en las instalaciones del bosque de Aragón, en 10 delegaciones, participando poco más de 4 000 niños y niñas.

El 30 de junio del presente año se constituyó formalmente el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, el cual se encarga de instrumentar las políticas culturales y es la instancia normativa de los programas de atención a la cultura del Gobierno del Distrito Federal.

Entre las actividades que el Instituto de Cultura ha puesto en marcha, se encuentran el programa de fomento a la lectura, que al través de libro-clubes fomenta la práctica de esta actividad; el programa "la calle es de todos", bajo el que se presentan espectáculos artísticos de calidad en diversos foros de la ciudad, destacando entre ellos los dos "bailes del deseo", que tuvieron lugar, uno, en el Zócalo, con la actuación de Celia Cruz, el otro, en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, con la Sonora Santanera, con asistencia de más de 50 000 personas en cada caso; el concierto "un regalo para la ciudad" de Silvio Rodríguez en el monumento a la Revolución, con la presencia de 35 000 personas; el concierto de Ramón Vargas en el Zócalo, que contó con 35 000 asistentes; la presentación de la "zarzuela cubana" en la plaza de Santo Domingo; y, este pasado fin de semana, "las fiestas en el corazón de tu ciudad", que reunieron a más de 60 000 personas, de nueva cuenta en el Zócalo.

El programa "las siete tocadas capitales" pretende recuperar espacios públicos y mejorar las interrelaciones, sobre todo, entre los jóvenes de la ciudad; en el marco de este programa se realizaron tres eventos: el "primer festival nacional de ska, por la tolerancia" en la delegación Iztacalco; "rock contra el sida" en la delegación Tláhuac; y el "baile de la tregua" con los grupos Layras y Cañaveral, con la propuesta de la no violencia, en el monumento a Lázaro Cárdenas. A estos eventos asistieron alrededor de 15 000 personas en cada uno de los dos primeros y 10 000 personas de las colonias Doctores y Buenos Aires, al tercero.

Como parte del programa "juglares y jugares por todos los lugares", se han efectuado 32 talleres para niños con actividades de danza, teatro y creatividad, con asistencia de 6 200 menores.

Entre otros programas, destacan también los de teatro en atril, que consisten en la presentación de obras en diferentes foros y teatros, con actores profesionales y obras reconocidas (a la fecha se han presentado 200 obras, con una asistencia estimada en 168 000 personas); talleres culturales infantiles en diferentes espacios de la ciudad, de los que se han realizado 88 con asistencia de 3 720 niños; 24 ciclos de talleres literarios con actividades de lectura, poesía y literatura universal, con una asistencia de 3 650 personas; y 21 conciertos delegacionales de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, con una asistencia estimada de 58 000 personas.

En lo que se refiere al deporte, para apoyar el programa plan vacacional 1998, se llevó a cabo la preparación de 3 060 personas que cumplieron funciones de monitores y promotores deportivos, mediante el cual se atendió a 12 000 niños en las delegaciones y 14 762 en las instalaciones del Gobierno del Distrito Federal. En los meses de abril y mayo se llevó a cabo la olimpiada infantil y juvenil, en la cual participaron 38 000 niños y jóvenes, habiéndose seleccionado 1 323 competidores que finalmente representaron al Distrito Federal en los juegos nacionales, logrando el primer lugar nacional en ambas categorías. Asimismo, al través del festival recreativo infantil, se apoyó a las delegaciones, brindando atención a 12 000 participantes.

Para conseguir la plena utilización de toda la infraestructura disponible, se encuentran en proceso trabajos de mantenimiento mayor en 10 unidades, entre las que destacan la construcción de la escalera de emergencia del centro deportivo Guelatao; el techado de las albercas del velódromo olímpico; la rehabilitación integral de la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca; la construcción de la alberca de la unidad deportiva "Francisco I. Madero"; y la remodelación de la pista del velódromo olímpico.

Al través de 138 escuelas técnico deportivas, se atiende mensualmente a 22 000 alumnos en 38 disciplinas. En agosto se celebraron los juegos nacionales de la senectud, participando en representación del Distrito Federal 785 competidores en diferentes pruebas. Se realizó también la 16ª. edición del Maratón internacional de la ciudad de México, en el que se corrió, además, el medio maratón y convivencias de cinco kilómetros en seis delegaciones. Para este evento se inscribieron, en estas tres modalidades, 17 200 corredores y participaron como voluntarios en la organización, 14 000 ciudadanos.

