"La opción democrática que se logró en la ciudad de México en julio de 1997 y que permitió la elección de un jefe de gobierno dio lugar también a un referéndum ciudadano que rechazó la violencia, el crimen y la impunidad", declaró Alejandro Gertz Manero, primer secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal que surge de la sociedad civil. Agregó que los capitalinos se expresaron con absoluta claridad: "No hubo capacidad de manipulación ni presupuestos políticos ni corporativismo estructural que frenaran la esperanza por contar al fin con un gobierno capaz de escuchar reclamos y detener la ola de crímenes que ahogaban a la capital". Añadió que gracias a las urnas "el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tuvo ante sí ese reclamo fundamental, pero también el lastre de un inmenso y corrupto aparato policiaco heredado de los últimos cincuenta años con todas sus lacras e ineficiencias". El prestigiado jurista estimó que "desarmar esa estructura de manera precipitada contenía el peligro de desatar una crisis peor a la que existía". De modo que Cárdenas optó por "preservar a la ciudadanía, no lanzó a miles de posibles delincuentes a la calle y buscó por separado una alternativa vinculada a su oferta democrática de campaña". En este sentido, su estrategia también fue clara: "Mantuvo la estructura heredada mientras acreditó un proyecto ciudadano de seguridad pública sobre las bases de la productividad, la eficiencia y la participación ciudadana". El relevo era inaplazable. La vieja estructura policiaca "logró a duras penas contener el incremento delictivo, pero no obtuvo control sobre la delincuencia". Esta "incapacidad, que fue patente y registrada por todos los medios, probó que la estructura heredada era absolutamente inoperante". Por eso, poco después que tomó posesión del gobierno de la ciudad, el 5 de diciembre de 1997, Cárdenas ordenó "la organización del modelo alternativo", reveló. "La vía democrática y participativa se empezó a instrumentar formalmente en enero de 1998", precisó. "Tres meses después ya se contaba con la estructura de un Consejo Consultivo en Procuración de Justicia y Seguridad Pública en cuyo seno se fueron incorporando los representantes de la sociedad que más estaban sufriendo y que mejor conocían los embates de la delincuencia", informó. En el mes de mayo "el consejo sesionaba con cerca de ochenta miembros que se fueron incrementando en una organización abierta y participativa". Tres meses después Gertz Manero emergió de ahí para sustituir al desprestigiado Rodolfo Debernardi, un militar retirado que cayó víctima de incredibilidad social junto con los derrumbes de la vieja institución corporativa. Era la consumación de un relevo anunciado. Cuando esto ocurrió, dijo Gertz Manero ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su comparecencia del 6 de octubre, "el Consejo ya había aprobado por unanimidad la descentralización policiaca y la vinculación de la seguridad pública con los habitantes de las colonias y los barrios de la metrópoli". Pronto, puntualizó en su glosa del informe que rindió el ingeniero Cárdenas el 17 de septiembre ante la ALDF, "fueron elegidas quince colonias de otras tantas delegaciones políticas para poner en marcha el proyecto". Y "fue tal el entusiasmo que despertó por una participación ciudadana verdaderamente ejemplar que será la pauta a seguir en toda la ciudad". Los resultados, sin embargo, no fueron parejos. "En algunas colonias la participación policiaca se dio en una forma tangencial y los resultados fueron pobres", admitió. "El diagnóstico fue muy claro: las estructuras policiacas no participaron ampliamente en el cambio y la sociedad lo percibió porque ya estaba preparada para una mutación que demandaba cotidianamente". Esto llevó al Consejo a plantearse la forma de superar una insuficiencia en cierto modo lógica en relación con las viejas estructuras. "Era necesario emprender procesos específicos para la unificación de la policía como corporación y adecuar los proyectos de capacitación a las necesidades de los policías en activo". En eso "estamos, en la búsqueda de transparencia de las conductas policiacas, en la organización de sus programas de trabajo, en la coordinación de su actividad y en la obtención de resultados". Con todo, "la dinámica del Consejo había rendido sus primeros frutos y el ingeniero Cárdenas tomó la decisión, inusitada en la historia de los cuerpos policiacos, de poner esa responsabilidad en manos de un miembro de la sociedad civil vinculado fundamentalmente con una tarea ciudadana, académica y jurídica". "Una decisión —subrayó Gertz Manero— en la que no hubo un motivo partidista ni una razón personal, con lo que el gobierno del ingeniero demostró una clara congruencia con las demandas ciudadanas". El proyecto, que se había llevado en paralelo, se unió en septiembre pasado "en una sola línea dentro de las estructuras policiacas y ahora la sociedad civil será el gran controlador y el gran auditor de las funciones policiacas".