La Unidad de zoológicos de la Ciudad de México cobró realidad, más allá del papel, a partir del primero de enero de 1998, integrándose los recursos presupuestales dispersos y definiéndose su estructura orgánica con base en los objetivos de recreación, educación, investigación y conservación de especies (las tres últimas, antes prácticamente desatendidas). Se constituyó el Fideicomiso de la Unidad de zoológicos, que apoya la preparación de un plan maestro para rehabilitar y desarrollar el zoológico de San Juan de Aragón, así como la realización de obras complementarias en el de Chapultepec.

En este mismo sentido y para incrementar la colección de los zoológicos (3 000 animales de 275 especies diferentes), se inauguró el laboratorio de reproducción "MVZ Juan Téllez Girón" y se suscribieron convenios de colaboración con los zoológicos de San Diego en Estados Unidos, y Zacango, Wameru y Zoofari aquí en el país.

De manera significativa, se ha podido atender a 5.5 millones de visitantes, 4.2 en el zoológico de Chapultepec y 1.3 en el de San Juan de Aragón. A la fecha, han asistido en grupos escolares 210 000 niños y jóvenes y se integró un programa de voluntarios para apoyo de las actividades técnicas y académicas en ambos zoológicos. Se abrió al público el aviario Moctezuma, el que han visitado 231 000 personas en visitas guiadas, y el herpetario, que presenta una colección que han visto 40 000 visitantes.

Aunque se haya trabajado en todos los renglones a los que hasta aquí se ha hecho referencia y aún cuando se han alcanzado resultados importantes en ellos, los problemas que sin duda más concentran la atención de la población son los de seguridad pública y procuración de justicia.

 En 1994, se denunciaban diariamente 366 delitos. Para noviembre de 1997, esta cantidad se había duplicado, alcanzando la cifra de 722 delitos denunciados al día. Este incremento acelerado, con un ritmo superior al 25% anual, cambió por completo la percepción de los habitantes de la ciudad sobre esta problemática.

Sin embargo, es importante remarcar, primero, que estas cifras corresponden a denuncias de delitos, y que éstos, en una proporción importante, no se denuncian, y segundo, que la inseguridad no es sólo cuestión de cifras, sino también de percepciones. Si la población se siente insegura, lo demás es poco importante.

Ahora bien, existen dos fenómenos muy distintos, determinantes ambos, para configurar la inseguridad que enfrentan la ciudad y el país. Por una parte, hay crímenes como el robo de vehículos, el robo a transportistas o el asalto violento a bancos, que no son producto de delincuentes incidentales, de individuos aislados y desesperados, sino de una actividad en su mayor parte altamente organizada y tecnificada. Quienes cometen la mayoría de estos delitos, son miembros de bandas jerarquizadas, con medios, contactos y protecciones importantes, que han perfeccionado sus formas de operar y de disponer del producto de sus actividades delictivas. La proliferación de estas bandas es común a los más diversos países y ciudades y sus actividades, conexiones y modos de actuar se extienden más allá de nuestra ciudad y de nuestras fronteras. En nuestro caso, además, esta proliferación se ve favorecida por el profundo y prolongado deterioro que ha venido sufriendo el estado de derecho en el país y la colusión y protección al crimen de políticos y funcionarios en altas posiciones de poder.

Una banda u organización criminal no es, pues, un grupo de tres o cuatro jóvenes inexpertos que ocasionalmente se reunen para cometer un delito. Se trata de una organización criminal jerarquizada, integrada por individuos en su mayor parte con experiencia y antecedentes de vida delincuencial, con una rigurosa división de tareas y especializaciones, capitaneados frecuentemente por un jefe superior sin antecedentes penales registrados, con vida legal y con actividades y reconocimiento incluso en la sociedad por encima de toda sospecha, lo cual contribuye a dificultar su individualización, captura y posterior consignación.