—¿Y qué sucederá? ¿Quién o quiénes tomarán las decisiones? —preguntó el diputado Javier Hidalgo del PRD.
—Las decisiones serán tomadas por la sociedad civil, que es la que conducirá a través nuestro la depuración policiaca —respondió Gertz Manero—. En forma inmediata se inició, como dije, el proceso de descentralización, que es la primera fase de este programa y que no solamente le da a los delegados la participación indispensable para coordinar sus proyectos, sino que también prepara la estructura policiaca de la ciudad para lo que ocurrirá en el año 2000 cuando las delegaciones sean convertidas, por efectos de la reforma política en marcha, en verdaderas municipalidades con titulares electos por voto directo de la ciudadanía. Esta nueva figura política será irreversible. Y si no se prevé con inteligencia y sensibilidad la seguridad pública de esos municipios soberanos, los daños pueden ser incalculables. Por eso, todas las delegaciones políticas de la ciudad de México habrán de recibir sus estructuras policiacas el próximo 26 de octubre. Ese día se les entregarán también los expedientes y las hojas de servicio de sus mandos policiacos, los equipos y sistemas de comunicación, las estadísticas semanales del índice delictivo por colonias y las propuestas de programas de seguridad para que sean concentradas con los representantes de la comunidad y coordinadas por el delegado.
—Esta convocatoria a que la gente colabore, ¿no es una manera de transferir culpas o responsabilidades? —Interrogó el diputado José Alfonso Rivera Domínguez del PRI.
—No. De ninguna manera yo le quiero transferir la responsabilidad a nadie. Por ley, la tiene la policía y por ley la debe cumplir. Yo solo pido el apoyo ciudadano, busco establecer un vínculo... encontrar los caminos para recuperar la seguridad, con la ayuda y la buena fe de todos. Este proyecto tiene un elemento fundamental, que es la transparencia de la información, los datos del índice delictivo semanal, los programas de servicio policiacos. La contraloría ciudadana se llevará a cabo con la mayor transparencia posible y en este aspecto fundamental se ha trabajado activamente, desde los Comités de Barrio que se establecieron en las quince colonias, hasta la participación activa de organizaciones empresariales y de servicio. Una muestra de esta transparencia se está dando el día de hoy en que he hecho llegar a todos ustedes, señores diputados, y a los medios de comunicación, las primeras estadísticas delictivas y resultados semanales frente al estado de fuerza de cada sector capitalino. En este informe, que será semanario, todos los habitantes de la ciudad de México podrán saber si la policía está cumpliendo o no para ejercer plenamente su función de contraloría y exigir resultados. También les he hecho llegar el nuevo reporte de control computacional de asistencia que ya se inició y habrá de aplicar a toda la policía capitalina desde fines de este mes. Dicho reporte, permitirá controlar no sólo la asistencia sino también la asignación de funciones, ubicación, así como el inventario de vehículos y equipamiento de cada policía. En esta nueva organización, los apoyos presupuestales y logísticos los seguirá proporcionando la Secretaría. El control y la verificación de los programas y de la eficiencia policiaca la continuaremos realizando nosotros. Los estímulos, las sanciones y la aplicación los reglamentos serán de nuestra responsabilidad. También contaremos con un nuevo esquema de policía metropolitana que atenderá las necesidades globales de toda la comunidad. Sus funciones tendrán la misma transparencia que la de las policías delegacionales.
—Agradecemos su informe de qué hizo o dejó de hacer la Secretaría a su cargo, pero debe quedar claro que la delincuencia sigue en ascenso —dijo el diputado Armando Salinas Torre del PAN.
—Señor diputado, la delincuencia organizada es quizá el daño más grave que resiente la capital. Efectivamente, las actividades ilícitas como el robo de vehículos, los secuestros, el robo de camiones, de mercancías, no pueden ser actividades esporádicas. Son, más bien, una actividad organizada. Por eso, la parte más importante de nuestro trabajo es la investigación. Por eso nos estamos acercando a todos los que sufren daños, como las compañías de seguros, las asociaciones bancarias, los transportistas, los comerciantes, pero nos importan mucho también los transeúntes, para establecer con todos, realmente, una red de información que nos permita atacar el delito desde su motivación, desde su origen. Pues no es el delincuente que realiza el acto mismo quien es la entidad que debe ser más punible, sino aquel que lo manda hacer y lo organiza.