Este tipo de delitos, sin embargo, son denunciados en casi todos los casos, y sólo respecto a ellos sirven de algo las cifras de denuncias, y es en ellos en donde se han registrado disminuciones notorias en los índices. En esos casos, es indudable que se ha logrado frenar el crecimiento del delito, aunque todavía no se trate de una disminución de proporciones mayores. Para perseguir estos delitos, la estrategia seguida consiste en una cuidadosa tarea de inteligencia policial, que se ha recuperado, y en la participación directa de las organizaciones empresariales afectadas. En el caso de robo de vehículos, la cifra de autos robados cada día se ha reducido de 160 durante 1997 a 120 en los últimos tres meses, una disminución de casi 25%; el robo a transportistas ha bajado de 69 a 55 diarios, de noviembre de 97 a julio de este año.

En el caso de asaltos a bancos, durante este período, se han registrado 86 robos con violencia, de los que se han resuelto 33. El monto robado asciende a $4 839 000. Durante 1997 los asaltos a bancos con violencia fueron 99, de los que se resolvieron 22 y el monto robado fue seis veces mayor. Es importante señalar que se ha incrementado notoriamente un delito conocido popularmente como "robo psicológico a bancos", que no incluye ninguna violencia y en el que los montos robados son relativamente pequeños. Para frenar este tipo de asaltos, es mucho más importante el avance que puedan lograr las sucursales bancarias en sus mecanismos de seguridad, que el apoyo que pueda brindar y brinda, el Gobierno del Distrito Federal.

En estos primeros meses de gestión, la PGJDF ha logrado la detención de 1 660 integrantes de 352 organizaciones criminales. Entre ellos se cuentan 123 criminales de la más alta peligrosidad. Han sido consignados, de igual forma, 326 funcionaros públicos por diversos delitos, incluyendo corrupción y vinculación con organizaciones criminales, cuatro veces más que en 1997. Adicionalmente, la contraloría interna de la PGJDF ha sancionado a 362 funcionarios de esa dependencia.

Pero si en estos casos se han logrado avances, en el caso de robo a transeúnte, que incluye facetas como el robo en taxis, en la calle o de piezas automotrices, y que es denunciado en raras ocasiones, el índice de denuncias no ha bajado. Existen hoy más denuncias por este ilícito que antes y hay sin duda, más robos de piezas automotrices, más asaltos en la calle y en los taxis de los que había anteriormente.

Ciertamente existen bandas organizadas que cometen estos delitos, aunque diferentes de las que realizan el robo de vehículos o a bancos, pero también existe el robo incidental. La presencia de la policía es uno de los factores fundamentales para reducir este tipo de crimen. Sin embargo, tener más policías no sirve de mucho si éstos no están debidamente capacitados y equipados, y sobre todo, si no tienen vinculación con la ciudadanía a la que sirven. Por ello, a fines de mayo se inició un programa piloto en 15 colonias de la ciudad, que se basa en mayor presencia policial y en la colaboración y vigilancia ciudadanas.

Puesto que no puede utilizarse el número de denuncias como referencia en este tipo de delito, el Gobierno del Distrito Federal encargó a una reconocida empresa reunir información directa de la ciudadanía al través de encuestas en esas colonias. Los resultados son alentadores. En promedio y conforme a la encuesta mencionada, el número de delitos en esas zonas se redujo de 18 000 en mayo a 12 000 en julio, lo que repercutió en un ligero decremento en la sensación de inseguridad de los habitantes de esas colonias. En mayo, por otro lado, se denunció 1 de cada 7 delitos cometidos; en julio fue 1 de cada 3, lo que muestra mayor confianza en la acción de la autoridad.

Esos resultados han permitido iniciar ya la segunda etapa del programa, que consiste en la descentralización de parte de los servicios de seguridad, que pasarán a ser coordinados por las delegaciones. A la fecha, las delegaciones Benito Juárez y Venustiano Carranza han recibido ya el mando operativo de la policía; mañana se dará este paso también en la Gustavo A. Madero. Coadyuvan en coordinar las actividades en materia de seguridad los comités delegacionales de seguridad, integrados por ciudadanos y autoridades, con lo que se extiende el concepto de participación ciudadana, que, estamos convencidos, es el camino más adecuado para recuperar la ciudad de manos de la delincuencia. En lo que resta del año, este programa entrará en vigor en todas las delegaciones del Distrito Federal.

La lucha contra la inseguridad exige que se lleven a cabo esfuerzos adicionales y se desarrollen formas creativas para enfrentar a los criminales. Este gobierno está convencido que sólo trabajando junto a la ciudadanía se puede enfrentar exitosamente al crimen que de mil maneras nos amenaza, incluso desde dentro de las instituciones que deberían cuidar a la población. Es indignante el caso de las violaciones en masa de tres jovencitas en las instalaciones y por los elementos de un agrupamiento de la policía montada en Tláhuac; así como la violación a una sexoservidora en la Agencia 50 del Ministerio Público; y la participación de agentes judiciales en un intento de secuestro a un comerciante. En todos los casos, se ha ejercido de inmediato, sin vacilaciones, la acción penal contra esos delincuentes.

La impunidad en que habían vivido por años les había hecho pensar que así podrían seguir. Lo hemos dicho antes, lo hemos cumplido en los hechos y lo volvemos a decir hoy: no hay y no habrá impunidad para nadie en este gobierno. Todo hecho delictivo será perseguido y castigado, sin vacilación alguna, con todo el rigor posible.

Pero no todos los elementos de seguridad pública y de la procuraduría se encuentran en esas condiciones. Si bien hay en esos cuerpos quienes han sido arrastrados por la delincuencia, la mayoría de sus integrantes son personas de valía, que arriesgan su vida diariamente para acabar con la inseguridad. Requieren profesionalización y mejor equipo y este gobierno está avanzando en ello. Pero requieren, fundamentalmente, del apoyo y la confianza de la ciudadanía a la que sirven. Necesitan, necesitamos todos, que la lucha contra la delincuencia sea una lucha en la que policías, gobierno y sociedad estemos juntos.

En el período que cubre este informe, han caído en actos de servicio, al enfrentarse directamente con la delincuencia, nueve policías preventivos, la mayoría de ellos jóvenes: David Edgar Razo Moreno (27 años), Arturo González Medina (27); Fermín Aburto Bernardino (22); Raúl Díaz Arriaga (30); Víctor Gómez Arellano (37); Marcos Quezada Otañez (27); Antonio Rodríguez Vega (20); Mateo Delgado Oro (26) y Fernando Pérez Aguilar (36);

Asimismo, en estos meses cayeron en cumplimiento de su deber cinco policías judiciales: José Luis Delgado Acosta, Lázaro González Caudillo, José Luis González Neri, José Luis Ferro López y Juan Jorge Pérez Chávez.

Para todos ellos el reconocimiento de esta ciudad y de este gobierno.

La profesionalización de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia es condición indispensable para alcanzar una ciudad segura y con justicia. Para ello, el Instituto técnico de formación policial ha redoblado esfuerzos. Durante 1998 han egresado 2 400 elementos de este instituto, cuatro veces más que en todo 1997. La PGJDF ha iniciado ya un proceso de profesionalización permanente, que va acompañado de un esfuerzo presupuestal importante para elevar los ingresos de su personal. Un oficial mecanógrafo, después de recibir la capacitación, podrá acceder a un sueldo del doble. Con diferentes aumentos, todo el personal operativo de la PGJDF estará en la posibilidad de contar con una mejor capacitación y de elevar sus ingresos.

Es necesario multiplicar los esfuerzos en lo que se refiere al Ministerio Público y a la justicia de barandilla. A pesar de que ahora hay mayor eficiencia en el manejo de las averiguaciones previas, los servicios que prestan las agencias del Ministerio Público siguen siendo, en su mayoría, verdaderos calvarios para la población. Si los delitos no se denuncian, no es sólo porque se dude de su eficacia, sino porque resulta verdaderamente difícil, y todavía en algunos casos peligroso, acudir a esa instancia vital en la procuración de justicia. Este gobierno continuará realizando su mayor esfuerzo posible para sanear estas instancias de todo tipo de corrupción y delincuencia.

Esta determinación tiene que ser acompañada por un mejoramiento de los instrumentos legales para perseguir y castigar el delito. Sin embargo, debe tenerse claro que el simple aumento de la pena jamás ha disuadido a los criminales. No es el monto de la pena lo que puede contenerlos, sino la seguridad de que serán aprehendidos, que las penas serán aplicadas y el crimen no quedará impune. La impunidad en cualquier nivel y circunstancia, es el mejor caldo de cultivo de la criminalidad. Una justicia proba, independiente e inflexible, es la garantía única de que el crimen y la delincuencia no quedarán impunes.