—¿Cómo es posible que con tanto delito tengan ustedes 216 millones de pesos aún sin ejercer? —preguntó Rivera Domínguez.
—Porque no queremos hacer en la Secretaría adjudicaciones directas que dan lugar a tantas críticas, suspicacias y situaciones irregulares. Sin embargo, el presupuesto lo vamos a ejercer de acuerdo con licitaciones públicas apegadas a la ley, no a las comisiones.
—Ha habido una y otra vez agresiones a los niños de la calle. Una de tantas culminó con la agresión a las niñas de Tláhuac. Nos preocupa que, habiéndole pedido muchas veces al señor Debernardi su opinión sobre el caso Tláhuac, nunca nos haya contestado. ¿Cuál es su juicio al respecto?
—La defensa que están pagando los presuntos responsables de los delitos de Tláhuac nos preocupa mucho porque es un grupo de abogados muy grande que está haciendo realmente un trabajo. Es claro que ellos tienen derecho a defenderse. Pero sí nos preocupa. Y la forma en que nosotros creemos que podemos neutralizar esa situación es que la Secretaría de Seguridad Pública sea quien defienda a estas muchachas. Es decir, si los policías presuntos culpables tienen buenos abogados, nosotros pretendemos ser mejores, y así, las vamos a defender. Como usted dice, y con toda razón, quienes se pueden defender lo hacen. Pero nosotros no debemos olvidar que quienes más nos necesitan son aquellos que no se pueden defender. Por eso es tan importante la tarea que estamos haciendo de llevar a la policía no solamente a los lugares donde debe estar sino también de vigilarla para ver qué es lo que está haciendo. Y ese va a ser nuestro trabajo: ver lo que está pasando en cada lugar y tener entre todos la fuerza suficiente para poder exigir. Si nosotros no hacemos eso no hay proyecto que valga. Se lo aseguro. Por lo que hace al crimen organizado, vuelvo a lo mismo, tenemos que generar una red de información y constituir un apoyo real. Yo les recuerdo, señores diputados, algo que ustedes saben muy bien: que la Policía Preventiva tiene funciones preventivas, no funciones de investigación judicial. Nosotros no dependemos de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y hasta donde podemos llegar, sin incumplir con la ley, es a la prevención. Y eso lo vamos a hacer con todos los ciudadanos: vamos a prevenir el delito.
—¿Van a desaparecer al cuerpo de granaderos, como se demanda desde 1968? —preguntó el diputado René Rodríguez Ruiz del PT.
—Por lo que hace a granaderos y agrupamientos que han sido tan cuestionados, yo creo que tenemos que trabajar muy cerca de la Asamblea para determinar cuáles deben ser los instrumentos de seguridad de la ciudad. Yo no estoy comprometido ni por quitarlos ni por mantenerlos, sino por tener realmente la sensibilidad de lo que la ciudad quiere para mantener la seguridad. Y, si lo logramos hacer juntos y tenemos un consenso entre todos, creo que la ciudadanía y la ciudad nos lo van a agradecer mucho. Y así pienso hacerlo.
—El robo de vehículos, el secuestro, el asalto bancario, el asalto personal se realizan cada vez con mayor violencia. ¿Qué es lo que plantean para combatir a fondo la delincuencia? —planteó el diputado José Narro Céspedes del PT.
—Ir a fondo. Desde el trabajo que generen las redes de información hasta la consignación de los delincuentes. Necesariamente tendrá que haber una coordinación de funciones. En este sentido quisiera recordar que la policía judicial tiene su función bien establecida en la ley. La policía preventiva tiene la obligación constitucional de ser auxiliar de la policía judicial y del Ministerio Público y de los jueces en el cumplimiento de tareas específicas como la integración de las averiguaciones previas y de los procesos. Eso, lo debe de haber en el marco estricto que señala la ley y mencionan los procedimientos penales. Sin embargo, que haya cierta independencia de las policías es bueno porque nos da cierta seguridad de que no hay colusiones. Es decir, una cosa es que no haya colusiones y otra que no haya enfrentamientos. Los enfrentamientos no los debemos permitir. Debo decir, por otra parte, que mucha de la información que recibimos proviene tanto de la Procuraduría General de Justicia del DF como de la Procuraduría General de la República (PGR). Son datos parciales, pero con esos trabajamos. Ahora bien, en el nuevo esquema que estamos planteando habrá una coordinación pero como parte de una estructura muy cuidadosa para que la policía judicial no haga funciones de preventiva y que la policía preventiva no haga funciones de judicial, porque eso sí ya es muy grave. (RRZ)