Como puede verse, se está en una lucha difícil, pero, como lo he dicho en otras ocasiones y hoy lo reitero, somos más, tenemos a la ley, la razón y la determinación de nuestra parte y estamos convencidos que, con democracia, justicia recta y transparente, cuerpos policiales y mandos depurados, organizados y resueltos al servicio de la ciudad, y decisión inflexible de los responsables de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no sólo contendremos sino que lograremos abatir la criminalidad organizada y tendremos una ciudad más segura.

Uno de los problemas más arduos que el gobierno actual ha debido enfrentar en estos meses, ha sido el de la regulación y reubicación del comercio en vía pública. Este comercio es una actividad tradicional que como tal, es parte de la vida y del paisaje urbanos desde tiempos remotos y está incorporada a nuestra vida cotidiana.

Lo que preocupa, entonces, no es su existencia, sino el crecimiento desmesurado y conflictivo que ha venido teniendo en los últimos años y, con él, la proliferación de prácticas ilegales ligadas a esta actividad. Este incremento se debe, en primer lugar, al también desmesurado aumento del desempleo, resultado de políticas económicas y situaciones que no está en la mano de este gobierno modificar; en segundo lugar, de la proliferación de intereses espurios, que utilizan este tipo de actividad para comercializar mercancías mal habidas o que eluden el pago de impuestos y el cumplimiento de normas; y en tercer lugar, a la actividad de líderes que, sin distinción de colores políticos, basan sus actividades y sus posiciones personales en la conformación de clientelas corporativas cautivas a cambio de su protección. No faltan casos en que comerciantes establecidos se coluden con vendedores en vía pública para dar una salida adicional a sus productos.

Y por supuesto, no puede desconocerse que la contrapartida de esos intereses y de esos líderes, se encuentra en la corrupción de funcionarios de diversos niveles que, responsables de la verificación del cumplimiento de leyes y reglamentos sobre el comercio en vía pública, reciben dádivas y prebendas a cambio de su complicidad y tolerancia.

En este entrelazamiento de actividades ilegítimas, necesidades reales de los comerciantes, grandes intereses ligados al contrabando y al robo de mercancías, líderes venales y funcionarios corruptos, se conforma un excelente caldo de cultivo para la proliferación y el encubrimiento de otros tráficos ilegales y conductas ilícitas o delictivas.

Como dato adicional, el crecimiento del comercio ambulante desbordó todos los límites anteriores con el descontrol y la permisividad que reinaron en esta capital en el periodo que corre entre el 6 de julio y el 5 de diciembre del año pasado. Por eso, al abordar este intrincado problema, el gobierno actual se preocupó, en primer lugar, por establecer un claro deslinde entre la existencia y el interés legítimo de una actividad tradicional como es el comercio en vía pública y las formas anómalas que éste ha tomado por los factores mencionados.

Estas formas anómalas han crecido de modo tal, que están invadiendo espacios también tradicionales de la vida urbana, ocupando aceras y calles cuyo uso corresponde al peatón y al normal tránsito ciudadano, invadiendo plazas y camellones destinados al disfrute y la circulación de los habitantes de barrios y colonias, expropiando aceras en torno a mercados y comercios establecidos, así como accesos a los servicios de transporte colectivo y trabando o impidiendo el acceso a éstos de sus clientes habituales, contribuyendo a crear en estos espacios un clima de inestabilidad, hacinamiento y desorden en el cual los transeúntes sienten amenazada su tranquilidad y su seguridad.

El gobierno en este caso, ha debido actuar y ha actuado, en primer lugar, para hacer respetar el inalienable e indiscutible derecho de todos a la ciudad y a sus espacios públicos, conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

En consecuencia, la política que se ha llevado, particularmente en estos últimos casos, es la de persuasión, diálogo y negociación permanente con las partes involucradas, tratando de ofrecer alternativas válidas para los comerciantes ambulantes, de modo que su actividad no genere conflictos con otras formas de practicar el comercio o con la vida de todos los días de ciertas partes de la ciudad, obstruya la circulación o impida el uso de los espacios públicos por los habitantes de la capital.

El gobierno ha ofrecido distintas alternativas para el comercio en vía pública, dependiendo de las particularidades de las zonas en que se encuentran. Se ha habilitado una plaza comercial en la delegación Cuauhtémoc, se rehabilita el edificio conocido como "Hilos Cadena" en el área de La Merced, para alojar a comerciantes y otros servicios a la zona, y se construyen o se proyectan corredores, puentes, plazas y espacios en los que puedan establecerse comerciantes que ahora están en la vía pública, que permitan conciliar los distintos intereses, legítimos, que disputan alrededor de este fenómeno. Para ello, se busca una intervención directa de la ciudadanía, que reiteramos, es el camino más adecuado para gobernar. Un ejemplo de esto es la consulta que se realizó entre habitantes de la zona y comerciantes en vía pública en la delegación Benito Juárez respecto al comercio en el parque "Pascual Ortiz Rubio", habiéndose decidido que ese no era sitio adecuado para la práctica del comercio.

Sabemos bien que el problema no es de fácil solución y llevará todavía tiempo y esfuerzos de todas las partes involucradas para que se alcance un equilibrio en el respeto a la legalidad vigente y al derecho a la utilización y goce del espacio público. Pero confiamos que la vía de la conciliación permanente y la negociación entre el gobierno y las partes permitirán encontrar las soluciones adecuadas al problema.

La ciudad no es un mero hecho geográfico o espacial. Es un proceso continuo de vidas y de historia. La ciudad son nuestras vidas y las de nuestros ancestros en este espacio y en esta historia. La ciudad somos nosotros y nuestra descendencia. Recuperar el espacio de la ciudad, es recobrar para todos un territorio del transcurso de nuestras vidas.

La ciudad no puede ser, como muchas veces ha sido, un botín de políticos o de líderes inescrupulosos. La ciudad es de todos . Nos hemos propuesto cuidar y reconstruir sus espacios verdes, nos hemos propuesto retomar un criterio de diseño urbano donde los espacios públicos para el disfrute, el encuentro y la convivencia entre los habitantes normen la distribución y el disfrute de los espacios privados de cada uno.

Por ello, la descentralización no es suficiente, sino que debe acompañarse del impulso a la participación ciudadana para convertirse en la nueva forma de gobierno que la ciudadanía demanda. Con este propósito, se ha abierto la incorporación de miles de ciudadanos en la instrumentación de acciones de gobierno y se inicia su inclusión en la toma de decisiones. Los programas de recuperación participativa, entre los que destaca "Viva el parque", han permitido recuperar espacios públicos que se habían perdido por falta de atención. Es de destacar la recuperación de la avenida de los Insurgentes, acción en la que se estima participaron 14 000 ciudadanos para limpiar, remozar y reforestar la vía más larga de nuestra capital.

La participación de la ciudadanía ha sido fundamental en la recuperación del espacio. Este equipo de gobierno expresó, desde hace mucho, la idea fundamental de recuperar la ciudad para todos. Se han recuperado, en todas las delegaciones, parques, deportivos, plazas, calles, avenidas, espacios físicos que son de la ciudad y que habían sido secuestrados por pequeñas minorías. Así, pequeños grupos de vendedores ambulantes, de organizaciones corporativas, de ligas deportivas privadas, han tenido que abandonar un espacio que era de todos y que hoy vuelve a serlo.

Así como se ha logrado ya incorporar a la ciudadanía en la implementación de acciones, se inicia el proceso de planeación participativa en la definición de algunos de los planes parciales de desarrollo urbano.

A propuesta de la mayoría de los partidos representados en esta H. Asamblea Legislativa, el gobierno convocó a la discusión y reflexión sobre la reforma política en el Distrito Federal. Para tal efecto se instaló una mesa central con representación de todos los partidos políticos, del gobierno y, por primera vez, de ciudadanos independientes que han participado como secretarios técnicos en los diversos grupos de trabajo. Hasta el momento, se han realizado 119 reuniones, a diversos niveles, que han arrojado ya consensos importantes en materia electoral y de participación ciudadana, y opiniones ampliamente mayoritarias en lo que se refiere a la estructura jurídica y política del Distrito Federal. En las próximas semanas, la mesa central estará en condiciones de enviar a este órgano legislativo sus principales acuerdos para que sean traducidos en iniciativas de ley, así como aquellos que son competencia del Congreso de la Unión para su discusión. Corresponderá a los legisladores locales y federales definir el alcance de la reforma y actuar en consecuencia con el mandato popular, en el sentido de conquistar derechos plenos para los habitantes de la capital.

Por su parte, el gobierno reitera su disposición de avanzar en la discusión y aprobación de las vías más adecuadas para la municipalización de las delegaciones; la descentralización de facultades y recursos; la elección de concejos o cabildos que impliquen una gestión colectiva y plural; el establecimiento de fórmulas de coordinación inderdelegacionales, que articulen y unifiquen acciones en aspectos que les son comunes; la incorporación del enfoque metropolitano como un nuevo esquema de la gestión pública, así como el establecimiento de reglas claras que garanticen transparencia y equidad en los procesos electorales que habremos de desarrollar en la ciudad.

Pero no basta con asegurar un régimen competitivo de partidos polìticos, elecciones limpias y mayores atribuciones a los diversos niveles de gobierno de la ciudad. La necesaria discusión para legislar con relación a la participación ciudadana forma parte de la reforma profunda que requiere la ciudad y constituye la oportunidad inmejorable para establecer los canales y espacios institucionales que permitan que los ciudadanos participen colectivamente en la gestión pública, en su seguimiento y evaluación; que garantice el derecho a la información; que reglamente la iniciativa popular y el plebiscito e incorpore mecanismos como el referéndum, la consulta popular y la rendición de cuentas, con el objetivo de dar a la ciudadanía el poder para controlar y vigilar a su gobierno.

El marco jurídico del Distrito Federal quedó prácticamente destruido al pasar de departamento administrativo a entidad autónoma en la elección de sus autoridades. Por el momento, se aplican varias leyes federales en substitución de ordenamientos locales que esta H. Asamblea deberá expedir en los próximos meses. Este ejecutivo ha enviado ya las iniciativas de Ley de adquisiciones y de Ley de obra pública. Asimismo, se están enviando, en estos días, iniciativas de Ley de planeación y de modificaciones a la Ley orgánica de la administración pública. El Ejecutivo colabora en la formulación de los nuevos códigos civil y penal, así como de los correspondientes de procedimientos, que esta Asamblea sancionará en su oportunidad. En el transcurso de este período de sesiones se harán llegar a este órgano legislativo iniciativas de Ley del servicio público de carrera y de modificaciones a la Ley de la administración paraestatal.

Como hace trece años, la desgracia se vuelca sobre nuestro país. Así como en 1985 toda la nación se conmocionó frente a los terremotos que destruyeron parte de la ciudad de México, hoy las inundanciones que azotan la costa chiapaneca nos causan el mismo dolor. Frente a esa desgracia, es necesaria la misma solidaridad surgida en aquel trágico 19 de septiembre. El gobierno del Distrito Federal ha establecido centros de acopio para colaborar en el envío de víveres y ropa y se ha comisionado a un centenar de técnicos de la Dirección general de construcción y operación hidráulica, que han viajado a Chiapas con equipo especializado, para contribuir en el restablecimiento de los vitales servicios de agua potable. El llamado a la solidaridad es necesario hoy, como lo fue hace trece años para nuestra capital. Respondamos ahora desde aquí, como entonces respondieron de toda la República y de las naciones amigas.

El gobierno del Distrito Federal ha estado sujeto a un escrutinio que ningún gobierno anterior había enfrentado. Qué bueno que sea así y qué bueno que pudiese ampliarse a otros órdenes e instancias de gobierno. El cambio no sólo se debe dar en el gobierno sino en la sociedad y en los medios de comunicación y debemos congratularnos que así esté sucediendo.

Una nueva forma de gobernar incluye, sin duda, la capacidad de reconocer, aceptar y corregir los errores en que se hubiese incurrido. Esta administración así lo ha hecho, cuando ha sido necesario. La crítica, permanente y profusa como nunca antes, la escuchamos, nos orienta y la aprovechamos.

La población del Distrito Federal votó por un cambio profundo en el gobierno y ese cambio se está dando. Es ahora claro que puede gobernarse de otra forma, poniendo por delante las necesidades de la sociedad y no los intereses, gustos, tendencias o ideas de una camarilla o de un solo funcionario; es evidente que se puede gobernar dialogando, sin por ello dejar de aplicar la ley; se ha mostrado que el gobierno puede ser distinto, honrado, eficiente y preocupado por el futuro de la ciudad.

El mundo de nuestros días, además de ser un mundo de naciones insertas en una economía globalizada, es cada vez más un universo de ciudades globales que se comunican entre sí por encima de las fronteras y en las cuales se cruzan y se transforman las grandes corrientes económicas, financieras, tecnológicas, científicas y culturales de estos tiempos. La de este fin del siglo es cada vez más, una civilización de ciudades y en ella nuestra Ciudad de México, por derecho propio y por vida e historia de la nación, ocupa en el continente americano uno de los puntos focales.

Las ciudades se han constituido, en este mundo moderno, en uno de los mayores laboratorios de la democracia y del crecimiento de la capacidad de gobierno de la propia sociedad: educación, información, discusión, capacidad de control de los habitantes sobre sus gobiernos, son virtudes urbanas y municipales que en estos días cuentan con medios y posibilidades inéditos para afirmarse y desarrollarse.

Las ciudades de hoy, por otra parte, y en ello la nuestra tampoco es excepción, son también polos donde se concentran algunos de los síntomas más severos de la crisis del mundo actual: desigualdad, criminalidad, marginalidad, exclusión, abandono, desintegración familiar.

En este cruce de corrientes encontradas, en esta crisis universal de fin de siglo, nos atrevimos a proponer a los habitantes del Distrito Federal el desafío de construir una ciudad para todos y entre todos, y la ciudad tuvo la osadía democrática de elegir a este gobierno y darle mandato para llevar adelante esa propuesta.

En este mensaje y en el informe que lo acompaña, se ha rendido cuenta de cómo este gobierno ha cumplido con sus compromisos. Los temas que se han tocado son, como corresponde al gobierno de una ciudad, los temas cotidianos que a todos conciernen: obras públicas, vialidad, aire, agua, espacios verdes, seguridad, buen uso de los dineros públicos. Hemos querido hacerlo en un lenguaje comprensible, el de todos los días, con cifras sólidas y ejemplos verdaderos, para que todos puedan juzgar, opinar, sugerir, aprobar o criticar lo hecho y lo todavía no hecho o por hacer. Confiamos en que este mensaje estimule a todos a intervenir y se provoque una discusión diversa, plural y, sobre todo, fructífera.

En los recorridos de trabajo, en las audiencias y encuentros de los delegados y funcionarios con la población, no sólo se han escuchado demandas y expectativas, sino que se ha sentido y entendido con mayor claridad aún, que las gentes de esta ciudad quieren un gobierno con cuatro cualidades cardinales: honradez, capacidad de gobernar, cercanía con la gente y disposición para informar y escuchar; un gobierno comprensible y accesible para todos, que no escape al control ni rechace la crítica.

A estas expectativas se ha querido responder con la acción de gobierno y como parte de ésta, el presente primer informe. A ellas van dirigidas también medidas que guían nuestros próximos pasos: la descentralización, que ponga a los actos de gobierno más cerca de los vecinos y de sus asociaciones; la democratización, que prepare a la ciudad para elegir a sus delegados a partir del año 2000; la participación ciudadana, que prepare a todos para tomar decisiones en los asuntos y problemas cotidianos del gobierno de la ciudad, no sólo al través del voto, sino también de la consulta, la organización y la asociación.

Junto con la experiencia anterior de gobierno de algunos, hoy una nueva generación de funcionarios y servidores públicos está aportando su capacidad, su honradez y sus energías a esta tarea, una generación venida de las universidades, de las empresas, de la vida profesional y de la función pública. Es un nuevo estilo, un nuevo modo de gobernar más sencillo, abierto y cercano, más próximo a estos tiempos de cambio y democracia en todas partes.

Pero si ha habido logros en la gestión, se debe también a que esta generación ha podido contar con la dedicación y la experiencia acumulada por años en los trabajadores y empleados del Gobierno del Distrito Federal, los que hacen que esta compleja maquinaria de la ciudad funcione y realice su tarea de servicio cada día; y ha podido contar también con la participación, el apoyo o la crítica, pero nunca la indiferencia, de los millones de habitantes que son el alma y el cuerpo viviente de la ciudad.

Para todos ellos son estas palabras y para todos ellos y todos ustedes, ciudadanos diputados de esta H. Asamblea Legislativa, son este mensaje y el agradecimiento por la atención que han prestado a mis palabras.

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